La falopa de la soberbia

Grabois, la cuestión petrolera y los riesgos de declararse encima

 

En momentos en que el Frente de Todos relanza su gestión de cara a un año clave, con lawfare intacto e inflación de precios a prueba de consensos y controles dispersos, un dirigente de alto perfil prejuzga con crueldad a un colectivo de trabajadores del mismo espacio. El asunto de declararse encima y un enorme problema de las industrias extractivas del país, que es lo que realmente importa.

Las gestas revolucionarias del siglo XX, con sus metodologías de organización y “concientización” –en los ’90 reformulado como empoderamiento– del sujeto social oprimido y marginado, la épica de la militancia de base como condición indispensable para postularse como un revolucionario integral, ha generado casos de extraordinaria humildad y utilidad política, ejemplos de militancia laica y religiosa, célebres y anónimos, casi todos mártires como Julio Troxler o Carlos Mugica por ejemplo. También ha sido una coartada para que cuadros de cierta penetración territorial y probada trayectoria en la construcción de poder popular a nivel de calle, manifiesten sus limitaciones para concebirse como expresiones responsables de esos colectivos, para tensionar por izquierda un espacio que ejerce el poder en una coalición diversa y compleja, para construir políticamente por fuera de sus organizaciones y finalmente posicionarse desde una egolatría que –como escribe Fito Paéz en Circo Beat– los sitúa muy cerca de la caricatura de “psicodélica star de la mística de los pobres”.

Es lo que suele sucederle a muches dirigentes cuando los cargos, los micrófonos y el seguidismo de sus militancias les hacen perder de vista la humildad y responsabilidad que suponen los lugares que ostentan. Es el caso de Juan Grabois, quien esta semana se cargó irresponsablemente a un colectivo de 60.000 trabajadores petroleros, acaso 45.000 los de la Patagonia austral, diciendo que se gastan los muy buenos sueldos que negocian en paritarias en falopa y dejan en la miseria a sus familias para “cagarse muriendo” por un “modelo que no sirve”. Y todo dicho en la mismísima Patagonia, lugar en donde el ser petrolero forma parte de la identidad histórica y –como en el caso de los YPFeanos de Comodoro Rivadavia– es orgullo de varias generaciones de trabajadores sureños. Algo así como ir a Mendoza y revolear la bula o el dogma de fe (nunca el dato) de que los trabajadores vitivinícolas son todos alcohólicos y holgazanes. Algo así como curtir el modo Sanz y racista de afirmar que las ayudas y asignaciones sociales del Estado se van por la canaleta del juego y de las drogas. El petrolero patagónico carga con un estigma alimentado por una película como Boca de pozo, varios artículos de notables que jamás pisaron un campamento petrolero y un puñado de historias duras y reales: el de ser parte de una aristocracia obrera que se la gasta toda en putas y falopa. Veamos algunas cosas que sí son constatables, un tema que el sistema de riesgo del trabajo argentino elude sistemáticamente y donde las operadoras petroleras “nos corren por izquierda” y –paradójicamente– por el bien del capital.

 

 

Dos modelos humanamente en crisis

Nuestro país tiene dos cuencas maduras que proveen el 87% del crudo y el gas que produce la Argentina: Cerro Dragón y Vaca Muerta, ubicadas mayormente en las provincias de Chubut y Neuquén respectivamente. El primero se explota en la modalidad de perforaciones convencionales y es el soporte del sistema hidrocarburífero argentino desde siempre; mientras que Vaca Muerta, el segundo reservorio mundial de shale gas y cuarto de shale oil, no termina de arrancar en todo su potencial ni de convertir a la modesta ciudad de Añelo en la Dubai argentina.

En esas cuencas trabajan en condiciones muy duras unos 45.000 petroleros pertenecientes a empresas contratistas que operan en suelos imposibles, electrifican, montan, perforan, perfilan, extraen recursos y cementan cientos de miles de pozos pertenecientes a YPF, Chevron, Pan American Energy, Total Austral, Tecpetrol y Pluspetrol, entre las principales. Trabajadores que poseen diagramas diversos, no sólo 15 x 15 como aseguró Grabois, y que efectivamente pasan más días fuera de sus hogares, confinados a muchos kilómetros montaña arriba y adentro que con sus esposas, compañeras e hijos. Muchos colectivos de trabajadores asociados al extractivismo y con los mejores salarios del país (mineros, camioneros, aceiteros) pueden alegar las mismas condiciones: cambian salario por calidad de vida y no sólo familiar, igualan calidad de vida con nivel de ingresos para consumir bienes y servicios en cantidad y calidad al hilo del ideal capitalista de que un buen salario bien vale cualquier sacrificio.

En ocasión de una rueda de entrevistas acerca del impacto del parate que supuso la baja del precio del barril de crudo en 2017 y la pésima política hidrocarburífera del macrismo, un trabajador de boca de pozo con diagramas de crisis –es decir 7 x 15– me dijo inesperadamente que si bien no era lo mismo un sueldo completo y con extras que medio salario, se sentía reconfortado, casi feliz, porque había podido estar presente en el parto de su hijo, porque había retomado la escuela secundaria y el perro lo reconocía. Eso es el inverso proporcional de mayor calidad de vida con menos salario, algo que por supuesto no bancamos, como tampoco diríamos que “un sueldo digno es aquél que se puede pagar y sostener” (porque reivindicamos la Constitución de 1949 y el Decálogo de los Derechos del Trabajador de 1947 presentado por Perón); pero sirve para señalar una condición compleja y que merece soluciones que garanticen que se pueda trabajar, ganarse una vida plena y no perder salud o morirse por causas evitables.

En una nota anterior publicada en El Cohete señalamos con más detalles las situaciones deteriorantes de la salud y seguridad laboral de los petroleros que arrojaron nueve muertes en quince meses entre 2018 y 2019, activadas por la aplicación de una lamentable adenda que viola derechos adquiridos y consagrados en los Convenios Colectivos del sector y avalada por el gremio mayoritario de la provincia de Neuquén en la persona de Guillermo “Caballo” Pereyra, el mismo que con los muertos sobre la mesa reclamó mejorar las condiciones de salud y seguridad y hoy mismo reclama la derogación de la flexibilización laboral que firmó junto a Mauricio Macri y Jorge Triaca (h). Lo reclama porque esa adenda vergonzosa e inaplicable sin accidentes graves o muertes sigue vigente a más de un año de la asunción del Frente de Todos.

Con una característica que asocia al sindicato de petroleros privados neuquinos, Grabois y casi el pleno de los dirigentes de los movimientos sociales –tal vez persuadidos de que el macrismo iba a durar ocho años mínimo, tal vez presos de una lógica clientelar que los deja a merced de rosquear con cualquiera que reparta panes, peces y planes– suscribieron un pacto de convivencia con el gobierno que más los agredió y precarizó, haciéndose responsables de contener los desbordes que surgieran de los rechazos a la adenda petrolera de 2017 y el acuerdo rubricado a fines de 2016.

 

 

Opinar sin datos y googleando, un flagelo transversal

Salvo por una encuesta de campo diseñada e implementada por SEDRONAR, el Sindicato de Petroleros Jerárquicos de la Patagonia Austral y la Universidad de Buenos Aires que data de 2015, casi no existen estudios con datos proyectables al universo de trabajadores petroleros sobre el consumo problemático de sustancias psicoactivas. En aquel estudio se identificó cualitativamente como un problema extendido y para el que los sistemas de salud y seguridad laboral no tienen herramientas de abordaje ni tratamiento suficientes, que afecta mayormente a los trabajadores de yacimientos, en las tareas más rigurosas, y que ordena al alcohol, la marihuana y la cocaína como las tres sustancias principales.

Si a eso le sumamos que las psicopatologías asociadas al consumo de sustancias no están listadas como enfermedades profesionales y las obras sociales privadas y sindicales rehúyen la cobertura de afecciones crónicas que requieren tratamientos prolongados y caros, el nivel de desprotección de los trabajadores ante estos asuntos es muy alto. Justo es decir que algunos sindicatos comenzaron a profesionalizar sus áreas de seguridad e higiene, a fortalecer sus obras sociales y profesionales de salud mental adheridos, y muchas operadoras y grandes empresas de servicios petroleros contemplan y promueven el tratamiento de estas enfermedades por el impacto que tienen en el ausentismo laboral, la productividad y la judicialización de despidos que vulneran derechos laborales contemplados en la Ley de Contrato de Trabajo y la Ley de Salud Mental sancionada y reglamentada por el kirchnerismo.

El argumento de que las enfermedades psicosociales serán el cáncer que terminará por matar al sistema de riesgos del trabajo actual ya no se sostiene y hacen falta más estudios rigurosos, una reforma profunda del sistema y vocación para defender la salud y seguridad de los trabajadores para recorrer un camino que siempre está en los prolegómenos.

 

 

 

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