La justicia y el poder

La justicia es parte del dispositivo electoral aunque ningún Código lo diga


“El sistema no castiga a sus hombres: los premia. No encarcela a sus verdugos: los mantiene”
“Quién mató a Rosendo”. Rodolfo Walsh.

 

Muchas veces señalé la necesidad de prestar atención a la relación entre el secreto y la vida política nacional. Hace unos días, nuestro país recibió información relevante sobre los crímenes de la dictadura de parte de los Estados Unidos. Esa información desclasificada es un elemento imprescindible para la comprensión de nuestro pasado de cara a la construcción del futuro. Pero, paradójicamente, el propio Estado nacional permanece en una zona de bruma a la hora de mostrar los archivos locales. Myriam Bregman solicitó, como abogada de un grupo de detenidos desaparecidos, a la Agencia de Acceso a la Información Pública que se aplique la ley vigente y levante el velo que cubre esa parte de nuestro pasado. Este pequeña tensión refleja un problema central sobre la relación entre la luz pública y las acciones del Estado.

En efecto, no se sabe con qué parámetro los Tribunales Orales en lo Criminal Federal fijan la fecha de los juicios. Ello es un secreto, nadie lo responde en Comodoro Py de manera convincente. Sin embargo, hay algunas pistas.

La primera fue la brutal confesión deLaura Alonso que reconoció que la Oficina Anticorrupción se ocupa del pasado.

La segunda es peor aún. Si alguna novedad distingue los últimos años, es el alineamiento más automático que nunca entre las decisiones de la Justicia Federal y los intereses del gobierno de turno. Los tribunales federales siempre buscaron la simpatía del poder de turno. Pero nunca como ahora.

Salvo por la causa de “Vialidad” que —en principio— empezaría el 21 de mayo, las causas contra Cristina Kirchner que habían sido, casualmente, elevadas a juicio oral en coincidencia con la campaña 2019, naufragan ahora y no está claro cuándo comienzan. Justo cuando es vox populi el crecimiento de la ex Presidenta en las encuestas.

A la par, el juez Marcelo Martínez de Giorgi, que investiga uno de los segmentos locales de “Odebrecht”, fue muy severo con los funcionarios kirchneristas e increíblemente benévolo con el sector de la familia presidencial involucrada en el caso.

La justicia es parte del dispositivo electoral. Es más, el colega Hernán Capiello explicó el domingo pasado en La Nación que los jueces no tomarán grandes decisiones por la incertidumbre electoral.

No soy abogada, soy politóloga. Por eso pregunté en qué parte del Código de procedimiento dice que cuando hay elecciones la Justicia Federal debe moverse al compás de la campaña. De acuerdo con mis fuentes, se trata de una patología más de la Justicia. La respuesta a mi pregunta es, otra vez, un secreto.

La Justicia Federal se ocupa de otras cosas.

Por ejemplo, el juez Martínez de Giorgi exculpa tuiteros que se van de boca y critican al Presidente Mauricio Macri. La justicia ordinaria, que podría inspeccionar los recurrentes arreglos de veredas del gobierno local, los bacheos permanentes de calles, las ventas de terrenos públicos para fines que nunca están claros y tantas otras políticas públicas vinculadas a la asignación del presupuesto local que llama la atención de los vecinos, se concentra en juzgar de manera práctica cada vez más asiduos robos de comida en supermercados. No mira tampoco a quienes venden drogas en las calles o explotan a los más vulnerables. Esa decisión de política criminal es un enigma o, si quieren, otro secreto.

El problema es la distancia que separa a los funcionarios con responsabilidades institucionales de los problemas reales de la comunidad.

En materia judicial, se ocupan de evitar que algunos funcionarios cumplan con su tarea, como pasó con la fiscal Gabriela Boquín que investiga la causa del Correo Argentino o con el juez Alejo Ramos Padilla que investiga la causa de espionaje.

También se ocupan de cubrir vacantes a través del discutible mecanismos de los traslados.

Pero evitan atacar “la raíz de todos los males”: la impunidad. Todo lo que tiene que ver con ello permanece, como casi siempre, en secreto.

 

 

 

  • Publicado en #Dosjusticias
1 comentario
  1. Omar Amado Saleh dice

    Catalina, coincido en la casi la totalidad de la descripción que Ud. hace del funcionamiento del Poder Judicial. Quiero ofrecerle una reflexión desde otro punto de vista. Siempre me desempeñé en el ejercicio de la profesión de abogacía, hasta que después de 20 años concursé la titularidad de un Juzgado, obtuve el segundo lugar, conforme a la reglamentación vigente se me ofreció la subrogancia de otro juzgado, la acepté. Me he desempeñado como Juez Subrogante en un Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial en la Provincia de Santa Fe, que aunque lejos de tener la cantidad y complejidad de causas de los Tribunales Federales, puede dar una idea de la situación en la que los magistrados se encuentran. Los jueces sólo leen lo que ellos mismos escriben y lo que los empleados les consultan porque no tienen el conocimiento o necesitan que el Juez establezca el criterio. Ello es así porque no existe tiempo para la lectura y decisión en todas las causas, aún cuando quienes realizan el mayor volumen del trabajo son los empleados y funcionarios (la inmensa mayoría son excelentes trabajadores, sin ellos no hay posibilidad de que exista Poder Judicial). En esa situación, arriesgando un porcentaje, el Juez/a sólo conoce el dos por ciento (2,00%) de lo que firma. Nadie lo dice, la debilidad institucional en la que se encuentran los jueces es absoluta, tanto que si un día falta un empleado en un Juzgado se resiente el servicio de administración de justicia. En la ciudad en la que me tocó desempeñarme como magistrado no he visto casos de corrupción personal de jueces civiles y comerciales, laboral, y de familia (nada puedo decir sobre la justicia penal porque estuvo muy lejos de mi conocimiento). En el ámbito al que me refiero, si puedo afirmar que la corrupción es estructural, no personal, los jueces hacen lo que pueden. Si el número de causas supera en cincuenta veces la capacidad de un hombre o mujer (el/la Juez/a) para atenderlas, es claro que quien tiene la responsabilidad por la prestación del servicio de administración de justicia se encuentra indefenso y vulnerable. Se recurre a paliativos, tales como la mediación prejudicial obligatoria (que impone al acreedor un paso previo con costo económico y de tiempo), o la reforma de procedimientos para tratar de acelerarlos (en la Provincia de Santa Fe se evaluarán en breve pruebas de esto último). Es la confesión de la realidad que le describo. El punto de contacto entre lo que le expreso y el contenido de su artículo se encuentra en que el Juez/a deberá (reitero: en el ámbito Federal no en el Provincial de la ciudad en la que me desempeñé) si no era corrupto antes de aceptar el cargo, en aceptar someterse a las ordenes del poder político o decidir conforme a derecho. Si opta por la primero continuará en el cargo y deberá someterse a cada poder de turno, si opta por lo segundo será perseguido y deberá renunciar, porque nunca el Juez/a puede cumplir su magistratura (recuerde la relación 50 a 1 antes señalada). Hay una tercera categoría de Jueces, aquellos que hacen malabares para conciliar las presiones del poder político y el imperativo de fallar conforme a las normas que nos rigen, si el poder es grande cederán, si no lo es triunfará el derecho. Lamentablemente no tengo la solución, pero si puedo afirmar que la distancia entre los hechos sobre los que los jueces deben decidir y el conocimiento que de ellos tienen los jueces es inmensa. Tal vez tengamos que poner el acento en la estructura del sistema de administración de justicia, en quien debe asumir los costos de las mediaciones, en la simplificación de los procedimientos, en la transparencia de los procesos de selección de magistrados y en la calidad moral y profesional de las personas encargadas de la tarea, en el incremento del número de juzgados, en el perfeccionamiento de las evaluaciones de la labor de los juzgados (no sólo cantidad sino también calidad), en la exigencia de título de abogado para todos los empleados judiciales con delegación de funciones y responsabilidades, en la evaluación y resolución de las denuncias en contra de magistrados por parte de estamentos profesionalizados no politizados. Un saludo.

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