La doble vida del comisario

Carlos Medina, ex jefe de Drogas Ilícitas en Presidente Perón, detenido por encubrir a la banda del fiscal Scapolán

 

El Gordo tiene Mercedes Benz, Amarok, Grand Cherokee y X6. Tiene como dos millones de pesos en motos de agua, ranchos, casas por todos lados tiene, boludo. Y sigue y sigue y sigue. Está enfermo, boludo […]

–Y… pero en donde lo volteen sabés cómo cae, ¿no?

El Gordo era uno de los apodos con los que se conocía en la jerga narco a Adrián Gonzalo Baeta, eslabón fundamental de la banda que comandaba el fiscal Claudio Scapolán. También lo llamaban Palermo y quienes lo trataban no desconocían que era un experto en mexicanear cargamentos de drogas y extorsionar traficantes.

Baeta, policía bonaerense que integraba la Delegación de Drogas Ilícitas de Quilmes, estaba prófugo y fue detenido el 6 de enero de este año, en plena feria judicial. El Gordo se creía imbatible, pero hasta sus compañeros sabían que si algún día llegaba a caer, las piezas del dominó se irían desmoronando a su alrededor. Vivió prófugo cinco meses en Rincón de Milberg. Hasta que lo descubrieron.

Ahora fue el turno de otro de sus amigos, el comisario y jefe de la Unidad de Drogas Ilícitas Carlos Alberto Medina, de 47 años, quien acaba de ser detenido. La Justicia comprobó que había sido el protector del Gordo Baeta en los meses que este estuvo prófugo de la justicia, refugiado en un barrio privado de Tigre. Y asestó otro duro golpe al complejo rompecabezas de la banda de Scapolán.

 

Medina en marzo, con barbijo de Drogas Ilícitas de la Bonaerense, y años atrás como comisario en el Partido de la Costa.

 

Medina tenía un perfil mediático: cada vez que daba un golpe contra las drogas, lo contaba con bombos y platillos en entrevistas largas y detalladas. Hace unos meses, por su misión en la lucha contra el narcotráfico, había recibido una mención de la intendenta de Presidente Perón, Blanca Cantero, por ser uno de los jefes distinguidos de la zona. El comisario escalaba a pasos agigantados en la policía bonaerense.

Lo que pocos sabían era su doble vida: una, la que mostraba a cámaras, con su orgullo por dirigir la fuerza; y la otra, literalmente en las antípodas: la de ser partícipe en los negocios de la narcocriminalidad. Eso ya lo había advertido el fiscal Fernando Domínguez, quien descubrió cómo, usando la pantalla perfecta de la chapa policial, en realidad estaba siendo parte de lo que decía perseguir. “Medina estaba a cargo de la dependencia a la que le compete prevenir y reprimir el tipo de delitos por los que Baeta se encontraba prófugo”, acreditó la investigación judicial.

La doble vida no es ninguna novedad en la larga lista de funcionarios públicos que integran “La banda del fiscal”, como se conoce la megacausa del fiscal de San Isidro Claudio Scapolán –que permanece de licencia y aún no pudo ser detenido por gozar de sus fueros–. El funcionario está acusado de ser el jefe de una asociación ilícita con alcances internacionales, que operó al menos entre 2012 y 2015 en Quilmes, San Isidro, Morón y San Martín, especialista en el robo de cargamentos de droga secuestrados en procedimientos judiciales y de extorsionar a familiares de narcotraficantes.

El rol de Baeta es fundamental en el caso Anacona –uno de los tantos que componen la megacausa–, conocido también como “Leones Blancos”. Allí quedó demostrado su estrecho vínculo con el financista Diego Guastini –que fue acribillado por un sicario luego de declarar como arrepentido–, donde no sólo habían planeado el robo de una parte de la cocaína sino su destino final y su modo de comercialización. También se han acreditado llamadas entre Baeta y su protector Medina durante esos hechos. Y todo con el fiscal Scapolán vigilando los movimientos desde su torre de control.

–Ando con problemitas. Tal vez me hagan un allanamiento.

El 20 de julio de 2020, en el Día del Amigo, Baeta habló con un conocido anticipándose a su destino. Entonces planeó su fuga. Medina fue el que le recomendó cómo y dónde esconderse.

Es uno de los casos de narcocriminalidad más rimbombantes de los últimos tiempos, con tintes cinematográficos, que además involucra y conecta a dos territorios por excelencia del narco bonaerense: la zona Sur con la zona Norte. Es por eso que las defensas de los acusados se la pasan recusando al fiscal Domínguez y a la jueza Sandra Arroyo Salgado, poniendo trabas a la pesquisa y ostentando un poder que aún no quiere renunciar a sus prebendas.

El fiscal, con una carga de evidencias descomunal –con pruebas directas e indirectas en las tareas de reconstrucción–, pidió el procesamiento del fiscal Scapolán con las siguientes palabras: “No nos encontramos frente a un simple caso de tenencia de estupefacientes o un robo (…) por el contrario, es un caso cuyas complejidades tornan en sí misma muy difícil su investigación, se trata de acontecimientos que encierran abusos funcionales y la consecuente cerrazón que se desenvuelve en maniobras de ocultamiento difícil de sortear”.

Experto en el camuflaje y los movimientos clandestinos, el comisario Medina colaboró con el Gordo Baeta al darle cobijo en las sombras una vez que el fiscal Domínguez, a mediados del año pasado, pidió su detención. Además, Medina le permitió ocultar dinero y armas sacando provecho propio, porque si bien eran amigos no había favor entre los narcos policías que no se cobrara con intereses.

El lugar elegido por ambos reunía las condiciones ideales para su plan criminal “pues se encontraba en la zona norte de Buenos Aires, lejos del lugar en que se concentraba la búsqueda de Baeta (zona sur de la Provincia de Buenos Aires); era un complejo de departamentos con acceso restringido custodiado por vigilancia privada, cámaras de seguridad y cerco perimetral, que dificultaba tareas de seguimiento; tenía a disposición cocheras subterráneas para los vehículos utilizados por Baeta y por sus visitantes, dificultando tareas de identificación de los automóviles del prófugo. Se trata de una elección consciente realizada por dos individuos, con vasta experiencia en investigación criminal, pensada para obstaculizar la pesquisa de búsqueda”, dice un fragmento del expediente al que accedió El Cohete a la Luna.

 

Villa Los Remeros, el complejo de Rincón de Milberg, Tigre, donde se escondió Baeta.

 

Medina había sido acorralado por los investigadores desde la detención de su amigo Baeta, en enero, cuando se hallaron dos pruebas contundentes: el contrato de alquiler del lugar donde estaba refugiado Baeta y el auto con el que se movía, ambos estaban a nombre de Medina. La garante del contrato había sido Johana Krizic, la esposa de Baeta. Tiempo antes el propio Medina había hospedado en su casa al Gordo, evidenciando el lazo íntimo que existía entre ellos.

–No son segundas líneas ni perejiles. Son hechos criminales de alta peligrosidad que dañaron enormemente al Estado –dice un investigador a este medio–. Han organizado junto al servicio de inteligencia de la ex SIDE y del Servicio Penitenciario Federal actividades espurias de distinta naturaleza, que van desde la explotación de cuevas de cambio hasta el tráfico trasnacional de estupefacientes y la planificación en la explosión de un buque. Y toda una serie de extorsiones, amenazas, seguimientos ilegales, contrabando de divisas, tráfico de influencias y cohechos que eran parte de su conducta cotidiana desde sus altos mandos.

Al ser detenido hace unos días, Medina se negó a declarar. A pedido del fiscal Domínguez, la jueza lo procesó por encubrimiento agravado, tenencia ilegítima de armas de guerra y lavado de activos, y lo embargó por 30 millones de pesos. “Lo ayudó a Baeta a esconderse, ocultó pruebas de sus delitos y sacó rédito junto a él del dinero ilícito. La plata con la que se pagó el alquiler del departamento de Baeta, por ejemplo, tiene un origen narco”, precisó otra fuente de la investigación.

En el momento del allanamiento a su casa, Medina estaba armado hasta los dientes: una ametralladora, una escopeta, cinco pistolas y municiones, todas de origen ilegal. “Son los que usaba el Gordo en su faena criminal”, apuntó el mismo investigador. Allí, además, encontraron un chaleco antibalas a nombre de Baeta. Y como si fuera poco, 19.208 dólares y 982.240 pesos en un placard.

Fiscal y secretarios judiciales, policías y civiles corruptos que actuaron mancomunadamente. La caída de Medina es un golpe más a la estructura ilícita que armó el fiscal Scapolán y permite entender no sólo a los protagonistas directos sino a la red de cómplices y de personajes secundarios que se beneficiaron de negocios millonarios con total impunidad durante años. En el expediente ya hay 27 policías procesados, de los cuales seis son comisarios. Una maquinaria perfectamente aceitada, que usó el aparato estatal con el despliegue de una descomunal asociación ilícita. Allí donde cada rol comprendía su función, donde estaba claro quién ordenaba y quién ejecutaba en engranajes diseñados con minucia y precisión. Hasta cómo se repartía la torta.

–Lo que revela la detención de Medina es la tarea esencial de los altos mandos de las unidades de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado. No son casos aislados ni manzanas podridas que contaminaron un cajón: todo estaba sumamente organizado al servicio del tráfico de drogas, un negocio rentable, confiable y poderoso. Eslabones que actuaron de forma entrelazada para asegurarse protección, complicidad y renta distribuida. Porque detrás de Medina seguramente haya una red que también sea necesario desmontar –aclaró el investigador.

A Medina se le otorgó el arresto domiciliario. Los investigadores buscan avanzar en el cerco que conduce a Scapolán: temen que, en caso de no estar con prisión preventiva, los agentes puedan fugarse. El caso Baeta demostró que tienen los recursos y el conocimiento necesarios para hacerlo.

 

 

 

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