La “doctrina Dahiya” es una estrategia militar que propone el uso de fuerza desproporcionada y destrucción masiva de las infraestructuras civiles en áreas desde donde operan grupos enemigos. El nombre proviene del barrio Dahiya (o Dahie en otras traducciones) situado al sur de Beirut, que fue fuertemente bombardeado por el Ejército de Israel durante el conflicto de 2006 contra Hezbolá. La primera formulación pública de esta doctrina tuvo lugar en octubre de 2008, en una entrevista con la agencia Reuters, en la que el general israelí Gadi Eizenkot dijo textualmente: "Lo que ocurrió en el barrio Dahiya de Beirut en 2006 ocurrirá en todas las aldeas que se utilizan como base para disparar contra Israel. Usaremos una fuerza desproporcionada [en estas áreas] y causaremos grandes daños y destrucción. Desde nuestro punto de vista, no son pueblos civiles, sino bases militares... Esto no es una recomendación, sino un plan, y ha sido aprobado”.
Como es obvio y evidente, la doctrina ha sido aplicada a rajatabla por Israel en Gaza y se vuelve a aplicar en el Líbano actualmente. La mayoría de los bombardeos israelíes de esta pasada semana se han registrado en zonas residenciales de la capital y en los suburbios meridionales de Dahiya sin que Israel hubiera emitido una alerta previa para que los habitantes pudieran ponerse a salvo. "La magnitud de la matanza y la destrucción en el Líbano hoy es sencillamente espantosa", declaró el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk. "El derecho internacional humanitario establece claramente que los civiles y la infraestructura civil deben ser protegidos", afirmó. "Deben llevarse a cabo investigaciones rápidas e independientes sobre todas las presuntas violaciones, y los responsables deben ser llevados ante la justicia". Desde el punto de vista del derecho internacional, los castigos colectivos inferidos a la población civil constituyen crímenes de guerra y, por tanto, cabe atribuirles a los líderes políticos de los Estados que despliegan estas estrategias la de infames criminales de guerra.
La guerra como extorsión
Todas las guerras tienen un componente extorsivo. Como sostiene Karl von Clausewitz (1780-1831) en su conocida obra De la guerra (Ed. Labor), la guerra constituye un “acto de fuerza para imponer nuestra voluntad al adversario”. Clausewitz reconocía que cuando se busca quebrar la voluntad de lucha del adversario, se cae indefectiblemente en una dinámica por la que se procura infligir el mayor daño posible al rival, actuando sin contemplaciones para producir el mayor sufrimiento. Añadía que “como el uso máximo de la fuerza física no excluye en modo alguno la cooperación de la inteligencia, el que usa esta fuerza con crueldad, sin retroceder ante el derramamiento de sangre por grande que sea, obtiene una ventaja sobre el adversario, siempre que este no haga lo mismo”.
El derecho humanitario
Es inobjetable que la historia de la humanidad registra una constante de guerras, masacres y toda clase de crueldades. Pero es cierto también que desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX se hicieron evidentes esfuerzos dirigidos a humanizar las guerras. Uno de los primeros intentos de regular la guerra, promovido por el zar Nicolás II de Rusia, dio lugar a la Primera Conferencia de La Haya, en la que se firmó una declaración el 29 de julio de 1899, con el objetivo de limitar algunos usos y humanizar los conflictos armados. Se prohibieron las armas que causan sufrimientos innecesarios, como las balas expansivas; se estableció la prohibición de matar o herir a los soldados que se habían rendido y se reguló la protección de los bienes civiles. De este modo se prohibía “atacar o bombardear, por cualquier medio que sea, las ciudades, aldeas, casas o edificios que no se hallen defendidos” (art. 25 del Reglamento de La Haya). También quedaba prohibido “destruir las propiedades enemigas, salvo en los casos en que estas destrucciones sean imperiosamente precisas para las necesidades de la guerra” (art. 23).
Finalizada la Segunda Guerra Mundial, en 1949, bajo el auspicio del Comité Internacional de la Cruz Roja se aprobaron los cuatro Convenios de Ginebra, para proteger a los heridos y enfermos de las fuerzas armadas en tierra (I); extender esa protección a los heridos, enfermos y náufragos en conflictos marítimos (II); regular el trato a los prisioneros de guerra, garantizando condiciones dignas y prohibiendo torturas o humillaciones (III) y para proteger a la población civil (IV). Este último establece como obligación de las partes en un conflicto la de dirigir sus ataques solo contra objetivos militares (art. 48). Define como objetivos militares “aquellos que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización contribuyan eficazmente a la acción militar” y presume que no lo son los lugares de culto religioso, las viviendas particulares, las escuelas y los hospitales. En el artículo 33 del Cuarto Convenio de Ginebra se establece también que “ninguna persona protegida puede ser castigada por un delito que no haya cometido personalmente. Las sanciones colectivas y, asimismo, todas las medidas de intimidación o de terrorismo están prohibidas”. El Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales, aprobado el 8 de junio de 1977, contiene una elaborada casuística sobre los criterios para definir los bienes civiles protegidos.
El Estatuto de Roma, que entró en vigor el 1 de julio de 2002, después de que 60 países ratificaran el tratado, regula las competencias de la Corte Penal Internacional, incluyendo una lista de delitos que pueden ser cometidos en el curso de una guerra. En el art. 8 se considera “crimen de guerra” la destrucción extensa y apropiación de propiedad que no se justifica por una necesidad militar y conlleva ilegal e injustificablemente destruir o confiscar bienes del enemigo a menos que las necesidades de la guerra lo hagan imperativo; saquear una ciudad o plaza; dirigir intencionalmente ataques contra objetos civiles; dirigir intencionalmente ataques contra instalaciones o vehículos participantes en una misión de paz; contra edificios dedicados al culto religioso, la educación, las artes, las ciencias; contra hospitales y vehículos sanitarios”. De modo que la destrucción de infraestructura civil, como puentes, líneas férreas, centrales eléctricas, edificios que alojan universidades o colegios y hospitales, que han sido dañados intencionalmente para causar un castigo colectivo a la población civil, como se registra en las guerras que Israel ha venido librando en Gaza, Líbano e Irán son, inexcusablemente, crímenes de guerra.
The New York Times registra la destrucción de 763 escuelas y 316 hospitales como fruto de los bombardeos de Estados Unidos e Israel en Irán.
Las guerras modernas
Ni en la Primera Guerra Mundial ni en la Segunda se ha respetado el derecho humanitario. Tampoco en las posteriores. En la guerra de Vietnam (1955-1975), el uso del napalm por parte de Estados Unidos fue masivo y devastador, utilizado como arma incendiaria para destruir cosechas y núcleos de población, causando inmensas bajas civiles y quemaduras atroces. Esta sustancia gelatinosa inflamable se empleó para destruir los refugios en la selva del Vietcong, y ha sido una manifestación de la indiferencia ante el dolor causado al “otro”, previamente deshumanizado y demonizado. El involucramiento cada vez mayor en la guerra fue un proceso gradual y paulatino a lo largo de dos décadas motivado por el temor a la expansión del comunismo en Asia y la necesidad de Estados Unidos de mantener su credibilidad como potencia mundial. Se estima que las víctimas de este conflicto, en su mayoría civiles vietnamitas, superan los tres millones de personas.
La guerra contra Yugoslavia, lanzada por la OTAN el 24 de marzo de 1999, sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, fue una intervención militar de 78 días supuestamente para frenar la represión serbia contra la población albanesa en Kosovo. La guerra aérea, basada en el uso de bombarderos a distancia para forzar la retirada serbia, guarda enorme similitud con la guerra que actualmente se libra contra Irán. El objetivo consistió en devastar la infraestructura civil y militar, destruyendo puentes, vías férreas, centrales eléctricas, establecimientos industriales y edificios públicos, provocando cientos de muertes civiles, sin poner sobre el terreno ni un solo militar.
En el contexto de la Primera Guerra del Golfo (1990-1991), el entonces secretario de Estado de Estados Unidos, James Baker, advirtió al ministro de Relaciones Exteriores iraquí, Tariq Aziz, que Estados Unidos bombardearía Irak hasta devolverlo a la "Edad de Piedra" (back to the Stone Age) si no se retiraban de Kuwait. Baker hizo este comentario en una reunión en Ginebra el 9 de enero de 1991, justo antes de que comenzara la Operación Tormenta del Desierto, para enfatizar la magnitud de la destrucción que sufriría la infraestructura iraquí. Al parecer, la frase se ha convertido en una constante en las guerras libradas por los norteamericanos. La segunda invasión de Irak en 2003, liderada por Estados Unidos, se basó en la supuesta posesión de armas de destrucción masiva por parte del régimen de Saddam Hussein y los supuestos vínculos con el terrorismo tras el 11-S. El propósito real era provocar un cambio de régimen, idea alentada por el lobby israelí en Estados Unidos y los intereses geopolíticos y petroleros en el Golfo. La campaña de bombardeos sobre todo tipo de instalaciones, civiles o militares, en una campaña denominada de “conmoción y pavor” (shock and awe), fue una estrategia militar dirigida a conseguir la destrucción rápida y la parálisis de la voluntad de combate del régimen de Saddam Hussein mediante el uso de una fuerza abrumadora y bombardeos masivos. Se calcula que la guerra provocó la muerte de 500.000 personas, en su mayoría civiles, si se toman en cuenta las luchas religiosas y tribales desatadas como consecuencia de la destrucción del Estado iraquí, y casi ha conseguido el loable objetivo de devolver a Irak a la Edad de Piedra.
Un nuevo paradigma
Según el experto en conflicto armados Vicenç Fisas, estamos frente a un nuevo paradigma en las guerras actuales. Las guerras en Ucrania, Gaza, Líbano e Irán comparten rasgos estructurales que sugieren que no son guerras aisladas, sino expresiones de un nuevo modelo bélico global. Israel participa en tres de los cuatro escenarios, lo que revela la presencia de un actor que, impulsado por el sionismo mesiánico, considera todas las luchas como existenciales, clausurando de esta forma toda posibilidad de negociación. En el bando opuesto, el yihadismo también se apoya en una narrativa religiosa y en el caso de Ucrania, la ofensiva rusa explota el apoyo que brinda el clero ortodoxo, de modo que asistimos al fenómeno de guerras religiosas que refuerzan la disposición al sacrificio. Por otro lado se busca minimizar el número de bajas propias utilizando medios aéreos y misiles, pero el resultado es que las poblaciones civiles son las que sufren las consecuencias directas de los bombardeos.
En opinión de Fisas, “las consecuencias humanitarias de este modelo son catastróficas y, en gran medida, deliberadas. Los civiles y las infraestructuras esenciales (hospitales, redes eléctricas, sistemas de agua, mercados, escuelas) son objetivos militares sistemáticos, no daños colaterales inevitables. Esta táctica de guerra total contra la población civil busca quebrar la voluntad de resistencia y generar condiciones de vida insostenibles que fuercen el desplazamiento o la capitulación. Los desplazamientos masivos de población son su consecuencia más visible. En muchos casos, estos desplazamientos no son efectos secundarios, sino objetivos deliberados, destinados a crear hechos demográficos consumados difícilmente reversibles”.
Las estrategias de destrucción de las infraestructuras civiles como modo de quebrar la voluntad del adversario, ignoran olímpicamente el derecho humanitario y los Convenios de Ginebra. Las Naciones Unidas vienen siendo marginadas deliberadamente por los Estados que cuentan con mayor capacidad militar para preservar su libertad de acción. Los tribunales penales internacionales han librado órdenes de captura contra Putin y Netanyahu, que quedan como meras actuaciones simbólicas por la imposibilidad de hacerlas efectivas. De modo que asistimos a un proceso de deshumanización de los conflictos, que es la consecuencia directa de la patología que parece afectar a los líderes responsables de estos desafueros. A lo que se añade un lenguaje inusualmente bélico y depravado, como el del Presidente Trump anunciando descaradamente un genocidio al manifestar que “una completa civilización morirá esta noche”.
Para el profesor norteamericano Robert Pape, bombardear la infraestructura civil nunca ha provocado levantamientos populares ni derrocamientos gubernamentales. Generalmente solo ha servido para aumentar el control de los regímenes. “Desde la Segunda Guerra Mundial hasta conflictos más recientes, los bombardeos a gran escala contra sistemas civiles han generado sistemáticamente ira contra el atacante, no rebelión contra el régimen. Las poblaciones sometidas a ataques aéreos sostenidos no se fragmentan; se cohesionan”. En su opinión, es irreal creer que una campaña que mata a miles de personas, perturba la vida de decenas de millones y reduce la esperanza de vida en toda una sociedad no genere demandas de venganza. “Los Estados no absorben tales golpes en silencio. Las sociedades no lo olvidan”.
--------------------------------
Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí