El sábado próximo cumpliría sesenta años la historiadora Silvina Jensen, cuyo fallecimiento despertó el primer día de este mes muestras de pesar, afecto y admiración en espacios académicos y de lucha por Memoria, Verdad y Justicia. No siempre el vínculo entre ambos campos fue sencillo de estrechar y ella, parte de la primera generación universitaria desde 1955 que pudo cursar íntegramente en democracia, ofreció temprano su pericia a la búsqueda de romper el blindaje de impunidad penal y narrativa que hegemonizó varios de los años posteriores a 1983.
Nacida en Tres Arroyos, completó grados en Historia en la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca entre 1985 y 1991, y comenzó allí el oficio docente que transitó en las mismas aulas hasta poco antes de partir. En su caso sí las calificaciones que la distinguieron como estudiante anticiparon un desempeño profesional acorde, correlatividad menos frecuente de lo que suele suponerse.
Como trabajadora docente, compartió sus conocimientos en historiografía y en la metodología de investigación. La formación de jóvenes especialistas, con amplio predominio femenino, fue el que consideraba su mayor logro. No era una valoración menor, porque su vara no carecía de resultados sobresalientes. Además, marcaba explícitamente, lo colectivo es lo importante y lo individual, un mero episodio. En 2021, conformó bajo esa premisa el Núcleo de Estudios sobre Historia Reciente, Memoria y Derechos Humanos, la más reciente de las muchas agrupaciones y redes que creó o nutrió.
Discípulas y discípulos continuaron sus pasos, en la elección de temáticas y la rigurosidad con que las abordan. Las producciones del grupo son regulares fuentes de consulta cuando se trata de estudiar formas de militancia, prácticas represivas, resistencias o exilios. Era su preocupación cuando en 2006 accedió al cargo de profesora: contribuir a que nuevos talentos pudieran contar la historia en clave local.
Para entonces había construido en el exterior un prestigio mayor al que se le reconocía en una Bahía Blanca todavía demasiado parecida a la de la última dictadura: mientras el diario local La Nueva Provincia oscilaba entre la negación y la apología, en El País de Madrid el escritor Manuel Vázquez Montalbán celebraba que “empieza a haber memoria escrita del exilio político latinoamericano de los años sesenta y setenta, hijo del holocausto de las izquierdas del Cono Sur”, y compartía su lectura de La huida del horror no fue olvido, de Silvina Jensen. “Frente al tópico de que la historia la escriben los vencedores, hay que contemplar la evidencia de que con el tiempo la reescriben los historiadores teniendo en cuenta la razón de los vencidos”, opinó Vázquez Montalbán aquel noviembre. Corría 1999.
La obra había sido publicada meses antes por la Comisión de Solidaridad con los Familiares de desaparecidos, muertos y presos políticos, que editó en libro la tesina de maestría que la investigadora tresarroyense había defendido en septiembre de 1997, once días después de cumplir 31 años. Contemporáneo a los procesos judiciales encabezados por el entonces juez Baltasar Garzón, quien contaría con el apoyo clave del fiscal bahiense Hugo Cañón, el trabajo de Jensen aportó elementos a la universalidad de jurisdicción que abría la puerta a la indagatoria en España de represores argentinos impunes en nuestro país. La columna de Vázquez Montalbán se esperanzaba en que tanto la tarea de Garzón como la de Jensen permitieran, si no condenar a los genocidas, al menos impedir que sus nombres fueran impuestos a calles o plazas. Se consiguió bastante más.
Aquella tesina de maestría fue el corolario parcial de un bienio de trabajo. A mediados de la década final del siglo los senderos de posgrado habían llevado a Jensen a Barcelona, donde incorporó el catalán como segunda lengua y al exilio como eje de sus investigaciones. Al cabo de pocos años comenzó a ser considerada una de las especialistas internacionales más destacadas en esa temática, que con tenacidad y lucidez introdujo en la valoración académica. Mucho después descubrió que la llevaba en ADN y DNI, porque algunos eslabones atrás su apellido —tan común y genérico en Dinamarca como García en la Argentina, deducía— había servido para refugiar la identidad real de dos hermanos daneses que debieron exiliarse en los extremos norte y sur de América.
En Catalunya tejió vínculos, recogió testimonios y fatigó anaqueles consulares en busca de precisión censal para reconstruir la quintuplicación de la población argentina allí en la segunda mitad de los ‘70. Antes de 1976 rondaba el medio millar de personas, y a fines de la década superaba las 2.600. Naturalmente, no se trataba sólo de colocar cifras, sino de observar el modo en que se produjo ese encuentro. Tras obtener la maestría, en 2004 alcanzó el doctorado en la Universitat Autònoma de Barcelona, con una tesis de más de mil páginas. En ellas profundizó en el tema y dejó marcas conceptuales y prácticas aplicables más allá de los contornos de su especificidad.
Un lustro antes, mientras dividía sus horas de trabajo entre la docencia universitaria y la pesquisa científica, se había sumado al Foro por la Memoria nacido para apoyar el Juicio por la Verdad que inició en Bahía Blanca en 1999 a solicitud de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Los caminos penales permanecían clausurados por las leyes de impunidad del alfonsinismo y los indultos menemistas, pese a la oposición de los magistrados bahienses Hugo Cañón y Luis Cotter, fiscal y camarista respectivamente. Ambos protagonizaron también aquel Juicio por la Verdad en que no podían solicitar o aplicar condenas a los responsables de los crímenes, pero sí interrogarlos en procura de dilucidar el destino de las víctimas que permanecían desaparecidas.
El juicio no cumplió ese objetivo pero sí consiguió reunir y contrastar datos que contribuyeron al debate y reconstrucción de la verdad histórica, en una Bahía Blanca por entonces totalmente adversa y con una universidad donde todavía las voces de resistencia y militancia eran minoritarias. Las reuniones del Foro por la Memoria, réplica local de la Comisión Provincial por la Memoria que luego presidiría Cañón, se llevaban a cabo en el Departamento de Humanidades de la UNS. Con todo, era uno de los espacios menos hostiles de la ciudad, porque algunos docentes habían logrado recuperar las cátedras que la dictadura les había arrebatado y comenzaban a asomar las nuevas generaciones.
Un cuarto de siglo más tarde, Silvina calibró en la UNS un programa de reparación de legajos laborales y fichas estudiantiles de víctimas del terrorismo de Estado que le permitió sentir que “cerraba un círculo” con la lucha de 1999. El proceso reparatorio, basado en un proyecto de extensión que ella también había impulsado, no se limitó a aplicar lo dispuesto para el ámbito público durante el último mandato de Cristina Fernández: por insistencia del grupo que encabezaba, por primera vez la reparación se amplió a sobrevivientes que por acción del aparato represivo vieron truncadas sus carreras académicas o laborales. Fue un gesto de coherencia de quien había escuchado durante meses de investigación el impacto que sobre una biografía descarga el exilio, uno de los rostros que asume la persecución.
El segundo acto reparatorio de la UNS, en 2024, fue así el primero del país en el que víctimas de la represión pudieron recibir sus propios legajos o fichas estudiantiles reparadas y escuchar un pedido de perdón por parte de una universidad pública que se reconoció al mismo tiempo víctima, escenario y victimaria, por haber albergado tanto a quienes padecieron la persecución como a partícipes o cómplices de ella.
Esa historia podrá seguir clarificándose en los próximos meses, cuando comience el juicio contra acusados militares por una treintena de casos de universitarios perseguidos por la tríada de fuerzas represivas de uniforme, el multimedios liderado por La Nueva Provincia y la Justicia Federal que dotó a la cacería de una pátina de legalidad, con la apertura de una causa formal por “infiltración” izquierdista en las aulas. Las fojas de aquel expediente atestiguan la vocación de algunos docentes por la delación, mientras otros iban convirtiéndose en blancos por acumulación de adjetivos.
Singular en el país por la atípica mecánica implementada, el hecho despertó repercusiones de diversas tonalidades mientras ocurría y casi medio siglo después fue el eje de uno de los últimos trabajos que, en coautoría con su colega y exalumna Lorena Montero, produjo Silvina Jensen. Porque en la militancia por la verdad histórica o en la pelea contra una enfermedad, la obligación —decía— es “seguir dando caña, hasta el final”.
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