La dilación infinita

La fiscala Boquín pidió una vez más la quiebra del Correo Argentino

 

Un escrito de 140 páginas que se sintió como una pesada bolsa de cemento cayendo sobre las lujosas oficinas de los Macri. Mientras la familia permanecía tranquila porque la causa del Correo Argentino no avanzaba en los peldaños amigos de Comodoro Py, la fiscala Gabriela Boquín volvió a agitar el avispero. Y con pruebas de una nueva matriz fraudulenta pidió a la Cámara Comercial que decrete una vez más la quiebra de la empresa, dilatada desde el año pasado.

–Es uno de los mayores actos de corrupción contra el Estado de los últimos tiempos. No sólo los Macri deben un dinero equivalente a construir varias escuelas, sino que para defenderse usaron artilugios apócrifos y engañosos. Lo cual lo convierte en un escándalo abismal –resumió una alta fuente de la investigación.

En rigor, son casi veinte maniobras del grupo Macri que en el escrito se denuncian como falsas, urdidas para evitar el pago de su abultada malversación. Nada nuevo bajo el sol: las mentiras de la empresa son una constante para evadir los veinte años sin pagar su millonaria deuda con el Estado, calculada en más de 70.000 millones de pesos sin tener en cuenta intereses y actualización a tasas del presente.

En rigor de verdad, se trata de una película vista repetidamente en pasillos judiciales. En julio del año pasado Boquín había declarado la quiebra que después ratificó la jueza Marta Cirulli. La empresa apeló, la jueza se echó para atrás y a partir de allí la familia efectuó forum shopping para conseguir jueces afines. El principal artífice de las maniobras fue Mauricio Macri, que lo hizo público en diferentes tuis y hasta en una carta. En su nuevo escrito, Boquín responsabiliza al grupo de crear un relato basado en “inexactitudes y engaños” que “difunde a la opinión pública” y “contamina el expediente afectando la búsqueda de la verdad real y poniéndose en una situación de víctima no siendo tal”. Alrededor de un proceso comercial específicamente concursal, en la mirada de la fiscalía los Macri no han actuado de buena fe al distorsionar el expediente e incluir actores políticos ajenos a la investigación.

Entre los principales puntos de las maniobras fraudulentas, Boquín precisa que:

  • El Correo manipuló el concurso de acreedores. Una de las maniobras consistió en presentar una mayoría trucha para mostrar que tenía aval a su oferta de pago. En ese sentido, violó el principio de igualdad ante la ley por el uso de avales falsos de acreedores para conseguir la aprobación de su oferta.
  • A lo largo del extenso proceso la empresa evidenció una conducta que no se sujetó a la normativa del “remedio concursal al que eligió acudir”. Ocultó información respecto de su verdadera situación patrimonial y realizó actos prohibidos o sin autorización judicial, todo ello en perjuicio evidente de los acreedores, con total indiferencia por las normas concursales y eludiendo el control de la jurisdicción.
  • El Grupo Macri tergiversó las condiciones. La investigación judicial consideró que no sería razonable suponer que los acreedores que prestaron su conformidad en aquel momento aceptaran la propuesta “mejorada” por créditos devengados hace dos décadas, cuya cancelación se produciría en aproximadamente 31 años, pues a los 11 años que comprendía la nueva propuesta habría que sumarle los 20 años ya transcurridos.
  • Boquín detalla en su presentación las operaciones de vaciamiento de la firma y el acuerdo irregular con el Meinl Bank, acusado de lavado. Revela que el Correo hizo un acuerdo en paralelo al concurso con la entidad bancaria, que fue deliberadamente ocultado: el banco pesificó la deuda del Correo, que estaba en dólares. Era su acreedor privado más grande: el Meinl Bank tenía el 38% del pasivo. Pero fue investigado por lavado y decretada su quiebra en marzo de 2020. Su conformidad ya no sirve.
  • El Estado no había sido “acreedor hostil” como postularon los Macri por no aceptar su última oferta y la investigación detalló las múltiples audiencias de conciliación donde asistieron representantes oficiales en el transcurso de todo este proceso, conocido como el más extenso concurso de acreedores de la historia de la Justicia comercial argentina.
  • El Correo hizo maniobras insólitas para lograr su “propio vaciamiento en perjuicio de los acreedores y en beneficio de sus controlantes dentro del Grupo”. Por citar tan sólo un ejemplo, compró en 2007 a SOCMA, su controlante, acciones de la empresa uruguaya Neficor –ligada al negocio automotriz– por 2,1 millones de dólares, sin permiso judicial.
  • Hasta 2012 la empresa pagó 8 millones de pesos de anticipos a los directores, pese a que no tenían derecho a ninguna retribución porque los ejercicios arrojaron pérdidas. Violó, de esa forma, la ley de sociedades. Además, pagó honorarios por asesoramiento legal a estudios jurídicos integrados por miembros de su propio directorio.
  • Los perjudicados por esta matriz fraudulenta son los acreedores. Entre ellos la AFIP y el Banco Nación. En total, el Estado es el acreedor mayoritario, con el 33% de las deudas.

La Procuración del Tesoro, en representación del Estado como acreedor, ya solicitó la extensión de la quiebra, que recaería prontamente sobre los Macri ya que el Correo tiene como empresa controlante a SOCMA, la principal firma del grupo. El ex Presidente no figura porque se desprendió de sus acciones, aunque su influencia es notoria. Las había cedido a sus hijos –Agustina, Gimena y Francisco– y luego estos a Gianfranco Macri, que tiene el 40%; un 20% es de Mariano Macri, otro 20% de Florencia Macri y el 20% restante de los hijos de Sandra Macri, quien falleció.

Es por eso que sistemáticamente la empresa se encarga de sabotear el expediente, ya que la quiebra deberá afrontarla SOCMA por entero. En los papeles, en efecto, la empresa de los Macri está concursada desde hace dos décadas, tiempo desde el cual esquiva afrontar sus pasivos. Todo había comenzado a fines del menemismo. El grupo manejó el Correo desde su privatización en 1997 –lo administró a través de su empresa Sideco Argentina– y se presentó en convocatoria de acreedores en 2001, hasta que en 2003 fue estatizado por falta de pago del canon. Ese año el juez en lo comercial Eduardo Favier Dubois decretó la quiebra del Correo Argentino S.A. y la novela continúa hasta hoy.

La familia empresarial quiso imponer desde siempre lo que a esta altura es su marca de estilo: reducir la tasa de interés de su deuda y salir airosa. Pero el Estado rechazó varias propuestas de pago. La última oferta que había hecho el Correo a sus acreedores era de 1.000 millones de pesos en un pago. Según los cálculos de la fiscalía, dicho valor constituye tan sólo una sexta parte de la deuda real. A partir de allí, en efecto, comenzó a engrosarse el expediente que en 2016 llegó al despacho de Boquín, cuyo foco fue profundizar la pesquisa sobre el Grupo. Curiosamente al año siguiente y por primera vez el Estado aceptó el acuerdo.

Es decir: fue el propio gobierno de Mauricio Macri el que acordó con el Grupo Macri la cancelación de la deuda a 15 años con una quita que en ese momento ascendía –según cálculos de la Dirección de Administración Financiera (DAFI) del Ministerio Público Fiscal– a 70.000 millones de pesos, lo que significaba ni más ni menos que una quita del 98,87% en perjuicio del Estado.

En aquella época Boquín denunció la maniobra como “abusiva”, en una lucha solitaria ante la Cámara en lo Comercial. Logró frenar el bochornoso acuerdo y presionó para que se investigara al holding familiar en directa violación de la Ley de Ética Pública. Hoy existen dos causas, una penal y otra civil. En su nuevo dictamen, la funcionaria recordó que la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) le dio la razón en dos peritajes, que establecieron que por lo menos 92% de lo adeudado se evaporaba.

Desde la fiscalía, el detrás de escena de la quiebra del Correo se resume de la siguiente manera: “El concurso de acreedores se presentó en 2001. Normalmente dura un año y medio pero en el caso del Grupo Macri ya lleva más de 20 años, algo insólito. Desde que llegó a la Cámara en 2010, el expediente durmió nueve años. Apenas asumió Macri como Presidente se hizo un primer acuerdo. La deuda quedó congelada del 2001 al 2017, para pagarla luego a 15 años. Paralelamente, el Grupo Macri le inició juicios al Estado por la rescisión del contrato del Correo. Es ahí donde se inicia la investigación. Se comprueba el vaciamiento del Correo a través de Sideco y SOCMA. Luego Sideco desaparece misteriosamente. Y aparece un banco privado, el Meinl Bank, apoyando las propuestas espurias del Correo y pesificando la deuda en dólares, otra cosa insólita. Hace poco se logró la intervención total del Correo, y la ratificación de la Cámara y de la Corte para seguir con la investigación por corrupción y vaciamiento, pero aún así, con todo eso, los obstáculos siguen de manera insólita”.

El Cohete a la Luna accedió al expediente y comprobó que el vaciamiento del Correo Argentino está francamente probado: lo que resta dilucidar es dónde se fue el dinero y cuál fue la responsabilidad de los administradores. Para los jueces, sin embargo, parece ser más importante dar tiempo y lugar a las trabas que pone la defensa de los Macri que al enorme material probatorio plasmado en la causa.

Boquín avizora un nuevo ataque en su contra. Una de las principales batallas del macrismo en los últimos tiempos se ha concentrado en el descrédito personal hacia su persona. Apenas habla con la prensa, Macri aprovecha la ocasión y arremete contra ella. A la funcionaria la ha acusado, entre otras cosas, de “militante”, de “animosidad”, “parcialidad” y de poner “un número fantasioso de 70.000 millones de pesos que contaminó todo y fue un caos”. Lo que ha logrado el ex Presidente es una presión mediática que frenó la pesquisa, la cual lleva cinco años de trabajo.

Cada vez que la fiscala busca un soplo de aire para avanzar por la causa del Correo Argentino, los caminos parecen cerrársele como un oscuro día de justicia. A su sólida investigación sobre el vaciamiento encabezado por la familia Macri sobreviene un estado de alerta, de un estoicismo a prueba de balas. El poder colosal con el que se enfrenta muestra sus garras en un lobby infinito. Dilaciones, sumarios en su contra, recusaciones y artilugios de todo tipo y nivel, que hace un año incluyeron una última jugada sin camuflaje alguno: la de pretender que la Corte porteña interviniera en el expediente judicial. Esa discusión está en la Corte Suprema de la Nación. Sin embargo, la solidez de su investigación judicial resulta por ahora un duro blindaje para los embates.

No es cualquier personaje: es la fiscala general que pretende que Macri pague su millonaria deuda y, a la vez, investiga sus maniobras de vaciamiento y corrupción desde que en 2017 denunció un acuerdo “ruinoso” y “abusivo” de Socma con el gobierno de Cambiemos para licuar el pasivo de la firma. Como Macri no pudo condonar su propia deuda empresarial cuando era Presidente, queriendo ser juez y parte, intenta ahora agotar sus influencias en los pasillos de la Justicia.

La quiebra está en manos de la Sala B de la Cámara Comercial, cuyo tribunal tiene una nueva integrante desde el año pasado, Guadalupe Vásquez, a quien los Macri ya intentaron desplazar aunque sin éxito. La Sala B, compuesta por María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini, fue funcional a la familia: el expediente ha estado durmiendo en los cajones por más de una década. Allí, entonces, cuentan con apoyo.

En las últimas líneas de su escrito de 140 páginas, Boquín dejó en claro que no se rendirá: de no prosperar el nuevo trámite, irá por vía extraordinaria federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hasta que los Macri paguen lo que tengan que pagar.

 

 

 

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