La historia sin fin

Podemos discutir lo que dice la Constitución, pero no podemos incumplirla

 

La Historia es un continuo. La memoria de los hombres, salvo excepciones, no registra el continuo, tal vez por lo inabarcable por nuestra limitada humanidad. A veces me pregunto si la limitación es una fortuna, en última instancia, porque tal vez la memoria del continuo terminaría por aplastarnos en su dimensión inabarcable. Así lo imaginó Borges cuando escribió Funes el memorioso. Ireneo Funes era casi inhumano en su memoria absoluta. Los humanos pensamos, abstraemos y solo recordamos aquello que podemos abarcar.

No sé cómo recuerdan aquellos que me leen. Yo recuerdo en imágenes. Si ustedes me dicen AMIA, en mi cabeza aparecen las imágenes de las fotos del atentado, la voz de mi tío Danilo contando los vidrios rotos de la librería a pocas cuadras, Alejandro frente a un café contando la causa en su tono tan calmo, donde las inflexiones de voz son gestos corpóreos.  A los libros los recuerdo por sus páginas, que aparecen integras en mi memoria y puedo leer. Los libros que leo en el e reader siempre me aparecen con paginas borrosas y por eso dejé de leer en formato electrónico aquellas cosas que leo para aprender. Simplemente no me funciona para recordar.

Cuando llegó una cautelar al Senado de la Nación, donde una jueza de la Nación le ordenaba al Senado NO hacer algo que la Constitución le ordena hacer, fue como volver a ver las viejas cautelares intentando ordenando suspender la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Me resultó gracioso acordarme de la intentona frustrada de Clarín de suspender el tratamiento legislativo de dicha ley. La misma matriz del poder real, intentando impedir que los poderes constituidos por la Constitución Nacional y por el voto popular hicieran aquello para lo que tenían mandato. Y creo que no es ocioso saber que el poder real detrás de esa medida es el mismo. Incluso los mismos abogados.

De nuevo, como con las viejas cautelares de Clarín, al poder real le sobran abogados y peticionantes. Aún recuerdo la dirección del estudio jurídico donde se armaban asociaciones de consumidores que luego se presentaban para impugnar medidas de gobierno de Cristina Fernández. El titular de esa dirección hoy es miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Porque el poder real, es justo decirlo, algunos éxitos obtuvo durante el gobierno de Mauricio Macri, aunque a veces me pregunto si hacer de Macri un Presidente no fue un éxito más en la cuenta de ese mismo poder real.

En esta medida cautelar de la que hablo, se ordena suspender el tratamiento de los pliegos de dos jueces, enviado por el Poder Ejecutivo a consideración del Senado. La historia comenzó cuando 10 jueces fueron trasladados de los tribunales y juzgados para cuyo nombramiento tenían acuerdo de Senado, a otros juzgados o tribunales para los cuales no recibieron dicho acuerdo.

La Constitución Nacional establece en su artículo 99 que “el Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: …inc. 4) Nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto. Nombra los demás jueces de los tribunales federales inferiores en base a una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión pública, en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos”.

La propia Corte Suprema señaló en la Acordada 4/18 que el Acuerdo que otorga el Senado de la Nación “no se realiza de una manera genérica y abstracta que implique una autorización abierta para ejercer la función judicial con carácter permanente en diversas materias, grados o competencias. Antes bien, lo que el acuerdo del Senado otorga es el aval a una designación para ejercer una función jurisdiccional concreta”. (Considerando XXI.) O como explicaba con enorme claridad el gran Bidart Campos: “Un nombramiento se refiere a un cargo judicial determinado […] de manera que cada acuerdo debe acompañar cada cargo”.

El problema es que 10 jueces no recibieron el Acuerdo del Senado para el cargo al que fueron trasladados. Uno de ellos incluso, fue trasladado dos veces sin recibir el correspondiente acuerdo. La falta de Acuerdo del Senado de la Nación no implica que los jueces dejen de ser jueces, solo implica que su designación en un nuevo cargo, al que fueron trasladados, debe contar con el correspondiente acuerdo.

Supongamos que en el peor de los casos el Senado no les da el acuerdo para el cargo nuevo. ¿Qué sucede? El juez trasladado vuelve al cargo para el que sí recibió acuerdo, siempre que el cargo que dejó vacante no esté ya cubierto por un nuevo juez que haya sido designado por concurso y obtenido el correspondiente acuerdo. Y debo señalar, para tranquilidad de todos los involucrados, en el caso de los 10 jueces trasladados, sus cargos vacantes no han sido aun cubiertos por el sistema que establece la Constitución. Así que lo peor que podría pasarles es tener que volver a su antiguo cargo. En estos 10 casos no sucede que el que perdió su silla se va a Sevilla, porque si no obtuvieran el acuerdo, la silla estaría ahí esperándolos.

El Consejo de la Magistratura dictó una resolución, la Resolución 183/20, en la que le señaló al Poder Ejecutivo que la designación de estos jueces en su nuevo cargo estaba incompleta en los términos que indica la Constitución Nacional porque no tenía acuerdo del Senado. El Presidente envió entonces los pliegos de esos 10 jueces al Senado para que les dé acuerdo.

Y entonces 2 de esos 10 jueces decidieron presentar una acción de amparo. Entre ellos el juez 2 veces trasladado sin acuerdo. Considerando que tenían derechos adquiridos al nuevo cargo al que había sido trasladados. Razón por la cual cabe preguntarse: ¿tienen los jueces derechos adquiridos al cargo al que fueron trasladados? La respuesta es simple. Si tuvieron acuerdo del Senado para dicho traslado, no solo tienen derechos adquiridos, sino además la plena vigencia de la garantía constitucional de inamovilidad de los jueces en dicho cargo. Pero no es el caso de estos 10 jueces ni de los dos que hicieron el reclamo. Porque NO tienen derechos adquiridos, en virtud que el trámite de su traslado y designación no está completo. Les falta un requisito que ordena la Constitución: el acuerdo del Senado. Y si el tramite está incompleto en términos constitucionales, no pueden emerger de allí derechos adquiridos. Porque no se ha materializado el trámite que consolida el derecho en cabeza del titular, esto es del juez.

Pero nadie pretende removerlos de la condición de juez. El Poder Ejecutivo podría haber revocado el traslado, dispuesto en ejercicio de la función administrativa y revocado el ejercicio de la misma función. Pero no fue eso lo que decidió el Presidente. Decidió cumplir a rajatabla la Constitución y solicitar que el Senado otorgue el acuerdo. Y envió los pliegos para su tratamiento.

Pretender que el cumplimiento de un trámite expresamente dispuesto por la Constitución Nacional involucra un agravio es cuanto menos un esfuerzo imaginativo importante, y por cierto bastante inútil. ¿Cuál puede ser el agravio, esto es el daño, en que se cumpla la Constitución?

Si una ley viola la Constitución, NO es ley. Si un acto administrativo está incompleto, NO tiene validez como acto administrativo, salvo que se subsane, es decir que se sanee el vicio de no estar completo. Si a un acto interorgánico complejo, como la designación de los jueces, le falta la intervención de algunos de los órganos que está ordenado a intervenir –y en este caso, esta ordenada por la Constitución su intervención— para sanear el acto, el mismo debe ser sometido a dicha intervención. Y esa fue la decisión coincidente del Consejo de la Magistratura y del Presidente de la Nación. Que debía completarse el trámite. Y así se dispuso la remisión de los pliegos de los 10 jueces al Senado para su acuerdo.

Ingresaron los 10 pliegos al Senado de la Nación y entonces aparecieron el poder real –ese que cree que está por encima de la Constitución— y sus abogados. Pero como de costumbre, lo que siempre le falta al poder real son horas de lectura – tal vez porque piensa que no las necesita. En este caso, lo que no leyeron y sobre todo no leyó la magistrada es el reglamento del Senado de la Nación. Que emitió una medida cautelar como si el Senado fuese –o pudiese— tratar los pliegos de los jueces sobre tablas y fuese a tratarlos ese mismo día.

La verdad es que no puede hacer eso el Senado, porque su propio reglamento se lo impide. El propio artículo 22 establece un tramite en etapas para su consideración. Siendo el primer paso que “los pliegos del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo, tendrán entrada en sesión pública”. Lo explicó con claridad en la sesión del jueves la Senadora por la provincia de Mendoza Anabel Fernández Sagasti. El ingreso en sesión pública está vinculado a que esa es la forma que el Senado da a conocer cuales son los pliegos que serán sometidos a tratamiento para su acuerdo. La concesión de la famosa garantía de publicidad de los actos de gobierno, que reconozco, en este caso es aburridísima para quienes tenemos que enterarnos de ese modo, pero es la forma que ordena la ley. El tratamiento de los pliegos para el acuerdo de los jueces incluye una serie de pasos, cuyo mero ingreso no es consecuencia automática. El ingreso de los pliegos no implica el tratamiento de los pliegos, de hecho hace unos meses había múltiples pliegos en el Senado que fueron retirados del mismo por el Poder Ejecutivo Nacional, sin haber recibido tratamiento alguno.

La medida cautelar que recayó sobre el Senado presuponía que el Senado podría haber dictado sobre tablas un nuevo y especial reglamento para dar tratamiento a esos pliegos y luego tratar los pliegos en sí mismos. Presuponía mal. Tampoco puede hacer eso el Senado. Se lo prohíbe su propio reglamento en su artículo 227. Así que a los fines de evitar el tratamiento de los pliegos, la medida cautelar resultó por completo inútil. Porque pretendía prohibir lo que de todos modos el Senado NO podía hacer, aunque quisiera – que no era el caso, por cierto.

Me indigné cuando recibí la noticia de la cautelar. Y me puse a escribir de inmediato una apelación que antes que una apelación era una diatriba emputecida. Cristina Fernández se rió cuando le mandé el primer escrito y me dijo: “Está muy bien… solo que no somos parte, Graciana”. “Bueno, Doc, la modifico y la presento como informe toda vez que hemos sido notificados”, fue mi respuesta, frustrada porque mi jefa tenía razón y odio cuando me pasan esas cosas. Volví a escribir el ahora “informe” y se lo mandé. Cristina me contestó que tampoco esta vez. Volví a escribir una respuesta brevísima, señalando que Presidencia del Senado no tenía competencias para evitar que el pleno de la Cámara resolviese algo y que la cautelar seria comunicada a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que es quien entiende y resuelve esas cuestiones. Tampoco me aceptó esa respuesta, así que varias horas después, cansada, enojada e infinitamente frustrada, cerré la computadora y me puse a preparar una carne al horno, porque no había almorzado y siendo ya horas de la tarde tenía hambre, enojo y angustia, problemas que —de modo poco inteligente—, acostumbro resolver con una misma, mala respuesta: comida.

Como suele suceder, creo que CFK tenía razón en esta oportunidad también. Al día siguiente, temprano en la mañana, el Consejo de la Magistratura contestó el informe que implicaba que la cautelar quedaba sin efecto y fue el fin de episodio.

Pero no quiero cerrar el tema sin señalar que lo que se decidió en esa cautelar fue un exceso jurisdiccional. Porque es por completo exorbitante que el Poder Judicial pretenda impedirle a otro poder del Estado que ejerza sus facultades constitucionales exclusivas y excluyentes. Es una verdadera intromisión indebida y bastante aberrante a mi criterio de un poder –el Judicial– sobre otro poder, el Legislativo.

Supongamos que mañana el Congreso decide tratar la Ley de Aborto Legal y Seguro. ¿Podría un juez emitir una cautelar para que el Congreso no lo trate?  La respuesta es NO. En el mejor de los casos podría declarar inconstitucional la ley a pedido de parte. Escribo esto y recuerdo que el Presidente Figueroa Alcorta dispuso en 1908 el cierre del Congreso de la Nación y que los diarios titularon “Golpe de Estado”. También la agónica situación institucional en la que el Presidente Guido dispuso el “receso” del Congreso de la Nación. Todas situaciones de crisis institucional, cuyo síntoma fue el ejercicio exorbitante de un poder del Estado sobre otro poder. Todos antecedentes de épocas de enorme fragilidad institucional y democrática y que tengo la certeza que los argentinos no quieran volver a transitar. Y que ninguno de los tres poderes que conforman el Estado Argentino debe permitir –ni permitirse— jamás.

La cautelar que nunca pude apelar no es un Golpe de Estado, debo ser justa. Solo es un desacierto gravísimo por parte de un magistrado, que sin fundamentos decidió que debía proteger a dos personas del cumplimiento de la Constitución. El desacierto crece cuando se analizan las normas dictadas en el marco de esa Constitución.

En el mundo donde vivo las personas reclaman que se cumpla la Constitución. No que no se cumpla. Podemos estar muy de acuerdo o muy en desacuerdo con el modo o el tema que reclaman. Podemos aceptar que para algunos la Constitución no dice lo mismo que para otros, según la interpretación que hagamos. Lo único que no podemos es incumplirla. Los garantes finales del cumplimiento de la Constitución son precisamente los jueces. Todo aquello ordenado por la Constitución está ordenado para cumplirse. Los jueces pueden analizar los actos que en ejercicio de las facultades constitucionales emitan los otros poderes. Pero lo que no pueden es impedir que ejerzan dichas facultades.

Va un llamado a la reflexión a todos los poderes del Estado, respecto a que son responsables de no generar conflictos de poderes, porque son gravísimos para al país y para todos los hombres y mujeres de buena voluntad que habitamos el suelo argentino. (Esto abarca esto a los hombres y mujeres de mala voluntad, también.)

Porque todos esos hechos que vulneran la Constitución remiten a épocas poco felices de nuestra historia como país. Dije que la Historia es un continuo, aun cuando nuestra memoria no pueda abarcarlo en su totalidad. Para construir esta Historia, la Argentina pasó por muchos baños de sangre y barbarie. Desde 1983 decidimos frenar ese capítulo espantoso de nuestra historia institucional y detener para siempre esas cosas. Hechos a los que los argentinos dijimos Nunca Más.

 

 

 

 

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25 Comentarios
  1. Elena Forlerer dice

    Querida y admirada Graciana, voy a correrme del tema central de tu nota. Lo hago con todo respeto, tengo 73 años y soy insulino requirente, tambien tengo problemas de desgaste en las rodillas. Hacer de páncreas, con ñas tareas de medir el dosaje de glucemia e inyectarme insulina…es complejo.
    Quiero ser breve. Ya sabes, cuando el cerebro detecta stress, ordena segregar cortisol, que genera la secreción de glucosa y se la manda a los músculos para que tengan energía y estemos listos para pelear. Claro, la respuesta al stress es un poco arcaica, empezamos a caminar erguidos hace 3 millones de años y vivimos en ciudades pequeñas desde hace 10 mil años y disponibilidad inmediata de comida -para algunos habitantes de las metrópolis- desde hace 70 años. Ya no tenemos stress por el ataque físico de un animal, un semejante o una tormeta o un incendio…y hay que correr o hacer fuerza. Tienes un problema metabólico, el spbrepeso siempre se trata como una anomalía de la conducta, que es socialmente condenado y te llena de culpa. No es así, tu problema metabólico se llama tesistencia insulínica (RI). Es de difícil manejo-más fácil es echarle la culpa al paciente- te cuento el final del cuento y el rol de la RI: Cuando tienes un exceso de glucoza en sangre aparece la insulina, que es la llave química que permite bajar la insulina en sangre e introducirla en las células. Pero, algún error en la forma de tu molécula de insulina -como una llave falseada- no permite que la glucosa llegue a su destino final. Como la glucosa sigue alta en sangre el pancreas sigue segregando insulina a lo loco, hasta que supera un umbral muy alto y empieza a forzar la glucosa dentro de las células. Después de comerz el exceso de glucosa te da somnolencia, seguro que tomas mucho café para mantenerte despierta. Finalmente a las 2 horas de terminar de comer tienes hambre nuevamente, Por qué? Porque queda mucha insulina en sangre y la glucosa después de haber estado demasiado elevada, ahora empieza a bajar. La sensación de hambre no aparece con la glucosa baja, sino con la velocidad con que disminuye en sangre. Cuando baja rápido tienes una compulsión a comer algo muuuy dulce y en grandes cantidades. Observate, Busca un/a buen/a diabetólogo/a y preparate para la lucha de no seguir comiendo aún cuando tengas hambre. Sos una persona hermosa, inteligente, humana, valiente y…necesaria. Si necesitas preguntar está mi correo. No soy medica pero soy científica. Gran abrazo virtual. Elena

  2. Luis Juan dice

    Estimada Graciana:
    Excelente análisis.
    Si me permite, una humilde digresión:
    Me complace -salvo que esté equivocado- que su reflexión es coincidente con el comentario que le hiciera a Horacio respecto de su artículo “El gobierno de los jueces”.
    Además, las reflexiones que usted realiza, reafirman mi postura de que nuestra C.N. ha quedado demasiado obsoleta respecto de los tiempos que corren. Por supuesto que, si por cuestiones menores los poderes fácticos quieren incendiar el país, no quiero ni pensar lo que podrían hacer ante una ocurrencia de esta naturaleza. Ello no obsta mi postura, por el contrario la refuerza. Habrá que esperar otros tiempos.
    Pero es necesario no perder de vista aquello que dijera el político francés Guillaume-Chrétien de Lamoignon de Malesherbes (1721-1794): “Cuando los abusos son acogidos por la sumisión, no tarda en convertirlos en leyes la potencia usurpadora”.
    Está claro que la CN fue violentada demasiadas veces para mi gusto, incumplida en varios articulados casi todo el tiempo y, jamás impidió los latrocinios recurrentes por parte de gobiernos cipayos, que justamente mantienen con una vigencia implacable aquellas palabras de Rodolfo Walsh en su carta a las juntas.
    En la cita que refiere a los distintos cierres del Congreso, cabría agregar el período de la ´Ndrangheta -época de enorme fragilidad institucional y democrática-, ya que sin mediar disposición por escrito que así lo decidiera (lo que a mi juicio hubiese resultado un dislate más), de hecho, el Congreso durante esos cuatro años estaba pintado y funcionó poco, casi nada. Eso a mi modesto entender, resulta un oxímoron de la democracia y, habrá -el día que se pueda reformar la C.N.- que redactar los articulados pertinentes de manera que se imposibiliten este tipo de maniobras por parte de gobierno alguno. Además, cabría aclarar muy prolijamente, que diputados y senadores no pueden renunciar a participar de las sesiones de las cámaras, ni siquiera en tiempos de pandemia, en los cuales, estarán obligados a participar a través de las tecnologías adecuadas que aseguren el cumplimiento adecuado de las funciones que juraron desempeñar, luego de que los soberanos los eligieron para que los representen. Incluyendo un artículo que indique claramente que no pueden ausentarse de los tratamientos y votación de las leyes, so pena de incumplimiento de los deberes para los que fueron elegidos, al margen de la pérdida porcentual de sus remuneraciones.
    Dado que, en efecto, los garantes finales del cumplimiento de la Constitución son precisamente los jueces, esos puestos tienen que encontrarse ocupados por los más probos; pero, una hipotética nueva C.N. tiene que resultar una garantía de ello: cuando un juez incumpla los postulados constitucionales, automáticamente quedará habilitado su juicio político y ese trámite debe ser sumarísimo, no puede dilatarse más allá de los plazos razonables, so pena de resultar inocuo y perjudicial para la salud de la justicia que se anhela y de la institucionalidad. Para ello, el Consejo de la Magistratura tendrá una responsabilidad inviolable dentro de la nueva Carta Magna que, incumplida que fuera por parte de sus miembros, amerita contra ellos la mayor de las responsabilidades.
    Bueno, no le voy a decir a usted, todo lo que resulta necesario modificar para cortar la garantía del statu quo que significa ese poder vitalicio que, como usted bien refiere en la elección del título es uno de los artífices de “la historia sin fin”.
    En ese cometido -mal que me pese- habrá que agradecerles a los psicópatas que gobernaron este país durante cuatro años, por exponer a todas luces aquellas cuestiones que resultan necesarias enmendar para imposibilitar que vuelvan a repetirse.

  3. Claudio dice

    ¿Ya ahora qué? ¿Van a aprobar finalmente los pliegos de esos dos jueces impresentables? ¿El senado va a aprobar oficialmente a los jueces propuestos por el macrismo? ¿Qué pasa con esa jueza que hizo algo improcedente y quiso ir sobre el poder legislativo? Estoy preocupado porque todo esto me suena a pura cháchara y mientras tanto el low fare sigue intacto y dando señales mafiosas de que conmigo no.

  4. Pedro Reig dice

    «El talón de Aquiles de cualquiera que desee entronizarse cómo déspota será La Constitución». Colautti,»Derechos Humanos». ¡¡¡ Qué previsión !!!. Falta solicitar, como autoriza ese instrumento, la realización de un plebiscito simple con dos formulaciones:1) ¿Piensa Usted que la Justicia funciona correctamente? 2) ¿Piensa Usted que se hace necesaria una Reforma Judicial?. Ver art.40 de la Constitución. Vayamos por ese talón y nos protegeremos del autoritarismo Judicial.

  5. Marcelo Villar Ramos dice

    Siempre es interesante leer tu notas querida Graciana, respeto y admiración de mi parte. De todas formas me trajo cierta alarma la lectura de tu nota. El envío de los pliegos de estos 10 Jueces entre los que se encuentran Bertuzzi y Bruglia es para darle legalidad a una arbitrariedad más del Macrismo? Digo porque entonces si el Senado de la Nación aprobara dichos pliegos serían ahora Jueces, con todas las de la «ley», personas que están ligadas a las fechorías más despreciables de este Poder Judicial y que estamos conociendo a través de las causas como la que tramita Ramos Padilla sobre Sebastián D’Alessio o la más reciente donde se está investigando una aparato de espionaje ilegal del que mucho de estos jueces fueron parte y que actuaron como verdaderos Grupos de Tareas para perseguir a ex funcionarios y militantes opositores al gobierno de Macri. Salvo que ya se dé por descontado que el Senado no dará acuerdo a esos nombramientos me quedo un tanto preocupado. Dicen que cuando uno se quema con leche ve una vaca y llora y uno no se olvida porque ya pasó con los dos «jueces» de la corte que luego de que intentaran ponerlos por la ventana se elevaron sus pliegos al senado y este lamentablemente los aprobó a pesar de las innumerables objeciones que tuvieron entre otros de los organismos de DDHH de los que formo parte.

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