La herencia odiosa

La negociación con el FMI no puede afectar la reconstrucción ni la reindustrialización del país

 

Desde hace casi medio siglo nuestro país parece destinado a vivir con el peso permanente del endeudamiento externo.

Fue la dictadura cívico-militar la que realizó el trabajo sucio de convertir el endeudamiento en una enfermedad crónica que corroe desde entonces el organismo social y la vida de los argentinos.

Los gobiernos constitucionales posteriores pudieron justificar el abandono de todo proyecto nacional de desarrollo autónomo con la supuesta imposibilidad de rehuir el cumplimiento puntual del pago de los “servicios de la deuda”.

Otra solución –se nos viene diciendo desde 1983– es imposible. Ni siquiera la moratoria o la suspensión de los pagos como decisión soberana en función del desarrollo económico y social ha figurado en la agenda de los gobiernos constitucionales. En muchas oportunidades se ha hecho referencia a la necesidad de respetar los compromisos contraídos por el Estado argentino, aún durante la etapa de la dictadura, lo que implica negar toda ruptura y consentir la continuidad jurídica de la misma.

La oposición al pago de la deuda encontraba por entonces su fundamento en la ilegitimidad de su origen: la deuda había sido contraída por una dictadura cívico-militar en beneficio del capital financiero internacional y de la gran burguesía terrateniente e industrial de nuestro país, y para que ello fuera posible impuso el terrorismo de Estado: la desaparición forzada de personas, las detenciones sin proceso, las torturas, las cesantías y la persecución política y gremial. No se trataba sólo de deuda pública, de empréstitos contraídos por el Estado, sino también de deuda privada de las grandes corporaciones que fuera convertida en deuda pública por la acción de un joven Domingo Cavallo, que hizo sus primeras armas como presidente del directorio del Banco Central de la dictadura.

 

Breve historia del crecimiento de la deuda externa

Cuando el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 derroca a la entonces Presidenta María Estela Martínez de Perón, la deuda externa de Argentina era de 7.800 millones de dólares.

Durante la dictadura cívico-militar, desde marzo de 1976 a diciembre de 1983, la deuda externa alcanzó los 45.100 millones de dólares (crecimiento del 364%).

Durante el gobierno de Raúl Alfonsín, de 1983 a 1989, subió a 65.300 millones de dólares (crecimiento del 44%).

En los diez años de gobierno del recientemente fallecido Carlos Saúl Menem, de 1989 a 1999, aumentó a 146.219 millones (crecimiento del 123%).

En 2001, durante el gobierno de Fernando de la Rúa, la deuda llegó a 153.000 millones (9% de aumento).

En poco más de un año, desde enero del 2002 a mayo del 2003, período en que gobernó Eduardo Duhalde, la deuda tuvo un aumento del 35%, alcanzando los 180.000 millones de dólares.

El gobierno de Néstor Kirchner comienza a partir del 2005 una política de desendeudamiento, continuada en el 2010 por Cristina Fernández de Kirchner. Se crea el Fondo de Desendeudamiento, permitiendo que parte de la deuda se pague con reservas del Banco Central sin necesidad de limitar los objetivos económicos y sociales en beneficio del pueblo argentino, principalmente los sectores más vulnerables.

De esta forma, la Argentina llegó a reestructurar su deuda con el 92,4% de sus acreedores privados externos de Europa, Asia y Estados Unidos, pagando un 35% del valor de los bonos. Un 7,6% de los acreedores –que habían comprado en 2008 los bonos a un valor no superior al 20 o 25 %– no aceptó el canje de deuda.

Una parte de los fondos buitre que se negaron a participar en la reestructuración (un 1,8%) optaron por iniciar juicio ante un Tribunal del Estado de Nueva York, a cargo de Thomas Griesa, quien ordenó pagar el 100%, sentencia confirmada por la Cámara de Apelaciones del Estado de Nueva York y por la Corte Suprema de Estados Unidos.

El gobierno macrista pagó a los fondos buitre, en efectivo, 12.500 millones de dólares (4.650 millones de dólares, la suma de 323.000 dólares por día en concepto de interés punitorio desde el 29 de febrero hasta el 14 de abril de 2016: 5.500 millones más, y los honorarios totales de los abogados, incluyendo hasta los del embargo de la Fragata Libertad, incidente que habían perdido).

Esta verdadera rendición del país, su aprobación por mayoría en el Congreso y la derogación de las leyes 26.017 (ley cerrojo) y 26.984 (de pago soberano) significó “volver a los mercados” o “reinsertarnos en el mundo” según los voceros del gobierno neoliberal. En realidad, lo que se logró con esta humillante decisión fue volver a endeudarnos y asegurar la libre entrada y salida de capitales, aceptar el papel asignado de semicolonia exportadora de productos primarios (agropecuarios y mineros) y territorio libre para la especulación financiera. Quedaba abierto el camino hacia un nuevo endeudamiento con acreedores privados, y con el Fondo Monetario Internacional.

 

La negociación de la deuda con el FMI

Recordemos que la deuda pública aumentó 74.000 millones de dólares durante el macrismo, ascendiendo a 314.000 millones de dólares.

El gobierno macrista siguió el mismo camino de la dictadura cívico-militar, de los gobiernos de Menem y De la Rúa (Plan Brady y Megacanje): “achicar el Estado para agrandar la Nación”, “volver a los mercados” (y a los organismos de crédito internacionales como el FMI), endeudarnos compulsivamente aunque no sea necesario. Contrajo una deuda de casi 45.000 millones de dólares, el préstamo más elevado otorgado en su historia por dicho organismo.

El gobierno de Alberto Fernández busca negociar con el Fondo Monetario Internacional un aplazamiento del pago del capital de esa deuda contraída en 2018. A tales efectos, se tratará de arribar a un Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF, según su sigla en inglés) a fin de postergar por diez años el pago previsto entre este año y 2023.

En primer lugar, debe reconocerse que la deuda no fue contraída por una dictadura, sino por un gobierno elegido democráticamente. En segundo lugar resulta evidente que esos millones de dólares no fueron destinados a modernizar la estructura económica del país, ni a paliar el déficit fiscal, sino que fueron fugados del país.

Se ha dicho, en opinión que compartimos, que “el contralor de validez de un actor jurídico –como lo es toda contratación de un empréstito público– comporta el examen de hallarse satisfechos tres requisitos, a saber: a) competencia del órgano que dispuso contratar el empréstito; b) procedimiento adecuado conforme el orden jurídico de aplicación; y c) razonabilidad del contenido del acto jurídico”.[1] Las dos primeras condiciones se refieren al control de legalidad, la tercera al control de razonabilidad.

Podemos afirmar que ninguno de dichos requisitos ha sido cumplido en este caso. Si bien es indiscutible que el Ejecutivo que la contrajo era formalmente legítimo, no es menos cierto que no hubo intervención alguna del Congreso de la Nación, sistemáticamente apartado del procedimiento de negociación y aprobación del acuerdo.

En cuanto al requisito de razonabilidad del acto, es relevante destacar que tanto el endeudamiento con los acreedores privados como el contraído con el FMI no respondieron a necesidades o exigencias de planes de desarrollo y/o mejoramiento de la infraestructura o explotación de los recursos del país, ni para paliar el déficit fiscal. Por el contrario, la deuda fue destinada a la especulación, a la fuga de divisas en beneficio de los representantes del capital financiero y sectores económicos concentrados que controlaban el gobierno.

El ministro Martín Guzmán ha dicho respecto a la deuda con el FMI que “es un problema que se creó de una forma irresponsable por el gobierno anterior, que hizo un acuerdo de espaldas a la sociedad y sin involucrar al Congreso”. “Tomamos 45.000 millones de dólares de deuda. Se podría haber reconstruido toda la infraestructura del país. Sin embargo, no quedó nada. Ahora hay que resolver este problema con responsabilidad y siempre teniendo el criterio que primero de todo está la gente”, destacó.

A su vez, la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner señaló que el FMI ha violado sus propias normas al efectuar el préstamo y permitir que gran parte de los fondos salieran del país a través de una fuga de capitales. “Ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital”, dice el artículo VI del Convenio Constitutivo del Fondo.

El propio FMI ha iniciado una auditoría interna sobre el crédito otorgado en un momento de grave crisis generada por las medidas económicas de sobreendeudamiento adoptadas por el gobierno macrista. El crédito acordado a la Argentina fue un tipo especial de acuerdo stand by de “acceso excepcional” equivalente a alrededor de un 1.110% de la cuota de nuestro país en el FMI. Uno de los criterios que exige el organismo es que la deuda externa del país miembro tenga una alta probabilidad de ser sustentable. En caso contrario, el organismo debería exigir al país una “reestructuración” como condición previa al otorgamiento del crédito.[2]

Por todo lo expuesto creemos que desde el punto de vista de la validez de los actos jurídicos, existen serias razones para concluir que el acto de contratación de la deuda con el FMI se halla viciado de nulidad.

 

La herencia de la dictadura y el menemismo

La historia de la deuda externa es la mejor prueba de que es una ilusión despegar la economía de la política, las negociaciones con el FMI de la necesidad de defender la soberanía política, la independencia económica y la sostenibilidad de la deuda. Son límites infranqueables para nuestro país en estas negociaciones.

Es necesario tener en cuenta que para el capital financiero internacional y sus aliados locales existe un modelo de país que no puede ser modificado: nada que altere el concepto de Estado-gendarme debe existir. No se admite un Estado social, intervencionista, ni siquiera regulador. Ni la actividad científica y espacial, ni el desarrollo ferroviario y la fabricación de vagones, ni los astilleros y las centrales hidroeléctricas son aceptadas como funciones propias del Estado. Una de las más retrógradas derechas del mundo –la de nuestro país– sostiene, en nombre de la “propiedad privada”, que el comercio exterior y los puertos sigan en manos de los oligopolios exportadores de commodities sin control alguno de parte del Estado nacional. Con el discurso encubridor de “la defensa de la república”, sostienen una república formal sin democracia real, en realidad un fascismo de mercado, con falsas alternancias entre variantes conservadoras y social-liberales del neoliberalismo. Por eso la persecución política, mediática y judicial contra Cristina Fernández de Kirchner, Milagro Sala y demás dirigentes y funcionarios del gobierno kirchnerista; la impunidad del espionaje macrista y la continuidad de los fiscales y jueces militantes del law fare.

Como dice el gran jurista italiano Ugo Mattei refiriéndose a las consecuencias de políticas destructivas del sector público encaradas en su país por los llamados “gobiernos técnicos”: “culpabilizar al sector público de la degradación de la calidad de vida ha sido una operación ideológica exitosa, pero costosísima en el plano económico y cultural (…) La respuesta prescripta por la Banca Mundial y el Fondo Monetario Internacional, lejos de ser aquella razonable de reforzar el sector público restituyéndole prestigio, capacidad operativa e independencia de juicio, ha sido de signo opuesto: el ‘ajuste estructural’ impone el desmantelamiento, cortes, reducciones de personal. Este mismo reformismo de los despidos públicos está caracterizando el modelo ‘a la griega’ impuesto desde la Troika”.[3]

Cuando se duda o se desecha totalmente recrear una Junta Nacional de Granos, cuando se dejan los puertos en manos privadas, cuando se deja de lado la creación de una empresa estatal para la hidrovía y se llama nuevamente a licitación para que siga explotada por grupos privados, cuando gran parte de los servicios públicos privatizados en los 90 sigue en manos de corporaciones, cuando la principal siderúrgica del país es Techint –grupo al que el gobierno de Menem le entregó a precio vil la Sociedad Mixta Siderurgia Argentina (SOMISA) – y nadie habla de la necesidad de recrear una empresa similar, advertimos la sobrevivencia de la herencia económica, política e ideológica de la dictadura y principalmente del menemismo.

Por eso creemos que no puede haber negociación posible si el Acuerdo de Facilidades Extendidas propuesto por el Fondo Monetario Internacional afectara las posibilidades de la reconstrucción del país, su reindustrialización e independencia económica, si el mismo –como ocurriera en el caso de Grecia– implicara la imposición de reformas laborales y la privatización total o parcial del sistema previsional, vulnerando los derechos de los trabajadores activos y pasivos y sectores del pueblo amparados por la Seguridad Social.

 

 

[1] Barcesat, Eduardo, “¿Honrar la deuda?”, Argenpress.info, 13 de enero de 2010.
[2] “El FMI investiga, pero su pasado lo condena”, Página/12, 13 de febrero de 2021.
[3] Mattei, Ugo, “Contro riforme”, Giulio Einaudi editore, Torino, 2013, p. 104, traducción del italiano del autor.

 

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