La gran estafa eléctrica

Las empresas que no cumplieron con las inversiones no pueden reclamar compensación por tarifas insuficientes

 

El 10 de Mayo pasado el gobierno, a través de su secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, y su subsecretario Juan Antonio Garade, suscribió con los representantes de EDENOR y EDESUR un preacuerdo de reconocimiento de deuda del Estado por el así llamado “activo regulatorio”.

Ese entendimiento permaneció secreto hasta que su texto vio la luz en la edición anterior de El Cohete a la Luna. En dicho convenio el Estado argentino reconoce una deuda de entre 45.000 y 100.000 millones de pesos a las concesionarias referidas como compensación por la tarifa que no percibieran durante el gobierno pasado. El pretexto de apurar el documento residió en el traslado de las respectivas concesiones desde la Nación a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma. Se vio la necesidad de cerrar las cuentas pendientes entre ambos sectores, y públicamente se mencionaron cifras menores –entre 3.000 y 7.000 millones— que dichas empresas se comprometían a invertir en obras, dando la imagen de una actitud generosa por parte de ambas eléctricas. Mientras tanto se había cerrado el acuerdo anterior que era realmente el que representaba el fondo de la cuestión sobre el pasado de créditos y deudas con el Estado.

Ese entendimiento secreto representa una de las grandes estafas del sector eléctrico nacional: a pesar de no estar operativo aún, representa un derecho en expectativa para EDENOR y EDESUR que en cualquier momento harán valer ante el Tesoro Nacional.

¿Por qué es una gran estafa? Porque en realidad no está claro que el Estado les deba esa suma, o cualquiera otra, y es posible que más bien las empresas le deban a la Nación. En oportunidad de celebrarse el contrato de concesión por 99 años, se les otorgó la exclusividad de la distribución del servicio público eléctrico en una de las áreas habitadas más importante del mundo, con varias condiciones. Las conceptualmente más importantes fueron el respaldo empresario para tamaña obligación, es decir espalda económica y financiera, y por otra parte acreditar la experiencia técnica correspondiente, por la cual se les abonó un extra durante los primeros años. Pero la principal obligación que supuso ese otorgamiento excepcional de privilegios fue la obligación de “abastecer adecuadamente toda la demanda”, en cantidad y calidad.

De esta última responsabilidad quedan los numerosos fallos del ENRE en los conflictos suscitados por infringir ese compromiso central de la concesión. Baste mencionar el inicial de multar a EDENOR en 5 millones de dólares en 1994; la cuantiosa multa por mantener más de un mes sin energía a un amplio sector de la zona sur-centro de la Capital de más de 100 millones de pesos, el caso Azopardo y varios otros.

El fundamento de esas sentencias fue la obligación del concesionario de cumplir el abastecimiento continuo, en la calidad adecuada, a todos los usuarios, sin que hubiera ningún pretexto para evitarlo, ni siquiera la falta de tarifa suficiente.

La ausencia de tarifas adecuadas según el contrato no daba, ni da por lo tanto excusa alguna a las empresas para no realizar las inversiones necesarias según esas obligaciones. En todo caso las habilita para exigir al Estado concesionario una indemnización para restituir la ecuación económico-financiera del contrato, accionar al respecto. Estas firmas no cumplieron con esa manda durante esos largos años, no invirtieron en el mantenimiento del servicio, que se fue deteriorando con secuelas que permanecen hasta hoy. No pueden venir a reclamar entonces la diferencia que les hubiera correspondido por tarifas insuficientes, porque mayormente no cumplieron con su parte de inversiones para los gastos de mantenimiento.

Por eso siempre requerimos una auditoría del período que pusiera negro sobre blanco créditos y deudas respectivos, que nunca se hizo. El reconocimiento por el defecto tarifario del período anterior que luce en el acuerdo secreto es por lo tanto una gran estafa, ya que no contabiliza la ausencia de inversiones respectiva.

Es el día de hoy el servicio del área metropolitana que sirven sigue con permanentes cortes por todos lados, especialmente en el gran Buenos Aires, pero también en la Ciudad Autónoma a pesar del tarifazo sufrido por sus habitantes. Por lo tanto ese acuerdo es totalmente ilegal, por las formas, las autoridades que lo suscriben y por el fondo, sustancialmente una estafa.

 

 

 

  • Especialidad en energía y servicios públicos. Miembro del IESO.
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