LA ENDIABLADA

La embestida contra Gabriela Boquín tiene cita mañana en el Congreso

 

Nadie le preguntó por ella, nadie lo ha interpelado directamente por la investigación en su contra por el Correo, pero cada vez que Mauricio Macri habló en estos días con la prensa nombró a Gabriela Boquín.

No es cualquier personaje: es la fiscala general que pretende pague su millonaria deuda y, a la vez, investiga sus maniobras de vaciamiento y corrupción.

A la funcionaria, que encabeza la acusación contra su familia en la causa Correo Argentino S.A., la ha acusado, entre otras cosas, de “militante” y de poner “un número fantasioso de 70.000 millones de pesos que contaminó todo y fue un caos”.

¿Qué pretende realmente el ex Presidente?

La estrategia no es original ni novedosa. Macri, quien ha vuelto a la escena pública para denunciar “una feroz persecución”, busca desacreditar lo que la Justicia, en cuatro años de pesquisa, está comprobando con notable evidencia fáctica: la millonaria deuda que afecta a los argentinos se ha complementado con una serie de oscuras estrategias del macrismo para vaciar las arcas del Estado.

En rigor, es una de las causas más complicadas para Macri y su familia, que ha logrado un largo compás de espera y dilación judicial. Todo comienza a fines del menemismo. El grupo manejó el Correo desde su privatización en 1997 —la administró a través de su empresa, Sideco Argentina—, luego se presentó en convocatoria de acreedores en 2001 hasta que en 2003 fue estatizado por falta de pago del canon. En ese año, entonces, el juez en lo comercial Eduardo Favier Dubois decretó la quiebra del Correo Argentino S.A.

Desde siempre la familia empresarial quiso imponer lo que, a esta altura, es su marca de estilo: reducir la tasa de interés de su deuda y salir airoso. Pero el Estado rechazó varias propuestas de pago. A partir de allí, en efecto, comenzó a engrosarse el expediente que en 2016 llegó al despacho de la fiscala ante la Cámara Nacional de Apelaciones Gabriela Boquín, cuyo foco fue profundizar la pesquisa sobre el Grupo. Y, curiosamente, al año siguiente y por primera vez, el Estado aceptó el acuerdo.

Es decir: fue el propio gobierno de Mauricio Macri el que acordó con el Grupo Macri la cancelación de la deuda a 15 años con una quita que en ese momento ascendía —según cálculos de la Dirección de Administración Financiera (DAFI), dependiente del Ministerio Público Fiscal— a 70.000 millones de pesos, lo que significaba ni más ni menos que una quita del 98,87 en perjuicio del Estado.

En aquella época la fiscala Gabriela Boquín denunció la maniobra como “abusiva”, en una lucha solitaria ante la Cámara en lo Comercial. Y presionó para que se investigue al holding familiar en directa violación de la Ley de Ética Pública. Hoy existen dos causas, una penal y otra civil.

Desde su fiscalía, lo resumen de la siguiente manera: “El concurso de acreedores se presentó en 2001. Normalmente dura un año y medio, pero en el caso del Grupo Macri ya vamos 19 años, algo insólito. Cuando llega a la Cámara en 2010, el expediente durmió 9 años. Apenas asume Macri como Presidente, entonces se hace un primer acuerdo. La deuda quedó congelada del 2001 al 2017, para pagarla luego a 15 años. Paralelamente, el Grupo Macri le inicia juicios al Estado por la rescisión del contrato del Correo. Es ahí donde iniciamos la investigación. Comprobamos el vaciamiento del Correo a través de Sideco y Socma, otra de sus empresas. Luego Sideco desaparece misteriosamente. Y aparece un banco privado, el Meinl Bank, apoyando las propuestas espurias del Correo y pesificando la deuda en dólares, otra cosa insólita. Hace poco logramos la intervención total del Correo, y la ratificación de la Cámara y de la Corte para seguir con la investigación por corrupción y vaciamiento”.

 

 

Dictamen que refleja algunas de las irregularidades del proceso del Correo.

 

Puesto contra las cuerdas, Correo Argentino S.A. sigue apelando la intervención para recuperar la empresa, pero el fallo fue ratificado por la jueza Marta Cirulli. La principal batalla del macrismo, entonces, se concentró en el descrédito personal hacia Boquín. Quieren apartarla rápidamente de la causa madre, porque la pesquisa avanza contra el Grupo por salidas injustificadas de dinero, préstamos de las empresas sin justificación, el desvío de 35 millones hacia las empresas de funcionarios allegados a Mauricio Macri —como el ex secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Pablo Clusellas—, alquileres injustificados y en la comprobación de connivencias y acciones indebidas, como que el propio diputado Pablo Tonelli, en su rol como abogado del Correo, había retirado dinero cuando la empresa lleva casi veinte años sin pagarle su deuda al Estado.

 

 

Dictamen por la investigación a Macri aplicando la Ley de ética pública.

 

 

Lo cierto es que, en medio del acorralamiento de los Macri y de forma paralela, el Procurador General interino Eduardo Casal abrió un sumario por maltrato laboral contra Gabriela Boquín. La orquestada operación, plagada de irregularidades y de dictámenes arbitrarios, empezó poco tiempo después de que asumiera en su cargo, tras la forzada salida de Alejandra Gils Carbó.

La fiscala parece ser el blanco predilecto. No por algo, hace unos meses, el jefe de la bancada de diputados del PRO, Cristian Ritondo, le dijo a Boquín en una videoconferencia con legisladores: “Usted no es perseguida, es persecutora. Usted persiguió a Mauricio Macri y a su familia”.

A Gabriela Boquín la notificaron hace unos días de la apertura del sumario. Lo curioso es que las denuncias recibidas en su contra parecen provenir del guión de una pésima película. Un punto llamativo es que hacen referencia a períodos de tiempo en los cuales los denunciantes no habían trabajado en la fiscalía. Boquín presentó, además, prueba documental que avalaba que ellos mismos hablaban de buenos tratos, algo que Casal desestimó.

No fue lo único. El dictamen del Consejo Evaluador que dispuso el sumario por supuesto maltrato laboral se manejó por fuera de los requisitos esenciales de un procedimiento judicial. “Seleccionó ciertos testimonios y extrajo expresiones para dar base al aludido maltrato, sin analizar la prueba que ofrecimos para refutarlos”, explicaron desde la fiscalía.

El sumario es un compendio de anomalías. Boquín interpuso un recuso de reconsideración donde demostró que se había vulnerado el debido proceso y su derecho de defensa. Casal no volvió a darle lugar. Su testimonio no fue tenido en cuenta ni por el Consejo Evaluador ni por el Procurador como tampoco fueron citados ninguno de los 16 testigos que ofreció. Por si esto fuera poco, a los testimonios en contra de Boquin no les tomaron juramento bajo promesa de decir verdad, como correspondería a cualquier procedimiento judicial.

Un hecho fundamental fue cuando Boquín denunció ante la comisión bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público cómo había descubierto que uno de sus empleados operaba como “topo” de Pablo Tonelli. Le pasaba información por la causa del Correo al diputado, que está directamente implicado en el expediente. Como Boquín quiso apartarlo alegando falta de confianza, fue denunciada por maltrato.

 

 

Daniel Pedro Santoro y el dueño del Topo.

 

 

Otra acusación absurda contra la funcionaria se originó cuando uno de sus empleados pidió un traslado a Mar del Plata porque su señora había quedado embarazada. Boquín se lo otorgó, pero Casal lo negó. Después le dijeron desde Procuración que la única manera que podían dárselo era haciendo una denuncia contra la fiscala. El hombre fue al gremio y contó eso mismo. Sin embargo, tiempo después, se vio forzado a iniciar la denuncia para favorecerse en su pedido.

Tal es la persecución que en el entorno íntimo de Boquín atribuyen a Casal no sólo lo que llaman “causas inventadas” sino también un permanente castigo por querer simplemente defenderse. Por tanto, sumergida en un profundo estrés, Boquín se ha llamado a silencio y no da declaraciones a la prensa.

—Casal es como un padre grande y castrador que la reta cuando habla —dicen en su entorno.

“Considerar que el sumario no me produce daño resulta falaz e importa negar la realidad, ya que desde el momento en que se me investiga por ser maltratadora en base a testimonios nulos y falsos, afecta a mi buen nombre y honor, mi trayectoria, e intranquiliza a mis empleados”, dice Boquín en su descargo, al que accedió El Cohete a la Luna.

Y agrega: “Perturba mi actividad cotidiana y produce un gran malestar espiritual y psicológico a quien se sabe injustamente acusado de una falta que nunca cometió”.

Desde los gremios judiciales no dudan: el apoyo a la fiscala es total. Juan Cruz Álvarez, secretario de Cultura y Capacitación de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) y miembro de la Junta interna del fuero Comercial, lo considera un “ataque” a la independencia judicial, algo que el propio Secretario General, Julio Piumato, refrendó en una carta dirigida a Casal.

“Nuestra posición es de defensa total a la doctora Boquín tanto en su actuaciones en los procesos comerciales como así también en el trato de sus trabajadores —expresa Juan Cruz Álvarez—. Nosotros pudimos acreditar el caso de uno de los denunciantes por maltrato contra Boquín, a quien recibimos en nuestra oficina. Él decía que para que le den un traslado a Mar del Plata debía denunciar a la fiscala. Es algo muy trucho, porque Boquín le había dado su aval, la Procuración se lo negó durante siete meses, y recién se lo otorgó cuando declaró en contra de ella, alegando que no se lo había permitido”.

 

 

El padre castrador.

 

 

Álvarez dice que Boquín “camina por fuera de la grieta” —la vincularon, por ejemplo, a Justicia Legítima, algo que ella misma desmintió— y desde su gremio acusaron al bloque de Cambiemos de un linchamiento contra su figura. En su experiencia cotidiana de recorrer los pasillos judiciales junto a otros delegados pudo comprobar que la fiscalía está lejos de ser un espacio de maltrato y acoso. “Y si lo fuera, los primeros en denunciar seríamos nosotros. Máxime teniendo un delegado en su Fiscalía”, enfatizó.

A Boquín sus empleados la defienden por su prestigio en fallos por concursos y quiebras y, fundamentalmente, en su perfil en defensa de los trabajadores en casos emblemáticos como el Bauen, cuando impidió el desalojo del hotel y propició la expropiación que el propio Macri había vetado.

Agustín Hartridge es Prosecretario Administrativo y delegado de la U.E.J.N. por la Fiscalía General ante la Cámara Comercial. Pone el foco en el “armado” del sumario contra su jefa, a quien considera como de las funcionarias más capaces en la historia de la fiscalía. “La persecución continúa, y más allá del accionar impropio y cuasidelictivo desde un sector de poder de la Procuración General de la Nación (PGN), el trabajo de la Fiscalía General continúa siendo impecable. En el mundo jurídico y judicial está más que evidenciado el accionar diligente y probo que ha demostrado la doctora Boquín a partir del ejercicio de la función pública en defensa de los trabajadores, los vulnerables, los usuarios y los consumidores”, dice, consultado por este medio.

Además subraya que se ha elaborado un perfil de “mujer conflictiva” en base a testimonios falaces. Remarca: “Hay una cuestión de género en base a lo que se ha construido desde PGN. Y coincide la persecución con el trabajo desarrollado en la causa del concurso preventivo del Correo Argentino SA”.

Mientras en la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado avanza un proyecto para denunciar judicialmente a Eduardo Casal por «abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público», este lunes se volverá a tratar en la Bicameral del Ministerio Público el caso de Boquín y su forzado sumario. En poder de los legisladores hay mails y testigos directos que prueban que Casal mintió por escrito ante el Congreso, cuando dijo que hizo cosas desde la Procuración que, en realidad, nunca había hecho. Y viceversa.

 

 

 

 

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