La dignidad de los muertos

Natalia Federman, nueva directora ejecutiva del EAAF, mira hacia el futuro de la búsqueda de desaparecidxs

 

Natalia Federman lleva años trabajando por la dignidad de los muertos. La nueva directora ejecutiva del Equipo de Antropología Forense (EAAF), cuya designación se anunció esta semana, es una abogada especializada en derechos humanos que se dedicó a investigar las formas en que el Estado gestiona burocráticamente a las personas muertas y enterradas sin identificar, y cómo eso impacta en la desaparición de personas en la Argentina de hoy.

“Además de las fallas en los mecanismos estatales, en general persiste una falta de percepción social acerca de que la identidad de las personas muertas es un asunto importante −dice Federman a El Cohete a la Luna−. Ser enterrado con el propio nombre no sólo trae tranquilidad a la familia que busca, sino que además es un derecho de todo ser humano”.

Con veinte años de trayectoria en la investigación de los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado, buena parte del saber acumulado por Federman sobre la identificación de personas en la actualidad proviene de su experiencia en la búsqueda de desaparecidos de los años ‘70, en la que se involucró tanto desde la sociedad civil como desde el Estado. En 2012, cuando era Directora Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad, impulsó un plan de entrecruzamiento masivo de huellas dactilares de víctimas de desaparición forzada durante 1974-1983 con las de personas enterradas sin identificar en ese mismo período, que permitió 80 identificaciones por vía documental.

Esa iniciativa, que había nacido por un pedido de colaboración del EAAF al Estado, luego permitió ampliar las pesquisas a desapariciones contemporáneas, lo que más tarde derivaría en la identificación de los restos de Luciano Arruga, entre otros casos.

Casi una década después, Federman acaba de ser elegida en forma unánime por el directorio del EAAF para su dirección ejecutiva, en un concurso abierto que se inició luego de que su antecesor, Luis Fondebrider, dejara su puesto para mudarse a Ginebra, donde ahora dirige a los equipos forenses del Comité Internacional de la Cruz Roja. Al frente del EAAF, Federman podrá dar continuidad a su trabajo por aquello que la desvela tanto a ella como al resto del Equipo: “El derecho a la verdad y al duelo de las familias y a la dignidad de las personas muertas”.

—¿Qué se necesita hacer en la Argentina para favorecer esos derechos?

—Un desafío es trabajar con el Estado para mejorar sus rutinas burocráticas de identificación de personas muertas: para asegurar que personas que están siendo buscadas por sus familiares no se encuentren muertas y sin identificar. Se necesita aumentar la articulación entre el Poder Judicial y las estructuras ejecutivas que tienen responsabilidad en el tema. Hay que diagnosticar por qué la información no fluye entre las diferencias instancias nacionales, provinciales y municipales. Hoy existe un sistema federal de búsqueda de personas del Ministerio de Seguridad, pero el problema para las identificaciones persiste.

—¿Cómo fue el proceso de colaboración entre el EAAF y el Estado, en 2012, que permitió decenas de identificaciones por la vía administrativa del cruce de datos?

—Se inició a partir de un pedido del EAAF para utilizar la tecnología del Ministerio de Seguridad para hacer un entrecruzamiento masivo de huellas a través del sistema. Eso implicó construir una base de datos de huellas dactilares de personas desaparecidas durante la dictadura y alimentarla con las huellas que había en las dependencias policiales de personas que habían sido asesinadas y enterradas sin identificar en el sistema burocrático-legal del Estado, en cementerios municipales y con intervenciones del Poder Judicial o los consejos de guerra estables. El entrecruzamiento dio un resultado de 80 coincidencias, que en algunos casos correspondían a personas ya identificadas, pero se pudo brindar nueva información de contexto: dónde habían sido encontradas, qué día, por qué fuerza. Se logró información novedosa, incluso útil para causas judiciales, y también identificaciones nuevas.

—¿Cómo fue el salto posterior para aplicar la misma lógica a casos actuales?

—A partir de ahí, como ese proceso implicó comprender cómo funcionaba el sistema de identificación tanto durante la dictadura como en la actualidad (dónde se guardaba la información, por qué se guardaba de determinada manera, cuál era el circuito burocrático que influía sobre el proceso), pudimos apreciar que había cosas que no estaban conectadas adecuadamente. Esa sospecha se confirmó cuando, a partir del habeas corpus presentado por la familia de Luciano Arruga, propusimos revisar la información sobre personas muertas sin identidad conocida para asegurarnos de que no hubiera allí información sobre Luciano. Y Luciano fue rápidamente identificado como una persona enterrada sin identificar por la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Ese hallazgo nos permitió diagnosticar algo que ya era más o menos sabido por casos anteriores: que la información no circula, que los procesos de gestión de la información sobre personas sin identidad conocida obstaculizan su identificación.

—¿Mejorar el sistema permitiría más identificaciones?

—Hay potencial para seguir identificando personas. El desafío es reunir los dos extremos: la información pre-desaparición de las personas buscadas y la información post-mortem de las personas que aparecen sin información sobre su identidad. Hay que generar circuitos que hagan fluir la información, a nivel nacional pero también entre distintas estructuras: ejecutivas, judiciales.

—¿Qué lugar les toca en eso a las fuerzas de seguridad?

—Su participación es necesaria, pero es una responsabilidad que las excede. La decisión debe ser tomada desde los poderes ejecutivos y judiciales de los diferentes niveles: el municipal en lo que respecta a las condiciones de entierro en los cementerios, el provincial en cuanto a cómo las personas son buscadas y cuándo son enterradas sin identidad conocida y qué trámites se deben realizar para la inhumación administrativa, y el nacional respecto de cómo articular la información acerca de la identidad de las personas muertas.

—En la búsqueda de desaparecidxs de la dictadura, después de 37 años el EAAF ya completó el relevamiento de cementerios municipales. ¿Por dónde pasa hoy la búsqueda de posibles restos?

—Efectivamente, el trabajo inicial del EAAF fue mapear los usos del terrorismo de Estado del sistema legal de gestión de la muerte. Así fue como se estableció que muchas personas habían sido enterradas sin identificar en cementerios municipales a través de diferentes trámites y con diferentes niveles de apego a la legalidad formal sobre la gestión de las personas muertas. Una vez terminado ese mapeo, y con la incorporación de nuevas tecnologías que permiten realizar rastreos de terrenos más extensos, ahora el Equipo se impuso el desafío de utilizar nuevas tecnologías, que aún están en etapa exploratoria, para analizar extensiones de tierra más grandes con posibles enterramientos clandestinos.

—¿En qué estado se encuentran los proyectos para relevar grandes unidades militares, como Campo de Mayo?

—El año pasado se hicieron tres sobrevuelos, uno en Campo de Mayo y dos en Santa Fe, y ahora se está en proceso de planificación de las tareas de exploración y prospección del terreno. Los sobrevuelos [con un aparato que combina un GPS, un láser y un escáner de alta resolución] permiten formar una maqueta 3D del predio e identificar posibles puntos de enterramiento para hacer excavaciones más localizadas. El campo es muy grande, lo que permite esta tecnología es reducir. Será uno de los proyectos más importantes del Equipo este año.

—¿Hay alguna expectativa de encontrar restos en Campo de Mayo?

—Intentamos siempre ser cautos. Las familias llevan muchos años esperando cualquier información sobre sus seres queridos. Queremos ser muy cuidadosos en no generar falsas expectativas sobre una tecnología que vaya a resolver mágicamente la incógnita que produjo el terrorismo de Estado. Hay que ver los resultados concretos en cada sitio.

—Si no se encuentran restos, el relevamiento servirá al menos para descartar la hipótesis de enterramientos en esos lugares.

—El descarte también es una forma de construir certezas. A veces, a través de la negativa se puede obtener información.

—¿Qué otras vías siguen abiertas para nuevas identificaciones de desaparecidxs de los ‘70?

—El EAAF tiene en guarda unos 600 restos de personas que fueron exhumados en diferentes circunstancias y que aún no fueron identificados porque no se cuenta con información genética de familiares. Permanece el desafío de acercarnos a las familias para que, si quieren conocer lo que pasó, aporten su gotita de sangre en condiciones de confidencialidad y total gratuidad.

—¿El paso del tiempo hace que sea cada vez más difícil lograr nuevas identificaciones?

—En el proceso de Memoria, Verdad y Justicia el tiempo siempre juega en contra, porque los familiares mueren y los imputados también. Pero la evolución de la cantidad de identificaciones depende de una combinatoria compleja de factores. El tiempo no es el único factor: a veces la incorporación de mecanismos novedosos (por ejemplo, el cruce de huellas en su momento), o la identificación de espacios específicos de enterramiento, puede producir “picos” de identificaciones.

—¿Por ejemplo?

—Por ejemplo, el trabajo en el Pozo de Vargas trajo muchas identificaciones nuevas. Es un sitio que escapa a la modalidad de enterramientos en cementerios municipales de la que hablábamos antes: una forma distinta de esconder los crímenes del terrorismo de Estado. Ahora, a través de un proceso de una enorme complejidad, se está procediendo a la excavación del sitio, re-asociación de los restos e identificación genética.

—¿Qué nivel de interés existe hoy en el mundo sobre el problema de la identificación de personas muertas?

—Hay muchos debates a nivel internacional sobre la cuestión de la dignidad de las personas muertas y el deber de los Estados de identificar a las personas enterradas sin identidad conocida en diferentes contextos: procesos migratorios, desastres humanitarios. La pregunta es cuáles son las responsabilidades estatales en ese problema. No es un tema sólo jurídico, pero ciertamente es un tema de derechos: el derecho a morir la propia muerte. La misión del EAAF tiene un doble sentido: por un lado, asegurar el derecho al duelo de quienes buscan a un familiar; por otro, asegurar el derecho a la dignidad humana de las personas muertas a través de su identificación.

 

 

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