La justicia porteña discapacita

Un Código de Edificación regresivo e inconstitucional, al servicio de los desarrolladores inmobiliarios

 

A fines de 2018, la Legislatura porteña aprobó un nuevo Código de Edificación, regresivo en su contenido e inconstitucional tanto en su contenido como en el procedimiento de aprobación. Afectó directamente la posibilidad de habitar, trabajar y desenvolverse a cientos de miles de personas en situación de discapacidad y de adultos mayores.

En febrero de 2019 inicié una acción de amparo contra la Legislatura con la pretensión de ponerle freno a esta violación de derechos humanos. Supuse que una acción de amparo destinada a proteger derechos ciudadanos ante actos de extrema gravedad sería atendida de manera expeditiva.

Han pasado más de dos años y medio y la Justicia aún no se ha expedido. Mientras tanto, lo aprobado y construido bajo el nuevo Código lesiona nuestros derechos, imposibilitando encontrar viviendas accesibles y dificultando nuestro acceso a comercios, lugares de trabajo y de recreación.

La Legislatura porteña acudió a la Procuración General de la Ciudad para que la represente, es decir, al mismo equipo jurídico que representa al Poder Ejecutivo cuando se le inicia juicio. Aquí se pone de manifiesto como la división de poderes del Estado es un simulacro, especialmente cuando están en juego los intereses económicos subyacentes a políticas de Estado. En este caso, el de los grandes desarrolladores inmobiliarios y de los sectores financieros vinculados a ellos, quienes impusieron la letra del nuevo código de edificación que Rodríguez Larreta hizo aprobar con su mayoría legislativa.

La jueza original de la causa, doctora Elena Liberatori, la desdobló: se consideró competente en el reclamo que realizamos por la audiencia pública (la Legislatura ni tomó en cuenta los planteos ciudadanos, ni fundamentó su rechazo a los mismos), y derivó al Tribunal Superior de Justicia los aspectos que concierten a la inconstitucionalidad, que recayeron en Santiago Otamendi como juez de trámite. Este solicitó dictamen a la Asesora General Tutelar, la licenciada Carolina Stanley, quien hace cinco años recortó las pensiones no contributivas a las personas con discapacidad de todo el país. Desde ya, no podemos esperar un dictamen favorable por parte de quien ha demostrado su clara animosidad hacia los grupos más vulnerados. Tampoco podemos esperar una sentencia favorable por parte del Tribunal Superior de Justicia porteño, ya que ha demostrado ser una fiel escribanía del gobierno actual, a saber, de Rodríguez Larreta.

Mientras tanto, la Legislatura, por indicación del Ejecutivo, introdujo nuevas modificaciones al Código, incurriendo en el mismo tipo de violaciones regresivas e inconstitucionales denunciadas originalmente. Incorporamos nuestra denuncia de este nuevo hecho ante la Justicia.

En los hechos, el expediente está en el limbo, sin que se observe avance alguno. La pregunta obligada es: ¿La Justicia porteña responde a los mismos intereses económicos que se benefician por la dilación, al seguir construyendo edificios inaccesibles, o tiene la capacidad de desenvolverse con la autonomía necesaria para hacer valer derechos ciudadanos violentados? Hasta el momento, pareciera que la Justicia porteña discapacita.

 

 

 

* El autor es sociólogo y preside la Fundación Rumbos.

 

 

 

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