La intimidad en terapia intensiva

La visión de Dos Justicias sobre la Operación Puf y la justicia en campaña electoral

“El sistema no castiga a sus hombres: los premia. No encarcela a sus verdugos: los mantiene”
“Quién mató a Rosendo”. Rodolfo Walsh.

 

Con una mezcla de perplejidad y avidez estamos en medio de la circulación de las escuchas vinculadas a la llamada «Operación Puf”. Luego de ello, nos preguntamos cómo se realizaron y si son legalmente aptas para generar una causa judicial.

Después de muchas averiguaciones y chequeo, hay algunas certezas pero también muchas dudas. Esta es la historia reconstruida —hasta ahora— de las escuchas que, vale aclarar, nadie puede asegurar con certeza por qué están donde están.

Hay un juez de Lomas de Zamora que ordena intervenir teléfonos en el penal de Ezeiza donde está detenido Mario Segovia, el Rey de la Efedrina, y otras personas a quienes investiga en una causa de narcotráfico. Esos teléfonos también son usados por presos vinculados al anterior gobierno, pero el magistrado considera que esas conversaciones no están relacionadas con su causa y las destruye. Aquí yacen dos conclusiones. Los teléfonos de las cárceles están intervenidos por sospechas de narcotráfico y con esa excusa todos los reclusos están bajo el panóptico.

Luego una diputada recibe un anónimo con las transcripciones de una parte de esas escuchas. Después se filtran y presenta la denuncia ante otro juez de Comodoro Py. Este, a su vez, no se conforma con las transcripciones y quiere las escuchas de verdad. Entonces le pide autorización a su par que había intervenido los teléfonos en la cárcel para acceder a las copias que tiene la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DADUJECO). Lo autoriza y finalmente los soportes llegan a Comodoro Py.

Pero, igual que las transcripciones, las escuchas se filtran. Llegan a la televisión y desde allí se derraman en múltiples operaciones y generan interminables debates.

Lo que no sabemos es por qué la Justicia tenía en su poder las charlas de toda la cárcel y no sólo las de Segovia y por qué no se destruyó en tiempo real todo aquello que no tenía que ver con el tráfico de drogas. La pregunta final es por qué el Estado archiva esa información. No importa qué parte del Estado, aunque todos lo sospechamos. Importa que esos archivos existen.

Casualmente, hace tan solo unos días, el Relator Especial sobre el derecho a la privacidad de las Naciones Unidas, que es un experto independiente designado por el Consejo de Derechos Humanos para examinar e informar sobre un tema específico de los derechos humanos, visitó la Argentina y puso el foco en el espionaje local.

El 17 de mayo publicó un informe en la página de la ONU para la prensa sobre lo que observó en relación a las escuchas y el espionaje.  Algunas de sus conclusiones son alarmantes. Veamos.

En primer lugar dijo estar «convencido de que las salvaguardas establecidas en DAJuDeCO son adecuadas y preservan la privacidad del individuo. Sus responsables me han presentado pruebas de que, tanto en lo que se refiere al personal que trabaja allí como al diseño institucional y a los protocolos de trabajo, están haciendo todo lo posible para minimizar la intervención humana, garantizar la protección de los datos personales y que las únicas personas que tienen acceso al contenido de las interceptaciones son los beneficiarios legales de una orden de vigilancia emitida por el Poder Judicial”.

Pero, advirtió el relator, todas las fuerzas de seguridad de la Argentina, así como los organismos de asistencia (por ejemplo, DAJuDeCO), deberían invertir un esfuerzo serio para aumentar su transparencia y debería crearse un organismo de control específico, más allá de la Comisión Bicameral de inteligencia del Poder Legislativo

“Considero que el sistema de vigilancia de la Argentina también tiene varias vulnerabilidades inherentes que se derivan de: a) el uso excesivo de las interceptaciones, tratadas como una medida ordinaria de investigación para todos los tipos de delitos y no como el último recurso para los delitos graves; b) la debilidad de los controles en la cadena de custodia sobre el acceso al contenido de las interceptaciones, y c) la falta de un control independiente sobre el uso de las interceptaciones”. (Declaración a los medios de comunicación del Relator Especial sobre el derecho a la privacidad, al concluir su visita oficial a la Argentina del 6 al 17 de mayo de 2019).

El trabajo del experto explica lo que pasa. Hay leyes. Hay controles pero las escuchas se filtran. Paradójicamente, hasta el momento ningún miembro de la Justicia habló públicamente sobre la situación de gravedad institucional que nos rodea por estos días. No podemos salir de la incógnita hasta que el Estado hable claramente a través de sus funcionarios.

Por ahora sabemos que hay escuchas. No sabemos con claridad si efectivamente conservan la legalidad con la que nacieron cuando fueron ordenadas o si en algún momento debieron ser destruidas. Lo que sí conocemos con certeza es que el Estado interviene teléfonos para escuchar a una persona, que bajo esa circunstancia escucha a muchas y que archiva esas charlas.

El derecho a la intimidad está en terapia intensiva.

 

La justicia en campaña

Se acercan los días decisivos de la campaña electoral. La justicia es arena de disputas cada vez más agudas. Las escuchas de la “Operación Puf”, el juicio por la obra pública y el perito tuitero “anti K”, la citación del Consejo de la Magistratura al juez Alejo Ramos Padilla, el uso del expediente real o ficticio para afectar la imagen de las personas, los contactos entre los teléfonos de Patricia Bullrich y Marcelo D’Alessio, el arrepentido de arrepentirse Manuel Vázquez que llevó tranquilidad al primo presidencial Ángelo Calcaterra.

Son muchos expedientes atravesados por un mismo vector: la sensación de que hay algo más que lo que conocemos públicamente. No interesa si existe ese algo más. Ya con el hecho de que solamente esa sensación exista es un síntoma muy complejo para medir la calidad de nuestra democracia.

Muchos ciudadanos sentimos que por debajo de lo que vemos existen choques de intereses invisibles para la gran mayoría. En consecuencia, reflexionamos, intervenimos y decidimos en base a información parcial pese a que la democracia debería distinguirse por la claridad de sus movimientos.

El affaire de las escuchas de la “Operación Puf” es elocuente, puesto que ninguna autoridad explicó con claridad cuál es su origen. El cuadrado que forman el juzgado de Lomas de Zamora, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de la presidencia, la oficina de escuchas de la Corte Suprema y el juzgado de Comodoro Py parece no tener salida y permanece la sospecha de que debajo de lo que conocemos existen luchas duras.

Esa sospecha se extiende, inevitablemente, a gran parte de la producción judicial y, en consecuencia, se proyecta sobre resoluciones y sentencias que recaen o van a recaer en juicios muy sensibles para una sociedad que reclama saber si hay culpables o inocentes y “saber de qué se trata”.

Otro caso paradigmático viene de la mano de la citación a dar explicaciones del juez de Dolores Alejo Ramos Padilla. El Consejo de la Magistratura tiene en su poder numerosas presentaciones que reclaman una inspección sobre el comportamiento de algunos jueces. Escoge sacudir su modorra con quien tiene en sus manos una investigación de múltiples dimensiones y consecuencias imposibles de prever.

Es cierto que todos los funcionarios deben brindar explicaciones, pero es llamativa la selectividad de un cuerpo que se caracteriza por sus tenues movimientos para cubrir vacantes y más tenues aún para analizar algunos casos emblemáticos de Comodoro Py.

Si hacemos el ejercicio de alejarnos unos momentos de la contingencia para retrotraernos unos meses hacia atrás, vemos que las tensiones políticas se agudizan, que se juegan bajo los solemnes modos judiciales y que rebotan en los medios de comunicación bajo la modalidad de verdades parciales. Asistimos a batallas simbólicas demasiado virulentas y sospechadas que se despliegan lejos de la luz pública, pero dentro de expedientes judiciales.

De este modo, la política se reduce a un juego de procedimientos. La Justicia se convierte en árbitro de un juego en el que no debería intervenir y la vida democrática flota sobre la sensación de que lo verdadero es invisible a los ojos.

 

 

Publicado en dos entregas sucesivas del blog Dos Justicias.
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