La grieta es moral

Las dificultades de convivir con un Poder Judicial que es el primero en descreer de la justicia

 

Sábado tempranísimo.  Hoy se casa una de mis mejores amigas. Un poco, estoy conmovida. Está tan feliz y se lo merece tanto. Lucía… Tal es el nombre de mi amiga, que ha recorrido un larguísimo camino para encontrar la posibilidad de ser feliz. Hace poco menos de 20 años que es mi amiga. Y debe hacer casi una decena de años que una tarde se apareció en casa y me contó que creía estar enamorada de una mujer. Ella, la que se reía del amor y de las cursilerías a las que yo soy tan adepta.

No fue con esa mujer, ni con la que siguió con quien se casa. Porque como la mayoría de las personas, encontrar a la persona con la que querés pasar el resto de tu vida es un extraño, divertido y a veces doloroso juego de encuentros y desencuentros. Que Lu ha sabido jugar con humor y dignidad. Y sin dejar de ser la amiga leal que siempre ha sido. Aquel viaje en ambulancia, para ganarle a la muerte con ella al lado. La tarde en que me dijo que no estaba de acuerdo con mi propio casamiento, pero que me iba a acompañar igual. La infinita cantidad de noches que me dio refugio cuando yo me escapaba de mi casa, o, mejor dicho, del dolor y el miedo de ese lugar al que llamaba casa. Lucía, la que me manda tuppers con comida cuando me preparo para un juicio importante. La reflexiva Lucía. La que pasó noches en vela en mi oficina mientras yo terminaba algún trabajo. La que se ríe a carcajadas. La que dice aquello que piensa con las palabras precisas, para que lo entiendas sin lastimar ni humillar. La burlona y la inteligente. Y sin duda la siempre paciente Lucía. Hoy se casa y vamos a celebrar su felicidad y la de Paola.

En la mesa del Dark Side, ese grupo de amigos desquiciados y variopintos que compartimos con Lucía desde hace más de una década, vamos a brindar por la vida y la felicidad. Y la lealtad. Y el afecto que no juzga. Todo lo que es Lucía. Y la fortuna infinita de cruzarla en nuestras vidas.

Y además yo brindaré por las segundas oportunidades, las redenciones y por la libertad. Algo que aprendí de Lu y que veré transmutado en alegría esta noche. ¡Que seas muy feliz, amiga! Es justo, porque el camino ha sido largo y lo recorriste con sabiduría y dignidad. Y mucho, muchísimo sentido del humor.

Pero mientras somos todos felices en este sábado final de febrero, el mundo sigue girando. Y pienso en una frase que me gusta mucho que suele cantar Mollo: “Memoria hostil de un tiempo de paz sin paz”, y que asocio al gobierno de Mauricio Macri. Que fue eso, un tiempo de paz sin paz. Y una memoria hostil.

Me acordé de esa frase ayer, cuando leí la nota de Patricia Blanco en la que contaba que la Cámara Federal había sellado la suerte de una causa fraudulentamente reabierta contra el ex juez Eduardo Freiler. He contado ya parte de esa historia en otras columnas, porque me parece una de las historias paradigmáticas del Poder Judicial en tiempos de Macri.

Por empezar desde algún lugar, voy a contarles que el jueves 22 de marzo de 2018, el entonces Presidente Mauricio Macri le dio una entrevista a Mariana Fabbiani en la que declaró: “Necesitamos una justicia ágil, que nos defienda, que nos cuide, que haga sentir al ciudadano de a pie que el poderoso es el primero que tiene que cumplir con la ley, es el que menos impunidad tiene, sobre todo en la Argentina con lo que pasó hace unos días que todos sentimos, de vuelta, un revulsivo de decir: ‘No, esto no es lo que habíamos acordado’”.

¿A qué se refería el Presidente con: “No, esto no es lo que habíamos acordado”? A la liberación de Cristóbal López y Fabian de Sousa, ocurrida en marzo de 2018. Estaban presos en prisión preventiva dictada por el juez Julián Ercolini. Con quien o en qué términos había acordado el Presidente la continuidad de la prisión preventiva de López y de Sousa es un misterio. El cómo lo había acordado, no. Es un delito. Porque el Poder Ejecutivo no puede inmiscuirse en competencias especificas del Poder Judicial. Y disponer de la libertad de las personas es, sin lugar a dudas, una competencia especifica del Poder Judicial. Lo era cuando Macri acordaba con Comodoro Py para que López y de Sousa siguieran presos y lo es hoy cuando muchos le reclaman a Alberto Fernández que intervenga para liberar a los presos políticos. Y a mi me dan muchísimas ganas de decirles: “Señores, dejen de pedir que Alberto haga macrismo”

Pero volvamos al pasado hostil. Unos meses antes de la liberación de Cristóbal López, el macrismo había dado el puntapié inicial para colonizar al Poder Judicial, luego de nombrar dos jueces de la Corte por Decreto.

Ese puntapié fue comenzar con la colonización de la Cámara Criminal y Correccional Federal, que es la que revisa las decisiones de los 12 jueces de Py. Porque el sistema de Comodoro Py incluye jueces que a veces toman decisiones de mierda y tomadas en contra de la ley y un sistema de control de esas decisiones en manos de la Cámara. Los pocos limites que se le pusieron a Bonadío, se los puso la Cámara. Yo aun tengo el modelo de recurso ante la Cámara, para cada vez que Bonadío no me dejaba acceder a los expedientes en los que mis defendidos estaban siendo investigados.

La segunda víctima —la primera fue el Estado de Derecho— del plan sistemático del macrismo para apropiarse del Poder Judicial, fue fabricar una vacante en esa Cámara. Lo hicieron a través de un operativo de pinzas que merece algún reconocimiento por lo bien pensado que fue. Comenzó a finales del 2015, cuando en lugar de hacer lugar al pedido de reemplazo del consejero de la magistratura que le correspondía al Frente para la Victoria, bloque mayoritario de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó decidió hacer lugar al pedido conjunto del interbloque del PRO junto con el Bloque del Peronismo Federal de Massa y designar a un consejero del macrismo, Pablo Tonelli. Literalmente se robaron una banca que correspondía a otro espacio político. Curiosa UTE (unión transitoria de empresas), que se reedito este jueves con el tema de las jubilaciones de los jueces

Cuatro años después el Frente para la Victoria le devolvería la cortesía en algo que celebré porque era justo, pero que me dejó un gusto amargo. Porque el precedente lo había creado el macrismo, es cierto, y había sido considerado legal por la propia cámara de Diputados, pero es horrible en términos éticos.

Mientras en la Cámara de Diputados ese diciembre de 2015 se robaban la banca del Frente para la Victoria, en la Cámara de Senadores sucedían otras cosas. Entre ellas que el abogado Alejandro Fargosi se había presentado para reclamar la inconstitucionalidad de la designación del senador Ruperto Godoy, del Frente para la Victoria en el Consejo de la Magistratura, por no ser abogado. El requisito de ser abogado para ser consejero se había derogado por ley, pero a quién le importa la ley cuando es amigo del juez. A Alejandro Fargosi y su indignación antiperonista sempiterna, claramente no.

Como sea, el Frente para la Victoria, frente a la sentencia que ordenaba que Ruperto Godoy cesara como miembro del Consejo de la Magistratura, se apresuró a designar al senador Mario País en su reemplazo. El día que Mario País debía jurar como miembro del Consejo de la Magistratura, también se discutía en el consejo si se le iniciaba juicio político a Eduardo Freiler, argumentando que el entonces juez no podía justificar su incremento patrimonial. Freiler había sido ya sobreseído en una causa por enriquecimiento ilícito el 11 de marzo de 2016… Pero, ¿a quién le importa un sobreseimiento firme, cuando querés quedarte con un lugar en la Cámara de Apelaciones de Py? Al macrismo sin duda que no.

Todo lo que sucedió debería contarse con la música de la escena final de El padrino. El 16 de agosto salió la sentencia que ordenaba la remoción de Ruperto Godoy. El 17 de agosto de 2017 Mario País se presentó a jurar como miembro del Consejo de la Magistratura en la mañana. El entonces presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, le dijo a País que fuese a tomarse un cafecito por ahí y volviese en un rato. Porque justo estaba resolviendo la Claringrilla. Mientras País se tomaba el cafecito, el Consejo de la Magistratura comenzó a sesionar aprovechado la mayoría circunstancial de 1 miembro que tenía, porque Mario País no había asumido aún. Y dispuso la suspensión de Freiler como juez y el inicio del Jury de enjuiciamiento para removerlo de su cargo. Para cuando Mario País pagó el café que se había tomado, la historia ya se había escrito. Ya en aquellos días de agosto, todos sabíamos que a Miguel Angel Pichetto, entonces jefe de bancada del Frente para la Victoria en la cámara de Senadores, también disfrutaba de colaborar con la resolución de las Claringrillas del día.

Unos meses después de haber sido suspendido se presentó un nunca identificado abogado llamado Maximiliano Goetzner y como cuenta Raúl Kollman  “dijo que conocía que la causa estaba radicada allí, [en el juzgado donde había tramitado la causa por enriquecimiento ilícito  y se había dictado el sobreseimiento de Freiler], pese a que estaba cerrada. El individuo aseguró ser asesor del senado de la Provincia de Buenos Aires, pero resultó imposible ubicarlo allí. Dijo entonces que vio un programa de televisión en el que aparecía una hostería, supuestamente de Freiler, en Quequén, y que eso nunca había sido investigado. En verdad la hostería Costa Bonita era de los padres del camarista y sí había sido investigada. Aun así, la maniobra consistió en reabrir la causa para evitar que Freiler alegara en el Consejo que ya estaba absuelto. El aparato de Comodoro Py fue parte de la maniobra».

El 17 de noviembre de 2017 se removió a Eduardo Freiler como juez de cámara. Votaron afirmativamente para removerlo la camarista Inés Cantisani; los senadores Walter Barrionuevo (PJ de Jujuy), Silvia Giacoppo (Cambiemos); el diputado Hugo Marcucci (UCR) y el juez Mario Márquez. El representante de los abogados en esos días, Raúl Piaggio, votó en disidencia parcial su destitución. La diputada Diana Conti (FpV-PJ) fue la única que votó en contra. Cuando Mauricio Macri se enteró de la destitución, cuenta Kollman, “estaba cenando con un funcionario internacional en la Quinta de Olivos e hizo saber su satisfacción por lo que decidió el Consejo. Su frase debería quedar en la memoria: «Gracias a esto, van a venir inversiones al país».

Las inversiones no llegaron y el Poder Judicial no mejoró. Pero entre el cafecito de Mario País y la destitución de Freiler pasó algo más. El 17 de octubre de 2017 se dicto el fallo que consagró lo que llamamos la doctrina Irurzun y que, como relatara Capiello sin demasiados pudores en una nota celebratoria de la detención de Amado Boudou publicada en La Nación, el 4 de noviembre de 2017, “Irurzun estableció en ese fallo nuevas pautas para meter presos a los funcionarios acusados de corrupción e inauguró una jurisprudencia más amplia, que debería preocupar a otros ex funcionarios que enfrentan causas y gozan de la libertad”.

Ese mismo día, Héctor Timerman había sido sometido a una verdadera sesión de tortura por Claudio Bonadío y Eduardo Taiano, al hacerlo declarar en una indagatoria que terminó con Héctor internado por una crisis cardíaca provocada por el dolor físico de tener que afrontar esa indagatoria sin la medicación para el dolor que le provocaba un cáncer feroz que se extendía implacable por su cuerpo, mientras brindaban los verdugos.

Después de la detención de Amado Boudou, ese diciembre de 2017 fue prodigo en detenciones. Entre ellas la de Fabian de Sousa y Cristóbal López. Cuando en marzo de 2018, la Cámara de Comodoro Py dispuso su libertad, el infierno que se había desatado en  2017 arreció con mas fuerza.

Mauricio Macri clamó enardecido contra esa liberación. Los jueces que la habían dispuesto se fueron. Jorge Ballestero terminó jubilado. Eduardo Farah pidió su traslado al fuero penal económico. Y no había terminado 2018 cuando la cámara de Py quedó conformada con dos jueces trasladados por el Consejo de la Magistratura y un juez designado por concurso. Eso sí, Martin Irurzun siguió en soledad en la Sala II de esa Cámara. Disponiendo prisiones preventivas arbitrarias y tomando cafecitos con Pepín Rodríguez Simón.

Tan circular es a veces la historia que, en el juicio de Oil Combustible por el que estuvieron presos Cristóbal López y Fabian de Sousa, esta semana declaró un testigo llamado Jorge Schiaffini, jefe del departamento de investigaciones de grandes contribuyentes de AFIP. Este hombre reconoció que el macrismo creó un «Grupo de Tareas» para voltear las empresas de Cristóbal López y Fabián de Sousa, integrado por Rodríguez Simón, Daniel Angelici y José Torello.

¿Habrán sido ellos con quienes “acordó algo distinto” el macrismo, como le señalaba Macri a Mariana Fabbiani? Aunque no sé la respuesta, escribiendo esta nota se me ocurrió la hipótesis.

Pero sí quiero señalar algo: la causa que reabrieron fraudulentamente contra Eduardo Freiler, con el denunciante nunca identificado y que tenia por objeto impedir que Freiler pudiese decir que, de los cargos que lo acusaban para removerlo, había sido absuelto, ayer comenzó a morir. Porque la Cámara de Casación, en una de sus salas menos horribles, ordenó dejar sin efecto la reapertura fraudulenta de la causa por enriquecimiento ilícito de Freiler. Porque esa reapertura vulneraba garantías constitucionales. Y le ordenó a la cámara de Py, Sala I, hoy compuesta exclusivamente por jueces puestos ahí por el macrismo, que dicte un nuevo fallo. Resulta difícil que la Sala I pueda fundar la cuadratura del círculo en esta ocasión y sostener esa reapertura. Lo tremendamente circular de la historia es que en esa Sala, los jueces que allí se desempeñan como camaristas, son precisamente los que ocupan las vacantes que dejaron Freiler, Ballestero y Farah.

Repaso estas historias  horribles  y comprendo por qué jueces y fiscales renuncian antes de aceptar jubilarse de modo no privilegiado. Porque muchos de ellos hace rato se olvidaron del valor justicia. Integran el Poder Judicial por motivos que nada tienen que ver con cumplir las leyes y la Constitución.

El Poder Judicial no imparte justicia. Claro que hay quienes dan la pelea para que se imparta. Pero es muy difícil impartir justicia cuando aceptás como legal y justo que un jubilado de la mínima cobre, con el último aumento $15.891 por mes. Y la jubilación promedio del Poder Judicial sea $ 293.107 mensuales. Es decir que un juez que se jubile cobre por mes casi el doble de lo que va a cobrar en todo un año un jubilado de la mínima.

Eso no es justo. Y no puedo creer que defiendan esa injusticia. Voy a resguardar la conducta correcta de Alberto Lugones, representante de los jueces en el Consejo de la Magistratura, que sostiene posiciones que no comparto pero que son racionales y comprensibles desde una representación corporativa. Pero no lo son desde el valor justicia. Disculpe, doctor, se lo digo con muchísimo respeto que no siento por muchos de sus colegas pero sí por usted, atendiendo al modo en que ha dado la discusión.

De la oposición sólo puedo decir culebras y demonios. El 20 de diciembre de 2019 votaron en contra del proyecto que suspendió por inaplicable la movilidad jubilatoria que había implementado el macrismo. Dice el comunicado que Juntos por el Cambio rechazaba la suspensión entre otras cosas porque el congelamiento no se aplicaría a los regímenes especiales “como diplomáticos y jueces”.

 

 

 

 

 

En forma coincidente, el 3 de enero de 2020 Juntos por el Cambio presentó un proyecto en el que proponía derogar el régimen especial de las jubilaciones del Poder Judicial.

 

 

 

 

Odio fuerte la suspensión de la movilidad. Porque siempre estuve orgullosa de formar parte de un gobierno que cuida a los jubilados. Entiendo los motivos y sé que es necesario. Y también veo que el gobierno intenta como puede compensar esta medida. Pero digámoslo, es una mierda tener que tomar esas medidas y ojalá resolvamos el desastre económico que nos dejaron Macri y compañía, para poder garantizar una jubilación digna a ese sector tan desprotegido. Porque cuidarlos es justo.

Esta semana que pasó, mientras los personajes de Juntos por el Cambio intentaban que fracasara la sesión en Diputados, donde se le dio media sanción al proyecto que modifica el régimen de jubilaciones propuesto por el Poder Ejecutivo, Juntos por el Cambio señaló que “mediante la excusa del proyecto de regímenes especiales se esconde el verdadero objetivo: vaciar de jueces y fiscales los estamentos judiciales y colonizarlos con jueces propios”.

 

 

 

 

 

Nosotros queremos reformar al Poder Judicial para que los dignos sean reconocidos como dignos. Pero por eso vamos a enviar un proyecto de Reforma Judicial. No vamos a apretar a nadie. Vamos buscar aprobar una ley. Que honre al Poder Judicial que ustedes, señores de Juntos por el Cambio, degradaron. Para que los buenos jueces y los buenos fiscales no tengan que obedecer nunca más a ninguna mesa judicial de impresentables como los que tenían ustedes. Nosotros no apretamos jueces, les damos la presidencia del Consejo de la Magistratura, aun teniendo diferencias. Nosotros no creemos en las prisiones preventivas ni el lawfare. Nosotros no acordamos con nadie. Quienes conformamos el Frente de Todos, creemos en la Democracia y en la República y en la separación de poderes. Y leímos la Constitución, para recordarla y respetarla y no para olvidarnos. Nosotros creemos en el Valor Justicia.

Y ustedes, señores de Juntos por el Cambio, no solo no creen en nada de eso, sino que además exhiben su indecencia y su cinismo político. Lean sus comunicados y háganse cargo por una vez en la vida de su hipocresía.

Porque por milésima vez voy a decirlo: la grieta, la verdadera grieta no es política, es moral. Y yo agradezco y estoy orgullosa de estar de este lado.

 

 

--------------------------------

Para suscribirte con $ 250/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí

15 Comentarios
  1. Betocabanes dice

    Cuánta verdad hay en tus palabras

  2. Horacio Raverta dice

    No me cabe duda de tu capacidad intelectual, pero en la descripción que haces de cómo pusieron a Pablo Tonelli en el Consejo de la Magistratura, te falto mencionar la participación de Myriam Bregman en la configuración del bloque de la primera minoría, que le robó el puesto al Frente para la Victoria en el Consejo de la Magistratura, ganado por los votos ciudadanos. Es importante contar toda la película, porque esta misma persona también contribuyó para que Macri fuera presidente, ordenando a su fuerza política para que votara en blanco en el balotaje. Elección donde había que decidir entre Drácula y Pipo Cipolatti. Esta mujer, Myriam Bregman, eligió a Drácula y sigue eligiéndolo, porque todas las críticas que se le escuchan y escucharon, a ella y su fuerza, son para el kirchnerismo y ahora para el Frente de Todos. A ver si entendemos, Winston Churchill dijo en Yalta, “no podemos dejar que la Argentina se desarrolle, porque llevara con ella a toda América Latina, y nosotros apoyaremos a la izquierda y a la derecha para que eso no ocurra”. Los imperios son cumplidores.

  3. Claudio A. Rapoport dice

    Excelente, Graciana.

  4. Roberto Nayar dice

    Excelente el articulo como siempre solo quisiera remarcar que es imposible reclamarle a la oposicion que respete las minimas reglas morales en que se basa la vida democratica.No se le puede pedir a quien no conoce que es la moral (moral como sinonimo de etica) que se apegue a esa moral que se le reclama.En este punto me acuerdo cuando a Einstein le preguntaron unos periodistas si les podia explicar La Relatividad y el contesto supongamos que usted quisiera hacer pan y usted no conoce la harina puede hacer pan? la respuesta fue no y el dijo bueno yo no le puedo explicar la Relatividad.Que tengan la minima decencia los componentes de esto que se llama juntos por el campo es imposible

  5. HERNÁN DE ROSARIO dice

    En su artículo la doctora Peñafort nos refresca la memoria al transcribir lo que dijo en marzo de 2018 el presidente Mauricio Macri a la periodista Mariana Fabbiani respecto a la independencia del Poder Judicial. En obvia alusión a la liberación de Cristóbal López y Fabián De Souza producida días antes sentenció: “No, esto no es lo que habíamos acordado”. Como bien señala la doctora Peñafort el presidente daba a entender que había acordado con el Poder Judicial la no liberación de los dueños de C5N. Ese hecho, dice la autora, es un delito. El Poder ejecutivo, enfatiza, no puede inmiscuirse en los asuntos que le competen a la Justicia. Y disponer la libertad de las personas (nada más y nada menos) es una competencia específica del Poder Judicial.

    Luego de leer el artículo reflexioné sobre la relevancia del principio de la independencia de la justicia y me acordé de los egregios pensadores Locke y Montesquieu. Tuve la tentación de transcribir los párrafos que Montesquieu le dedica a esta delicada cuestión pero por razones de espacio elegí un didáctico artículo escrito por el doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid Jorge Chaires Zaragoza. También por razones de espacio escogí aquellos párrafos que considero más se adecuan con lo expuesto por la doctora Peñafort y eliminé las citas.

    LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL (*)

    La transición democrática supuso como requisito indispensable la existencia de un Poder Judicial independiente, sometido únicamente al imperio de la ley. Las reformas constitucionales de diciembre de 1994 que tocaron las entrañas del Poder Judicial, contribuyeron a enterrar los vestigios de un pasado caracterizado por un Poder Ejecutivo omnipresente, que finalmente alcanzaba al Poder Judicial. Como bien señala Loewenstein, ‘‘la independencia de los jueces en el ejercicio de las funciones que le hayan sido asignadas y su libertad frente a todo tipo de poder, constituye la piedra final en el edificio de Estado democrático constitucional de derecho’’. La inserción del Consejo de la Judicatura Federal en la escena constitucional suscitó una doble problemática: por una parte, su estudio en cuanto novedad en sí mismo, por otro lado, la mezcla de esperanzas e inquietudes referidas a su incidencia en las instituciones ya existentes en el sistema político. De entrada, la aparición de este nuevo órgano en el sistema de administración de justicia despertó el interés y preocupación de quienes lo veían como una clara intromisión a la independencia del Poder Judicial, en concreto al de la Suprema Corte de Justicia. A prácticamente una década de las reformas constitucionales que dieron nacimiento al Consejo de la Judicatura Federal y haciendo un análisis retrospectivo, podemos afirmar que se ha convertido en el eje central en el adecuado funcionamiento del Poder Judicial federal, constituyéndose en el generador de la modernización y profesionalización de la administración de justicia federal, estableciendo nuevas fórmulas para la selección, el nombramiento y la capacitación de los secretarios, jueces y magistrados. No obstante, su función como órgano garante de la independencia del Poder Judicial se ha vista empañada por su relación con la Suprema Corte de Justicia que no termina por definirse.

    La idea de la independencia del Poder Judicial nace con el concepto mismo del Poder Judicial y aparece como antítesis del poder absolutista en el antiguo régimen e incorporada al constitucionalismo liberal como un elemento fundamental en la vida democrática de todo Estado de derecho. En palabras de Dieter Simon, la idea de la independencia del juez va indisolublemente unida a la concepción del Estado constitucional. ‘‘Entre todas las instituciones de nuestra vida jurídica, la idea del Estado de derecho celebra su máximo triunfo en la independencia de la decisión del juez’’. Finalmente, la independencia del juez fue un elemento indispensable para asegurar el problema político-práctico de la separación de poderes. Para llegar a identificar la función independiente del juez, fue necesario la conceptualización del Poder Judicial como tercer poder del Estado basado en una división tripartita de poderes; el Poder Judicial como parte integral del Estado y consecuentemente de la soberanía nacional que debería ser una emanación del pueblo y no de una sola persona.3 De la misma forma, fue necesario el reconocimiento de un juez sometido únicamente al imperio de la ley conforme a la expresión de la ley nacida de la voluntad general. Así, en el constitucionalismo liberal, los jueces y magistrados reclamaron la independencia para garantizar que la actuación interpretativa de sus leyes, aplicándolas al caso concreto, fuera libre y no sometida a ninguna otra autoridad que la representada objetivamente por el respeto y acatamiento de dicha ley. En otras palabras, si el juez era jurídicamente independiente es porque se le quería totalmente dependiente de la ley. En efecto, el constitucionalismo liberal estructuró una serie de garantías jurídicas de carácter fundamental con la finalidad de asegurar la función independiente del juez. Así, por ejemplo, el constituyente de los Estados Unidos de 1787, basándose en la división de poderes, estableció la inamovilidad de los jueces y la remuneración estable y permanente para los jueces. Por su parte, el constituyente francés de 1791 dispuso como medidas de garantías la inamovilidad y el nombramiento de los jueces por medio de elecciones.

    Mas en Francia el poder de juzgar, que Montesquieu consideraba terrible por lo que no debería recaer en una clase o profesión y mucho menos en un jurado permanente, pronto quedó sometido al Ejecutivo, convirtiéndose de nuevo la justicia en pura administración alejada de un verdadero poder. No obstante, la idea de la independencia del Poder Judicial no fue formalmente negada sino que permaneció pero como mero valor ideológico, sin proyección real en la articulación de la justicia. Tanto el nombramiento de los jueces por medio de elecciones, como la institución del jurado popular, se vieron con gran escepticismo por el pueblo francés. El constituyente francés de 1799 suprimió esta forma de nombramiento de los jueces al considerar que el juez no debería de tener ninguna participación política, por lo que se optó por aislar al juez de la sociedad, presentándolo como una instancia neutra de solución de conflictos individuales sin trascendencia general. Se decidió el nombramiento de los jueces por el jefe del gobierno, se reorganizó la estructura de los tribunales de acuerdo con el modelo de los funcionarios de la administración, concentrando en el Ejecutivo los mecanismos de selección, ascensos y régimen disciplinario. De esta forma, el juez funcionario es más el fruto de un Estado profundamente burocrático que auténticamente liberal. Por otro lado, la institución del jurado popular de tradición anglosajona que se desarrolló perfectamente en Estados Unidos de América por causas históricas, no arraigó en Francia donde no existía esta práctica. En definitiva, el instrumento fundamental para mantener al Poder Judicial en situación de independencia real frente a los detentadores del poder político ha sido la pretendida apoliticidad de la función de juzgar y el carácter neutral del juez en la vida de la sociedad. De todo lo anterior, podemos deducir que en el aspecto práctico el constitucionalismo liberal hizo dogma de la independencia del Poder Judicial, sin incluir dentro de ella el estatus del juez en su dimensión individual, incorporándola a un cuerpo estructurado burocráticamente y con un elevado índice de jerarquización. Sin embargo, en el aspecto teórico se quería un respeto absoluto a las sentencias del juez sobre la base de su sometimiento estricto a la ley, ‘‘hasta el punto que debe corresponder siempre al texto expreso de la ley’’, en palabras de Montesquieu, que consideraba a los jueces seres inanimados, ‘‘el instrumento que pronuncia las palabras de la ley’’. Se pretendía, en consecuencia, la relativa independencia ‘‘personal del juez’’, ya que éste no debería moderar ni el rigor ni la fuerza de la ley, sujetándolos, de esta forma, al dictado del legislador.

    Superada al parecer el carácter dogmático de la estricta teoría de la división de poderes, pues como bien expuso Hans Kelsen, el problema radica en que el significado histórico del principio de ‘‘separación de poderes’’ va más contra la concentración de los poderes, que a favor de la separación de los mismos, la doctrina contemporánea ha venido a identificar la independencia del Poder Judicial en su aspecto orgánico y funcional. Es decir, hoy en día la independencia judicial no se considera como un concepto absoluto sino relativo; todos los tribunales son en alguna forma independientes y en otra subordinados, de manera que no se pueden concebir completamente aislados. Así, por ejemplo, podemos decir que cualquiera que sea la forma de nombrar a sus miembros, bien sea por elección popular, designación mediante una combinación del Poder Ejecutivo con el Legislativo, de ambos con el Poder Judicial, o por un órgano autónomo, los jueces mantendrán muy probablemente un sistema de valores que refleje la cultura política dominante; más aún, como señala Revenga Sánchez: “Contemplar la independencia como un valor absoluto, aludiendo la cuestión de sus límites, equivale a propugnar el aislamiento del juez respecto a la sociedad y el del Poder Judicial respecto a los demás poderes estatales; es decir, contribuir a la sacralización de la justicia y a la consiguiente permanencia de lo que ha sido calificado como uno de los pocos mitos trascendentales que ha logrado subsistir hasta nuestros días”. Esto nos lleva, en primer lugar, a diferenciar la independencia en su sentido jurídico del conjunto de cualidades o valores, como puedan ser la imparcialidad y la objetividad, cuya relevancia para el ordenamiento es la de ser susceptibles de constituirse en fines deseables. No pueden confundirse la independencia, en el sentido estricto, con imparcialidad o neutralidad, pues mientras que aquélla es una institución jurídica con la que se pretende eliminar toda subordinación objetiva del juez, la imparcialidad o la neutralidad, por el contrario, son parámetros o modelos de actitud, pero en ningún caso categorías jurídicas.

    En otras palabras, independencia del juez no es sinónimo de imparcialidad y objetividad, la independencia es una fórmula para una posible correcta actuación del juzgador, no un fin sino un instrumento al servicio de la justicia, pues ‘‘afirmar que un juez independiente por lo general produce una justicia independiente es una ecuación incompleta que tanto tiene de verdad como de no verdad’’. Por otro lado, y esto es en lo que nos vamos a centrar, la doctrina contemporánea no se refiere a un solo concepto de independencia sino que diferencia entre independencia objetiva o subjetiva, independencia externa o interna, la autonomía del Poder Judicial y la independencia personal del juez. De aquí que podamos distinguir una independencia institucional o estructural, claramente diferente de una independencia funcional del órgano jurisdiccional; la primera se puede integrar perfectamente con la colaboración de los poderes, es decir, en su aspecto objetivo, en tanto que la independencia funcional en su aspecto subjetivo no admite dicha colaboración, pues en ese caso podríamos hablar de una dependencia de la función esencial del juzgador.

    (*) Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Nueva Serie, año XXXVII, núm. 110, mayo-agosto de 2004.

Dejá tu comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicada.