El gobierno de Javier Milei ha puesto a una parte de la militancia popular frente a situaciones que se parecen a callejones sin salida. Hay una que las resume: la de quienes observan que los severos daños infligidos por el gobierno al país y al pueblo argentino avanzan a un ritmo vertiginoso y —estiman— deberían ser detenidos ahora mismo para evitar que se conviertan en irreversibles. Es un razonamiento fundado en los hechos que expresa una legítima preocupación, pero encuentra un límite infranqueable en los tiempos institucionales, más si se considera que el gobierno logra conformar mayorías en el Congreso y conserva cierto respaldo social. Por otra parte, el relevo de Milei no garantiza por sí solo un quiebre del proyecto oligárquico en ejecución.
Nadie podría precisar las derivaciones políticas de una caída anticipada del gobierno mileísta, pero es posible considerar los riesgos que implicaría: si con Milei todo ha venido en envase radicalizado, ¿por qué este caso sería distinto? La configuración socioeconómica en construcción —exacerbada desigualdad social, elevados índices de pobreza, primarización de la economía, soberanía nacional pisoteada y falso equilibrio fiscal— tiene su reflejo político. Nos estamos acercando peligrosamente al grado cero de soberanía popular, a que las elecciones sean una ficción no ya parcial, sino total. Y, si cayera el gobierno, el cuadro podría agravarse al extremo de que se hiciera realidad la aspiración peruanista de uno de los integrantes del bloque de poder, el ministro Luis Caputo, y la Argentina se encaminara a cambiar de Presidente a un promedio de uno cada año y medio, con estabilidad permanente de la banda del mismo Caputo y Federico Sturzenegger. No se trata sólo de terminar con el gobierno de Milei, sino de derrotar al bloque histórico que ya analiza quién será su próximo candidato para tomar la posta.
Lo que está haciendo el mileísmo es agudizar la crisis de un capitalismo dependiente, algo que obliga a las fuerzas populares antagónicas a utilizar el poder que aún detentan con la mayor inteligencia: los daños y la asimetría no garantizan el triunfo del más poderoso, como está demostrando Irán. Cada sociedad, incluso la más débil, tiene siempre un margen de autodeterminación, pero no lo tiene en absoluto si no conoce las condiciones y particularidades de su dependencia: cada historia nacional crea un patrón específico de autonomía, pero también engendra una modalidad concreta de dependencia.
Lo singular de nuestra región es que la matriz de dependencia es similar en los distintos países. A juzgar por la debilidad que exhiben las repúblicas latinoamericanas en relación con la potencia del norte, recobra actualidad el proyecto de unión confederada. Esta tarea histórica pendiente fue impulsada por los libertadores en el siglo XIX. Y en la primera década de este siglo, intentaron realizarla Néstor Kirchner, Hugo Chávez, Lula, Evo Morales y Rafael Correa, entre otros. Si pudo Europa con sus diversidades, ¿por qué no podríamos nosotros?
Un componente de la estrategia de repliegue continental norteamericano es eliminar del escenario político a los líderes populares que obstaculizan su dominio: sus estrategas han comprendido la importancia determinante de los liderazgos históricos para la liberación nacional de estos países. En esa lógica hay que ubicar la calificación de intento de "golpe de Estado" a la reacción del pueblo boliviano ante la pérdida de derechos y soberanía. Esto tiene origen en la persecución y proscripción amañada de Evo, quien podría convertirse en víctima de una operación militar del tipo de la ejecutada en Venezuela, porque con la proscripción no alcanza. En otras palabras, para los países que resisten, acción militar directa: con la acusación a Raúl Castro se agrava esa amenaza sobre Cuba. En los que no son necesarias esas intervenciones, Estados Unidos prefiere los aparatos judiciales: son más efectivos en el bloqueo de proyectos populares que las corporaciones militares —ahora destinadas a reprimir la protesta social—, porque no se exponen al desgaste de la gestión de gobierno, requieren un menor desembolso económico para las arcas norteamericanas y tienen la ventaja de la permanencia vitalicia.
Este contexto permite suponer razonablemente que vastos sectores del sistema político argentino se someten como consecuencia del efecto disciplinador de la violencia ejercida contra Cristina, sin perjuicio de otros estímulos. Uno de los últimos episodios de esta saga se vio en el Senado nacional cuando se aprobó con votos peronistas y afines el pliego como integrante de la Cámara Federal de Casación Penal de Carlos Alberto Mahiques, conspicuo representante de la corporación judicial y símbolo de todos sus vicios, en particular de aquellos que surgieron al calor de los intereses imperiales, como el lawfare. Curiosa conducta la de quienes se presentan en nombre de los intereses populares, pero no quieren correr riesgos.
Para comprender en qué consiste el atraso del capitalismo argentino, necesitamos situar la coyuntura: en la última década, el comportamiento de la economía argentina muestra una clara tendencia al estancamiento. Después de la etapa expansiva —que comenzó en 2002 y alcanzó su apogeo durante los gobiernos kirchneristas—, irrumpió nuevamente el patrón de acumulación que impulsan diversas fracciones del gran capital desde 1976. Las consecuencias de esta fase de acumulación se expresan en la fragmentación social, el deterioro brutal de las condiciones materiales de vida de la población y la ruptura del sistema político.
¿Dónde está la génesis y cómo son los mecanismos de una crisis crónica en tanto es estructural? El problema de cómo quedan determinadas las condiciones en las que se desarrolla una estructura productiva dependiente hay que buscarlo en la dinámica de circulación del capital a lo largo y ancho del sistema capitalista. Las condiciones de evolución de aquella estructura son creadas y determinadas fundamentalmente por el mercado internacional. Es el problema de la división internacional del trabajo. Además, se sabe que el dinamismo de toda economía capitalista se funda en la ley de acumulación de capitales, es decir, en un dispositivo en el que la clase dominante impulsa la transformación de la máxima porción de trabajo asalariado en nuevo capital. ¿Qué pasó en Argentina, cómo se vinculó y se vincula hoy con el mercado mundial?
Primero dominó una oligarquía cuyo ingreso fundamental —en cuanto clase terrateniente— ha dependido de su monopolio en la propiedad del suelo, no de un proceso de valorización del capital. Su tendencia ha sido controlar y consumir ostentosamente una renta diferencial en divisas, obtenida por la venta de carne y granos al mercado mundial. Estos precios unificados la favorecían en virtud de la alta calidad del suelo y el clima apropiado. De esta manera, la oligarquía terrateniente, pese a ser una clase capitalista, se constituyó en un serio obstáculo para el desarrollo capitalista del país, es decir, para el proceso de acumulación de las fuerzas productivas. Este estado de cosas fue claramente alterado por el primer peronismo que, sin llegar a producir una redistribución progresiva de la propiedad de la tierra, generó distintos mecanismos que permitieron al Estado administrar una parte importante de esa renta y volcarla al desarrollo industrial. El proceso sobrevivió —aunque debilitado— al derrocamiento de Perón en 1955, y fue drásticamente interrumpido por la última dictadura.
Hoy la oligarquía mantiene su fracción terrateniente, pero se ha extendido a otras ramas. Sin embargo, su comportamiento económico no difiere en lo sustancial de aquella oligarquía que reinó en el siglo XIX y primera mitad del XX. Los casos más notorios pueden observarse en los sectores financiero, energético y de la minería extractiva controlados por grandes corporaciones que sólo aceptan gobiernos que funcionen como una especie de primer peronismo invertido. El Estado oligárquico así construido está creando las condiciones para el aterrizaje de las corporaciones conocidas como Big Tech, de los amigos presidenciales Elon Musk, Peter Thiel y otros. Para tener una idea del elevado grado de consolidación del proyecto oligárquico, es importante recordar que las leyes que rigen a las actividades referidas son la de entidades financieras sancionada por la dictadura en 1977, y las de los sectores energético y de la minería sancionadas por el menemismo, concebidas para la apropiación privada de la renta originada en la explotación de recursos que pertenecen al patrimonio social de los argentinos. Es una arquitectura legal que incrementa la concentración económica y asfixia a la población con tarifas de servicios esenciales tan injustificadas como impagables. Milei la ha “perfeccionado” con escandalosas concesiones como las que otorgan en materia impositiva el RIGI y el “súper” RIGI, según explica la economista Mara Pedrazzoli. Los beneficiarios son grandes capitales, algunos vinculados a estrategias imperiales, otros de origen autóctono, pero todos tenaces opositores al desarrollo capitalista nacional, y obsesivamente empeñados en terminar con los derechos de la mayoría de la población. Esta semana la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto del Poder Ejecutivo que elimina los beneficios al consumo de gas en zonas frías, mientras Milei ha enviado al Congreso otro que implica la condonación de deudas por más de 1.800 millones de dólares a las principales empresas del sistema eléctrico, EDENOR y EDESUR.
Así, la conjunción de un capitalismo agrario con predominio de terratenientes y terminales vinculadas a intereses extranjeros en la comercialización —Milei anunció una nueva reducción de los derechos de exportación de granos— y otro prebendario dominado por grandes capitales también extranjeros, por un lado, y por otro, el resto del país colonizado, son los términos de la contradicción fundamental de la Argentina. En momentos de provincialismo balcanizador, define el contenido nacional-democrático de lo que debería ser la transformación nacional o “revolución burguesa” —Karl Marx dixit—. Además, pone en evidencia la peligrosa vacancia actual de un actor central de ese choque, lugar que alguna vez honraron nuestros movimientos históricos de masas, el yrigoyenismo y el peronismo.
Es necesario asumir que, en la medida en la que se sucedan gerentes como Menem, De la Rúa, Milei y Alberto Fernández o accionistas como Macri, la contradicción engendrada por nuestro capitalismo dependiente tenderá a acentuarse, y necesitará respuestas populares cada vez más radicales que seguramente conducirán a duros enfrentamientos entre los sectores dominantes y los dominados. La sociedad argentina ha conocido la justicia social y conoce sus derechos, guardados en una memoria histórica actualmente anestesiada que, cuando despierte, hará “sonar el escarmiento”.
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