LA DEMOCRACIA ASEDIADA

En España se registran más de 9.000 usurpaciones al año pero nadie se las endosa al gobierno

 

Existen muchas definiciones de la democracia pero, desde una perspectiva minimalista, se la ha definido como el método que permite la alternancia pacífica de los gobiernos. Por consiguiente los resultados de las elecciones populares, si han tenido lugar sin fraude, otorgan legitimidad a los nuevos dirigentes elegidos. Sin embargo, como hace tiempo advirtiera Max Weber, no basta el cumplimiento formal de los procedimientos para otorgar esa legitimidad y debe añadirse otro factor un tanto subjetivo pero relevante: la creencia compartida en esa legitimidad. Este reconocimiento de la legitimidad de origen asegura a un gobierno la posibilidad de desplegar su propuesta programática a lo largo de su mandato. Como es obvio, ningún gobierno puede conseguir obtener el reconocimiento de todos y más difícil aún es contar con el de quienes no lo votaron. Pero lo importante es que esa creencia en la legitimidad la comparta un número mayoritario de los ciudadanos, tanto de los que lo votaron como la de los que no lo votaron.

Ahora bien, podemos encontrarnos con una oposición recalcitrante que no acepta los resultados electorales. Una oposición de esta naturaleza  puede inferir graves daños al proceso democrático utilizando una estrategia de “cuanto peor, mejor”. Las diferencias entre una oposición constructiva y otra destructiva son evidentes. En el primer caso, la oposición reconoce la legitimidad del gobierno y formula una crítica basada en propuestas alternativas. En el otro, cualquier circunstancia del orden que sea es aprovechada para deslegitimar al gobierno. De manera que una situación tan anormal como una pandemia, que es un acontecimiento fortuito ajeno al accionar político pero que genera un enorme desasosiego en la población y provoca enormes tensiones en el subsistema económico, puede ser utilizada de una forma oportunista para desgastar al gobierno. Estas estrategias de la crispación han sido adoptadas en Europa por formaciones de ultraderecha, como Vox en España, que promueven manifestaciones contra la cuarentena en las que la bandera nacional se utiliza como símbolo partidista.

La estrategia de la crispación opera en la Argentina mediante la denuncia permanente y sistemática de toda iniciativa, propuesta o simple opinión proveniente del gobierno para acusarlo de incompetencia, carencia de proyecto, vulneración de la división de poderes, intento de buscar la impunidad en las causas de corrupción, ataques a la libertad de expresión, vulneraciones al derecho a la propiedad privada y, en resumidas cuentas, sembrar dudas sobre su legitimidad democrática. El objetivo que persigue esta estrategia es elevar la tensión política incluso en temas de escasa significación. Se verifica así la presencia de rasgos comunicacionales que se caracterizan por:

  1. La desmesura en la crítica, utilizando la descalificación permanente mediante el uso de adjetivos hiperbólicos o incluso las acusaciones más fantasiosas;
  2. la tergiversación de meras opiniones que son polisémicas eligiendo la interpretación más sesgada en contra del emisor;
  3. la magnificación de errores habituales en la acción de gobierno que, pese a su corrección, son traídos una y otra vez, como si no hubiesen sido rectificados;
  4. la recuperación de archivos para descalificar a dirigentes que cometieron el imperdonable pecado de cambiar de  opinión sobre algún tema;
  5. la atribución de responsabilidad al gobierno por usurpaciones de propiedades que son iniciativas de actores privados (por ejemplo, en España se registran más de 9.000 usurpaciones al año pero nadie se las endosa al gobierno);
  6. la distorsión lisa y llana de los hechos, descalificando actuaciones del gobierno no por sus resultados, sino por la intención perversa que se les atribuyen. Es curioso, pero para algunos dirigentes de la oposición basta invocar la mera sospecha para arrojar a la hoguera inquisitorial las iniciativas institucionales que pueden llegar a alterar el status quo. Tampoco en el mundo se registran muchos antecedentes en donde la oposición, para aventar sus subjetivas sospechas, exige al gobierno que aplique el programa de los que perdieron las elecciones.

Esta crítica desmesurada busca menos el intercambio de opiniones que su traslado a los medios de comunicación, donde recibe el espaldarazo de los diarios del establishment que no escatiman esfuerzos en sumarse a esta labor de desgaste permanente que practican los sectores más ultras. Todos los días las columnas de opinión de estos medios recogen las mismas voces con la misma martingala de interpretaciones sesgadas sin que se ofrezca lugar a una opinión diferente. La virulencia de este esfuerzo obsesivo por denigrar al gobierno registra pocos antecedentes en la historia del mundo de la información, dado que este periodismo de guerra solo se manifesta en los casos de países que entran en conflictos bélicos.

Una muestra elocuente de esa pérdida del sentido de la ecuanimidad, que es un rasgo característico del buen periodismo, lo ha ofrecido el tratamiento informativo de la resolución del juez federal Alejo Ramos Padilla quien en una extensa y argumentada resolución elevó a juicio oral la comprobada existencia de una extensa red de espionaje paraestatal. Se trata del episodio de mayor gravedad institucional que registra la democracia desde su recuperación en el año 1983, porque pone al desnudo al “sottogoverno”, es decir el uso del aparato del Estado con fines partidistas para espiar, desprestigiar y armar causas judiciales contra los dirigentes de la oposición. En otro juzgado federal se sigue otra causa similar que afecta directamente a los responsables de la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri, de modo que es evidente que no estamos ante audaces elucubraciones de un juez “kirchnerista”. ¿Cuál es la atención mediática que ha recibido el caso en los medios del establishment? Solo la estigmatización del juez porque ha tenido la audacia de incriminar a un periodista que aparece indiciariamente comprometido en las acciones desplegadas por la trama. La Academia Nacional del Periodismo se ha permitido afirmar que “en esta causa en particular, el procesamiento se asienta en suposiciones, datos falsos, inferencias indebidas y en una fuerte politización de las interpretaciones de los hechos”. Por su parte, el editorialista de La Nación no ha ahorrado adjetivos para considerar que la resolución del juez “constituye otro artero ataque a la libertad de expresión y de prensa, al igual que al derecho de acceso a la información, entre otras aberraciones que violentan las garantías del debido proceso judicial”. Es decir que estos celosos defensores de la división republicana de poderes se consideran autorizados para juzgar y proclamar anticipadamente la inocencia de un periodista solo en mérito a su excelsa profesión, reivindicando una suerte de bill de indemnidad para declararlo liberado de las leyes que se aplican al resto de los mortales.

Es cierto y hasta inevitable que las sociedades modernas se vean atravesadas por inevitables desacuerdos consecuencia de los intereses divergentes de los grupos que forman la sociedad y las visiones ideológicas que confrontan sobre el modo de alcanzar el bien común. Sin embargo, al aceptar la democracia, existe un consenso explícito que pasa por el respeto a las reglas de juego que están diseñadas por el ordenamiento constitucional. A ese conjunto de leyes se deben añadir otras normas que, aunque no siempre adquieren forma escrita, están implícitas y son muy relevantes. Son aquellos códigos éticos que reglamentan los comportamientos de los ciudadanos y que se adquieren por la simple habituación en la vida en sociedad. Entre esas virtudes sociales podemos mencionar la honradez, la buena fe, la capacidad de colaboración y un cierto sentido del deber hacia el conjunto de la sociedad.

Steven Levitsky, en su conocido ensayo sobre Cómo mueren las democracias, ha insistido mucho en este tema. Afirma que las democracias funcionan mejor y sobreviven durante más tiempo cuando las constituciones se apuntalan con normas democráticas no escritas. Dos normas básicas han reforzado los mecanismos de control y equilibrio en las democracias consolidadas: la tolerancia mutua, consistente en el acuerdo de los partidos rivales a aceptarse como adversarios legítimos, y la contención, o la idea de que los políticos deben moderarse a la hora de desplegar sus prerrogativas institucionales. Añade que si algo se infiere del estudio de las quiebras democráticas en el transcurso de la historia es que la polarización extrema puede acabar con la democracia.

Por su parte Chantal Mouffe, en La paradoja democrática, argumenta que una democracia que funcione correctamente tolera el vibrante enfrentamiento de las posiciones políticas democráticas. Pero una democracia pluralista requiere también lealtad a los valores que constituyen sus principios ético-políticos. El objetivo de la política democrática es construir de tal forma que el opositor deje de ser percibido como un enemigo a destruir y se conciba como un adversario, es decir como alguien cuyas ideas combatimos pero cuyo derecho a defender dichas ideas no ponemos en duda. Es labor de la política domesticar la hostilidad e intentar atenuar el antagonismo potencial que existe en las relaciones humanas. Cuando los antagonismos políticos se formulan en términos de categorías morales, “los otros” solo pueden ser concebidos como enemigos. Frente a enemigos considerados como seres perversos, ningún debate democrático es posible y solo predomina el deseo de erradicarlos. Justamente, la dictadura militar argentina legitimó su accionar en la necesidad de aniquilar a la subversión, concebida como una suerte de virus maligno. Los herederos políticos de aquella gesta militar no utilizan los medios violentos  de la dictadura pero se abastecen de sus categorías morales. La creencia en la existencia de “enemigos absolutos” promueve los antagonismos sin tomar conciencia que la polarización extrema pone en riesgo al conjunto del sistema democrático. De este modo, no es el gobierno sino la democracia la que se ve asediada.

Como advierte Steven Levitsky, este tipo de intensificación del conflicto político rara vez acaba bien. Si los partidarios de la democracia no se esfuerzan por restaurar las normas de la tolerancia mutua y no se alcanza una cierta contención institucional, es probable que esta metodología enraíce en la sociedad y el próximo Presidente de un signo político opuesto afronte una oposición dispuesta a desplegar las mismas estrategias de crispación. Ninguna democracia puede sobrevivir al estrés provocado por estos enfrentamientos sucesivos. La creación de un clima de tolerancia recíproca es una labor colectiva que solo es posible cuando una masa crítica de políticos, de intelectuales, de periodistas y de ciudadanos acepta las reglas no escritas de la democracia y descalifica el uso de estrategias dirigidas a la destrucción del adversario. No hace falta hurgar en la historia para darse cuenta que las palabras lanzadas como puños solo sirven para repetir amargas frustraciones.

Frente a este cuadro desesperanzador, Cristina Fernández acaba de formular un llamamiento a la cordura e, implícitamente, al abandono de las posturas beligerantes. Su diagnóstico de que “sin un acuerdo que abarque al conjunto de los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales de la República Argentina” no se puede resolver el grave problema de la economía bimonetaria, solo puede ser leído como una invitación a buscar  fuertes consensos en el subsistema económico para resolver problemas estructurales de larga data. Abordar el tema de la desconfianza en la moneda argentina es abrir el debate sobre un amplio abanico de cuestiones macroeconómicas como son la inflación, el déficit fiscal, el sistema impositivo y el ordenamiento del sector público. La mayoría de los países que consiguieron resolver el problema de la inflación lo lograron cuando se alcanzaron acuerdos políticos que respaldaban políticas públicas consensuadas que debían desplegarse a lo largo de una década. Es un desafío político enorme, que difícilmente pueda ser emprendido si no se abandonan las estrategias de la confrontación sistemática. Si el tema se instala con fuerza en la agenda política y alcanza suficiente masa crítica, es posible que nos situemos en un escenario más optimista que el marcado por una democracia sometida al asedio de la intolerancia.

           

 

 

2 Comentarios
  1. Luis Juan dice

    Estimado Aleardo:
    Impecable análisis.
    Una humilde digresión, si me permite:
    La ley de defensa de la democracia debe aggiornarse a la experiencia vivida durante todo el período del gobierno de la ´Ndrangheta y profundizar adecuadamente todas las aristas que ponen en vilo la gobernabilidad.
    Medios, opositores, odiadores seriales y clases dominantes deben dar cumplimiento a normas mínimas de comportamiento social que, sin dejar de decir lo que se piensa, ejerciendo su absoluta libertad, no hagan uso y abuso de mentiras, falsedades, eufemismos, difamaciones y tergiversaciones, con la única finalidad de desestabilizar a los gobiernos en beneficio de sus intereses.
    Pero, con todas las garantías constitucionales y la imparcialidad de una justicia que aún no existe, todas las libertades deben conllevar un límite que, traspasado amerite necesariamente las penalidades correspondientes.
    No puede existir la impunidad para delinquir, llevarse por delante las instituciones y cargarse en todos los demás, que suele tener el reducido núcleo de familias acomodadas y su rebaño de seguidores; mientras por el otro, las inmensas mayorías resultan cruelmente y brutalmente agredidas cuando intentan esbozar algún reclamo.
    Con lo demostrado hasta la fecha por parte del poder fáctico, resultaría suficiente para profundizar en todos los mecanismos legales que protejan de tales embestidas y conlleven las penalidades adecuadas (con todas las garantías constitucionales).
    En efecto, la formalidad (me resisto a llamarlo poder formal, porque el supuesto poder concedido a través del voto popular, jamás logra demostrarse fielmente), adolece de una debilidad manifiesta y queda expuesta de una manera flagrante.
    Es más, me gustaría que esa nueva ley de defensa de la democracia contemple que, cuando los actos atentatorios provienen desde dentro de la formalidad (los tres poderes del Estado), el agravamiento de las penalidades debería ir de suyo, con la accesoria de la imposibilidad de ejercer cargo público alguno de por vida.
    A tales fines, resultan concordantes los comentarios que realizara a los artículos “Apocalipsis Macrí”, “Yeneral González en el G20”, “Techo y libertad” (no publicado aún), “El juguete rabioso del Dr. Glock”, “La situación de Rosenkrantz o el soplón”, “La señora vendada, además, es ciega”, “El reto de la Corte al Congreso”, “Benvenutti a Macriland”, “Misión cumplida”, “Limpiar el sótano”, “La enseñanza de la historia”, “Hablar con propiedad”, “De la incertidumbre a la certeza”, entre tantos otros.

  2. HERNÁN DE ROSARIO dice

    Aleardo Laría Rajneri termina su artículo de la siguiente manera:

    «La mayoría de los países que consiguieron resolver el problema de la inflación lo lograron cuando se alcanzaron acuerdos políticos que respaldaban políticas públicas consensuadas que debían desplegarse a lo largo de una década. Es un desafío político enorme, que difícilmente pueda ser emprendido si no se abandonan las estrategias de la confrontación sistemática. Si el tema se instala con fuerza en la agenda política y alcanza suficiente masa crítica, es posible que nos situemos en un escenario más optimista que el marcado por una democracia sometida al asedio de la intolerancia».

    La intolerancia destruye la democracia como filosofía de vida, por más que cada dos años el pueblo sea convocado a las urnas. Una persona es intolerante cuando cree que su verdad es absoluta. Hay, por ende, intolerantes marxistas, socialistas, liberales, conservadores, etc. El problema es cuando el pueblo elige como presidente a un intolerante. Cuando ello sucede la sociedad queda divida en dos sectores antagónicos: quienes apoyan al presidente y quienes lo critican. Aquéllos son los amigos y éstos son los enemigos. Ese crudo maniqueísmo pulveriza la convivencia civilizada.

    A continuación me tomo el atrevimiento de transcribir el último capítulo de un notable ensayo de Hans Kelsen titulado ¿Qué es la justicia? Es un canto a la tolerancia.

    IX

    1 Si hay algo que podemos aprender de la historia del conocimiento humano es lo estériles que resultan los esfuerzos por encontrar a través de medios racionales una norma de conducta justa que tenga validez absoluta, vale decir, una norma que excluya la posibilidad de encontrar justa la conducta opuesta. Si hay algo que puede aprenderse de la experiencia espiritual del pasado es que la razón humana puede concebir sólo valores relativos; en otras palabras, que el juicio con que juzgamos algo justo no puede osar jamás excluir la posibilidad de un juicio de valor opuesto. La justicia absoluta configura una perfección suprema irracional. Desde la perspectiva del conocimiento racional sólo existen intereses humanos y, por consiguiente, conflictos de intereses. Zanjar los mismos supone dos soluciones posibles: o satisfacer a uno de los términos a costa del otro o establecer un equilibrio entre ambos. Resulta imposible demostrar cuál es la solución justa. Dado por supuesto que la paz social es el valor supremo, el equilibrio representará la solución justa. De todos modos, también la justicia de la paz es meramente una justicia relativa que, en ningún caso, puede erigirse en absoluta.

    2 Mas, ¿cuál es la moral de esta filosofía relativista de la justicia? ¿Acaso tiene una moral? ¿O se trata tal vez de un relativismo amoral o inmoral, como muchos sostienen? No lo creo. El principio ético fundamental subyacente a una teoría relativista de los valores —o inferible de la misma— lo configura el principio de tolerancia, vale decir, el imperativo de buena voluntad para comprender las concepciones religiosas o políticas de los demás, aunque no se las comparta o, mejor dicho, precisamente por no compartirlas, no impidiendo, además, su exteriorización pacífica. Resulta obvio que de una concepción relativista no puede deducirse ningún derecho a una tolerancia absoluta sino únicamente una tolerancia encuadrada en un orden positivo que garantice la paz a quienes se le subordinan, prohibiéndoles el empleo de la violencia, sin limitarlos en la exteriorización pacífica de sus opiniones. Tolerancia significa libertad de pensamiento. Los valores morales más elevados sufrieron el menoscabo de la intolerancia de sus defensores. En las piras que la Inquisición española encendió para defender la religión cristiana, no sólo fueron abrasados los cuerpos de los herejes sino que, asimismo, se sacrificó una de las enseñanzas más importantes de Cristo: no juzgues para no ser juzgado. En las tremendas guerras religiosas del siglo XVII, en que la Iglesia perseguida estaba de acuerdo con la perseguidora exclusivamente en el propósito de terminar con la otra, Pedro Bayle, uno de los más grandes emancipadores del espíritu humano, a quienes creían poder guardar el orden político o religioso existente merced a la intransigencia con los demás, les objetaba lo siguiente: «El desorden no surge de la tolerancia sino de la intransigencia». Una de las páginas más gloriosas de la historia de Austria la constituye el decreto de tolerancia de José II. En el supuesto que la democracia constituya una forma de gobierno justa, lo es en cuanto significa libertad y libertad quiere decir tolerancia. Sin embargo, surge una pregunta: ¿puede permanecer tolerante la democracia cuando tiene que defenderse de ataques antidemocráticos? Sí, en tanto y cuanto no reprima la exteriorización pacífica de las concepciones antidemocráticas. Exactamente esa tolerancia es lo que diferencia la democracia de la autocracia. En tanto esta diferenciación se mantenga, tendremos razón para rechazar la autocracia y estar orgullosos de nuestra forma democrática de gobierno. La democracia no debe salvaguardarse renunciando a sí misma. Sin embargo, un gobierno democrático tendrá también el derecho de reprimir por la fuerza y evitar con los instrumentos adecuados todo intento que pretenda derrocarlo violentamente. El ejercicio de tal derecho no se contrapone al principio democrático ni al de tolerancia. En ocasiones puede resultar difícil discurrir una línea divisoria entre la divulgación de ciertas ideas y la preparación de un golpe revolucionario. De todos modos, el mantenimiento de la democracia depende de la posibilidad de hallar dicha línea divisoria. Asimismo, tal vez ocurra que ese deslindar conlleve cierto riesgo, mas es honra y esencia de la democracia correr ese riesgo. Una democracia que no sea capaz de afrontarlo, no es merecedora de que se la defienda.

    3 Dado que la democracia es por naturaleza profunda libertad y libertad significa tolerancia, no existe forma alguna de gobierno más favorecedora de la ciencia que la democracia, la ciencia sólo puede desarrollarse cuando es libre. Ser libre quiere decir no sólo no estar sometida a influencias externas, esto es, políticas, sino ser libre interiormente: que impere una total libertad en su juego de argumentos y objeciones. No existe doctrina que pueda ser eliminada en nombre de la ciencia, pues el alma de la ciencia es la tolerancia. Comencé este estudio con el interrogante: «¿qué es la justicia?» Ahora, al llegar a su fin, me doy perfectamente cuenta que no lo he respondido. Mi disculpa es que en este caso me hallo en buena compañía. Sería más que presunción de mi parte hacerles creer a mis lectores que puedo alcanzar aquello que no lograron los pensadores más grandes. En rigor, yo no sé ni puedo decir qué es la justicia, la justicia absoluta, ese hermoso sueño de la humanidad. Debo conformarme con la justicia relativa: tan sólo puedo decir qué es para mí la justicia. Puesto que la ciencia es mi profesión y, por lo tanto, lo más importante de mi vida, la justicia es para mí aquello bajo cuya protección puede florecer la ciencia y, junto con la ciencia, la verdad y la sinceridad. Es la justicia de la libertad, la justicia de la paz, la justicia de la democracia, la justicia de la tolerancia.

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