La hora de los cambios
Hay cambios imprescindibles que se reclaman para desactivar las trampas cazabobos heredadas
Entre los derechos reconocidos a los sindicatos están el de defender ante el Estado y los empleadores los intereses profesionales de los trabajadores, intervenir en convenios colectivos y fijar su posición en materia política, inclusive dando su apoyo a partidos políticos o candidatos electivos (art. 29 de la ley de Asociaciones Profesionales, 1973).
Los techos paritarios de cristal
El descontrol del aumento de precios que amenaza con barrer la pauta inflacionaria presupuestada para el 2021 se ubicó como uno de los temas centrales en la agenda de gobierno. Fingiendo demencia, los grupos concentrados pretenden desconocer las decisiones, aun aquellas más tibias del gobierno, como no autorizar el aumento que quieren imponer en las tarifas, la prórroga de la prohibición de despidos y la doble indemnización. Ello llevó al gobierno, al decir del periodista Mariano Martín, a acelerar las negociaciones con la CGT para lograr un acuerdo de precios y salarios acorde a la pauta de inflación anual del presupuesto. Este acuerdo correría en paralelo a la conformación del Consejo Económico y Social del que por ahora solo habla el gobierno.
Los trabajadores convencionados vienen marchando por la calle angosta de una vereda sola, los empresarios oportunistas buscan recrear la ancha avenida del medio que reclamaba para sí Sergio Massa jugando a dos bandas; el presidente de la cámara de Diputados tiene ahora a sus propios amigos en el lugar de los grupos macristas que ahora aparecen como vendedores, como sucedió con Edesur.
Con la convocatoria de CFK a una profunda reforma del sistema de salud, el escenario político es un desafío constante para el Presidente. La reforma intentada por el doctor Domingo Liotta en 1973 y reiterada por el doctor Aldo Neri en la década siguiente es una decisión estratégica —tanto como lo es el Consejo Económico y Social—; la reacción en contra de la cúpula sindical obedece apenas al cuidado de un negocio particular de algunos dirigentes.
Las obras sociales de hoy no tienen el peso de la década del '70. Sufrieron los avatares de la destrucción de empleo y caída del salario de Martínez de Hoz, el desguace del menemismo permitiendo a la medicina privada —a partir de las prepagas— “descremar” los aportes y llevarse los mejores en cabeza de trabajadores jóvenes y sanos de poco consumo de servicios médicos y medicamentos. Quedó así la carga de los más pobres y los más viejos a las obras sociales sindicales. La pandemia desnudó todas esas miserias y los heroicos trabajadores de la salud pagan las consecuencias. No se puede negar que es un tema a resolver en esta etapa si es que Alberto Fernández pretende hacer un país un poco más justo.
El gobierno de Axel Kicillof les ofreció a los médicos de hospitales públicos bonaerenses un aumento salarial de 44,6%. Son 8,5 puntos por sobre la inflación de 2020. En el cargo inicial, la oferta le gana por 12 puntos la carrera a los precios. Rompe con varios años consecutivos de destrucción del poder adquisitivo. Los sindicatos deberían enarbolar esta bandera y nacionalizarla.
A Perotti se le hizo costumbre reprimir
La represión a los trabajadores de la planta de Guerrero Motos en San Lorenzo define una tendencia de la gobernación de Omar Perotti. El Ministerio Público de la Acusación (MPA), la más ignota de las siglas gubernamentales, es el sello distintivo de las represiones a los trabajadores. Tras la brutal atropellada con violentos motoqueros al piquete de los trabajadores de la Algodonera del parque industrial de Reconquista en la huelga contra el grupo Vicentin, que culminó con la delegada Sonia Zanel hospitalizada, esta semana se sumó un nuevo eslabón con el desalojo de trabajadores de Guerrero Motos que estaban encadenados al portón de la fábrica exigiendo la reapertura y el pago de atrasos salariales.
El Movimiento Sindical Rosarino (MSR) expresó su solidaridad “con el compañero Román Moyano, del SMATA, ante la arbitraria detención. El derecho de protesta consagrado por la Constitución no puede ser vulnerado por ninguno de los poderes del Estado”. La detención “representa un atropello al movimiento obrero en su conjunto en la medida que representa un claro acto de represión de la protesta gremial y social. El Estado debe garantizar la seguridad de los más débiles. Y los más débiles son siempre los trabajadores. Es muy llamativa la fortaleza que exhiben las autoridades ante una presunta instigación al bloqueo de ingreso a una fábrica y la pasividad que han exhibido ante protestas claramente violatorias de la ley impulsadas por los vaciadores de Vicentin que estafaron a miles de comprovincianos. ¿Hay dos justicias diferentes? ¿Hay dos criterios para perseguir y detener manifestantes? ¿Hay dos varas en la Justicia y el Ministerio de Seguridad? Exigimos la inmediata libertad del compañero Moyano y el cese de toda persecución gremial de parte del Poder Judicial y el Ministerio de Seguridad de la Provincia”.
La CGT de San Lorenzo agregó que el fiscal Aquiles Balbis, del MPA, “acumula reiteradas agresiones a las protestas obreras en el cordón industrial”. También el Movimiento Obrero Santafesino (MOS) repudió la detención del compañero Moyano y exigió su inmediata liberación. Detallaron que “fuerzas de la Policía de la provincia lo llevaron detenido por orden del fiscal Aquiles Balbis. Desde el MOS repudiamos la decisión y exigimos la inmediata liberación del compañero detenido por protestar”, indicaron.
La reacción de todos los nucleamientos sindicales que actúan en la provincia marca un camino que se espera pueda replicarse a nivel nacional. La adhesión a la ley de ART, la obstrucción a la expropiación de Vicentin, el cuestionado control de la Hidrovía y los puertos y la trabada relación con los gremios estatales, van perfilando al gobierno del centro hacia la derecha. Si la represión queda en manos del MPA, salpicado por hechos de corrupción incluida destituciones de fiscales coimeros, el futuro para los trabajadores aparece muy complicado.
La inexplicada renuncia del ministro de gobierno Esteban Borgonovo, la división en tercios del oficialismo en senadores y el acercamiento de Omar Perotti al cordobesismo de Juan Schiaretti, transforman el balance santafesino del primer año de gestión en una incógnita política.
Integración regional
Uno de los reclamos más calientes que desde diversos sectores políticos le hacen al Presidente Alberto Fernández es la liberación de los presos políticos. A la larga prisión con que la Justicia jujeña castiga a Milagro Sala se agregan duros reclamos y cruces con el sector massista del Frente de Todos, que públicamente se ha manifestado prescindente del accionar judicial por el encierro de Luis D’Elia, Julio De Vido y otros presos políticos.
“La Asociación Argentina de Juristas, rama nacional de la Asociación Americana de Juristas, que tiene entre sus objetivos la lucha por y la promoción de los Derechos Humanos y su efectiva vigencia, expresa su rechazo a la revocación resuelta, el día anterior al comienzo de la feria judicial, por el juez Daniel Obligado, del beneficio de prisión domiciliaria que había concedido en abril pasado al ex Vicepresidente Amado Boudou, después de que la Suprema Corte de Justicia rechazara —sin dar tratamiento— el recurso extraordinario de apelación”.
En el marco de la Convención Económica para América Latina (CEPAL) realizada este miércoles en Santiago de Chile, Fernández disertó sobre la integración regional y los nuevos desafíos que plantea la pandemia. De no ser el Presidente en ejercicio su discurso debería ser un texto obligado de política internacional; la vigencia de su mandato lo muestra más como propietario de un ambicioso proyecto de recrear los organismos bastardeados hasta el límite de su extinción por la marea conservadora que gobernó la región en el último lustro. También aquí la pandemia neoliberal dejó su secuela.
El nuevo gobierno recibió de entrada los golpes del poder mediático y judicial al servicio del poder económico: quedó claro que ellos no transan. Aun con buenas cosechas y precios, con la carrera entre la canasta familiar y los salarios ganada por puntos, no resignan nada por el bien común. Ganancia y poder contra los intentos de consensos sociales que permitan al Estado intervenir sobre ganancias extraordinarias, estabilizar los precios de la canasta básica y destinar recursos al rescate de amplios sectores del pueblo de los tristes estadios de pobreza e indigencia. A estas políticas las podremos llamar revolucionarias o reformistas, pero llevan a un inevitable choque con el poder real.
Caminos que llevan hacia la derecha
Hay una violenta y disparatada oposición de Juntos X el Cambio, donde la pelea entre halcones y palomas se trata de quién destruye más y mejor las ilusiones de planes estratégicos de cualquier tipo. Se impone reconocer que como oposición la derecha funciona y muy bien. Ya lo demostraron en las elecciones de medio término del 2009, cuando conformaron el obstruccionista Grupo A y repiten la maniobra ahora.
El problema es que frente a ese poder de veto se impone el poder legítimo del Ejecutivo para derrotarlo. La falta de propuestas serias y convincentes, la cercanía de su propia gestión y los efectos de la crisis más la pandemia no favorecen la posibilidad de la restauración macrista. Le toca al gobierno tomar iniciativas y arremeter con decisiones que modifiquen el mapa social y la recesión heredada. Está claro que la derecha no piensa en consensos y la presión del campo popular esta disminuida por el quietismo que impone la peste, pero los tiempos en política son siempre limitados y cuando pasaron, fueron.
La prolongada crisis de la provincia del Chubut, con su secuela de salarios impagos, aguinaldos prorrateados en cuotas, más la insistencia con la zonificación minera para eludir la voluntad mayoritaria de oponerse a la megaminería, han transformado a un territorio poco poblado en una constante juntada de movilizaciones y protestas, focos de contagio del Covid-19. Con hospitales al borde del colapso desde hace varios meses, con trabajadores de salud sin aumentos salariales y cobrando a cuentagotas, la única política activa del gobierno es el pago en tiempo y forma a los policías para conservar el orden. El malestar creciente de los chubutenses amenaza con la continuidad política del oficialismo en las próximas elecciones. La falta de alternativas populares es el único sostén de Mariano Arcioni en el gobierno.
Una nueva marcha en Carlos Paz convocada por las autoridades de la COOPI, revive la protesta sin que el gobernador Juan Schiaretti se conmueva. La decisión que exhibe para liquidar esa experiencia histórica de administración comunitaria muestra la evidencia de sus alianzas privatistas. Las acumulaciones de problemas de gestión plantean, también para la Docta, un panorama complicado de cara a las elecciones de medio término, con el oficialismo volcado a disputar con la mayor concentración macrista después de CABA. Pese a los reiterados pedidos de Alberto Fernández de afianzar un “gobierno de los gobernadores”, la crisis va profundizando las políticas regresivas de varios de ellos: los opositores de Jujuy, Corrientes, y Mendoza se encaminan hacia su propio repertorio y en el espacio oficialista se están fortaleciendo alianzas políticas de derecha que juegan con otro proyecto.
Ecuaciones con incógnitas
Se siguen sumando declaraciones de apoyo al pedido de informes formulado por el senador Jorge Taiana al Ministro de Transportes Mario Meoni, acerca de todo lo relacionado con la concesión, modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización, dragado y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal, así como sobre el futuro llamado a licitación pública nacional e internacional para la construcción del nuevo canal Magdalena, obra ya incluida en el Presupuesto 2021.
Nuevas voces del gremialismo docente se suman al comienzo de clases presenciales a como dé lugar que está impulsando Horacio Rodríguez Larreta, sin garantías aún de vacunación para los maestros y profesores. La preocupación de padres y alumnos por la abrupta exigencia de comenzar las clases el 17 de febrero (¡faltan apenas dos semanas!) ha llevado a los sindicatos a participar de las mesas de diálogo propuestas por el gobierno, reclamando ser escuchados y no disciplinados. Larreta utiliza el concepto aspiracional de la educación como base para una campaña electoral desordenada y asesina con el virus circulando como nunca en la ciudad con más muertes por millón de habitantes de todo el país.
Cuando las decisiones de gobierno se tiñen de campaña electoral desfiguran y empobrecen la discusión, llevándola del terreno científico a la especulación irresponsable. Solo los trabajadores organizados pueden poner coto a este intento negacionista del riesgo en vidas humanas que trae consigo la pandemia. La obligada elección de medio término precedida por unas PASO de posible suspensión marcará los años siguientes del mandato de Alberto Fernández.
El ministro Matías Kulfas ha señalado con una gran cuota de optimismo que “el gran objetivo de 2021 es que los salarios le ganen a la inflación”. Son tiempos de ejecuciones, los gestos ya abundaron hacia la oposición y al poder real. El apoyo de los trabajadores y del empresariado nacional se impuso por sobrevivencia, la pandemia alteró lo previsible y el futuro ya llegó.
Los desafíos no son revolucionarios, pero hay cambios imprescindibles que se reclaman para desactivar las trampas cazabobos heredadas, empezando por el Poder Judicial. Mantener el equilibrio inestable requiere en política la variable del movimiento y la Argentina es más proclive al vértigo que a la quietud.
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