La hora de las explicaciones

 

Después de 13 años de litigio incesante contra los grandes medios de comunicación  por la apropiación ilegal de Papel Prensa, Lidia Papaleo recurrió en 2018, durante el auge del macrismo, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por medio de una presentación judicial internacional que realizó Baltasar Garzón Real contra el Estado argentino.

El ex juez Garzón dejó claro, en más de 40 páginas plagadas de pruebas, que se violaron los derechos humanos de Lidia Papaleo, quien aseguró haber sido coaccionada por Héctor Magnetto del Grupo Clarín, en noviembre de 1976, para ceder sus acciones clase A de la empresa de su esposo, David Graiver —muerto en un accidente de avión nunca esclarecido en México, el 7 de agosto de 1976—. Esto ocurrió cuando la Argentina era gobernada por la dictadura de Videla, Massera y Agosti, y regía una censura consensuada con los propietarios de los tres grandes diarios y se había producido ya la desaparición forzada de 70 trabajadores de prensa desde el 24 de marzo de 1976 al 31 de marzo de 1977, según la demanda de Garzón.

Hace escasos días, el gobierno nacional recibió una notificación de la CIDH que le dio un plazo máximo de cuatro (4) meses para responder la denuncia y expedirse sobre la cuestión de fondo, la falta de justicia.

En estos años, el patrocinio de Lidia Papaleo en los tribunales argentinos estuvo a cargo del abogado Héctor Rodríguez, quien apeló las negativas del fuero federal y de la Corte. Pero la demanda ante la CIDH está a cargo del ex juez español Baltasar Garzón. Su denuncia resultará muy difícil de refutar y el Estado nacional deberá dar una respuesta o sentarse en una mediación con la víctima.

“Se ha abierto una instancia internacional importante y esperamos la respuesta del Estado después de tantos años de luchas e injusticias”, dice Lidia Papaleo, con esperanza. Su hermano, Osvaldo Papaleo —otra víctima de la dictadura—, remarca que el Estado posee “el 25 % de las acciones de Papel Prensa y ahora se viene una etapa de debate público saludable después de nuestra denuncia. Por todo eso, soy optimista en la respuesta”.  

El 24 de agosto de 2010, la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, presentó el informe Papel Prensa, la verdad, realizado por el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, y la Secretaría de Derechos Humanos como parte querellante, por entonces, a cargo de Eduardo Luis Duhalde y Luis Alen.

 

 

En junio de ese año 2010 —dos meses antes de la denuncia anunciada por CFK—, este cronista, junto a la periodista Cynthia Ottaviano, publicó, en el diario Tiempo Argentino, un suplemento especial sobre el caso Papel Prensa, donde las víctimas hablaron por primera vez.

 

Los hechos

Desde la página dos de su denuncia ante la CIDH, Garzón expone la alianza de los grandes medios con la dictadura militar con el objetivo de controlar con la censura lo que se publicaba en los diarios y perseguir a sus enemigos políticos y empresariales para apoderarse de sus bienes. En este caso concreto, de la empresa que fabricaba el papel para diarios.

“Dentro del plan sistemático diseñado por los urdidores del golpe, ocupaba un lugar fundamental el control de los medios de comunicación. En particular, la prensa escrita a través de sus diarios o periódicos en papel que, en ese momento, representaba para la prensa de la Argentina el mecanismo de información por antonomasia. Por ello, resultaba imprescindible controlar el monopolio de la información como pieza clave para el régimen militar que surgió del golpe. Los diarios Clarín, La Nación y La Razón, afines a la dictadura desde el principio, necesitaban el control de la materia prima —el papel para la fabricación de los diarios— para, de esa forma, poder sostener la maquinaria de la información de la Junta Militar, como un elemento más de la consolidación de la dictadura y el adoctrinamiento de la población”.

Garzón afirma que los diarios Clarín, La Nación y La Razón y sus respectivos “responsables de la época desempeñaron una labor fundamental en la elaboración de propaganda en favor de la dictadura, y en connivencia con este régimen instaurado por la fuerza el 24 de marzo de 1976, fijaron su atención e identificaron como objetivo al conglomerado empresarial conocido como Grupo Graiver, principal propietario de la compañía Papel Prensa S.A., quien ostentaba el monopolio de la producción de la materia prima papelera de la prensa”.

Fue entonces, cuando se produjo una verdadera cacería mediática de la familia Graiver y de Lidia Papaleo, viuda de David Graiver. ¿Cuál fue el objetivo? Lograr que se desprendieran a como sea de sus acciones clase A, a precio vil, para beneficio de la narrativa de la dictadura y de los propietarios de los tres diarios hegemónicos.

El ex juez Garzón define esos hechos como “delitos de lesa humanidad contra los miembros del Grupo Graiver”. Y lo resume de esta forma: “No se limitaron a las torturas, detenciones y ejecuciones practicadas contra ellos, sino que también se extendieron a un asalto al patrimonio de la empresa y sus integrantes, a través de coacciones y extorsiones de todo tipo. De entre ellas destaca la perpetrada por parte de los responsables de los diarios anteriormente citados, en connivencia con el régimen militar, y cuyo objetivo fue apropiarse ilegítimamente de Papel Prensa S.A., empresa que representaba un elemento estratégico para la dictadura. Tanto fue así que de los hechos que más adelante se detallarán, se deduce una actuación ejecutada en un ambiente de absoluta complicidad entre la Junta Militar y los principales responsables de los diarios Clarín, La Nación y La Razón”.

Para sostener esos objetivos en el tiempo, los dictadores con sus cómplices civiles “prepararon el clima” de opresión contra sus víctimas y completaron el relato de los genocidas en varias fases, que incluyeron la manipulación cognitiva y psicológica a través de los medios dominantes, la represión indiscriminada y la censura de prensa, la neutralización de la resistencia social y el señalamiento constante de sus víctimas desde las páginas de los diarios.

Clarín se erigió pronto como el medio predilecto de la dictadura, instalando la palabra “subversión” como la lepra y títulos como este: “Aplica la Junta Militar, la justicia revolucionaria”.

 Ya habían planificado el clima de terror desde diciembre de 1975. Desde fines de ese año, adelantaban las reuniones de Videla en el Ejército. El abogado Garzón recuerda, no sin vergüenza ajena, cómo fue el relato oficial: “La tarde anterior al golpe, el diario La Razón afirmaba en primera página: ‘Es inminente el final: todo está dicho’. El mismo día del golpe [el 24 de marzo de 1976] el diario Clarín anunciaba en portada: ‘Nuevo Gobierno’”.

A menos de dos meses del asalto al poder, en abril de 1976, la dictadura emitió una orden de censura a través de su secretaría de prensa: “A partir de la fecha, 22/4/76, queda prohibido informar, comentar o hacer referencia a temas relativos a hechos subversivos, aparición de cadáveres y muertes de elementos subversivos y/o de integrantes de las fuerzas armadas o de seguridad por estos hechos, a menos que sea informado por fuente oficial responsable. Incluye a secuestrados y desaparecidos”.

Nótese que, por primera vez, en abril de 1976, los criminales hablaron de “desaparecidos” y lo dejaron por escrito.  

Como era obvio, los tres grandes diarios cumplieron al pie de la letra las instrucciones de los censores militares, mientras se amenazaba a los integrantes del Grupo Graiver con artículos maliciosos para llevarlos al abismo.

De esa forma se preparó el clima que luego de la firma de cesión de acciones, el 2 de noviembre de 1976, derivó a partir de marzo de 1977 en los secuestros, desapariciones, torturas y muerte de algunos de los integrantes del conglomerado empresario, tal fue el caso del contador Jorge Rubinstein, que murió en los camastros de tortura de Ramón Camps y Miguel Etchecolatz.

En esos momentos tan terribles, de desguace de las libertades y peligro de muerte latente, los grandes medios no denunciaron los llamados “Principios y procedimientos a los que deberán ceñirse los medios de comunicación masivos”. Fueron los ejecutores del relato y los socios de la dictadura.

 

 

Lidia

El 14 de marzo de 1977, a cuatro meses de firmar la cesión de Papel Prensa bajo coacción en las oficinas del diario La Nación y con la presencia de Héctor Magnetto, Lidia Papaleo fue secuestrada por una patota del represor Ramón Camps. La llevaron al centro clandestino de detención “Puesto Vasco”, en el partido bonaerense de Quilmes. Allí fue atada a un somier, vejada y torturada con picana eléctrica en todo su cuerpo. Como resultado de los constantes golpes en su cabeza padeció un tumor cerebral del que fue operada estando presa. Garzón precisa los tormentos: “Tras las torturas, fue trasladada con otros miembros del grupo Graiver al Pozo de Banfield. Tras ocho días allí, fue trasladada a declarar ante el Coronel Gallino, en el marco del Consejo de Guerra Estable n.º 2, que dictó sentencia el 9 de diciembre de 1977 y que la condenó a 15 años de reclusión e inhabilitación perpetua. Sin embargo, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, el 18 de mayo de 1978, redujo la sentencia a 12 años de prisión. La resolución fue apelada, Lidia fue condenada a cinco años de prisión.

”Como consecuencia de las múltiples sesiones de torturas —algunas presenciadas por el propio Ramón Camps—, Lidia sufrió graves quemaduras en los genitales, abdomen y pechos. Asimismo, los golpes propinados le provocaron un tumor cerebral del que fue operada en prisión. Pese al infierno al que fue sometida durante años de reclusión y torturas, hoy puede contarlo; otros, como Jorge Rubinstein, no corrieron la misma suerte, y fallecieron a consecuencia de las brutales torturas”.

El caso del general Oscar Bartolomé Gallino resulta siniestro. Se reunía con los empresarios dueños de los tres diarios antes de interrogar a sus víctimas.

El listado de los secuestrados del Grupo Graiver, incluye a Osvaldo Papaleo, llevado por el grupo liderado por Camps el 15 de abril de 1977. El resto de las víctimas fueron:  

— Juan Graiver, secuestrado el 8 de marzo de 1977.

— Silvia Fanjul, secuestrada el 14 de marzo de 1977.

— Lidia Gesualdi, secuestrada el 14 de marzo de 1977.

— Isidoro Graiver, detenido ilegalmente el 22 de abril de 1977.

— Eva Gitnaccht, detenida ilegalmente el 22 de abril de 1977.

— Jorge Rubinstein, secuestrado el 15 de marzo de 1977, torturado y asesinado el 4 de abril de 1977.

— Rafael Ianover, secuestrado el 12 de abril de 1977 y fallecido en 2017 luego de ser querellante en la causa Papel Prensa.

— Orlando Reinoso, secuestrado el 19 de abril de 1977.

— Jacobo Timerman, secuestrado el 15 de abril de 1977.

— Edgardo Sajón, desaparecido el 1 de abril de 1977.

 — Martín Aberg Cobo, secuestrado a fines de marzo de 1977.

— Gustavo Caraballo, secuestrado el 1 de abril de 1977.

— Dante Marra, secuestrado el 12 de marzo de 1977.

— Julio Daich, secuestrado el 12 de marzo de 1977.

— Enrique Brodsky.

— Lidia Brodsky.

— Oscar Evangelista Abelardo Marastoni.

— Celia Betty Halpern, secuestrada el 13 de abril de 1977.

— Mauricio Winberger.

— Flora Dybner, secuestrada el 23 de marzo de 1977.

— Ignacio Jorge Mazzola, detenido ilegalmente el 13 de abril de 1977.

— Alfredo Miguel Abuin, detenido ilegalmente el 11 de agosto de 1977.

— Francisco Fernández Bernárdez.

Como se ve, entre los torturados por los genocidas estaba Isidoro Graiver, una víctima. El hombre realizó su última aparición pública sobre Papel Prensa en la noche del 5 de octubre de 2010, durante una entrevista concedida al periodista Joaquín Morales Solá en el canal TN del Grupo Clarín. 

Sucedió que tiempo antes de esa nota en cuestión con Morales Solá, Isidoro nos dijo todo lo opuesto sobre Papel Prensa a Cynthia Ottaviano y a mí. “A todas luces fue un afano, un afano”. 

 

 

 

Encrucijadas

Cuando las víctimas del genocidio estaban presas de los dictadores, los diarios oficialistas de Videla dieron a conocer la adquisición de Papel Prensa a un precio irrisorio. Ejemplo: las acciones de María Sol Graiver —hija de Lidia Papaleo y David Graiver— fueron compradas por unos 7 mil dólares, cuando valían, según la demanda de Garzón, un mínimo de un millón de dólares. Por eso, Isidoro habló de “afano”.

La instrucción contra Lidia Papaleo la realizó con la picana el represor Ramón Camps, y luego intervino el nombrado Gallino desde el escritorio, visitando antes los centros de exterminio. Se forjó un Consejo de Guerra Especial Estable que redactó un proceso fraudulento con la narrativa de los asesinos.

El 18 de mayo de 1978, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas redujo las penas; Lidia y el resto de la familia Graiver apelaron a la Corte, que designó al juez Fernando Zavalía y al fiscal Julio César Strassera para resolver la apelación de las víctimas/condenadas/acusadas. 

Zavalía y Strassera tomaron por verdaderas “las pruebas” obtenidas por Camps en las salas de exterminio bajo torturas y condenaron a Lidia Papaleo e Isidoro Graiver a cinco años de prisión. Recién el 16 de julio de 1982, el juez Zavalía sobreseyó al resto de los imputados por la dictadura en la causa Graiver. La empresa Papel Prensa ya había sido saqueada en beneficio de los tres diarios, y el resto del patrimonio del antiguo Grupo Graiver había pasado a manos del Estado nacional el 20 de noviembre de 1981.

A partir del 17 de octubre de 1984, el Estado nacional comenzó un proceso lento de restitución a las víctimas de sus posesiones antes de la dictadura, pero sin responder bajo ningún aspecto las causas penales, ya que el gobierno de Raúl Alfonsín dejó en vigencia las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, anuladas en 2005 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación bajo el mandato de Néstor Kirchner. Con Alfonsín se realizaron convenios de restitución a las víctimas, con la firma del decreto 2.530, que autorizó el pago de casi 15 millones de australes de la época.

Toda una prueba, asegura Garzón, de que “el Estado reconocía expresamente la ilegitimidad de las apropiaciones hechas durante la dictadura del patrimonio del Grupo Graiver al indemnizar a la familia por el expolio sufrido, incluyendo la indemnización por la apropiación de Papel Prensa S.A.”.

La postura del abogado Garzón es determinante al momento de contextualizar el rol dilatorio del Estado. “Como consecuencia de estas normas de impunidad se imposibilitó denunciar a los presuntos autores penales, permitiendo únicamente el resarcimiento económico de los Graiver durante toda la democracia. Por lo tanto, se generó un inaceptable espacio de impunidad en relación con los crímenes cometidos contra los Graiver, no sólo los secuestros, torturas e incluso ejecuciones, sino la apropiación de su patrimonio, incluyendo Papel Prensa”.

El 19 de diciembre de 2012, el Tribunal Federal Número 1 de la Plata, presidido por Carlos Rozanski dictó sentencia contra los ejecutores del llamado “Circuito Camps”, entre ellos a Miguel Etchecolatz. Pese a que Lidia y Osvaldo Papaleo declararon como víctimas de violación a los derechos humanos en ese juicio, la judicialización de la causa Papel Prensa comenzó con la querella del Estado en 2010. Toda una paradoja. Ahora es el Estado el que debe responder sobre su responsabilidad: el caso del Poder Judicial.

El 16 de diciembre de 2016, el juez federal Julián Ercolini dictó el sobreseimiento de los imputados Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre, Raymundo Podestá y Guillermo Gainza Paz.

Siempre en diciembre antes del fin de año, esta vez el 27 de diciembre de 2017 —bajo el gobierno de Macri—, la Corte, con las firmas de los supremos Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, cerró la causa Papel Prensa, la mandó al archivo, y ratificó de facto, como un acto de tortura infinita, disponer las costas a la víctima, Lidia Papaleo. Y todo lo hicieron en media carilla sin tratar jamás el asunto de fondo. La gestión macrista había abandonado la querella desde la secretaría de Derechos Humanos. Tampoco fue una casualidad.

 

 

Epílogo

El Gobierno tiene cuatro meses para responder el requerimiento de la CIDH sobre Papel Prensa. Lidia Papaleo inició la demanda internacional, cansada de las chicanas del Poder Judicial. En el escrito de la CIDH, hay un párrafo que podría interpretarse como una instancia de diálogo entre las partes. Fue CFK la que denunció la gravedad del hecho en 2010. ¿Qué hará el Estado nacional?

La respuesta del Estado debe pasar por el Poder Ejecutivo a través de la Cancillería y la secretaria de Derechos Humanos. Luego, Lidia Papaleo y su abogado, Baltasar Garzón, evaluarán el contexto.

Herrera de Noble y Mitre murieron impunes.

“Los dos guerreros más poderosos son la paciencia y el tiempo”, dijo cierta vez León Tolstói.  

 

 

 

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