LA ESPALDA DE JOAQUÍN

Las balas de la Policía en pandemia en la historia de un adolescente de Córdoba

 

Joaquín Paredes, de 15 años, se encontró en la madrugada del sábado 25 de octubre con un grupo de veinte chicos que estaban festejando el cumpleaños de un amigo. Bailaban y tomaban juntos en un descampado del pequeño pueblo cordobés de Paso Viejo, de apenas mil habitantes. Querían pasarla bien, entretenerse como cualquier joven en la monotonía lugareña.

Antes los habían echado de la plaza por escuchar música a alto volumen y se fueron a un lugar retirado. Dos veces fue la policía hasta el descampado para decirles que si no hacían demasiado ruido podían continuar un rato más, y en la tercera se desencadenó una inaudita y feroz represión, de las que no existe memoria en la comarca. Cinco agentes que estaban de guardia habían sido alertados por el llamado de una vecina porque los pibes estaban queriendo entrar al dispensario: uno de ellos se había descompuesto y buscaban una rápida atención. Un policía era primo del que cumplía años: todos en el pueblo se conocen, son parientes cercanos.

—Váyanse de acá o los quemo –se adelantó, amenazante, el agente Maykel Mercedes López, que se convertiría en el verdugo de la larga noche de Paso Viejo.

Fueron minutos de furia, una balacera que interrumpió el sueño de más de un habitante. Sin mediar palabra, los policías, al parecer envalentonados por haber consumido alcohol, abrieron fuego frente a los adolescentes, que indefensos les rogaron que no dispararan. No los escucharon: se transformaron en omnipotentes bajo la calma pueblerina, con los súper poderes que adquirieron en tiempos de pandemia frente a cualquier juntada que iba contra la norma. Sin piedad ante algo habitual en los jóvenes, que es el deseo de verse, juntarse, divertirse. A Joaquín lo acribillaron por la espalda. Uno de sus amigos, Brian, de 14 años, salvó su vida milagrosamente: recibió una detonación en su brazo, cerca del corazón. Otros chicos sufrieron heridas leves y hubo quien se lastimó con un alambre de púa al huir del ataque.

 

Balas en los árboles de la plaza frente a la subcomisaría del pueblo.

 

 

No existe testigo que haya visto una agresión a la policía, que fue la versión oficial, típica en casos de gatillo fácil. En el peor de los escenarios, si hubiera existido algún tumulto, la guardia de Infantería habría llegado en menos de media hora desde Cruz del Eje, con material antidisturbios. Poco tiempo después del hecho, por si fuera poco, los policías dispararon desde adentro de la subcomisaría, atrincherados cuando familiares y vecinos, enardecidos, fueron a increparlos en sede policial. Por milagro, ninguna detonación impactó en una persona como sí en árboles y casas, a la altura de los cuerpos. Ese episodio también es materia de investigación judicial, en manos de la fiscala Fabiana Pochettino.

Los policías detenidos son Maykel Mercedes López (24), Enzo Ricardo Alvarado (28), Iván Alexis Luna (25), Jorge Luis Gómez (33) y Ronald Nicolás Fernández Aliendro (26). Lo que sorprende es la escasa edad de los agentes, muy cercana a la de las víctimas. El único acusado por homicidio calificado y agravado por el uso de armas es López, quien disparó mortalmente contra Joaquín Paredes. El resto está imputado por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario públicos, en calidad de coautores. Hasta el momento, cumplen prisión preventiva en la cárcel.

“Nosotros queremos que los cuatro policía restantes estén como partícipes del homicidio, porque el hecho no podría haber sucedido sin los cinco policías allí presentes. Es decir, con la encerrona que hicieron con los patrulleros, y porque además luego alteraron la escena del crimen. Por ahora en la resolución de la fiscal queda como si López hubiera disparado solo cuando hay testigos que dicen que todos lo hicieron, más allá que fue López el que asesinó a Joaquín”, dice Claudio Orosz, abogado querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, buscando desterrar otro clásico policial: la que atribuye todo a la jugada de un policía loco, despegado del colectivo.

Maribel es tía de Joaquín y, en diálogo con El Cohete a la Luna, dice que la familia está literalmente destrozada, transitando un duelo de inconmensurable dolor. Le cuesta ver la puerta de su casa y no esperar que aparezca a saludarla, como hacía diariamente. “Seguimos tristes y con la esperanza de volver a ver a Joaquín, sabemos que es imposible, pero es increíble la manera en que nos lo arrebataron”, dice, a la vez que se muestra disconforme con la causa: quiere que todos los policías sean imputados por homicidio.

Un pibe típico de pueblo: jugaba con los animales, se divertía con amigos, era familiero. En su círculo lo recuerdan con su amplia sonrisa, aquella que las balas policiales borraron en cuestión de segundos. Estudiaba el secundario en el IPEA 306, el colegio de la localidad, y solía trabajar en la cosecha de papas en el establecimiento La Parcela. Maribel lo recuerda tiernamente: “Le gustaba jugar al fútbol y lo hacía muy bien, salía a trampear pajaritos y los cuidaba con mucha responsabilidad. Sigue en nuestros corazones, es nuestro tesoro y nuestra fuerza”.

 

Balas en los árboles de la plaza frente a la subcomisaría del pueblo.

 

La última vez que lo vio fue antes de que esa noche se fuera a la casa de Brian, el chico al que balearon en el brazo. Luego se juntaron con otro grupo de amigos que estaban festejando un cumpleaños detrás de una radio, después de haber sido corridos de la plaza por la policía. Eran cerca de las cuatro y media de la madrugada. Todo sucedió rápidamente y la vida de Joaquín se apagó de forma abrupta, impensada.

“Si no se hubiera encontrado con ese grupo que estaba de cumpleaños, tal vez se habría salvado —se lo trata de explicar su tía—. Los cinco policías llegaron, los encerraron con dos camionetas, cargaron sus armas. Los chicos corrieron sin dirección. Joaquín cayó en una acequia, sus amigos se desesperaron gritando que lo habían matado y los policías se fueron en sus patrulleros sin asistirlo. Como si fuera poco, al lado de la radio está el dispensario. Una enfermera se encerró por miedo y no salió al momento que los chicos pedían socorro”.

Dice que es frecuente que en el pueblo los policías “corran” a los pibes de algunos lugares públicos, y hasta han usado Ithacas para asustarlos. Pero nunca habían llegado a tanto. Es una herida que el pueblo tendrá para siempre, se lamenta.

—No te podés cargar la vida de alguien porque tenés uniforme. Hay que formar mejor a los agentes –piensa, con sensatez, Manuel Paredes, tío de Joaquín y ex integrante de la misma fuerza que mató a su sobrino.

Y agrega: “Para colmo, los policías son del mismo pueblito. Se conoce todo el mundo. A uno lo conocía de cuando era chico”.

La Secretaría de Derechos Humanos de Nación, que entiende el caso como un claro ejemplo de violencia institucional, fue rechazada como querellante — “el juez lo ve como algo excepcional, como un exceso policial pero hay evidencia que prueba lo contrario”, dice el abogado Claudio Orosz. De todos modos, la apelación está preparada para los primeros días de febrero y, mientras tanto, la Secretaría asesora psicológicamente a la familia.

 

 

Balas en los árboles de la plaza frente a la subcomisaría del pueblo.

 

La causa no está cerrada. Otra de las próximas presentaciones son una serie de pruebas que Claudio Orosz y su equipo prepararon durante enero, cuando volvieron a viajar hacia el pueblo, ubicado en la frontera con La Rioja. Se entrevistaron con nuevos testigos. Así lo adelantan: “Vamos a demostrar que la escena del crimen fue alterada, que los policías se lavaron las manos para que diera negativo la prueba de dermotest, que se llegó seis horas después a la escena y la mayoría de los casquillos los entregaron los vecinos y no los recogieron ellos, que todos los policías dispararon y no solo fue un policía, que tenemos fotos de los proyectiles que están incrustados en árboles, y que varias personas vieron a los agentes bebiendo antes del hecho, comprando alcohol en tiendas del pueblo”.

Entre numerosos testimonios, una vecina de nombre Gloria acreditó los disparos a quemarropa: “Los chicos no molestaban a nadie, no estaban robando ni haciendo daño. Sí estaban escuchando música y tomando alcohol. Y vi cómo la policía se ensañó con ellos, una locura, y ni siquiera los oyeron cuando empezaron a gritar porque los hirieron y buscaban ayuda”. Otro testigo, según lo comentado por Orosz a este medio, es un ex agente de la Armada que vive al lado de la comisaría y escuchó las detonaciones de la policía desde la subcomisaría. “Es otra palabra de peso, porque aparte es un testigo calificado por su antiguo oficio. Y eso nos permite saber que fueron varias armas las que usaron para disparar contra la gente, hasta escopetas”.

El caso de Joaquín Paredes, que sorprende por su violenta desmesura, no es algo aislado: debe ser leído como otro emergente dentro de un problema que, aunque es sumamente grave en Córdoba, trasciende lo provincial. Un informe actual de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, en rigor, dice que se tramitaron 1.038 casos de violencia institucional en 2020, con denuncias por 52 muertes y otros casos por apremios y hostigamientos.

Allí se establece que los expedientes tramitados aumentaron durante los meses más estrictos del ASPO, “debido a las facultades concedidas a las fuerzas de seguridad en el control de las restricciones a los/as ciudadanos/as”. Y dentro de las policías provinciales, las mayores denuncias recayeron sobre miembros de la Policía Bonaerense. En menor medida, pero entre las más denunciadas, se encuentra la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, la de Salta, Córdoba y Jujuy.

 

Balas en los árboles de la plaza frente a la subcomisaría del pueblo.

 

El crimen de Joaquín, en efecto, puso en evidencia el abuso de la policía cordobesa contra los jóvenes. En los últimos meses, como una forma de atender con celeridad un problema que parece estructural, el gobierno de Schiaretti ordenó un nuevo protocolo en el que prohíbe la utilización del arma de fuego para disparar contra una multitud o hacia un auto en movimiento.

Según contabilizaron desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y organismos de derechos humanos de la provincia, ya se detectaron al menos ocho asesinatos desde marzo de 2020 por parte de la fuerza de seguridad provincial. La gran mayoría fueron contra jóvenes varones y pobres. Desde que se decretó el ASPO se denunciaron siete casos de uso de la fuerza letal que terminaron con muertos, además del de Joaquín Paredes: en Villa La Tela, Gastón Miranda (27 años); en Villa Adela, Fabián Perea (28 años); en Barrio San Lorenzo, Franco Sosa (23 años); en barrio Los Paraísos, Osvaldo Velázquez (34); en Villa Libertad, José Ávila (35 años); y el asesinato de Blas Correas (17) , tal vez el más conocido en la prensa, ocurrido en agosto cuando circulaba con sus amigos en un auto, y donde después de un incidente con el conductor de una moto —los jóvenes pensaban que iban a robarles— no frenaron en un control policial, desde donde un agente les disparó a mansalva.

El contexto que la querella le da al crimen de Joaquín Paredes se remonta a un largo proceso político. Argumentan que desde el gobierno de José Manuel De la Sota y con una continuidad en el de Juan Schiaretti ha habido un plan sistemático y organizado de represión a los pibes de los barrios pobres del suburbano cordobés.

 

 

Balas en los árboles de la plaza frente a la subcomisaría del pueblo.

 

“Todo pibe con gorra, morochito, con portación de cara, está impedido de llegar al centro —fundamenta el abogado Claudio Orosz—. El jefe de policía de De la Sota fue condenado por el asesinato de Pellico, un caso de gatillo fácil que demostró el periodista Dante Leguizamón en una investigación. Ese mismo jefe de policía, Julio César Suárez, metía a los pibes en jaulas y llamaba a la prensa para exhibirlos presos. Y existen tantos otros policías denunciados y no investigados. Todos los años hay una Marcha de la Gorra en la ciudad que evidencia cómo la policía cordobesa sigue persiguiendo a los pibes”.

En los pueblos del interior cordobés, la realidad es parecida pero nunca fue tan violenta. Por eso el caso de Joaquín Paredes es paradigmático. Con la pandemia, asegura la querella, la policía obtuvo súper poderes aunque la sociedad no se quedó de brazos cruzados. “La gente reaccionó destrozando la comisaría y el juzgado de paz porque no toleró cómo mataron a uno de sus chicos —concluye Orosz—. Y a ellos también los reprimieron, pero la conciencia social es absoluta y eso hace que la condena a los policías sea total, porque nadie quiere que lo que le pasó a Joaquín vuelva a repetirse. Ahora es tiempo que la justicia pueda estar a la altura”.

 

 

 

 

 

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