“La justicia está en deuda con la sociedad”

Entrevista a Diego Molea, nuevo presidente del Consejo de la Magistratura

 

El jueves, por unanimidad, el Consejo de la Magistratura eligió como presidente al abogado Diego Molea, representante del estamento académico. Como vice quedó Alberto Lugones, camarista federal de San Martín, quien había sido presidente durante 2020. Molea venía de desempeñarse como titular de una comisión clave, Disciplina y Acusación, que ahora encabezará el consejero-juez Ricardo Recondo. ¿El gestor del acuerdo por unanimidad? Gerónimo Ustarroz, representante del Ejecutivo en el Consejo y hermano de crianza del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro.

Quien lo contó fue el propio Molea en el plenario, luego de su nombramiento: “Agradezco al doctor Ustarroz que fue el hacedor de este consenso. Es muy bueno y muy sano trabajar de esta manera”. El flamante presidente mencionó los “resabios de machismo y de justicia patriarcal” aún vigentes en el Poder Judicial y en ese sentido definió que queda “una tarea enorme por delante en la cuestión de género”. Tras su nombramiento habló con El Cohete a la Luna y ratificó la creación de un Observatorio de Género en el ámbito del Consejo.

Molea tiene 48 años. Se recibió de abogado en 1999. Ocupó distintos cargos en la Universidad de Lomas de Zamora hasta que llegó a ser rector. Por dos períodos fue presidente del Colegio de Abogados de Lomas, donde vive. También fue conjuez de de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y consejero de la magistratura bonaerense. Desde 2003 está afiliado al peronismo y es el vicepresidente del club Temperley. Se define a sí mismo como futbolero.

El viernes, el mismo día que el juez Juan Pablo Augé –a quien le restituyeron la causa de espionaje- procesó a las cúpulas de la AFI y del Servicio Penitenciario Federal de la era Cambiemos, El Cohete le preguntó a Molea por su visión sobre el vínculo entre justicia e inteligencia. “Tengo la certeza de que estas cuestiones hoy no suceden. Lo anterior está judicializado y tiene que actuar la justicia. No tiene que haber protección”, sostuvo.

Consultado en relación con lo que dejaron a la vista las seis visitas del presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos, al entonces presidente Mauricio Macri en Casa Rosada, Molea advirtió que “no debe haber interferencias de un poder sobre otro y mucho menos connivencia”.

Minutos antes del diálogo había ingresado al Consejo la denuncia del diputado del Frente de Todos Martín Soria contra Hornos por mal desempeño, grave negligencia y por la realización de actos de manifiesta arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones. “Nosotros analizamos la conducta de los jueces”, se limitó a conceder Molea, que en su rol de presidente del cuerpo no podrá instruir la investigación pero sí tendrá que definir su posición sobre lo actuado por Hornos como integrante de la comisión de Disciplina y Acusación.

A esa comisión, que desde el jueves preside Recondo, ingresaron denuncias resonantes en lo que va del año. A comienzos de febrero, el abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Beraldi, denunció al camarista de Casación Penal Eduardo Riggi por impedir que avance una causa en la que se investiga a la Mesa Judicial del gobierno de Macri. También allí está la presentación contra el juez Federico Villena, denunciado por su par Augé por el fallo que, en plena feria judicial y cuando actuaba como subrogante, ordenó devolver casi medio millón de dólares y 600.000 pesos a Karina Moyano, hija del referente de Camioneros y actual titular del Club Independiente, Hugo Moyano. A mediados de enero fue denunciado por una decena de asociaciones civiles el juez en lo Civil y Comercial Federal Javier Pico Terrero por haber autorizado que se le aplique dióxido de cloro –un químico que se usa para la limpieza, desaconsejado por la ANMAT– a un paciente de 92 años internado en grave estado por Covid en el sanatorio Otamendi.

«Desde la comisión de Disciplina y Acusación trabajamos seriamente diciendo que no se usa este cuerpo para disciplinar. Vamos a velar por la independencia del Poder Judicial pero entendiendo que ha habido casos que no han estado a la altura de las circunstancias. No vamos a permitir que se diriman cuestiones políticas en el ámbito judicial. Los jueces que obren con buena conducta van a ser cuidados por este Consejo», dijo Molea el jueves en el plenario, vía Zoom, sin dar nombres.

 

 

–El juez Augé acaba de procesar por espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos a Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, ex jefes de la AFI, y a Emiliano Blanco, ex titular del Servicio Penitenciario Federal. ¿Cómo evalúa la relación entre la justicia y la inteligencia?

–Tengo la certeza de que hoy esas cuestiones no suceden. Lo anterior está judicializado; tiene que actuar la justicia. No tiene que haber protección.

–El camarista de Casación Gustavo Hornos fue denunciado por las seis reuniones que admitió haber tenido con el entonces presidente Macri entre diciembre de 2015 y agosto de 2018. ¿Qué posición tiene sobre este tema como presidente del Consejo de la Magistratura?

–Creo que no debe haber interferencias de un poder sobre otro y mucho menos connivencia entre los poderes. Nosotros analizamos la conducta de los jueces. Tanto la presentación contra Hornos como la denuncia contra Villena van a avanzar. El Consejo tendrá que analizar de manera imparcial las conductas de los jueces, definir las medidas de prueba y evaluar si corresponde o no una sanción.

 

Vacantes

Una semana antes del plenario se reunió la comisión de Selección del Consejo. Su presidenta, Graciela Camaño, abrió el Zoom y contó que, tras una ronda de consultas, estaba evaluando la posibilidad de tomar los exámenes para los concursos en el predio de Tecnópolis, en Villa Martelli. El consejero y diputado del Pro Pablo Tonelli (sindicado como integrante de la Mesa Judicial de Cambiemos) propuso hablar con el Gobierno de la Ciudad para buscar un espacio de características similares, abierto y que pueda albergar a cientos de concursantes en CABA. Camaño, firme, explicó que ya había averiguado con su equipo por distintos lugares y Tecnópolis resultó la mejor opción.

En la semana se informó que se está acondicionando el predio para recibir a los aspirantes a jueces. Molea confirmó a El Cohete que la semana próxima se tomará examen para las dos vacantes que dejan Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi en la Cámara Federal porteña. El concurso tiene nada menos que 137 inscriptos.

El flamante presidente del Consejo acercó cifras: dijo que de las 253 vacantes por cubrir en la justicia nacional, 23 esperan la definición del Senado, 104 están en manos del Ejecutivo y 126 en proceso de concursos. “No hay ninguna vacante que no esté con llamado a concurso. El Consejo tiene un compromiso de celeridad y transparencia”, aseguró.

“Creo que la justicia en general está en deuda con la sociedad. Vamos a continuar trabajando y buscando consensos. Tenemos diferencias porque representamos distintos estamentos y porque pensamos distinto. Pero las tenemos que mostrar arriba de la mesa”, dijo frente a sus compañeros consejeros el día que lo eligieron para su nuevo cargo.

Las definiciones en el Consejo se toman por mayoría simple, es decir 7 de 13 miembros. Las únicas dos decisiones que requieren una mayoría calificada (9 de 13) son el inicio de juicio político a un magistrado y la aprobación de ternas para cubrir vacantes. Ni el oficialismo ni la oposición cuentan con ese número. Ergo, los consensos son claves.

Hoy el oficialismo cuenta con seis integrantes: la diputada del Frente de Todos (FdT) y secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales, Vanesa Siley, los senadores del FdT Mariano Recalde (el único ausente en el plenario que eligió nuevas autoridades) y María Inés Pilatti Vergara, el representante del Poder Ejecutivo, Ustarroz, y sus aliados el juez Lugones, de la lista Celeste de la Asociación de Magistrados y el representante de las universidades Molea. La oposición cuenta con otros seis: el diputado Tonelli, la senadora radical Silvia Giacoppo, los abogados Diego Marías y Carlos Matterson, y sus aliados los jueces Juan Manuel Culotta y Recondo. La integrante número 13 es Graciela Camaño, quien en las decisiones claves acompañó al oficialismo.

Por unanimidad, el jueves se definió que las comisiones estarán presididas por Camaño (Selección), Recondo (Disciplina y Acusación), Marías (Administración) y Siley (Reglamentación).

 

¿A jubilarse?

En lo que sí hubo unanimidad de todo el Consejo fue en tratar en el próximo encuentro la resolución de la ANSES que intimó a jueces y fiscales que ya tienen la jubilación otorgada a presentar su renuncia. El tema fue introducido, tras la elección de autoridades, por el diputado Tonelli, que sostuvo que la medida del organismo “viola y afecta derechos adquiridos”. “Los funcionarios judiciales obtienen la jubilación para asegurarse la pertenencia a determinado régimen. No es posible desconocer los beneficios ya otorgados”, sostuvo el legislador.

“Con las grandes necesidades que sufren los argentinos, no puede haber privilegios para nadie. Pero este caso hay que analizarlo teniendo en cuenta los derechos adquiridos. En su momento fui muy crítico con los jueces que no pagaban ganancias. Hay que buscar el camino legal para terminar con todos los privilegios”, dijo Molea a El Cohete.

Tonelli planteó en la reunión que el tema genera “preocupación y zozobra en los magistrados” que se jubilan, a diferencia del resto de la población (salvo contadas excepciones), con el 82% de sus salarios. El diputado Pro pidió que el Consejo se expida “a la brevedad”. En esa línea, Recondo aseguró que “no solamente se afectan derechos adquiridos sino la garantía de función del juez”. El camarista del fuero Civil y Comercial Federal dijo que no es viable intimar a los jueces a que renuncien. En el mismo sentido se pronunciaron Giacoppo y Marías.

“Los jueces están en estado deliberativo. Y esto no debe suceder porque los magistrados tienen que estar tranquilos”, dijo el consejero Matterson. El juez Culotta añadió que “es un tema a tratar urgente por si está en riesgo la garantía de inamovilidad de los magistrados”.

En ese momento Ustarroz pidió la palabra. “Hay que averiguar; no nos guiemos por informes periodísticos, vayamos a las fuentes. Celebro que discutamos y dotemos a este cuerpo de la posibilidad de intervenir”, cortó. El juez Lugones consideró que era un tema “preocupante” pero señaló que era preciso un debate con expertos en Seguridad Social. Algunos consejeros plantearon que no habían podido acceder a la resolución. “Recién la mandé al chat del Consejo”, dijo en una intervención ya clásica en tiempos de reuniones por Zoom.

A comienzos de febrero, el organismo que conduce Fernanda Raverta comenzó a enviar una resolución a jueces y fiscales con la jubilación ya otorgada para que presenten su renuncia en 30 días y dejen el cargo. Si no lo hacen, advierten desde la ANSES, se procede a rever el régimen con el que se jubilaron. El año pasado se sancionó uno nuevo que cambia la fórmula y el sistema de aportes. Con eso, muchos jueces se jubilaron. La práctica en el Poder Judicial es tener la jubilación otorgada hasta que decidan irse. Es un mecanismo para presentar la renuncia antes de ser eventualmente destituidos. Además, con la nueva ley ya no se toma el 82% móvil del último sueldo sino de los sueldos de los últimos años.

 

Más académicos

Hacia fin del año pasado el Consejo Consultivo para el fortalecimiento del Poder Judicial y el Ministerio Público, integrado por cinco abogadas y seis abogados, le entregó sus conclusiones al Presidente Alberto Fernández. En el informe, de casi 1.000 páginas, sostienen que “varios de los organismos invitados por este Consejo Consultivo (…) se han expedido a favor de la ampliación del Consejo de la Magistratura de la Nación”. La Fundación de Estudios para la Justicia (Fundejus) propuso “se amplíe el Consejo de la Magistratura en dos miembros. Ello por cuanto la representación de los abogados ha sufrido una merma injustificada con relación a la que posee la judicatura y en contra de lo establecido por el artículo 114 de la Constitución. Asimismo, entendemos necesaria la incorporación de un representante más por parte del claustro académico en tanto que de la mencionada norma constitucional surge nítidamente el carácter plural de ese estamento”. En esa misma línea crítica, la Federación Argentina de Magistrados resaltó que el Consejo “ha de tender a reequilibrar la proporción de representantes de los sectores judicial, de la abogacía y académico en miras a romper la lógica de las pujas partidarias”.

Molea, el único representante de la academia en el organismo, subrayó a El Cohete que los abogados que integraron el consejo consultivo del Presidente hablaron de un “equilibrio estamentario entre políticos y técnicos”. “Las universidades y los académicos tenemos mucho para aportar. Me parece fundamental federalizar la escuela judicial y transparentar aún más la evaluación de antecedentes y todo el proceso de los concursos, desde el sorteo de jurados hasta los exámenes. Sin embargo, puedo decir que hoy estamos funcionando bien”, consideró Molea.

 

Se va a caer, también en el Poder Judicial

Molea dijo el jueves en el plenario que uno de sus desafíos como presidente de la Magistratura era dar pasos firmes para terminar con la justicia machista y patriarcal. En ese sentido, definió la creación de un Observatorio de género en el ámbito del Consejo para analizar cómo se trabaja en la recepción de denuncias sobre violencia machista en el fuero nacional: no sólo las denuncias contra jueces o funcionarios judiciales sino cómo trabajan en cada juzgado con este tema. La idea del Observatorio, manifestó, es tener un ámbito de referencia para poder generar acuerdos con las provincias. “Lo que hizo el juez con el caso de Úrsula (Bahillo, la adolescente asesinada por su pareja policía en Rojas) es una barbaridad”, sostuvo.

En esa línea, Siley planteó avanzar con el registro público de denuncias presentadas por magistrados/as por situaciones de violencia de género, en cumplimiento con el acuerdo de solución amistosa de la CEDAW en el caso “Olga Rosario Díaz”.

 

La Procuración, la Corte, Milagro

En noviembre del año pasado el Senado le dio media sanción a la reforma de la Ley del Ministerio Público Fiscal y la Defensa que reduce la mayoría necesaria para designar al procurador general de la Nación. Bastaría con la mitad más uno. La iniciativa aún no fue tratada por Diputados y todo indica que no se hará en el período de sesiones extraordinarias. Habrá que ver qué pasa a partir del 1º de marzo, cuando se inauguren las sesiones ordinarias.

Consultado por El Cohete sobre el proyecto y los cambios en el Ministerio Público Fiscal (donde el interinato de Eduardo Casal lleva más de tres años), Molea calificó de “interesante y bueno” el texto aprobado por el Senado y dijo que es prioritario implementar el sistema acusatorio. “Tengo una excelente opinión sobre (Daniel) Rafecas”, dijo en relación con el candidato del Presidente a ocupar la jefatura de los fiscales.

–¿Cómo imagina su relación con la Corte?

–Voy a intentar tener un buen vínculo. Quiero proponer la creación de una mesa de trabajo conjunta. Creo que es prioritaria la gestión en materia tecnológica.

–¿Qué opina del pronunciamiento del Máximo Tribunal en el caso de Milagro Sala?

–Pienso que es arbitraria la detención de Milagro Sala.

El 18 se febrero será un día que recordará Molea y la Justicia. Fue la primera vez que se eligió a un presidente del Consejo de la Magistratura por Zoom.

 

 

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