En los últimos años hemos asistido a tres grandes errores de cálculo del poder hegemónico occidental liderado por Estados Unidos. El primero con Rusia: se creía que, provocando la invasión de Ucrania, Moscú sufriría una “derrota estratégica” y una debacle económica como resultado de las sanciones y de un aislamiento internacional que se daba por seguro; nada de eso ocurrió. El segundo con China: creían que las barreras y sanciones comerciales y tecnológicas doblegarían a Pekín; tampoco sucedió: China es una potencia tecnológica que produce sus propios microprocesadores, y bastó con que Pekín amenazara con suspender la exportación de tierras raras —minerales esenciales para altas tecnologías y defensa cuyas reservas alcanzan más del 60 % conocido— para abortar aquellas maniobras. El tercero con Irán: se pensó que descabezando al régimen de los ayatolas se produciría un levantamiento popular que terminaría con ese gobierno; para esto se orquestaron operaciones de la CIA financiando y armando a grupos iraníes que explotarían el descontento de la población con el gobierno, más el supuesto debilitamiento de las defensas persas durante la Guerra de los Doce Días de junio de 2025, que indujeron a suponer una victoria fácil en Irán. No ocurrió, ni mucho menos.
Los hechos muestran formas de intervención del aparato imperial pero también que es posible resistir siempre que se le oponga una estrategia nacional de alcance regional conducida con talento político. Cómo no hacer una relación con la situación local cuando ese dispositivo, a través del embajador adjunto de Trump y Netanyahu en la Argentina, Javier Milei, acaba de llevar las relaciones de nuestro país con Brasil a la peor situación en 150 años, y ataca al liderazgo capaz de conducir un proceso de emancipación nacional: no por casualidad la proscripción penetró tempranamente en el peronismo con la primera parte de la sentencia albertiana “con Cristina no alcanza…”, como señalábamos en el lejano 2018, acelerando así la fragmentación del movimiento popular.
En esta línea, hay hechos cuya naturaleza inocultable esclarece conexiones: si el préstamo del FMI a Macri en 2018 contravino normas de ese organismo y del país supuestamente beneficiado, no era necesario que el ex asesor de Donald Trump, Mauricio Claver Carone, explicitara que se trató de una decisión política. Si la impunidad del atentado a la vida de CFK se hizo evidente a medida que trascendían las irregularidades del proceso judicial de investigación, no era necesario que el ex diputado nacional Gerardo Milman asegurara que “cuando la maten yo estoy (sic) camino a la costa” para comprender que la decisión de asesinar a la entonces Vicepresidenta no fue tomada por el lumpen de los disparos fallidos, sino en ámbitos a los que Milman está vinculado. Asimismo, las irregularidades que jalonaron la causa conocida como Vialidad nos eximen de señalar hechos como el pronunciamiento aceleradísimo de la Corte Suprema en el marco de una campaña electoral para entender que hay proscripción y que es una decisión política.
Tampoco era necesario que Clarín titulara “la bala que no salió y el fallo que sí saldrá” para entender que el intento de magnicidio y la proscripción son las dos caras de una misma moneda, pero si además recordamos quiénes se opusieron al acuerdo con el FMI que propuso Alberto Fernández en 2022 para dar cobertura al escandaloso crédito otorgado en 2018 a Macri, deducimos la conexión directa de estos tres eslabones de una cadena más extensa.
La experiencia sugiere que a las decisiones políticas conviene responder con hechos políticos. La ex Presidenta siguió la vía judicial porque era importante dejar registro de semejantes vejaciones del Estado, y porque los sistemas de protección internacional de los derechos humanos exigen agotar las instancias de la jurisdicción interna, no porque pensara que el apéndice judicial argentino del poder económico-mediático iba a actuar con independencia de sus mandantes. Se presume que en las instituciones internacionales la situación es otra. Además, las presentaciones constituyeron hechos políticos en sí; la última ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha producido un impacto dentro y fuera del peronismo: muy pocos pensaron que podía abrirse alguna posibilidad de que la ex Presidenta ejerciera sus derechos políticos en 2027. Desorganizó estrategias de unos y otros.
Para el ministro de gobierno bonaerense, Carlos Bianco, “Cristina está injustamente condenada” —mera lectura técnico-jurídica—; y ante el pedido de definición sobre la libertad, sostuvo “primero pongamos un Presidente peronista y después vemos”, es decir, primero hay que ganar las elecciones para después ver si hablamos del asunto. Ganar, ¿a quién y para qué? La recuperación de la patria y la felicidad de la mayoría de los argentinos implica recorrer un camino largo que pasa por el proceso electoral, tendrá una meta en la derrota de Milei u otro muñeco de los grandes capitales y después presentará duros desafíos; no sería confiable alguien que pretendiera recorrer ese camino desde la Casa Rosada si esquivara definiciones categóricas sobre temas claves como el que eludió Bianco: sin libertad y con proscripción de CFK será mucho más difícil una solución efectiva de las urgencias nacionales, y viceversa, sin restablecimiento prioritario de los intereses populares será mucho más difícil romper la proscripción y devolverle la libertad. No es una expresión de deseos, es lo que dice la experiencia histórica y lo que vemos hoy en Nuestra América.
Éste es el tipo de definiciones que por su trascendencia justifican la discusión interna que suele ser banalizada por compañeros para quienes cualquier debate, por el solo hecho de tomar estado público o reflejar una legítima lucha por el poder, pasa a ser puro “internismo” de bajas intenciones, y “le hace el juego a la derecha”. Algunos han olvidado sus propias quejas porque “no se discutió un programa antes de la asunción de Alberto”. Aquel discurso anodino, que proliferó entre quienes opinan desde la tribuna, forma parte del sentido común dominante cual profecía autocumplida: fue vociferado durante años como la incuestionable interpretación de lo que “piensa la gente”; es funcional a quienes eligen la estrategia de victimización para acumular y motiva la inconveniente actitud defensiva de dirigentes kirchneristas que se sienten obligados a dar explicaciones cada vez que intervienen públicamente. La interna de los movimientos históricos de masas siempre ha definido el rumbo político del país, para bien o para mal de nuestro pueblo: Yrigoyen vs. antipersonalistas; Perón vs. neoperonistas; Menem vs. Cafiero; Duhalde vs. Kirchner. Es lo que estamos viendo en la disputa entre kirchnerismo y neokirchnerismo, o sea el kirchnerismo sin Cristina.
Un gobierno popular que esté a la altura del momento histórico deberá enfrentar a las grandes corporaciones de adentro y de afuera, lo que exige explicitar desde ahora lo que piensa hacer si quiere que esas acciones queden fuertemente legitimadas por el voto popular y respaldadas con organizada presencia en las calles cuando sean resistidas: habrá oposición a la democratización del Poder Judicial pero sin ella no habrá transformaciones de fondo posibles, otro tanto puede decirse de la renegociación de la deuda externa, etcétera. En otras palabras, el reclamo y las acciones para restituir derechos vulnerados no deben estar condicionados al resultado de una elección y mucho menos sujetos al compás de especulaciones electorales. Una constante histórica criolla enseña que el poder vende barato el patrimonio nacional y cara la derrota a los sectores populares.
No alcanza con describir los estragos mileístas, y no hay lugar para repetir la gran Carlos Menem: “Si decía lo que iba a hacer no me votaba nadie”. La jugada le salió bien a Menem, no a los sectores populares, por la sencilla razón de que lo que no dijo el riojano fue que iba a aliarse con el poder real, no con el pueblo. Por eso el silencio de potenciales candidatos sobre estos temas es inadmisible, y políticamente más relevante que si visitan o no a CFK en San José 1111.
Hubo un aspirante a Presidente cuyo discurso público se caracterizaba por las no definiciones sobre asuntos trascendentes; que nunca cuestionó públicamente a su mentor, a quien enfrentó después de que lo impulsara a la gobernación; que publicitaba el honestismo como componente de su oferta política; que siempre estuvo bien ubicado en las encuestas; que inició su militancia en la universidad, donde era docente y formó su núcleo de confianza; que después fue ministro y gobernador sin estructura política propia, promovido por un partido que no fue el de sus comienzos militantes; y que, finalmente, enfrentó el liderazgo de CFK. Se llama Julio César Cleto Cobos, su trayectoria es llamativamente parecida a la del gobernador Axel Kicillof, quien parece empeñado en resaltarlo cuando evita opinar sobre el proyecto presentado por diputados de UxP para renegociar los préstamos otorgados por el FMI a Macri en 2018 y a Milei en 2025, por ejemplo.
La derrota popular sufrida a partir de 2015 se ha profundizado hasta ponernos frente al riesgo de desintegración nacional. El acto que protagonizaron jugadores de la selección después del partido en el que enfrentaron al conjunto inglés, reivindicando ante el mundo la única causa nacional que en el país no necesita explicaciones y provocando sobreactuaciones patrioteras y xenófobas del mileismo mientras impulsaba la entrega del territorio nacional en el Congreso, tal vez haya sido el disparador del proceso que como consecuencia de una masiva movilización social —brutalmente reprimida— terminó con una derrota simbólica y política parcial del gobierno en el Senado, obligándolo a retirar los capítulos que modificaban la Ley de Tierras (CFK) y de Manejo del Fuego (MK) del proyecto que engañosamente denominó de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, que obtuvo la sanción de esa Cámara con tres de los cinco títulos originales.
Para los argentinos la tierra atesora valores como la soberanía y la identidad nacional, que motorizaron el bloqueo de un golpe a la integridad territorial, etapa superior del proceso de colonización que simbolizó inequívocamente Kristalina Georgieva con el uniforme de YPF en Vaca Muerta y describió Horacio Rovelli en El Cohete. Si se consideran casos de países en los que la intervención colonial ha sido implacable, hoy destruidos y sufriendo gravísimas violaciones a los derechos humanos, tomaremos conciencia del peligro; aunque la historia, cultura y situación geopolítica de Iraq, Libia, Sudán o Somalia son muy diferentes a las de Argentina, tenemos en común coincidencias decisivas: recursos naturales de alto valor estratégico saqueados o a saquear, y cipayos dispuestos a malvenderlos.
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