Toda democracia se sostiene en dos condiciones básicas: la existencia de reglas claras que estructuren el poder y la confianza mínima de que quienes lo ejercen actuarán dentro de esos límites. Cuando una de estas condiciones se erosiona, no se afecta un caso puntual: se tensiona el andamiaje institucional en su conjunto. Eso es exactamente lo que ocurre con el caso de José Luis Espert. Lo que comenzó como un dato llamativo dejó de ser ruido para transformarse en un punto de inflexión que cruza la ética pública, el Poder Legislativo, el financiamiento político y la discusión presupuestaria en uno de los momentos más delicados para la Argentina.
El núcleo de la controversia radica en hechos concretos que no pueden minimizarse. En documentos judiciales de Estados Unidos figura un registro contable que documenta un giro de 200.000 dólares a nombre de Espert, fechado el 1° de febrero de 2020. Ese monto habría sido canalizado desde un fideicomiso compartido por Federico “Fred” Machado y Debra Mercer-Erwin, una estructura financiera involucrada en causas de narcotráfico, lavado de dinero y fraude. Mercer-Erwin ya fue condenada en Texas a 60 años de prisión, mientras Machado permanece detenido en Río Negro a la espera de que se resuelva su extradición.
En paralelo, el patrimonio declarado de Espert creció de forma abrupta durante ese mismo período. Según informes periodísticos, aumentó un 789% en pocos años y se incrementó en unos 230 millones de pesos entre 2022 y 2024. A esto se suman inconsistencias notorias en sus declaraciones juradas, como la valuación de la empresa Varianza S.A. en un solo peso, pese a haber tenido otros montos registrados anteriormente.
El vínculo con Machado no se limita al plano financiero. Durante la campaña presidencial de 2019, Espert agradeció públicamente al empresario por facilitarle un avión para trasladarse. Se ha documentado el uso de una aeronave con matrícula N28FM, ligada a Machado, y de un vehículo Jeep Grand Cherokee blindado puesto a su disposición para actividades de campaña. Este conjunto de elementos patrimoniales, logísticos y financieros revela una trama concreta que va mucho más allá de una sospecha aislada.
En ese mismo entramado aparece Claudio Cicarelli, pareja de la diputada rionegrina Lorena Villaverde. Diversas investigaciones periodísticas lo señalan como socio o prestanombre de Machado en operaciones locales, incluyendo negocios mineros y logística vinculada a campañas. Cicarelli y Villaverde comparten representación legal con Machado, a cargo del abogado Francisco Oneto, lo que muestra la existencia de un entramado jurídico y político compartido entre los principales actores involucrados. Este entramado refuerza la dimensión estructural del caso y anticipa su impacto institucional en la discusión parlamentaria. Pero Oneto es tamhién apoderado del presidente Milei.
En el país, la existencia de la transferencia registrada en la Justicia de Texas motivó la presentación de una denuncia penal en la Justicia federal y abrió líneas de investigación que abarcan la recepción de fondos, el uso de vuelos privados y los vínculos logísticos entre Espert y Fred Machado. Al mismo tiempo, en el Congreso se solicitó que el diputado brinde explicaciones formales sobre estos hechos, en el marco de los mecanismos de control legislativo. De este modo, la controversia dejó de circunscribirse al terreno político para avanzar también sobre el plano judicial, lo que refuerza su gravedad institucional.
Frente a este contexto, la Cámara de Diputados reaccionó a través de tres vías concretas. La primera se remonta a julio, cuando se presentó un pedido formal para remover a Espert de la presidencia de la comisión por su inactividad. Se reclamaron reuniones ordinarias y un temario acorde al calendario fiscal, y el planteo fue luego reiterado por distintos bloques opositores. La segunda ocurrió el 1 de octubre, durante la primera reunión relevante para discutir el presupuesto 2026. Ese día, la oposición, integrada por Unión por la Patria y diputados de otros bloques, presentó un pedido de apartamiento que reunió el respaldo de 27 de los 49 integrantes de la comisión. Sin embargo, el intento no prosperó porque no se alcanzó la mayoría reglamentaria, que exige el voto afirmativo de más de la mitad de sus miembros. La tercera vía fue la presentación de proyectos para aplicar el artículo 66 de la Constitución nacional y excluirlo de su banca por inhabilidad moral sobreviniente. Cuentan con 39 firmas de legisladores de distintos bloques, incluidos integrantes de la bancada Coherencia, provenientes del espacio libertario. Este número refleja la magnitud política que alcanzó el caso y el nivel de transversalidad que generó dentro de la Cámara.
La reunión del 1° de octubre marcó un punto de inflexión. La oposición, junto con legisladores de bloques aliados y no alineados con el oficialismo, demostró que existe masa crítica suficiente para llevar la discusión al recinto. Hasta que eso ocurra, el tratamiento presupuestario estará condicionado por este conflicto político y ético de fondo. Este caso pone en juego estándares públicos fundamentales: quién financia la política, qué mecanismos de control existen y cómo reacciona el sistema institucional frente a evidencias serias. No hace falta una sentencia penal para actuar con responsabilidad institucional. Separar a Espert de la presidencia no vulnera garantías, sino que las resguarda y despeja la discusión presupuestaria de toda sospecha.
Sostenerlo en ese cargo no es un gesto de fortaleza política. Al contrario, encarece la construcción de consensos, profundiza tensiones internas y deteriora la credibilidad institucional. Incluso sectores del propio oficialismo, entre ellos la ministra de Seguridad, reclamaron públicamente que se aclare el caso. Predicar orden mientras se blinda a un dirigente involucrado en un esquema de financiamiento narco erosiona la autoridad política del gobierno y expone fracturas internas profundas.
Además, el caso tiene implicancias económicas y geopolíticas que no pueden soslayarse. El gobierno busca cerrar acuerdos financieros con Estados Unidos que incluyen recursos del Tesoro, operaciones de deuda y mecanismos de liquidez. Ningún país concede asistencia de esa magnitud sin observar con atención el funcionamiento político e institucional de su contraparte. Mantener en la presidencia de la Comisión de Presupuesto a un legislador envuelto en un caso de financiamiento narco proyecta tolerancia institucional frente a prácticas ilegales, afecta la reputación externa del país y condiciona las negociaciones financieras en curso.
La dimensión externa de este caso adquiere aún más relevancia si se observa el contexto político en Estados Unidos. El gobierno de ese país atraviesa tensiones internas profundas, con bloqueos legislativos, disputas partidarias y una creciente sensibilidad respecto de su rol internacional. En ese escenario, cualquier acuerdo financiero con la Argentina no se definirá solo en función de variables macroeconómicas. También dependerá de la legitimidad política que proyecte el gobierno argentino. Resulta difícil imaginar que un país con poder de veto en los organismos multilaterales respalde con recursos públicos a una administración que mantiene en un cargo clave a un dirigente vinculado a una red de financiamiento narco. No se trata únicamente de reputación: se trata de la disposición política real de Washington a asumir el costo de sostener a socios percibidos como problemáticos en un momento de alta polarización doméstica y declive hegemónico relativo.
Desde la oposición no compartimos la estrategia de endeudamiento acelerado que impulsa el gobierno ni el intento de subordinar la política económica nacional a los dictados de Washington. Pero precisamente por eso resulta revelador observar cómo el propio oficialismo, en su afán de cerrar un acuerdo externo que considera central para su programa económico, se ve afectado por sus propias decisiones políticas internas. Sostener a Espert en la presidencia de la Comisión de Presupuesto no sólo erosiona la institucionalidad democrática: también debilita al propio gobierno en el terreno que dice priorizar, el de las negociaciones financieras internacionales. Es, en definitiva, un tiro en el pie que expone la contradicción entre el discurso de orden y las alianzas reales que se toleran dentro de la estructura de poder.
A todo esto se suma un dato político central: Espert no es un diputado cualquiera. Fue designado para encabezar la lista de La Libertad Avanza en Buenos Aires, un puesto que le otorga visibilidad electoral directa y lo convierte en figura clave del oficialismo. Esa designación no fue casual: se la pidió el propio Milei, que lo respaldó públicamente ante las críticas, calificándolas de “operación” y afirmando que no consideró apartarlo. Mantener en ese rol a alguien vinculado a una trama de financiamiento narco no es solo un dilema institucional: es una decisión política central que marca hasta qué punto el gobierno está dispuesto a priorizar alianzas controvertidas por sobre la credibilidad. En ese sentido, el caso no solo debilita la estructura parlamentaria: socava el discurso electoral del oficialismo y abre grietas no menores en su propia narrativa de fondo.
La relación entre economías criminales y política no es nueva en América Latina, pero este caso tiene un rasgo singular: ocurre en el corazón del proceso presupuestario y en un contexto de negociaciones fiscales y geopolíticas complejas. Si el Congreso no fija un estándar alto en este caso, ¿dónde lo hará? Aceptar que todo es opinable cuando hay dinero de origen ilícito en juego envía un mensaje devastador a la sociedad y sienta un precedente peligroso para la democracia.
En los últimos años, distintas voces políticas, incluida la de Cristina Fernández de Kirchner, advirtieron sobre la configuración de zonas grises donde confluyen actores estatales, judiciales, económicos y estructuras criminales, señalando el riesgo de avanzar hacia un “Estado narco”. Con ese concepto, Cristina no alude a un cartel que controla directamente el aparato estatal, sino a algo más sofisticado y profundo: la penetración del narcotráfico en los circuitos institucionales, financieros y judiciales, generando complicidades estructurales que distorsionan la soberanía democrática. Se trata de un fenómeno en el que la frontera entre lo legal y lo ilegal se vuelve difusa, los mecanismos de control se vacían de contenido y el poder político queda condicionado por redes criminales que operan dentro del propio sistema.
En ese marco, el caso Espert no es un episodio aislado. Es parte de una disputa más amplia sobre los límites que el sistema político está dispuesto a sostener frente al avance de las economías ilegales en los espacios de poder, y sobre la capacidad del Estado argentino para defender su autonomía institucional frente a estas formas de penetración criminal.
La salida más clara —por viabilidad política y eficacia institucional— es escalonada. En casos de esta magnitud, la práctica parlamentaria indica que el primer paso es separar a la persona cuestionada de su cargo de conducción, para garantizar el funcionamiento institucional inmediato. En este caso, remover a Espert de la presidencia de la Comisión de Presupuesto permitiría asegurar un tratamiento transparente de la ley más importante del año. Luego, corresponde que la Cámara debata su continuidad en la banca conforme al artículo 66 de la Constitución, con todas las pruebas sobre la mesa y pleno derecho a la defensa. Si no hay votos, quedará en evidencia; si los hay, se trazará una frontera política e institucional clara. Lo peor sería actuar como si nada ocurriera. Eso dañaría la credibilidad del Congreso, agravaría la desconfianza social y profundizaría la erosión institucional. La democracia también se defiende así: marcando fronteras nítidas cuando el poder político y el dinero ilícito se cruzan. Este no es un caso más. Es una prueba de hasta dónde estamos dispuestos a sostener reglas y confianza en medio de un escenario complejo. El Congreso tiene la responsabilidad de actuar en consecuencia.
Diputada Nacional de Fuerza Patria
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