No es ahorro, es destrucción
El gobierno de Milei sigue embistiendo contra cosas que no tienen repuesto, como la vida humana.
La semana pasada estalló el conflicto, largamente incubado, en torno al Hospital Garrahan. El gobierno no sólo lo está sometiendo a una gravísima desfinanciación presupuestaria, sino que inventa infundios en torno a la cantidad de personal, minimizando su importancia cualitativa en temas fundamentales para la salud y el cuidado de los chicos de nuestro país.
El presupuesto del hospital está prácticamente congelado desde el año pasado, mientras se hunden los sueldos del personal, se restringen las prestaciones por falta de profesionales y de insumos, y médicos valiosos abandonan el hospital para probar mejor suerte en otras actividades. La situación se ha vuelto invivible por el boicot criminal del gobierno, que hace que la distancia entre las necesidades sociales a ser cubiertas —nada más y nada menos que la atención de muchísimos pacientes de todo el país con enfermedades graves o complejas— y las capacidades de la institución sean cada día más extensas.
El Garrahan necesitaría un presupuesto acorde a las tareas que debe desempeñar, que debería ascender, por lo menos, a unos 350.000 millones de pesos anuales. El gasto gubernamental en cualquiera de sus prioridades aberrantes, como el presupuesto de la SIDE dedicado al espionaje y la persecución política (133.000 millones anuales), o el de los 248 empleados del vocero presidencial Adorni (30.000 millones al año según Francos) dedicados a desinformar a la población, podría ser redirigido inmediatamente a complementar los 169.000 millones con los que hoy cuenta el Garrahan para mal cumplir su propósito fundamental.
En otro caso de recorte estrafalario, el gobierno le cortó recientemente a los centros de investigación académica la posibilidad de adquirir revistas científicas internacionales con las cuales mantener actualizados a nuestros propios investigadores. El “ahorro” es de aproximadamente 10 millones de dólares. Hay que comparar esos 10 millones con el costo de que nuestros científicos e investigadores no cuenten con los recursos suficientes para seguir conectados a la realidad científica global y, por lo tanto, aprovechar esos conocimientos para avanzar en sus propios desarrollos.
Pero no se trata de un problema de ahorro, evidentemente.
Como no lo es el embate contra instituciones representativas del arte y la historia nacionales, concretado a través de los decretos 345 y 346 del Poder Ejecutivo, que disponen el cierre, la centralización y la fusión de diversos entes públicos cuyo objetivo es mantener y difundir la cultura y la memoria nacional. Entre ellos figuran el Instituto Nacional Sanmartiniano, el Instituto Nacional Yrigoyeneano, el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón y el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas.
También la CONABIP (Comisión Nacional de Bibliotecas Populares), que realiza una invaluable tarea cultural en buena parte del país, está en peligro de desmantelamiento, ante el evidente desinterés por la cultura y por la mera lectura de libros que campea en el gobierno. Lo presentan ante la opinión pública como si fueran “ahorros” y engañan a la gilada diciendo que esos serán “menores impuestos” en el futuro.
El ideólogo de semejantes “ahorros” es el inefable Federico Sturzenegger, verdadero cruzado de la destrucción del Estado nacional, con el aval del alto empresariado local.
La realidad es que destruyen instituciones históricas —que deberían tener más presupuesto y mucha más actividad pública—, no para ahorrar, sino para ir borrando todo vestigio de la sociedad integrada y sofisticada que en algún momento llegamos a ser. Para ponerlo en perspectiva: sólo en abril se pagó por deuda pública 274.000 millones de pesos.
La destrucción del Garrahan no es por plata, sino para reducir al mínimo lo público, crear en lo posible negocios privados en torno a todo lo que abandona el Estado.
Y si no hay ni infraestructura privada para reemplazar a lo público, ni poder adquisitivo en la población para pagarla, pues se joderán todos los que tengan que joderse, porque el Estado no está —en esta administración— para servir a la población argentina, sino para recaudar fondos para todos los prestamistas del mundo que quieran aprovechar el mercado argentino.
Entre tanto, el sistema científico y tecnológico nacional está sometido a una dolorosa sangría de cerebros y capacidades humanas laboriosamente construidas a lo largo del tiempo, que buscan cómo sobrevivir por fuera de nuestras propias instituciones científicas. Nuevamente, la metodología oficial es el desfinanciamiento, el desaliento y la desintegración desde adentro de las instituciones claves para el desarrollo.
En el mundo de los países soberanos, desde Estados Unidos hasta China, comprenden que la investigación y el desarrollo científico y tecnológico son el mejor negocio posible. Recientemente, la periodista científica Nora Bär recordaba que fue el Estado norteamericano el que financió la existencia de desarrollos tan útiles y variados como el GPS, las drogas contra la diabetes, los nanocristales semiconductores de las pantallas de las computadoras, las tecnologías de seguridad informática (CAPTCHA), los aerogeneradores de energía sin aspas o las operaciones de córnea mediante rayo láser. Sólo ejemplos de lo que los brutos locales no son capaces de entender. Su misión, por el contrario, es que nunca pueda florecer nada valioso en nuestro propio suelo.
Mientras tanto, las universidades nacionales se aproximan también a situaciones dramáticas en materia presupuestaria que pondrán en entredicho su capacidad de funcionamiento normal. La comunidad universitaria se durmió después de la gran movilización del año pasado y no advirtió el carácter de enemigo estratégico de la educación pública para la actual gestión mileísta.
La idea del gobierno es acelerar el debilitamiento de lo público, la desmotivación de quienes sostienen trabajosamente sus instituciones y avanzar raudamente hacia nuevos niveles de subdesarrollo y precariedad institucional.
La coincidencia de diversas manifestaciones sectoriales en la última semana mostró la necesidad de abandonar los enfoques parciales de los problemas. No es que sólo los jubilados tengan “su” problema, separado del de los médicos y enfermeros de los hospitales públicos, o del de las Bibliotecas Populares, o del Instituto Nacional del Teatro, o del CONICET.
Hay que comprender que el proyecto de jibarizar la Argentina, degradar a parte importante de su población, crear una sociedad de individuos hundidos en la penuria material, cultural y psicológica es la consecuencia inevitable y deseada del proyecto político semicolonial que inspira a este gobierno.
Para la historia de la batalla cultural quedará la transformación y desfiguración del canal infantil público Paka Paka, un indudable hito cultural nacional, mérito de la gestión kirchnerista, y su transmutación en un canal de adoctrinamiento de individualismo mercantil para niños. Dentro de lo grotesco de este proyecto cultural de vasallaje, debe remarcarse una cumbre del racismo, como es el cambio de color de la piel del memorable personaje infantil Zamba, que supo ganar el afecto y la atención de millones de niños argentinos a lo largo del país.
Ahora Zamba será de un color más anaranjado, como Trump, y no marrón, como una parte importante del pueblo argentino.
Números y realidades
Todo el relato mileísta es tributario de una ficción archiconocida y reiteradamente fracasada en la Argentina, a saber: “Cuando se liberan los mercados, la economía crece vigorosamente así como la prosperidad de la población”.
Dentro de ese relato machacado hasta el hartazgo está la idea aún más absurda de que, en un contexto de ajuste, achicamiento de la industria y la construcción y financiarización general de la economía, el nivel de vida de la población crece y la pobreza e indigencia se reducen.
Para ayudar a pensar y entender la evolución socioeconómica reciente, el Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, conjuntamente con el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, publicaron recientemente una investigación titulada “¿Recuperación ilusoria? Pobreza y desigualdad en Argentina” de los investigadores Eduardo Chávez Molina, Mariana Sosa y José Rodríguez de la Fuente.
En el trabajo proponen realizar “un balance preliminar de la evolución de los ingresos y la pobreza en el primer año de gobierno de La Libertad Avanza”. Y se enfocan en una cuestión clave: “Luego de un aumento inusitado de la pobreza a fines del 2023 y comienzos del 2024, producto de la devaluación del peso y su efecto sobre la inflación, en el segundo semestre del 2024 se observó una tendencia inversa. La inflación disminuyó y los ingresos monetarios de las personas se recuperaron, teniendo como correlato una baja en la tasa de pobreza y un retorno de los indicadores económicos a niveles similares a 2023”.
Los académicos observan un fenómeno al que denominan “pobreza circulatoria”: “A diferencia de la pobreza crónica (estancamiento en la privación), la circulatoria refleja una movilidad aparente, donde ciertos grupos logran escapar rápidamente de la pobreza debido a su inserción en segmentos hoy privilegiados de la economía (como el empleo formal o sectores protegidos), mientras que otros —informales, precarizados o cuentas propias marginalizados— quedan atrapados en un ciclo de vulnerabilidad recurrente”.
El estudio más riguroso de la realidad social y laboral arroja conocimientos que no surgen detrás de cifras muy agregadas como las que utiliza el gobierno, que ocultan más que lo que muestran. Señalan los autores: “Tras el 6% de incremento promedio en los ingresos laborales (entre el tercer trimestre de 2023 y el cuarto trimestre de 2024), se revela una situación socioeconómica preocupante: los trabajadores argentinos están sosteniendo su subsistencia mediante el deterioro de su calidad de vida, sacrificando tiempo personal, bienestar físico y reservas económicas. Un análisis territorial evidencia patrones recurrentes: docentes que complementan sus ingresos con clases particulares, personal sanitario que extiende sus jornadas con turnos adicionales y empleados de comercio que recurren a plataformas digitales para generar ingresos extras. Lo que antes constituía una estrategia excepcional, hoy se ha normalizado como mecanismo de supervivencia”.
Que los datos macro no tapen los procesos micro, que suelen ser sociológicamente muy importantes: el deterioro de los ingresos de la mayoría no está aún reflejado en estadísticas públicas, pero debe ser considerado para el análisis político y social. Dice la investigación comentada: “Paralelamente, se observa un progresivo agotamiento de los recursos familiares. Los ahorros, que tradicionalmente funcionaban como amortiguadores ante crisis coyunturales, se han convertido en fondos de subsistencia inmediata. Instrumentos financieros básicos como plazos fijos han perdido valor real frente a la presión inflacionaria, principalmente en los alimentos. Este escenario ha impulsado un mercado secundario activo, donde bienes patrimoniales (vehículos, equipos electrónicos, mobiliario) se liquidan para cubrir necesidades básicas, evidenciando una dinámica económica motivada por la urgencia más que por la oportunidad. Lejos de representar una genuina recuperación, este panorama refleja un frágil equilibrio sostenido mediante la sobreexplotación laboral y el desgaste del capital familiar. Los indicadores macroeconómicos, aunque positivos en términos agregados, ocultan una realidad microeconómica donde los hogares incrementan su esfuerzo productivo sin lograr mejorar su posición relativa”.
En las conclusiones finales, el estudio evalúa lo siguiente: “La sostenibilidad de este modelo resulta cuestionable. Mientras las estadísticas oficiales, en forma general y sintética, registran mejoras porcentuales, el análisis más profundo no señala con claridad un mejor bienestar, a tal punto que casi el 38% de la población es pobre por ingresos actualmente, y los indicadores sociales cualitativos —desde el aumento de trastornos por estrés laboral hasta la reducción del consumo básico— pintan un cuadro menos alentador. Esta divergencia entre datos formales y experiencias cotidianas plantea interrogantes sobre la verdadera naturaleza del actual proceso económico”.
Está hecha la advertencia desde el mundo académico. Lejos de todo impresionismo, se trata de captar complejos procesos sociales que pasan inadvertidos en el mundo de los lentes ideologizados. Una parte del sistema político deberá optar entre creer y apostar por las fantasías ofertadas por el oficialismo o aprovechar la investigación más rigurosa y profunda, que seguramente coincide con lo que las bases populares podrían contarle a cualquier militante social con genuina vocación de escucha.
La irrealidad avanza
El gobierno no termina de ingresar en la senda triunfal, incluso en sus propios términos. Sino, no se entiende el lanzamiento de las medidas cobijadas bajo el gracioso y pedante título de “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos”. Son un conjunto de modificaciones regulatorias que apuntan al blanqueo de fondos en dólares disponibles en la Argentina o traídos de afuera, pero ocultados por diversas razones al fisco. La idea de Caputo es que ingresen al circuito legal, al sistema bancario, y ayuden a reforzar las reservas del Banco Central.
Recordemos que fortalecer las reservas en dólares del Banco Central es parte del acuerdo firmado recientemente con el FMI, meta cuyo cumplimiento por parte del gobierno está muy demorado. El gobierno, sabiéndose cubierto por la simpatía estadounidense por un régimen adicto a sus políticas en Argentina, arriesga a no cumplir con el Fondo, con tal de mantener a raya el dólar oficial y llegar a las elecciones con baja inflación, lo que constituirá seguramente su principal argumento electoral.
Sin embargo, la situación es más compleja que lo que el gobierno reconoce. En abril se agotó el superávit comercial, ante un creciente flujo de importaciones de todo tipo de bienes, proveniente de los más diversos mercados del mundo. A eso se suma un flujo turístico —en ascenso imparable— de la población argentina que observa cómo el encarecido costo argentino en dólares realza la baratura de los viajes al exterior. Para septiembre están agotados los viajes a España, salvo que las aerolíneas introduzcan viajes suplementarios.
Al mismo tiempo, y por la misma razón, un productor ganadero señalaba recientemente que en el primer cuatrimestre del año las exportaciones de carne cayeron en un 30% en relación con el año anterior. Y se quejaba de que Brasil, que mantiene un tipo de cambio más competitivo que la Argentina, está aprovechando para incrementar sus envíos cárneos al mundo. A pesar de que se exporta menos, la carne está muy cara para la mayoría de los argentinos.
La aparente contradicción entre un boom turístico externo y un mercado interno en contracción y con aumento del desempleo y del subempleo se resuelve de una forma muy sencilla: las desigualdades en la distribución del ingreso y la riqueza explican que una parte de la población puede salir al exterior de compras y otra no pueda comprar ni en su propio país.
Con casi 48 millones de habitantes, con que sólo un quinto de la población local tenga suficiente poder adquisitivo para poder viajar, estaríamos hablando de 9,6 millones de personas.
Aunque el resto fuera pobre —que no lo es— es un número muy significativo de potenciales viajeros que se pone en marcha cuando los incentivos cambiarios así lo promueven. Por razones culturales, recreativas o simplemente para aprovechar los bajos precios al otro lado de la frontera o en Miami, son millones los argentinos dispuestos a gastar sus dólares afuera del país.
Con un tipo de cambio que el gobierno pretende “estabilizado” en un nivel insostenible para la producción nacional, cada mes registrará una sangría mayor de dólares en importaciones y turismo, exactamente lo contrario de lo que haría falta para acumular reservas.
Sugestivamente, la cervecería Quilmes estaría por parar su planta central y darle “vacaciones” forzosas, por adelantado, al personal, debido a la caída del consumo masivo. Inciden en esa situación dos factores: la merma de la capacidad de consumo de una parte de la población —no sólo del 38% de pobres—, sino también el ingreso masivo de cervezas importadas de los más diversos orígenes. Un modesto paraíso menemista, que parece bastante más fugaz que su antecesor de los ‘90. Con base en diciembre de 2023 igual a 100, en abril de este año la importación de bienes de consumo está en 189,5, según cálculos de FIDE.
Pero lo más remarcable de todo este lamentable experimento económico es que la inversión productiva brilla por su ausencia, salvo en algunos enclaves petroleros y mineros de altísima rentabilidad.
Todo el circuito económico promovido por el gobierno se agota en lo financiero, que es donde se pueden lograr interesantes rentabilidades transitorias.
¿Por qué no hay inversiones productivas, externas o internas? Podrían venir inversiones externas a actividades extractivas si evaluaran un horizonte político despejado de molestos intereses nacionales y populares. Los potenciales inversores locales saben, con más certeza, que estamos transitando un período pasajero con un tipo de cambio irreal, con ganancias financieras en dólares irreales, con precios locales que no aguantan la competencia internacional en un contexto de economía desprotegida, y que, por lo tanto, el nivel de ingresos de la población y la actividad económica también son irreales. Por consiguiente, los negocios son todos a corto plazo, y ninguno que tenga que ver con producir riqueza exportable en el mediano.
En este revival menemista-cavallista, el gobierno relajó las regulaciones que impedían el ingreso de capitales de corto plazo. El Banco Central eliminó normas macro-prudenciales establecidas para evitar la volatilidad financiera, y la Comisión de Valores eliminó las restricciones para que los capitales especulativos puedan desarmar sus tenencias de activos y retirarse raudamente del país.
Están armando un escenario de extrema volatilidad cambiaria, bancaria y financiera, jugando al filo de lo suicida. Lo pueden hacer porque son aventureros, tienen fondos afuera para vivir en cualquier otra plaza financiera y les importa un corno lo que ocurra aquí con la gente.
Los responsables de la construcción de toda esta precariedad económica y social deberían quedar al descubierto para la población. Políticos, empresarios, medios de comunicación.
No sea cosa que, otra vez, terminemos cantando un “que se vayan todos” con sabor a no haber entendido nada.
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