Cuando al atardecer el miércoles 1º despegó desde Cabo Cañaveral el primer vuelo tripulado de la NASA estadounidense a la órbita lunar desde 1972, el gobierno de Javier Milei se entregó a celebrar en las redes sociales la inclusión en la misión del microsatélite argentino Atenea, desarrollado por un sistema universitario público que decidió desfinanciar.
La contradicción quedó expuesta en el comunicado que por su vía predilecta circuló la autodenominada Oficina del Presidente. La redacción informa también que Milei se felicitó, hablando de sí mismo en tercera persona.
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) April 2, 2026
Con todo, los festejos autopromocionales superaron en fugacidad al lapso de trabajo del Atenea, que reingresó a la atmósfera alrededor de las 18 del jueves 2, cumplida la cosecha de registros desde que el delivery espacial de la misión Artemis II lo dejó en su camino a la Luna.
Existen razones nítidas para explicar el fracaso en la pretendida apropiación del logro. Como detalló El Cohete cuando el anuncio final, la participación argentina en la misión norteamericana había sido acordada en julio de 2023, en un acto oficial con autoridades de ambos países, de signos políticos opuestos a los de hoy. La administración republicana sostuvo el acuerdo firmado por la de Joe Biden, lo que permitió a Milei festejar su inclusión en lo que Donald Trump convirtió discursivamente en remedo de la carrera espacial de mediados del siglo pasado, cuando existía la bipolaridad geopolítica que el Presidente argentino supone aún vigente.
En el terreno doméstico, el intento del oficialismo por capitalizarlo chocó contra sus propios discursos, prácticas y prioridades, porque el Atenea fue desarrollado por instituciones académicas y científicas que el Excel oficial desfinancia sin pausa. Con el conflicto en plena escalada, el margen de alarde se achicó, por las respuestas que despertaba la habitual inflación narrativa. El lunar no fue, por otra parte, el único viaje que reclamó atención en la semana política.
Al borde
El escenario que rodeó al lanzamiento fue sintomático. El jueves 26 de marzo una asamblea de ATE CONAE había decidido, por una mayoría cercana a la unanimidad, la convocatoria a un paro en protesta por las condiciones salariales y presupuestarias que en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales ven agravarse desde la llegada del anarcocapitalismo a la Casa Rosada.
Ante la proximidad de un compromiso internacional que había promocionado públicamente como hito, el gobierno abrió negociaciones y el personal suspendió la medida de fuerza “para garantizar las operaciones críticas” que incluían el seguimiento del satélite desde las estaciones de Córdoba y Tierra del Fuego. El gesto, aclararon, no implicó conformidad, ni el cese del estado de alerta. Los principales reclamos pendientes son la recomposición presupuestaria, el pase a planta permanente del personal contratado y la continuidad de los proyectos estratégicos, para superar un cuadro que encuentra a la CONAE “al borde del colapso operativo”.
Antes del lanzamiento, trabajadores y trabajadoras se manifestaron fuera del predio cordobés de la CONAE, sobre la ruta provincial C45, donde los automovilistas acompañaron con bocinazos al paso. Una bandera dejó allí constancia de que la situación del sector no ha variado desde que a comienzos de marzo el gremio elaboró un informe sobre las pérdidas presupuestarias y de personal calificado, del 40% y el 20% en comparación con 2023. La sangría incluyó, entre diciembre y marzo últimos, a cuatro integrantes de la Gerencia de Proyectos Satelitales del organismo.
Tomando los registros reconocidos por el INDEC, ATE CONAE graficó la drástica reducción de la planta.
La caída en la competitividad de los salarios de profesionales altamente calificados ya venía disparando renuncias para el último tramo de gobierno de Alberto Fernández, que apenas pudo mitigarlas. A su sucesor no le preocupó intentarlo. En marzo de 2024, añadió a ese problema la decisión de dar de baja una decena de contratos de profesionales con años de recorrido y formación en el organismo.
Desde entonces, el único repunte se dio a fines de 2025, cuando tras las elecciones de medio término el gobierno habilitó nuevos contratos, pero para puestos jerárquicos de tres gerencias. De ese modo, regularizó la situación de veedores que, sin designación formal, había enviado en los meses previos. ATE CONAE indicó que los nuevos contratados “responden directamente a los intereses de este gobierno” y apuntó que no poseen experiencia en la materia. Aunque desde noviembre el presidente del directorio de CONAE es Manuel Adorni, en el tablero de disputas posicionales internas el organismo quedó bajo la órbita del ministro sin cartera Santiago Caputo.
Capital en riesgo
En el documento que circuló en la primera semana de marzo, ATE CONAE anticipó la “parafernalia comunicacional” presta a valerse del Atenea para distraer la paralización de proyectos estratégicos. El de construir una plataforma propia para lanzamientos satelitales, en la base de la Armada de Puerto Belgrano, hubiera permitido evitar el desembolso de millones de dólares por cada envío al espacio y ofrecer ese servicio a terceros.
En materia de inversión, el informe de ATE CONAE señala que el presupuesto asignado a CONAE experimentó una sostenida caída desde el inicio del mandato de Milei. Eso explica que el organismo se encuentre endeudado con proveedores y atado a herramientas que envejecen a velocidad, pese al desafío de responder a compromisos internacionales como el que desde hace más de dos décadas mantiene con la Agenzia Spaziale Italiana.
La realidad de la CONAE es compartida por el conjunto del sector público de investigación, según alertaron el mismo jueves 26 el Consejo Interuniversitario Nacional y la Red Argentina de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología, que describieron a la situación como “crítica y sin precedentes” y advirtieron que la caída de presupuestos y salarios “amenaza directamente la continuidad misma de las capacidades científico-tecnológicas construidas durante décadas”.
¿Será justicia?
El panorama no es diferente en el sistema universitario público, que además de formar profesionales en áreas de incumbencia fue motor de la gestación del Atenea. La Universidad Nacional de La Plata resultó epicentro de ese trabajo, basado en la experiencia acumulada con el satélite USAT-1, cuyo desarrollo asumió en pleno cuando en diciembre de 2015 Mauricio Macri no renovó el vínculo de cooperación con la CONAE.
Como ocurre en el conjunto del sector, el personal universitario que participó de ambos proyectos perdió un tercio del salario que percibía en noviembre de 2023, por efecto de una licuadora inflacionaria que resultó más efectiva que la motosierra directa. Por idéntica vía, las instituciones cuentan con menos de la mitad de los recursos con que en la misma época sostenían su funcionamiento.
En las últimas horas de marzo, el Poder Judicial emitió la respuesta que adeudaba. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la medida cautelar dictada por el juez Martín Cormick y ordenó al Ejecutivo el cumplimiento de los dos principales artículos de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria: el que mejora los recursos para el funcionamiento y el que recompone salarios docentes y no docentes a valores de fines de 2023.
El mérito que el gobierno le reconoció en el desarrollo del Atenea es sólo uno de los campos de docencia e investigación que cultiva el sistema académico público, carente de margen para subsistir sin el auxilio de una ley reclamada por tres multitudinarias marchas federales, votada dos veces por ambas cámaras del Congreso y ratificada por otras tantas instancias judiciales.
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