La ilegalidad como derecho adquirido

El privilegio logrado no será abandonado

 

El episodio de los jueces trasladados a dedo por Macri, su pretensión de quedarse con esos cargos conseguidos irregularmente, y la posición de la Corte Suprema ante una situación que está claramente prevista en la Constitución Nacional, ilumina una práctica poco señalada, pero que atraviesa cuestiones centrales de la economía argentina.

Si esos jueces obedecieran a las leyes, jamás resistirían la vuelta a sus cargos originales. Si el macrismo fuera realmente republicano, no dudaría en desprenderse de la ilegalidad evidente cometida por su jefe. Lo mismo ocurre con la pléyade de comentaristas de derecha que, amparados en los mantras anti-cristinistas, defienden la continuidad de una situación irregular, que no se compadece con la institucionalidad que pretenden defender.

Toda esta cadena de aparentes incoherencias entre actores y discurso, se entiende perfectamente desde la lógica política que las ordena, que es defender un orden de privilegios logrado por un grupo social asociado a la gestión macrista, que no admite retroceder en sus logros materiales y de poder.

En el centro de esa resistencia está la idea que se podría sintetizar en el apotegma de que “el privilegio logrado no será abandonado”, o que “las leyes no son vinculantes”.

Este comportamiento no es exclusivo ni de los jueces en cuestión, ni de la elite macrista. Ese principio impregna el accionar político de los grandes actores económicos de nuestro país.

 

 

Una ilegalidad no se le niega a nadie importante

Cuando se piensa, por ejemplo, en el caso Vicentin, que es un verdadero muestrario de ilegalidades cometidas contra el Estado, contra empresarios privados locales y extranjeros, contra los trabajadores y contra la sociedad toda a través de la evasión impositiva, lo que primó desde el lado de los poderes fácticos fue impedir la intervención gubernamental en un caso delictivo tan flagrante.

No había ninguna urgencia en hacer justicia, reparar los daños causados y retornar a la legalidad, o cortar la continuidad de la ilegalidad, que no fuese la de inhibir a los poderes públicos de actuar a favor de la comunidad.

El caso Vicentin, a su vez, echó luz sobre el gran tema del contrabando de granos, que podría llegar a tener enorme magnitud en términos económicos. La privatización de puertos, ramales ferroviarios y la propia hidrovía sobre el Río Paraná, realizadas en nombre de la modernización y la eficiencia, facilitó enormemente el trámite para quienes quieran evitar declarar su producción y sus exportaciones y eludir la tributación según la ley aún vigente. Es claro que esa ilegalidad mejora la rentabilidad privada, pero derrumba la capacidad estatal para impulsar el desarrollo y el bienestar de todo el país.

Según tenemos entendido, el contrabando está prohibido. Es una actividad delictiva. Está mal.

Sin embargo, parece ser un derecho adquirido, y si hubieran movimientos públicos para que la actividad agroexportadora vuelva a la legalidad, o sea a declarar todas las oleaginosas y cereales exportados, y pagar los impuestos correspondientes, sería previsible una respuesta furiosa de los delincuentes trajeados, así como la indignación de la prensa “seria”, que se horroriza de los motochorros y de los que ocupan tierras para poder vivir.

La evasión impositiva en Argentina tendría una suerte de status legal, aunque aún no haya llegado a legislarse. Por ahora, la ley está suspendida de facto. Subsiste la vieja legislación que dice que evadir está mal, y que es un delito que la sociedad entiende que merece ser castigado. Sin embargo, todas las prácticas sociales apuntan a convalidarla. Se ha logrado, casi literalmente, neutralizar la acción del Estado. Todo se puede arreglar en los distintos pasillos, en quinchos o en canchas de golf.

Cuando esto no ocurre, y la AFIP actúa, se la considera un instrumento de “persecución política”. Que el Estado investigue, actúe y sancione se considera una actitud “apretadora” del autoritario de turno. O sea, el celo en hacer cumplir la ley sería el comienzo del autoritarismo, o el autoritarismo mismo.

Muchas ilegalidades se han convertido en una “nueva legalidad” desde la dictadura cívico-militar. El debilitamiento del Estado en su función indispensable de hacer cumplir la Ley, se ha transformado en una virtud republicana, conjuntamente con la caracterización del Estado como fuente de todos los males y de todas las trabas a la honesta actividad privada. La “nueva legalidad” impuesta por los poderes fácticos, se acompaña por una modesta Biblia política, que considera democráticos a los gobernantes que no son capaces de hacer cumplir la ley y autoritarios a lxs que se empeñan en hacerlo.

De a poco se fue construyendo en las últimas décadas un tipo de capitalismo prebendario, basado en negocios cedidos o garantizados por el Estado, no importa si el origen fue en forma legal o ilegal, o si lo son en la actualidad. El caso Papel Prensa, gravísimo por sus implicancias de cuatrerismo estatal-empresarial, logrado mediante el recurso a metodologías características del terrorismo de Estado, no sólo sigue impune, sino que es la nueva “normalidad” naturalizada por la sociedad.

Otro caso de irregularidad es el de los monopolios y oligopolios, muy abundantes en ramas estratégicas de la economía nacional. La existencia de estos conglomerados con enorme poder les permite abusar de sus posiciones dominantes en los mercados. En la buena literatura económica liberal, se sostiene que el monopolio es una forma económica perversa, que literalmente explota a los otros integrantes de la sociedad, tanto proveedores como consumidores, valiéndose de su poder que le permite extraerles más valor del que correspondería en caso que funcionara la libre competencia. Lo cierto es que en nuestro país no hay libre competencia en cuestiones cruciales que hacen al bien común, como en varios rubros de la alimentación. La aplicación de medidas antimonopólicas brilla por su ausencia, literalmente no existe, a décadas de la revolución pro-mercado iniciada durante el menemismo. “Capitalismo sin mercado”, como acusaban los ideólogos liberales al modelo mercadointernista previo a las reformas.

Restaría que se reformen los manuales de economía, para enseñar a las nuevas generaciones que los monopolios son, en realidad, un fenómeno sumamente positivo.

Un caso específico de esta situación son los monopolios naturales, o sea, actividades en las que por sus características técnicas, resulta económicamente inviable introducir la competencia. En nuestro caso, la provisión de servicios básicos fue cedida al sector privado durante el menemismo, en un contexto enormemente dudoso en materia de legalidad, atravesado por denuncias muy serias, incluso de los Estados Unidos.

A partir de allí se constituyeron monopolios privados, con entes reguladores públicos que no han sido capaces de controlarlos, con lo cual se transfirió un enorme poder económico a agentes particulares, que a partir de ese momento quedaron habilitados a obtener súper ganancias y no invertir en la medida especificada en los pliegos de licitación.

Todo eso se volvió natural y normal, y hasta hoy seguimos con una situación de abuso constante de los derechos de los usuarios, que durante el macrismo llegó literalmente a provocar la extinción de cientos de empresas y la ruina familiar de miles de argentinos, cuyos bolsillos exhaustos no aguantaban los regalos que el Estado macrista les daba a socios y amigos. Total normalidad.

Los privilegios irregulares se vuelven la norma, a pesar de que contradigan la formalidad de las leyes.

La ilegalidad vuelta normalidad es también el caso de la deuda del grupo Macri por el Correo, o la del diario La Nación con la AFIP. También no pagarle las deudas al Estado es un derecho adquirido, convalidado por la inacción completa del Poder Judicial. El blanqueo de fondos no declarados al Estado por parte de los familiares del Presidente Macri es una etapa superior de la ilegalidad y de la impunidad.

 

 

Víctimas de la ley

Los hechos de anormalidad, de ilegalidad, se acumulan y permiten explicar buena parte de las trabas a la economía nacional: fuertes intereses se apoderan de puntos nodales, lugares donde pueden capturar masas importantes de recursos que inevitablemente circulan por allí.

En una imagen gráfica, comienzan a cobrarle peaje al resto de la sociedad, incluido el Estado, y eso se vuelve inmodificable.

El hecho se naturaliza y mientras la mayoría de la sociedad se va empobreciendo, la riqueza se concentra en pocos sectores y el resto del país es convencido de que eso es lo que merece –porque es “un país de mierda”—, o porque el mundo es así, o que por algo será.

Para defender a cada una de estas actividades delictivas hay un ejército de profesionales, abogados, contadores, economistas, publicistas y hasta intelectuales, pensando cómo justificar los delitos.

Victimizarse, hacerse los explotados y expoliados por el Estado, plantear que los sectores productivos tienen que soportar injustamente a los improductivos, y sobre todo que “la carga impositiva es la más alta del mundo”, es parte de los justificativos para sostener la ilegalidad.

La idea de que todos paguen correctamente los impuestos y compartan la carga de sostener el buen funcionamiento de la sociedad es completamente extraña. Innombrable.

Es de destacar, en esta elegía de la ilegalidad, el lavado de cerebro colectivo con el mantra de que los impuestos –que siempre serían asfixiantes— sólo existirían en la Argentina. Se trata de una mentira inconmensurable que se disuelve con una búsqueda de 5 minutos en Internet, consultando cualquier fuente estadística internacional medianamente seria.

En la versión de autoayuda del raquítico capitalismo argentino, se estaría viviendo la oprobiosa situación en que los pobres explotan a los ricos, cuyo único pecado sería haberse ganado esforzadamente su holgada posición. Los impuestos serían la expresión de la envidia social, y a los envidiosos no hay que darles bolilla.

En ese contexto de ideas, entre cínico y violento, la prensa que representa gustosamente a la ilegalidad ha iniciado una campaña en torno a “irse del país”. Los problemas que atravesamos lxs argentinxs no tienen raíces concretas en las pésimas políticas económicas, y a los efectos deteriorantes de la pandemia, sino que serían el efecto del  gobierno estructuralmente detestable, haga lo que haga, de Alberto Fernández.

Lo grotesco de la campaña pro-inmigración de las almas puras, apenas puede ocultar que la pasión por Uruguay encierra un frío cálculo impositivo, que deberá ser tenido en cuenta por las autoridades nacionales. Ganar plata en la Argentina pero pagar impuestos en Uruguay, o en cualquier guarida fiscal, es la lógica de fondo en la que participan desde Susana Gimenéz hasta Marcos Galperín.

Pasión por la evasión, fuerte deseo de no compartir con la sociedad parte de la mucha riqueza conseguida, pero barnizadocon expresiones elevadas como “la lucha por la libertad”, el cansancio moral frente a un país “que no encuentra el rumbo”, de agotamiento frente a la injusticia de ser castigados “por el éxito”. Nuevas formas de pobreza intelectual de una derecha que no tiene qué ofrecerle a la sociedad, más que banalidades.

 

 

Dólar, estado de las reservas y costo de la ilegalidad

Si bien se lo piensa, la actual situación del dólar, en especial de las menguadas reservas del Banco Central, está directamente conectada con la ilegalidad convertida en norma. No son los pequeños ahorristas, ni los que circunstancialmente hacen unos pesos comprando dólares oficiales y vendiéndolos en el paralelo, los causantes de las actuales estrecheces cambiarias.

En cambio, las macro-maniobras ilegales de comercio exterior –tanto de sub-facturación de exportaciones como de sobre facturación de importaciones (y de deudas)— y la enorme fuga de capitales protagonizada por minorías concentradas, son una explicación central de la actual sequía de divisas. El aparato de fuga comienza con diversas ilegalidades locales, y finaliza en sus terminales poco transparentes de sociedades fantasmas en Panamá y otras guaridas fiscales.

La carencia de dólares en nuestro país tiene menos que ver con sus dificultades de comercio exterior, aunque haya mucho por mejorar por el lado de las exportaciones y de las importaciones, que con los episodios delincuenciales en torno al endeudamiento externo.

Esa perversa colaboración “público-privada” para obtener dólares vía endeudamiento público, y ponerlos a disposición de actores concentrados con mucha liquidez para que los compren baratos y los saquen de la economía local, es de una irregularidad manifiesta, que sin embargo no ha merecido ninguna consideración legislativa –a pesar de su reiteración—, ni ninguna indignación mediática.

El efecto es transformar a nuestro país en un mendigo internacional de divisas, y al Banco Central en un actor permanentemente a la defensiva, jaqueado por cualquier especulador con algunos millones de dólares.

El peligro a desmontar es que la debilidad del Estado se retroalimente, a favor de las ganancias de unos pocos grandes jugadores. La cuenta la paga el resto del país.

 

 

 

La burguesía contra el derecho burgués

Quienes fundaron al Estado argentino, con todas sus limitaciones, pensaban en un Estado capitalista normal, según la época, y formularon una legislación que establecía reglas de juego mínimas, que garanticen medianamente el funcionamiento de un orden social aceptable.

Imaginaban que la Argentina sería una semi-colonia próspera, que tendría un ordenamiento legal preciso. La Europa del Sur tendría leyes, y sería civilizada. Robar estaría mal. Violar las leyes sería penado.

No podían prever en qué se convertirían los principales interesados en el funcionamiento del orden social que estaban diseñando.

El episodio de la Corte de Justicia prestándose a participar en una burla grosera de lo establecido por la Constitución Nacional muestra a la última instancia jurídica de la Nación dedicándose, ante la mirada de todo el país, a la protección de los poderes fácticos. Macri y su régimen no deben ser investigados.

Es la punta del iceberg: el poder fáctico realmente existente necesita, para continuar con el funcionamiento de sus opacos negocios y proteger sus actividades rentísticas injustificables, violar la legalidad democrática básica. La Justicia no debe funcionar. La ley no debe imponerse.

En la Argentina devorada por los intereses rentísticos y financieros, donde la ley molesta y es un estorbo a la acumulación espuria, los constituyentes de 1853 se han vuelto peligrosos.

 

 

 

 

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24 Comentarios
  1. Luis Juan dice

    Estimado Ricardo:
    Impecable análisis.
    Una humilde digresión, si me permite:
    “Pero bueno, es el karma que viene de nuestra historia, basta con observar qué fue de la vida de los libertadores y el destino de la patria liberada. Una revolución inconclusa, al decir de Carlos Del Frade.”, le refería en un comentario al artículo de Juan Valerdi titulado: “El país del no me acuerdo”.
    Como dice el título del libro de Andrés Rivera: “La revolución es un sueño eterno”, a lo que se suma el ninguneo de las epopeyas y vidas de los revolucionarios reflejadas en la historia que fuera contada por los que ganan (y, sí, los mayores enemigos estaban dentro, también entonces, el cipayaje).
    En el comentario al artículo de Enrique Hidalgo “El peronismo y las formas republicanas” le comentaba: “Está demasiado claro para algunos el accionar de los republicanos, que siempre se confunden (por formar parte) con el poder dominante (genocida y saqueador), que siempre hizo honor a su genética desde los tiempos revolucionarios de esta patria inconclusa, tal como lo describió Jorge Abelardo Ramos en su libro “Las Masas y las Lanzas”.”
    Comentando el artículo de Horacio Verbitsky “Agua para sus molinos”, refería: “Esteban Echeverría sostuvo en 1837: “…después de 25 años de ruido, tumulto y calamidades, hemos venido a dar al punto de arranque; hemos anulado las pocas instituciones acertadas en los conflictos de la inexperiencia, hemos declarado a la faz del mundo nuestra incapacidad para gobernarnos por leyes y gozar de los fueros de emancipados; hemos creado un poder más absoluto que el que la revolución derribó, y depositado en su capricho y voluntad la soberanía; hemos protestado de hecho contra la revolución de Mayo, hemos realizado con escándalo del siglo una verdadera contrarrevolución…”.” y, al artículo “Lagrimas de cocodrilo” traía a colación lo manifestado por Carlos del Frade que, transcribiendo a Mariano Moreno refería: ”Para lograr la felicidad del pueblo hay que ir en contra de la riqueza acumulada en pocas manos”.
    “Las clases dominantes usurparon aquel sueño a mediados de esa década e impusieron estatutos, códigos y leyes que limitaron el festejo: ya no estaban los españoles, ahora estaban ellas para manejar los negocios. Y en el trono de la vida cotidiana la innoble desigualdad. La primera constitución rivadaviana da cuenta de eso. Solamente serán tratados como ciudadanos los propietarios. Los que no tengan nada serán considerados nadies, nada.” (Carlos del Frade-5/2013-enredando.org.ar)
    “Por eso el castigo personal contra Belgrano, Artigas, Güemes y San Martín que se habían animado a legislar e imponer que las tierras debían ser para todos y los derechos también para todos. No se lo perdonaron nunca. Por eso sus muertes tristes, cargadas de traición, exilio y asesinatos.” (Idem)
    Frantz Fanon en “Los condenados de la tierra” decía: “La conciencia de sí no es cerrazón a la comunicación. La reflexión filosófica nos enseña, al contrario, que es su garantía. La conciencia nacional, que no es el nacionalismo, es la única que nos da dimensión internacional.”
    Y, sí, pasaron cosas Ricardo.
    Parafraseando a Juan Gabriel Tokatlian, Latinoamérica padece de una “irrelevancia internacional autoinfligida” y, claro que es el destino deseado por los poderes fácticos y transnacionales que fueron los artífices de la gesta; pero cabe reconocer que los gobiernos que la voluntad popular entronó a lo largo de nuestra historia -salvo algunas mínimas excepciones-, no supieron, no quisieron o no pudieron modificar la lógica de resultar Colonia, con el aditamento aún más terrible que demasiadas veces da la impresión -aunque fueran una y la misma cosa en relación a sus intereses-, que somos Colonia de 2.000 o 3.000 familias poderosas, antes que del Dragón. Es muy triste, pero todos, por acción u omisión, colaboramos con ello.
    J. J. Rousseau, en el prefacio de su “Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres”, refería:
    “…Considerando la sociedad humana con una mirada tranquila y desinteresada, parece al principio presentar solamente la violencia de los fuertes y la opresión de los débiles. El espíritu se subleva contra la dureza de los unos o deplora la ceguedad de los otros; y como nada hay de tan poca estabilidad entre los hombres como esas relaciones exteriores llamadas debilidad o poderío, riqueza o pobreza, producidas más frecuentemente por el azar que por la sabiduría, parecen las instituciones humanas, a primera vista, fundadas sobre montones de arena movediza; sólo examinándolas de cerca, después de haber apartado el polvo y la arena que rodean el edificio, se advierte la base indestructible sobre que se alza y apréndese a respetar sus fundamentos. Ahora bien; sin un serio estudio del hombre, de sus facultades naturales y de sus desenvolvimientos sucesivos, no le llegará nunca a hacer esa diferenciación y a distinguir en el actual estado de las cosas lo que ha hecho la voluntad divina y lo que el arte humano ha pretendido hacer.
    Las investigaciones políticas y morales a que da ocasión la importante cuestión que yo examino son útiles de cualquier modo, y la historia hipotética de los gobiernos es para el hombre una lección instructiva bajo todos conceptos. Considerando lo que hubiéramos llegado a ser abandonados a nosotros mismos, debemos aprender a bendecir a aquel cuya mano bienhechora, corrigiendo nuestras instituciones y dándoles un fundamento indestructible, ha prevenido los desórdenes que habrían de resultar y hecho nacer nuestra felicidad de aquellos medios que parecían iban a colmar nuestra miseria…”.

  2. Boris dice

    Muy esclarecedor , muy buen analisis de la situacion, por ahora esperar acumular fuerzas en 2021 en las elecciones del «rumbo».

  3. Mariano dice

    Para Pablo Alfonso que comento que no pudo leer la nota porque le aparece una publicidad molesta, tenés razón. Si te sirve te dejo un tip que yo hago para safar de eso.
    Si estoy en una computadora y navego con el Chrome, me bajo el «Addblock», y eso te va a anular todo tipo de publicidades molestas, en youtube esos tramos de comerciales también. Y si estas con el celu, directamente para navegar no utilices chrome u otro, bajate la aplicación «AD Blocker» y navega desde ahi para entrar a paginas, youtube o lo que quieras, no te va a aparecer nada. Lo mismo ocurre con el sitio como diarioregistrado que son tantas ventanas que aparecen y que no se pueden sacar que se hace imposible.
    Espero poder haberte ayudado en algo, a vos u a otro.

  4. apico dice

    Lo que ud dice, es estrictamente lo que ocurre, pero según la teoría de la pos- verdad, no todo está tan claro, simplemente porque quienes se encargan de hacer cumplir las Leyes, no quieren o no pueden hacerlo, y quienes deben castigar a los culpables de los «derechos espurios adquiridos», son amigos de quienes delinquen. Si ud hace un diagnostico correcto, pero aduce no saber que hacer para curar lo diagnosticado, admite que su vocación por curarlo, es una pos-verdad infranqueable. El actual gobierno, tiene instrumentos para hacer cumplir las leyes, pero no las aplica por dos razones: la primera es que no se quiere pelear con los poderosos, y la segunda es porque a medida que pierde autoridad , los jueces y la policía dejan de hacerle caso. ¿Habrá acaso remedio para tal drama?, si lo hay, solo que no quieren usarlo porque el neoliberalismo que practican, les dicta que eso es «peronismo». Un saludo peronista.

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