El Poder Judicial de Río Negro se tomó todo el tiempo que le permiten las normas vigentes para mantener la sospecha sobre un brigadista voluntario por un supuesto intento de incendio en El Bolsón, sobre el que jamás tuvo nada firme, ni testimonios ni pruebas materiales. La persecución penal contra Nicolás Damián Heredia, voluntario en el combate contra el fuego en el verano, finalizó el 16 de junio sin que el sistema repare en los 23 días de prisión preventiva que sufrió injustamente. Dos codefensores oficiales de Bariloche advirtieron ante un juez de garantías sobre el riesgo constitucional que implica este uso abusivo de la privación de la libertad.
La estrategia criminalizadora cumplió un rol, que todavía debe analizarse en profundidad en sus fines y formas específicos, entendiendo a los incendios como conflictos sociales. La cacería de los supuestos incendiarios es, al menos, una respuesta a la demanda de la agenda de la política porteña, los discursos hegemónicos y los medios de comunicación dominantes. Para la política doméstica, otro intento por quebrar los lazos de solidaridad comunitaria, instalar un estado de sospecha generalizada y centrar el interés político de las resistencias en la urgencia de la maquinaria penal.
Restablecida la rutina post-desastre ambiental, el conjunto de la sociedad continúa sin tener una explicación seria sobre el origen de los focos del área río Azul, que se iniciaron el 30 de enero en un sector rural de uso turístico y quedaron sofocados dos meses después. Se perdieron la vida de una persona, 400 hectáreas de bosque nativo, chacras con cultivos, viviendas, animales de granja y las mejores semanas de una economía local altamente estacional.
Sangre mapuche, piel oscura
Mirta Gramajo acaba de cumplir 49 años. Hasta este verano, nunca había salido de Senillosa, localidad ubicada junto al río Limay, en la provincia de Neuquén. Dos mujeres la acompañaron para viajar 400 kilómetros y acudir en auxilio de su hijo Nicolás, detenido en un penal de Bariloche.
“No sabía que la justicia era tan injusta, tan racista. Perseguirlo por morocho”, reflexionó ahora, pasado el peor momento y con la noticia del archivo de la investigación penal contra su hijo.
Nació en Zapala y era muy chiquita cuando su familia se radicó en Senillosa, a unos pocos kilómetros. Con su esposo participó de una toma de tierras, la primera de esa ciudad, que hoy es un barrio consolidado, Costa del Limay. Tuvo seis hijos. El mayor tiene 31 años; le sigue Nicolás con 30; Sayén, la menor, tiene 15. Eran muy chicos cuando murió el padre, así es que todos se respaldaron para salir adelante.
El 5 de febrero, el vecindario del paraje rural Mallín Ahogado respiraba agitado por el humo y el polvillo de las calles de tierra, aumentado por el intenso tránsito de motobombas y camionetas de los combatientes del fuego. A media mañana, El Bolsón se convulsionó con la versión de cinco demorados por la policía, los que finalmente fueron tres. Corrieron algunos nombres de brigadistas voluntarios. Un grupo importante se autoconvocó en la comisaría local para reclamar por la liberación de los detenidos. Durante varias horas el grupo quedó cautivo de una patota a caballo que actuó ante la pasividad de la policía provincial.
Los detenidos fueron trasladados a Bariloche. Al día siguiente se realizó la audiencia de formulación de cargos contra Nicolás, mientras los otros dos vecinos fueron liberados sin cargos. Mónica Goye y Nelson Vigueras, defensores públicos de Bariloche, representaron al joven desde el primer momento. Su argumentación se sostuvo igual, ya que la Fiscalía jamás tuvo nada sólido, como reiteraron en la última audiencia. “Es un caso testigo”, consideró Goye, al pedir al juez Juan Pablo Laurence que el Poder Judicial reflexione sobre los riesgos y daños irreparables que pueden cometerse al disponer restricciones a la libertad sin elementos sólidos. En este caso, además, la Fiscalía manipuló los dos testimonios iniciales, que pudieron estar teñidos de prejuicio ante un desconocido “de actitud sospechosa” pero que debió evaluar con criterio profesional, reiteró Vigueras.
El joven visitaba por primera vez la cordillera. Su estadía en el Penal de Bariloche le produjo un fuerte impacto del que todavía no logra recuperarse totalmente, contó su madre. La familia tuvo el respaldo de organizaciones sociales, gremiales y políticas, tanto en El Bolsón y Bariloche como en su ciudad de origen, que fue fundamental para confrontar la persecución penal. Al regresar, rápidamente lo ayudaron a conseguir trabajos temporarios para tratar de recuperar su rutina. Le gusta la pesca y el trabajo de chacra, así es que entre amigos, plantas y animales se siente mejor.
“Trabajé de ama de casa, de cuidado de personas mayores, niñera, en gastronomía, en la cosecha de la cereza, de todo para mantener a mis hijos y que terminen los estudios. No sabía nada de milicos, ni de jueces. Nunca nada. Así es que busqué a mi vecina –nos criamos juntas– y le pedí me acompañara a Bariloche. También a una amiga de Nicolás. Me puse muy mal cuando escracharon a mi hijo en Facebook. Quería ir ya. Me tuve que contener porque no sabía qué podía pasarme en El Bolsón”, dijo Mirta al repasar aquellos días.
“Ahora sí veo las cosas. Que sea morocho… no puede ser que lo acusen porque lo vean así, diferente. Hacen racismo. Yo tengo sangre mapuche. Yo no creo en esas cosas, no discrimino. A él si lo discriminaron. Me dieron ganas durante la audiencia (la última del martes 16) de decir si podíamos ir a conocer El Bolsón sin miedo. ¿Se irá a acordar la gente? Es algo que me queda”.
Revés o derecho
El pase a archivo de la denuncia contra Nicolás merece analizarse en el contexto de la política criminal aplicada particularmente en Río Negro bajo la administración del gobernador Alberto Weretilneck y en sintonía fina con la gestión Milei. A juzgar por el resultado, puede ser un revés para la criminalización; o no, si el objetivo fue ganar tiempo hasta que pasara el interés público por las responsabilidades estatales de fondo que provocan y/o favorecen los incendios de bosques en áreas rurales, sabiendo el Ministerio Público Fiscal mejor que nadie que no tenían absolutamente nada para sostener una acusación penal.
Ni en éste ni en ningún otro legajo, el Estado probó la existencia de supuestos grupos incendiarios. “Los sesgos y prejuicios ganan por sobre la realidad. Es peligroso en el Estado de derecho”, advirtió Goye, quien pidió elípticamente a la Fiscalía “cuidado con lo que se informa, porque la opinión pública es una segunda condena”.
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