En el noveno juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en las provincias de Neuquén y Río Negro, la justicia federal condenó a cinco ex efectivos del Ejército y de Gendarmería por sus responsabilidades penales contra 17 personas, cuatro de las cuales permanecen desaparecidas. Esta investigación se inició en 2005, se llevó a juicio oral y público a partir de marzo de este año y el 22 de setiembre se conocieron los fundamentos de las condenas. El caso demostró la territorialidad del plan sistemático del terrorismo de Estado, con el dispositivo actuando en pequeñísimos espacios institucionales rurales, que aún hoy siguen siendo pequeños.
En la causa La Escuelita IX, nombre del legajo que refiere al centro clandestino de detención ubicado en la capital neuquina, el tribunal condenó a prisión perpetua a los ex militares Sergio San Martín y Jorge Di Pasquale; a la pena de cinco años de prisión al ex gendarme Emilio Sacchitella; y de cuatro años a los ex militares Hugo Renes y Carlos Carreto. Absolvió al ex policía rionegrino Miguel Ángel Ferrari, quien integraba el Cuerpo de Informaciones de la Comisaría 28 de Catriel. Diferente fue la decisión respecto al ex gendarme Miguel Cil, que se quitó la vida durante el proceso y, en consecuencia, se dispuso su sobreseimiento. También estuvo imputado el ex militar Oscar Reinhold, que había sido apartado del juicio por razones de salud y posteriormente falleció.
San Martín y Di Pasquale integraron el Destacamento de Inteligencia 182. Recibieron la máxima condena por los homicidios de dos personas, por 15 privaciones ilegales de la libertad, y la aplicación de tormentos psíquicos y físicos agravados por haber sido las víctimas perseguidas políticas a 12 personas. En ambos casos, el tribunal impuso una pena única de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, que unificó la condena dictada en esta causa con las impuestas en otros procesos. Por su parte, Renes, del mismo Destacamento de Inteligencia, fue condenado por un caso de apremios ilegales a cuatro años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua.
El caso de Carreto mostró la indefensión en que se encontraba la población civil, ya que pasó de ser el responsable del secuestro y persecución de un joven a interventor del municipio de Catriel, en el noroeste de Río Negro. Capitán de ingenieros en comisión en el Comando de la VI Brigada de Infantería de Montaña, fue condenado a cuatro años de prisión por un caso de privación ilegal de la libertad en una comisaría provincial, sin probarse la participación de efectivos de la policía.
Plan sistemático
El juicio juzgó los hechos perpetrados contra:
- Leticia Veraldi, estudiante secundaria secuestrada en Cipolletti en 1977, cuando se encontraba refugiada en la casa de Noemí Fiorito de Labrune, histórica dirigente la APDH Neuquén. Permanece desaparecida;
- Oscar Escobar, de 23 años, empleado municipal de Bariloche, secuestrado en tres oportunidades con traslados entre San Martín de los Andes, Neuquén, Bolsón y el paraje Villegas, hasta su exilio en Venezuela;
- Maribel Segura y María Ester Sepúlveda, amigas secuestradas en una chacra de Plottier a fines de 1976;
- Carlos Magariños, 28 años, que permanece desaparecido desde su secuestro en Cipolletti en 1979;
- Adalberto Colibig, secuestrado en 1978 en su trabajo en la sucursal del Banco Provincia de Neuquén, preso político hasta 1983;
- Carlos Alberto Pérez, de San Martín de los Andes, militante político detenido en tres oportunidades;
- Estela Maris Solanas, de San Martín de los Andes, detenida en dos oportunidades junto a otrxs militantes de la ciudad;
- Mónica Elvira (fallecida), empleada del municipio de Bariloche, detenida en varias oportunidades hasta que pudo exiliarse en Estados Unidos hasta la recuperación de la democracia;
- Amalia Cancio (fallecida) y Juan Raúl Pichulmán, pareja con dos hijos y otro en gestación, del grupo de militantes del barrio popular Sapere perseguido desde 1975. Pichulmán permanece desaparecido;
- Juan Carlos Molinez (27 años, de General Roca), detenido al ingresar desde Chile en el paso internacional Tromen e interrogado en Junín de los Andes por la literatura religiosa que portaba;
- Luis Néstor Mendoza, trabajador de Catriel, interceptado por efectivos a bordo de una camioneta de una empresa petrolera, interrogado por el que después fue intendente;
- Graciela Vicente, psicóloga radicada en San Martin de los Andes, detenida en razzias realizadas durante el Mundial de Fútbol del '78;
- Diego Gallo, arquitecto que construía un hotel en San Martín de los Andes; y
- Carmen Delard Cabezas y José Luis Appel de la Cruz, pareja, militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), refugiados de Chile, secuestrados en Cipolletti en el marco del Plan Cóndor de coordinación represiva entre las dos dictaduras.
El fallo ratificó “que la represión ilegal desplegada en la región no respondió a acciones aisladas o desvinculadas entre sí, sino al funcionamiento de una organización jerárquica inserta en la cadena de mandos del Ejército Argentino”. La Zona 5 dependía del V Cuerpo de Ejército con sede en Bahía Blanca. Comprendía las provincias completas de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Territorio Nacional de Tierra del Fuego, y los partidos del sur de la provincia de Buenos Aires. En ese esquema “la máxima autoridad militar en el ámbito regional era el Comando de la Brigada de Infantería de Montaña VI, con sede en la ciudad de Neuquén, desde donde se dirigían y coordinaban las actividades de inteligencia, operaciones, personal y logística necesarias para la ejecución de las tareas represivas”.
Sitios de memoria
Además del Área 5.2.1 con asiento en la ciudad de Neuquén, se encontraban comprendidas el Área 5.2.2, correspondiente al norte de la provincia y bajo responsabilidad del Regimiento de Infantería de Montaña 10 con asiento en Covunco; el Área 5.2.3, que abarcaba el sur neuquino y tenía como núcleo operativo la Guarnición Militar Junín de los Andes, integrada por el Regimiento de Infantería de Montaña 26 y el Grupo de Artillería de Montaña 6; y el Área 5.2.4, que comprendía gran parte de la provincia de Río Negro y se encontraba bajo la órbita de la Escuela de Instrucción Andina emplazada en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Parte de esa estructura impune participó en los '90 en el contrabando ilegal de armas hacia Ecuador y la guerra de los Balcanes.
El caso de Escobar muestra ese circuito. La primera vez fue secuestrado en Bariloche y llevado a la Escuela Andina, donde funcionó un centro clandestino. Después fue secuestrado en la ciudad de Neuquén, trasladado a Bariloche y detenido en la comisaría provincial del Centro Cívico, que continúa en funciones. En la tercera detención fue trasladado a Junín o San Martín de los Andes (no se pudo determinar), para regresarlo al puesto de Gendarmería del río Villegas (al sur de Bariloche, junto a la ruta nacional) y estuvo tres meses detenido en El Bolsón.
Muchas de las detenciones y torturas se hicieron en la comisaría del centro de San Martín de los Andes, con episodios numerosos durante el Mundial de Fútbol y la presencia del genocida Jorge Videla el 10 de junio de 1979 en el hotel Del Sol.
La privación ilegal de la libertad Delard Cabezas y Appel de la Cruz fue incluida para fundamentar el plan sistemático, ya que tiene sentencia de 2016 del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de la ciudad de Buenos Aires. En Neuquén brindó su testimonio la hija de la pareja, que era una beba de pocos meses. El relato de sobrevivientes y testigos dio cuenta de la trama de colaboración civil y religiosa, a la que nunca alcanza el Poder Judicial, como el caso del cura de un colegio católico que interrogó a Escobar en Bariloche, o un médico fallecido de San Martín de los Andes que chequeaba el estado de los detenidos durante las torturas. Mónica Elvira fue interrogada por militares en el despacho del intendente municipal de Bariloche.
Las responsabilidades de los efectivos de las policías provinciales por lo general se escurren, como pasó con Miguel Ángel Ferrari, de Catriel, y Adolfo Mellao, comisario inspector a cargo de la Comisaría 23 de San Martín de los Andes. El comisario de la unidad del Centro Cívico de Bariloche jamás enfrentó una investigación.
El noveno juicio por delitos de lesa humanidad lo condujo el Tribunal Oral Federal 1 de Neuquén, integrado por Alejando Silva, Alejandro Cabral y Ernesto Sebastián. La acusación la realizó el Ministerio Público Fiscal Federal encabezado por el fiscal Miguel Palazzani, secundado por David Maestre, Juan José Cendagorta y Gabriela Schumacher.
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