El directorio del Fondo Monetario Internacional aprobó la segunda revisión del acuerdo con la Argentina y habilitó un desembolso de 1.000 millones de dólares. Pero el dato político más importante quizás no sea ese, sino el orden en que ocurrió todo.
La revisión debía aprobarse en enero. Recién el 14 de abril, Kristalina Georgieva salió a anunciar que había acuerdo con la Argentina, aun antes de que estuviera cerrada y publicada toda la ingeniería técnica. No fue casual. Georgieva conduce un organismo donde Estados Unidos tiene el peso decisivo y Washington venía empujando políticamente el sostén a Javier Milei. Primero apareció entonces la señal política, después vino la burocracia técnica.
Recién ahora el board terminó firmando formalmente la continuidad del programa argentino. La segunda revisión del acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional terminó dejando algo más profundo que un desembolso de 1.000 millones de dólares. El documento técnico del staff terminó funcionando como una radiografía política del gobierno de Javier Milei. Y también como una radiografía de la mirada que el organismo tiene sobre la democracia argentina.
Durante meses el gobierno intentó presentar la relación con el Fondo como una validación técnica de su programa económico. El staff level agreement muestra otra cosa. El FMI no está discutiendo solamente metas fiscales, reservas o inflación. Está evaluando capacidad de disciplinamiento político y social. El problema central ya no aparece únicamente como económico. Aparece como electoral.
El informe repite varias veces la misma idea: la incertidumbre política de 2025 ralentizó el programa. La dolarización previa a las elecciones legislativas provocó salida de reservas, tensó el mercado cambiario y obligó a endurecer las condiciones monetarias. El Fondo directamente atribuye el incumplimiento de la meta de reservas a la cobertura electoral de empresas y ahorristas antes de las elecciones de medio término.
Ahí aparece el núcleo político del documento. El Fondo no describe las elecciones como parte normal del funcionamiento democrático. Las describe como un factor de inestabilidad económica. El calendario electoral aparece tratado casi como una anomalía del programa.
El texto es explícito. Dice que “las incertidumbres políticas antes de las elecciones presidenciales de 2027 podrían provocar salida de capitales y ralentizar o revertir el impulso reformista”. No es una interpretación. Está escrito así.
La definición tiene un trasfondo delicado. Porque si las elecciones son consideradas un riesgo sistémico para el programa, entonces la propia lógica democrática empieza a ser vista como una amenaza para la estabilidad financiera. El problema deja de ser la macroeconomía. El problema pasa a ser la posibilidad de que la sociedad vote otra cosa.
El Fondo incluso reconoce que la continuidad del programa depende de “mantener apoyo social y político”. Otra vez: el centro ya no es económico. El verdadero interrogante es cuánto ajuste puede tolerar la sociedad argentina antes de que aparezca una reacción política que altere el rumbo.
La escena remite a una vieja obsesión de los organismos financieros internacionales en América Latina. La gobernabilidad entendida no como ampliación democrática sino como capacidad de administrar el conflicto social sin alterar el programa económico. Como si las urnas fueran un ruido del sistema. Una interferencia sobre la racionalidad técnica.
El documento constituye además un fuerte espaldarazo político para Javier Milei. El FMI valida formalmente el cambio de régimen económico hacia un modelo de apertura comercial, desregulación y centralidad absoluta del mercado. Habla de “progreso impresionante” en materia de reformas laborales, fiscales y comerciales. Celebra la flexibilización económica, la apertura y el avance del RIGI.
Pero ese respaldo convive con otra definición menos tranquilizadora: el programa sigue bajo “riesgos elevados”. El staff admite que la Argentina todavía tiene reservas frágiles, acceso restringido a los mercados y necesidades de financiamiento muy altas. La capacidad de repago continúa bajo amenaza.
Ahí aparece una contradicción importante. El Fondo sostiene políticamente a Milei incluso reconociendo que el programa todavía no resolvió su principal vulnerabilidad estructural: la deuda externa.
El documento admite que la meta de acumulación de reservas internacionales fue incumplida por unos 10.000 millones de dólares respecto de lo pactado. El organismo otorgó igual un waiver y habilitó el desembolso. Pero dejó asentado que el incumplimiento se produjo por la dolarización previa a las elecciones legislativas.
La secuencia es importante. El Fondo reconoce que el programa no alcanzó una meta central. Reconoce además que el problema se agravó por razones políticas y electorales. Y aun así sostiene el acuerdo y profundiza el respaldo al gobierno. El mensaje implícito es claro: para Washington y el FMI, Milei sigue siendo la herramienta política elegida para intentar consolidar un nuevo régimen económico en la Argentina.
El texto también muestra hasta qué punto el programa depende de financiamiento extraordinario y mecanismos transitorios para sostenerse. El gobierno aparece apoyándose en repos del Banco Central con bancos internacionales, préstamos garantizados, reapertura parcial del mercado de deuda, swaps y emisiones en dólares.
Pero hay un dato todavía más sensible. El Fondo menciona explícitamente la asistencia extraordinaria del Tesoro norteamericano mediante el Exchange Stabilization Fund. No es un detalle menor. Ese tipo de respaldo no suele aparecer en programas rutinarios. El staff reconoce que la incertidumbre electoral obligó a activar apoyo financiero excepcional desde Estados Unidos.
La tutela aparece entonces ya sin demasiados disfraces. Primero Georgieva anunció políticamente el acuerdo antes de que estuviera cerrada toda la ingeniería técnica. Después apareció el board. Y finalmente el staff terminó explicitando el respaldo geopolítico norteamericano al programa libertario.
El informe también deja ver cuáles son las próximas exigencias estructurales. Más reducción de subsidios energéticos. Reforma previsional. Reforma tributaria. Mayor flexibilización laboral. Ajuste sobre provincias. Profundización de privatizaciones y apertura comercial.
El Fondo insiste especialmente sobre subsidios energéticos y gasto social. El texto señala que las autoridades están comprometidas a sostener el equilibrio fiscal mediante “nuevas reducciones de subsidios energéticos”, “mejor focalización” de transferencias sociales y contención del gasto discrecional para compensar “iniciativas de gasto del Congreso”.
La frase parece técnica. Pero tiene un contenido político mucho más profundo. Porque el organismo presenta las decisiones del Parlamento —es decir, de los representantes elegidos por el voto— como un problema que debe ser neutralizado para sostener el programa económico.
Ahí aparece otro rasgo inquietante del documento. El Congreso es tratado como un factor perturbador del equilibrio fiscal. Las leyes votadas democráticamente son descriptas como amenazas potenciales para la sustentabilidad del acuerdo. La división de poderes queda subordinada al cumplimiento de metas financieras.
No hace falta exagerar para advertir los tintes problemáticos de esa lógica. El Fondo no está proponiendo cerrar el Congreso. Pero sí deja entrever una concepción donde las decisiones parlamentarias sólo son aceptables mientras no alteren el sendero pactado con el organismo. La democracia aparece condicionada por el programa financiero.
El razonamiento es casi circular. Si las elecciones generan incertidumbre y el Congreso genera gasto, entonces la estabilidad dependería de limitar la capacidad de ambos para modificar el rumbo económico. Como si el programa necesitara una democracia de baja intensidad para funcionar sin sobresaltos.
La Argentina conoce bastante bien esa tensión. La convertibilidad también construyó durante los '90 un esquema donde la política quedó subordinada a un régimen financiero rígido. Mientras entraban dólares, el mecanismo parecía estable. Cuando los dólares dejaron de entrar, el problema dejó de ser técnico y pasó a ser social. El sistema terminó chocando contra la realidad material de una economía periférica que no podía sostener indefinidamente ese esquema de valorización financiera.
Ahora reaparece una escena parecida, aunque con otros instrumentos. El Fondo apuesta a que Vaca Muerta, minería, agro y el RIGI generen una ola de inversiones capaz de compensar la fragilidad externa. El informe habla de proyectos aprobados por 28.000 millones de dólares bajo el régimen de incentivos.
Pero el propio staff reconoce simultáneamente que la recuperación es muy desigual. Energía, minería y finanzas avanzan. Construcción y manufactura quedan rezagadas. Suben desempleo e informalidad. La economía crece más por sectores primarios y financieros que por expansión homogénea del tejido productivo.
Es la vieja estructura desequilibrada argentina, reapareciendo bajo formas nuevas. Los sectores generadores de divisas avanzan. El mercado interno se enfría. El Fondo celebra la apertura y el orden fiscal mientras admite que la sustentabilidad política del programa depende de contener los costos sociales de esa misma transformación.
En ese contexto apareció además otra señal política significativa. El diputado nacional Guillermo Michel advirtió públicamente que el Fondo “sigue insistiendo con la eliminación del monotributo”. La observación apunta a otro costado sensible de la reforma tributaria que impulsa el organismo. El staff plantea simplificar el sistema, ampliar bases imponibles y reducir regímenes especiales. Detrás de esa discusión aparece nuevamente la tensión entre formalización fiscal y capacidad real de supervivencia de millones de trabajadores precarizados. La Argentina del monotributo no nació por exceso de modernidad tributaria. Nació como adaptación social al deterioro estructural del empleo formal.
El problema de fondo entonces no es solamente financiero. Es político y social. El Fondo parece asumir que el éxito del programa dependerá de que Milei logre atravesar dos elecciones consecutivas sin que se fracture el consenso social mínimo que todavía sostiene el ajuste.
Y ahí queda flotando una pregunta incómoda que el propio documento deja abierta, sin formularla directamente. Si el proceso electoral constituye semejante amenaza para el programa, si las elecciones generan dolarización, salida de capitales y fragilidad financiera, entonces: ¿hasta dónde puede convivir este esquema económico con la dinámica democrática argentina?
La pregunta no es conspirativa. Surge del propio texto del Fondo. Porque cuando el calendario electoral empieza a ser tratado como un riesgo macroeconómico permanente, la política deja de ser soberanía popular y empieza a convertirse en variable de administración financiera.
La democracia argentina ya atravesó otras épocas donde el poder económico miraba las urnas con desconfianza. Cada vez que eso ocurrió, la estabilidad terminó pareciéndose demasiado a una sala de terapia intensiva: silencio, inmovilidad y respiración asistida desde afuera.
Observación
La tutela no siempre aparece en forma de memorándum. A veces se filtra en gestos que se pretenden imperceptibles. En una conferencia de prensa improvisada. En una votación en Diputados. En una frase burocrática sobre “sustentabilidad”. En una licitación vigilada desde Washington. En un silencio incómodo del Banco Central. En una pelea oficialista donde ya no se discuten políticas sino negocios, cajas y vínculos con empresarios. La semana dejó una secuencia completa de esas señales. Ofrendas al Fondo Monetario Internacional y a Estados Unidos.
La conferencia de prensa de Santiago Bausili fue probablemente la escena más extraña de esa secuencia. El Banco Central convocó a periodistas apenas unas horas antes. Sin anuncios concretos. Sin modificaciones regulatorias. Sin cambios monetarios relevantes. Hacía cuatro meses que la autoridad monetaria no habilitaba una rueda de preguntas. La última vez había sido en diciembre, cuando se presentó el nuevo esquema de bandas cambiarias. Ahora no había nada parecido. Y sin embargo el presidente del Central apareció frente a los micrófonos para ampliar el Informe de Política Monetaria presentado la semana anterior.
La escena generó desconcierto inmediato en el mercado. En Manhattan no entendieron para qué se había hecho. Tampoco en la cámara de bancos extranjeros que conduce Claudio Cesario ni en la de los nacionales que dirige Javier Bolzico. La explicación también fue menos técnica que política: el Gobierno intentaba mostrar “institucionalidad” frente al Fondo. Una puesta en escena para emular a los bancos centrales occidentales. Una especie de escenografía de normalidad monetaria en un país que todavía administra controles cambiarios, intervenciones diarias y un régimen financiero de excepción.
El propio Bausili terminó alimentando esa interpretación, casi como si hubiera sentido la necesidad de justificar por qué estaba ahí. “Hacia adelante intentaremos repetir este formato de publicación y conferencia de prensa”, dijo. Agregó una frase todavía más sensible: “Creo que lo más importante antes de la conferencia de hoy es el restablecimiento de la institucionalidad representada por publicar un informe de política monetaria y tener la oportunidad de hacer preguntas al respecto”.
La palabra institucionalidad quedó flotando como una bengala en medio de la sala. Porque el Fondo viene reclamando exactamente eso: más transparencia, más comunicación, más información monetaria, más previsibilidad estadística. El nuevo programa firmado con el FMI incluye compromisos explícitos sobre calidad y frecuencia de los datos monetarios y cambiarios.
En el plano de las gestualidades, el gobierno intenta mostrar autonomía mientras acumula señales de dependencia, lo que quedó expuesto en la misma conferencia. Por un lado, Bausili quiso exhibir modales de banco central desarrollado. Por otro, dejó claro que el cepo no se tocará. Fue quizá la definición más concreta de toda la rueda.
En el fondo, la conferencia funcionó como una escena de pedagogía hacia el FMI. El Banco Central quiso mostrar disciplina comunicacional, orden técnico y racionalidad monetaria. Como aquellos alumnos aplicados que levantan la mano delante del inspector. La Argentina conoce bien esa liturgia. Cambian las siglas. Cambian los funcionarios. Cambian las escuelas económicas. Pero reaparece la misma necesidad de mostrar obediencia financiera ante el poder acreedor. Salvo honrosas excepciones.
Disciplina
La otra gran señal de la semana llegó desde Diputados. La media sanción a la reforma de Zona Fría tampoco fue una discusión sobre política energética. Fue otra pieza del reordenamiento que el gobierno intenta exhibir ante el Fondo. El proyecto obtuvo 132 votos afirmativos, 105 negativos y cuatro abstenciones. Formalmente se presentó como una “readecuación” del Régimen de Subsidios a los Consumos Residenciales de Gas Natural en Zonas Frías. Pero detrás de la ingeniería legislativa apareció algo más profundo: un rediseño integral de las cajas energéticas.
El oficialismo defendió el proyecto bajo el lenguaje clásico del FMI: focalización, sustentabilidad y equilibrio fiscal. Facundo Correa Llano sostuvo que el objetivo era construir un sistema energético sostenible con ayuda dirigida únicamente a hogares vulnerables. La definición parece técnica. Pero es profundamente política. Porque transforma un criterio federal en un problema fiscal.
Zona Fría no nació como un subsidio presupuestario convencional. Era otra cosa. Una lógica redistributiva construida dentro de la propia tarifa. Los usuarios de regiones templadas aportaban un recargo para compensar el mayor consumo de quienes viven en zonas sometidas a temperaturas extremas. Patagonia, Cordillera y regiones de inviernos largos consumen más gas porque necesitan sobrevivir al frío, no porque derrochen energía. El sistema reconocía esa diferencia estructural.
Ese mecanismo se sostenía mediante el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas. El financiamiento provenía de un recargo sobre el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte. Lo pagaban los propios usuarios en sus facturas. No era originalmente un agujero abierto sobre el Tesoro. El argumento opositor se apoyó justamente ahí: el problema no era la falta de recursos sino la apropiación de esa caja por parte del Estado.
Los usuarios pagaron, el fondo se constituyó, pero los pagos hacia las empresas comenzaron a demorarse. Ahí apareció la deuda flotante, una práctica conocida en la administración pública argentina: mejorar artificialmente el resultado fiscal postergando obligaciones. Detrás de la reforma emerge una deuda cercana a 100.000 millones de pesos con las gasíferas. El gobierno necesita ordenar esa cadena de pagos porque el FMI exige exactamente eso: transparentar subsidios, sincerar costos y eliminar pasivos ocultos.
La reforma energética no se limita a Zona Fría. El paquete incluye también mecanismos para regularizar deudas del mercado eléctrico mayorista y derogar regímenes promocionales hidrocarburíferos. Ahí entra Cammesa. La deuda de las distribuidoras eléctricas con la administradora del mercado mayorista se transformó en otro frente sensible para Economía.
El oficialismo presenta el esquema como una normalización del sistema, pero el movimiento tiene otra lectura posible: una estatización indirecta de deuda privada. Las distribuidoras acumularon pasivos enormes producto de tarifas atrasadas, deterioro de cobrabilidad y años de desorden financiero. El Estado ahora interviene para refinanciar, compensar o limpiar parte de esa mochila. Las empresas saneadas. El sistema público absorbiendo el costo.
Ahí apareció uno de los contrastes más fuertes del debate parlamentario. El mismo paquete que restringe un mecanismo de protección tarifaria para usuarios avanza simultáneamente sobre el saneamiento financiero de empresas energéticas. En una columna se ajusta consumo residencial. En la otra se ordenan balances corporativos.
El FMI viene reclamando exactamente esa secuencia: reducción de subsidios, focalización extrema, recomposición tarifaria, eliminación de pasivos cruzados, normalización de la cadena de pagos.
Infighting
Así como el Fondo Monetario funciona bajo la tutela política de Estados Unidos, la interna del gobierno de Javier Milei también se ordena alrededor de esa dependencia. La subordinación externa no sólo condiciona la economía, también reorganiza el poder local. Cuando las decisiones estratégicas se validan en Washington y no en Buenos Aires, la política doméstica deja de discutir un rumbo propio y se transforma en una disputa por administrar negocios, influencia, inteligencia y acceso al dispositivo presidencial. La política pierde autonomía y se achica. La tutela financiera termina filtrándose hacia adentro del gobierno como una forma de fragmentación política.
La crisis interna del gobierno de Javier Milei ya no puede leerse solamente como una pelea doméstica entre Karina Milei y Santiago Caputo, una pelea que tiene dos bloques definidos. De un lado, Karina Milei, Martín Menem, Lule Menem y la estructura partidaria de La Libertad Avanza. Del otro, Santiago Caputo, el aparato digital libertario, sectores de inteligencia y buena parte de la narrativa política del gobierno.
La disputa viene creciendo desde hace meses. Caputo impulsaba una estrategia más pragmática para las legislativas de 2025, con acuerdos territoriales y entendimientos con gobernadores. Karina eligió otro camino: sello puro de La Libertad Avanza, control cerrado de listas y construcción política totalmente subordinada a la mesa chica familiar. Ganó Karina. Pero Caputo conservó áreas sensibles: comunicación, redes, inteligencia y vínculos con empresarios.
Ahí empezó a formarse una estructura dual de poder.
El estallido definitivo llegó con el caso Rufus. La cuenta anónima que intervenía en la guerra digital libertaria terminó siendo atribuida al entorno de Martín Menem. El propio presidente de Diputados terminó admitiendo que detrás estaba un community manager vinculado a su estructura.
La violencia de los mensajes dejó expuesta la profundidad de la ruptura. Desde esa cuenta aparecieron acusaciones directas contra Santiago Caputo por supuestos vínculos con empresarios, favoritismos y manejo de negocios sensibles del Estado. El entorno de Caputo respondió acusando a Martín y Lule Menem de operar cajas políticas, utilizar estructuras oficiales para campañas paralelas y quedar vinculados a escándalos como Libra y las irregularidades en ANDIS.
En medio del estallido, Santiago Caputo viajó a Estados Unidos. El movimiento fue leído dentro del oficialismo como una forma de blindaje político en plena escalada de la pelea con el karinismo. Pero el dato más importante es otro: Caputo aparece como interlocutor privilegiado del gobierno argentino pese a ser un asesor monotributista. La interlocución no pasó por Cancillería ni por organismos formales del Estado. Pasó por Caputo. Eso muestra dónde percibe Estados Unidos el verdadero núcleo de decisión política del gobierno libertario: un entramado informal donde se mezclan inteligencia, comunicación, negocios y estrategia. Y ahí la tutela norteamericana empieza a cruzarse con la interna libertaria.
Los temas que aparecieron alrededor de ese viaje no fueron menores. Dos especialmente sensibles: la hidrovía y la ley de patentes.
La vía troncal navegable mal llamada hidrovía se transformó en uno de los principales focos de monitoreo norteamericano sobre la Argentina. Por ahí circula cerca del 80% de las exportaciones agroindustriales argentinas. El dragado define profundidad, costos logísticos y competitividad exportadora. Pero hace tiempo que el asunto dejó de ser solamente comercial. Estados Unidos empezó a mirar la infraestructura estratégica latinoamericana bajo una lógica de competencia geopolítica con China. La preocupación norteamericana gira alrededor de la posible influencia china sobre áreas logísticas sensibles.
El otro tema sensible fue la ley de patentes. Ahí apareció un ruido inesperado dentro de la relación con Washington.
Estados Unidos viene presionando históricamente a la Argentina para endurecer los regímenes de propiedad intelectual, especialmente en medicamentos. Detrás de esa discusión están los grandes laboratorios internacionales, que buscan extender la protección de patentes y limitar la producción de genéricos por parte de laboratorios nacionales.
Pero esta semana apareció una tensión particular alrededor del proyecto que trabaja el gobierno. Sectores vinculados a los laboratorios nacionales lograron introducir modificaciones y mecanismos regulatorios que preservan parte de la capacidad local de producción y limitan algunos de los reclamos históricos impulsados por los laboratorios norteamericanos.
Ahí empezó el ruido. Porque mientras Milei sostiene públicamente un alineamiento absoluto con Estados Unidos, la estructura local resiste una apertura completa del mercado farmacéutico. Los laboratorios nacionales son uno de los sectores industriales con mayor capacidad de lobby, influencia regulatoria y articulación política en la Argentina.
La discusión parece técnica. Pero mueve miles de millones de dólares. Lo que está en juego es quién controla el mercado de medicamentos, cuánto duran los monopolios farmacéuticos y cuánto margen conserva la Argentina para sostener producción local de genéricos. El conflicto también revela otra contradicción del mileísmo: el alineamiento ideológico absoluto con Washington choca muchas veces con intereses concretos de sectores empresarios argentinos que forman parte del propio ecosistema de poder libertario.
Nadie discute el rumbo económico porque el rumbo ya viene escrito. Nadie cuestiona el ajuste, la subordinación al Fondo o el alineamiento absoluto con Washington. La discusión pasa entonces a otro plano: quién administra negocios, licitaciones, cajas, inteligencia y acceso presidencial.
Por eso la interna libertaria tiene un carácter tan extraño. No se tiran por la cabeza modelos de país. Se tiran empresarios.
Javier Milei queda en el medio, pero cada vez menos como conductor y cada vez más como árbitro agotado de facciones que se destruyen entre sí.
La descripción que trascendió desde Olivos es significativa. Un Presidente irritable, explosivo por momentos, recluido junto a su hermana, evitando ministros y mascullando bronca. Más preocupado por denunciar periodistas que por ordenar el funcionamiento político de su propio gobierno. Ministros que casi no lo ven. Decisiones concentradas en un círculo mínimo. Intermediación creciente de Karina. Un esquema cada vez más cerrado sobre sí mismo.
Mauricio Macri resumió el problema con una frase filosa: Milei se mueve más como un profeta que como un jefe político. La observación apunta al núcleo del problema. El profeta no negocia ni administra: revela verdades, predica, y alrededor suyo empiezan a proliferar intérpretes, custodios y facciones que dicen hablar en su nombre.
La imagen que da el gobierno remite a una federación de clanes.
Patricia Bullrich leyó rápidamente el deterioro. Su decisión de presentar anticipadamente la declaración jurada no fue solamente un gesto administrativo, fue una intervención política. Venía reclamando públicamente que Manuel Adorni hiciera lo mismo. Milei reincidió en proteger al vocero personalmente. Otra vez aparece la fragilidad presidencial. El jefe de Estado obligado a proteger funcionarios propios mientras nadie logra proteger la autoridad general del gobierno.
Victoria Villarruel eligió otra estrategia. No discute trolls ni operaciones digitales. Se mueve afuera del barro libertario. Multiplica reuniones con empresarios y sectores del círculo rojo. Construye volumen político silenciosamente mientras el oficialismo consume energía en su propia interna.
Bullrich y Villarruel observan el mismo fenómeno: el desgaste acelerado del dispositivo libertario.
Los empresarios orbitan alrededor de las distintas facciones. Estados Unidos monitorea licitaciones estratégicas, regulación económica y actores sensibles del oficialismo. El Fondo condiciona la política económica. Y el gobierno empieza a exhibir el síntoma más delicado de todos: la disolución de su propio centro político. El poder formal permanece intacto. La capacidad de decisión del gobierno no tiene oxígeno.
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