Puro humo. No es el título del célebre libro del cubano Guillermo Cabrera Infante. Las últimas novedades de la causa por el Correo Argentino se difundieron en algunos medios hegemónicos como la prueba de que la Corte Suprema, días después de la confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner, pensaba equilibrar la balanza de la política. Pero los especialistas en el expediente vieron sólo una cuestión de maquillaje, algo superficial que apenas llega al fondo de los hechos. Así interpretaron que la Corte haya rechazado el planteo de la defensa de dos directivos del grupo Macri, quienes buscaron sacarse de encima a dos jueces en la causa penal. Lo interpretaron como una maniobra correcta y suspicaz, de las que demagógicamente sabe construir el máximo tribunal.
Tan sólo unas cosquillas. El presidente de Correo Argentino S.A., Jaime Cibils Robirosa, y su representante legal, Jaime Kleidermacher, imputados en la causa que tramita el juez federal Ariel Lijo desde 2017, habían recusado a los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico, de la Cámara Federal porteña, por “temor de parcialidad” y “enemistad manifiesta hacia Mauricio Macri”. Los directivos de Correo Argentino S.A. —controlada por SOCMA, la empresa de la familia Macri—, en efecto, cuestionaron la imparcialidad de Farah porque fue uno de los jueces que denunció supuestas presiones del gobierno macrista para sacarlo de la Cámara Federal. Los planteos contra Boico, en tanto, radicaban en que, antes de ser juez, fue defensor de distintos funcionarios kirchneristas, entre ellos la propia Cristina. El reclamo llegó a través de un recurso de queja a la Corte Suprema de Justicia, pero el tridente de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, que actúa cada vez más en bloque, rechazó el planteo “porque no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal”.
Desde 2017, el juez Lijo investiga el acuerdo que el Estado alcanzó con la empresa controlada por el grupo Macri durante la gestión de Cambiemos. En la causa fueron imputados e indagados Cibils Robirosa y Jaime Kleidermacher, en su rol de directivos de Correo Argentino, junto al ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y al ex titular de Asuntos Jurídicos de esa cartera, Juan Manuel Mocoroa. Los cuatro están acusados por el acuerdo al que habían arribado, en 2016, el gobierno por entonces a cargo de Mauricio Macri y la empresa para superar la etapa de convocatoria de acreedores. La fiscal Gabriela Boquin detectó la maniobra y denunció como “ruinoso" y “abusivo” el pacto que logró frenar.
“¿Qué modifica el rechazo de la Corte al planteo de la defensa de los Macri en lo estructural de la causa Correo? Pues nada, porque todo sigue cajoneado, sin expectativa de ningún fallo”, se indigna una alta fuente de la pesquisa por el último movimiento judicial. Y agregaron otro dato: que por decisión de la Corte, el Tribunal Superior de la Ciudad tiene hace seis meses la recusación de la fiscal Boquin. El alto tribunal porteño, manejado por el macrismo, también tiene demoradas sus resoluciones sobre los recursos que presentó la familia Macri no sólo del fuero comercial, sino del civil, del laboral y del penal. Los Macri echaron mano de cuanto recurso judicial y político pudieron para no pagar la deuda por el Correo Argentino. “Eso es lo que tapa toda esa sarasa nueva de la Corte Suprema”, agrega la fuente. En la fiscalía de Boquin no guardan ningún tipo de ilusión: creen que, tarde o temprano, Macri triunfará y se cumplirá su viejo deseo de desplazarla de la causa.
Durante años, la fiscal se agotó en demostrar, una y otra vez, el vaciamiento del Correo Argentino. Sigue sin entender la funcionaria cómo la Justicia se empeñó en hacer oídos sordos a una evidencia incontrastable: la responsabilidad —multimillonaria— del grupo Macri en estafar al Estado, esa entidad denostada políticamente pero aprovechada desde siempre en su estructura para hacer negocios financieros. Desde 2017, Boquín denunció, contra viento y marea, un acuerdo “ruinoso” y “abusivo” de SOCMA con el gobierno de Cambiemos para licuar el pasivo de la firma. Como Macri no pudo condonar su propia deuda empresarial cuando era Presidente, queriendo ser juez y parte, continúa operando con sus influencias en los pasillos de la Justicia. Y, hasta el momento, ha salido victorioso.
Recurriendo varias veces a la Justicia, el hermano hereje, Mariano Macri —en consonancia con la hipótesis de Gabriela Boquín— había planteado que en SOCMA se venían tomando decisiones contra los intereses de la propia empresa. En rigor, la estrategia de vaciamiento ha sido denunciada por la fiscal ante la Cámara Comercial como herramienta utilizada por el propio Correo. Lo que siempre restó dilucidar, para Boquín, es dónde se fue el dinero y cuál fue la responsabilidad de los administradores. En paralelo, el hermano del ex Presidente pidió explicaciones a su familia por la venta de bienes del patrimonio societario y allí constató maniobras de ocultamiento y vaciamiento. Había denunciado, además, que los socios y directivos le impedían acceder a los balances y que hasta habían nombrado como síndico a una persona fallecida. Y además de objetar la venta de participaciones societarias, Mariano puso la lupa en el sospechoso acuerdo del Correo-SOCMA con el Meinl Bank de Odebrecht a través de una sociedad offshore. Este banco que está inhabilitado y denunciado por lavado de dinero. Pero las respuestas nunca llegaron.
La trama ha sido colosal. En 2021 la jueza Marta Cirulli decidió la quiebra del Correo. La empresa apeló, la jueza se echó para atrás y a partir de allí la familia efectuó forum shopping para conseguir jueces afines. El principal artífice de las maniobras fue Mauricio Macri, que lo hizo público en diferentes tuits y hasta en una carta. Así, ganando tiempo a su favor, el grupo Macri consiguió que dos juezas de la Cámara Comercial pusieran todo entre paréntesis hasta que la Corte Suprema resolvió la intervención del Tribunal Superior de Justicia porteño, donde Mauricio y los suyos juegan de local. El Tribunal continúa con una mudez alarmante.
En su caudaloso expediente, Boquín responsabilizó al grupo de crear un relato basado en “inexactitudes y engaños” que “difunde a la opinión pública” y “contamina el expediente afectando la búsqueda de la verdad real y poniéndose en una situación de víctima no siendo tal”. Alrededor de un proceso comercial específicamente concursal, en la mirada de la fiscalía, los Macri no han actuado de buena fe al distorsionar el expediente e incluir actores políticos ajenos a la investigación.
“Es uno de los mayores actos de corrupción contra el Estado de los últimos tiempos. No sólo los Macri deben un dinero equivalente a construir varias escuelas, sino que para defenderse usaron artilugios apócrifos y engañosos. Lo cual lo convierte en un escándalo abismal”, resumió una alta fuente de la investigación.
En rigor, son casi veinte maniobras del grupo Macri que se denuncian como falsas, urdidas para evitar el pago de su abultada malversación. Nada nuevo bajo el sol: las mentiras de la empresa son una constante para evadir los veinte años sin pagar su millonaria deuda con el Estado, calculada en más de 70.000 millones de pesos sin tener en cuenta intereses y actualización a tasas del presente.
Entre los principales puntos de las maniobras fraudulentas, Boquín precisó que:
- El Correo manipuló el concurso de acreedores. Una de las maniobras consistió en presentar una mayoría trucha para mostrar que tenía aval a su oferta de pago. En ese sentido, violó el principio de igualdad ante la ley por el uso de avales falsos de acreedores para conseguir la aprobación de su oferta.
- A lo largo del extenso proceso, la empresa evidenció una conducta que no se sujetó a la normativa del “remedio concursal al que eligió acudir”. Ocultó información respecto de su verdadera situación patrimonial y realizó actos prohibidos o sin autorización judicial, todo ello en perjuicio evidente de los acreedores, con total indiferencia por las normas concursales y eludiendo el control de la jurisdicción.
- El grupo Macri, además, tergiversó las condiciones. La investigación judicial consideró que no sería razonable suponer que los acreedores que prestaron su conformidad en aquel momento aceptaran la propuesta “mejorada” por créditos devengados hace dos décadas, cuya cancelación se produciría en aproximadamente 31 años, pues a los 11 años que comprendía la nueva propuesta habría que sumarle los 20 años ya transcurridos.
- Hubo operaciones de vaciamiento de la firma y un acuerdo irregular con el Meinl Bank, acusado de lavado. La investigación revela que el Correo hizo un acuerdo en paralelo al concurso con la entidad bancaria que fue deliberadamente ocultado: el banco, en rigor, pesificó la deuda del Correo, que estaba en dólares. Era su acreedor privado más grande: el Meinl Bank tenía el 38% del pasivo. Pero fue investigado por lavado y decretada su quiebra en marzo de 2020. Su conformidad ya no sirve.
- El Estado no había sido “acreedor hostil”, como postularon los Macri por no aceptar su última oferta, y la investigación detalló las múltiples audiencias de conciliación donde asistieron representantes oficiales en el transcurso de todo este proceso, conocido como el más extenso concurso de acreedores de la historia de la Justicia comercial argentina.
- El Correo hizo maniobras insólitas para lograr su “propio vaciamiento en perjuicio de los acreedores y en beneficio de sus controlantes dentro del grupo”. Por citar tan sólo un ejemplo, compró en 2007 a SOCMA, su controlante, acciones de la empresa uruguaya Neficor —ligada al negocio automotor— por 2,1 millones de dólares, sin permiso judicial.
- Hasta 2012 la empresa pagó ocho millones de pesos de anticipos a los directores, pese a que no tenían derecho a ninguna retribución porque los ejercicios arrojaron pérdidas. Violó, de esa forma, la ley de sociedades. Además, pagó honorarios por asesoramiento legal a estudios jurídicos integrados por miembros de su propio directorio.
- Los perjudicados por esta matriz fraudulenta son los acreedores. Entre ellos la AFIP y el Banco Nación. En total, el Estado es el acreedor mayoritario, con el 33% de las deudas.
Todo comenzó a fines del menemismo. El grupo manejó el Correo desde su privatización en 1997 —lo administró a través de su empresa Sideco— y se presentó en convocatoria de acreedores en 2001, hasta que en 2003 fue estatizado por falta de pago del canon. Ese año el juez en lo comercial Eduardo Favier Dubois decretó la quiebra del Correo Argentino S.A. y la novela continúa hasta hoy.
La familia empresarial quiso imponer desde siempre lo que a esta altura es su marca de estilo: reducir la tasa de interés de su deuda y salir airosa. Pero el Estado rechazó varias propuestas de pago. La última oferta que había hecho el Correo a sus acreedores era de 1.000 millones de pesos en un pago. Según los cálculos de la fiscalía, dicho valor constituye tan sólo una sexta parte de la deuda real. A partir de allí, en efecto, comenzó a engrosarse el expediente que en 2016 llegó al despacho de Boquín, cuyo foco fue profundizar la pesquisa sobre el grupo. Curiosamente al año siguiente, y por primera vez, el Estado aceptó el acuerdo.
Es decir: fue el propio gobierno de Mauricio Macri el que acordó con el grupo Macri la cancelación de la deuda a 15 años con una quita que en ese momento ascendía —según cálculos de la Dirección de Administración Financiera (DAFI) del Ministerio Público Fiscal— a 70.000 millones de pesos, lo que significaba ni más ni menos que una quita del 98,87% en perjuicio del Estado.
En aquella época Boquín denunció la maniobra como “abusiva”, en una lucha solitaria ante la Cámara en lo Comercial. Logró frenar el bochornoso acuerdo y presionó para que se investigara al holding familiar en directa violación de la Ley de Ética Pública. Hoy existen dos causas, una penal y otra civil. En numerosas ocasiones Gabriela Boquín habló de “gravedad institucional”, “denegación de justicia” y “desnaturalización de la garantía de plazo razonable”.
En el camino, los Macri lograron con su lobby que la Cámara de Casación investigara su actuación en la causa Correo, algo que el juez federal Sebastián Casanello archivó en su momento por “inexistencia de delito”. Hasta el momento y siendo un hueso duro de roer, la funcionaria salió airosa en dictámenes judiciales aunque, en su entorno, saben que no conserva demasiada ilusión para mantenerse activa empujando las denuncias.
Tras el encierro domiciliario de Cristina, un viejo anhelo conseguido de la mano de su aliado Javier Milei, Macri y los ladrones de guantes blancos no son tocados por grandes estafas como la causa de los parques eólicos y la de los peajes. La del Correo Argentino pareciera seguir la misma suerte. ¿Podrá seguir saboteando el emporio Macri uno de los delitos más graves del pasado reciente con su sana costumbre de evadir responsabilidades, no pagar y refugiarse en su castillo de impunidad?
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