La familia judicial no es sólo judicial

Alberto Rodríguez Varela cuenta en su currículum haber sido Fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires y Ministro de Justicia de la Nación, así con mayúsculas lo escribe. No dice allí, sin embargo, que mientras ejercía esos cargos funcionaba la máquina de matar de la última dictadura.

Fue designado “ministro” de Justicia por el dictador Jorge Rafael Videla, en 1978, y antes fue fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires, durante la gestión de Ramón Camps como jefe de policía de la provincia, y de Ibérico Saint Jean como interventor.

El nombramiento de Rodríguez Varela, el 5 de noviembre de 1978, mereció un elogioso informe de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que fue desclasificado recientemente. Allí es presentado como “un activo militante en organizaciones católicas conservadoras”, cercano al interventor militar en la provincia de Buenos Aires; pero tal vez el hecho más destacado, en último párrafo del cable, es la mención de que “ha sido docente en la Universidad Católica Argentina y de la Universidad de Buenos Aires; fue rector de ésta última desde 1971 hasta 1973, cuando renunció en una acción de protesta contra el Presidente (1973) Héctor Cámpora y el retorno de los peronistas al poder”.

En el documento se consignó además que “oficiales de Estados Unidos” creían entonces que “por sus vínculo con el nuevo ministro de Justicia, el gobernador (Saint Jean) podría incrementar su influencia en la administración del Presidente Jorge Videla” (sic), aunque “otros observadores” advertían que “el nombramiento de Rodríguez Varela fue impulsado por el ministro de Interior, Albano Harguindeguy”.

La inteligencia estadounidense resaltó además que “como fiscal de Estado, Rodríguez Varela jugó un rol en la reforma judicial” en la provincia de Buenos Aires e incluso antes de su nombramiento “la prensa argentina alegaba que Rodríguez Varela fue el autor de un plan político originado en el Gobierno de la provincia de Buenos Aires que podría demorar el retorno democrático por otros diez años”, aunque el abogado lo negó.

La hija del ministro en Paraná

Rodríguez Varela tiene también una pata en Entre Ríos. Su hija Isabel está casada con Sebastián Etchevehere, uno de los accionistas de El Diario y hermano del degradado funcionario nacional Luis Miguel Etchevehere. Se casaron el 31 de mayo de 1996 y son padres de siete hijos.

Como se dijo, Sebastián Etchevehere es socio minoritario de Sociedad Anónima Entre Ríos, empresa editora de El Diario –junto con su madre Leonor María Magdalena Barbero Marcial, y hermanos Luis Miguel y Juan Diego Etchevehere–; e Isabel Rodríguez Varela regentea una librería católica que atiende donde funcionó la Redacción del centenario matutino.

El ex “ministro” de 82 años es también el padre de la mediática activista en contra del aborto Mariana Rodríguez Varela, quien suele repartir muñequitos de yeso en forma de embrión en contra de la interrupción del embarazo incluso en casos de violación.

También es el padre de Enrique Rodríguez Varela, quien es actualmente secretario del Juzgado Federal a cargo de Claudio Bonadío; e Ignacio Rodríguez Varela, a quien el kirchnerismo negó nombramientos en distintos cargos judiciales y finalmente Mauricio Macri designó como juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal. Otro de los hermanos, Diego Rodríguez Varela, está casado con Macarena Urtubey, hermana del gobernador de Salta.

Alberto Rodríguez Varela fue “ministro” durante los años más sangrientos de la represión ilegal y luego se convirtió en abogado personal de Videla en los juicios por apropiación de bebés durante la dictadura.

Hasta que en 2012 debió enfrentar él mismo a la justicia, ya que un tribunal platense ordenó su detención por los delitos de privación ilegítima de la libertad y tormentos en centros clandestinos de detención cuando era fiscal de Estado en la provincia de Buenos Aires. Isidoro Graiver, hermano del banquero David Graiver, reconoció haberlo visto en el centro clandestino de detención Puesto Vasco. También Héctor Timerman lo mencionó como parte del grupo de civiles que colaboraron con el secuestro de su padre, el periodista Jacobo Timerman, director del diario La Opinión. El fallo señalaba que Rodríguez Varela estuvo en Puesto Vasco, “entrevistando a personas ilegalmente detenidas y torturadas”, es decir, sugería que había avalado las torturas.

La causa en su contra no prosperó; pero el destino –o vaya uno a saber qué otro designio– quiso que hijo Enrique Rodríguez Varela fuera secretario del juez Bonadío cuando éste citó a prestar declaración indagatoria y procesó a Héctor Timerman en la causa por el Memorándum con Irán.

Publicado en paginajudicial.com