El domingo 20 de julio, el gobierno de Neuquén desalojó por la fuerza a un puñado de gente mapuche que reclamó durante cinco días junto a la sede del Ejecutivo, en el centro de la capital provincial, la entrega de la personería jurídica a cuatro comunidades que la tramitan desde hace años. El fiscal de Estado denunció al grupo por coacción el sábado 19 a la noche. A la mañana siguiente, dos fiscales penales ordenaron el desalojo que la policía provincial ejecutó con gases lacrimógenos y munición antitumulto contra cuatro personas encadenadas que no tenían la posibilidad de resguardarse, una docena de niñxs y un manifestante en muletas. El operativo incluyó la detención de 18 manifestantes, un hombre seriamente lesionado en la cabeza, un adolescente con una costilla fisurada, otro muy golpeado y una niña de 6 años con quemaduras en los dedos de una mano.
Cuatro días después, con bajas temperaturas, una multitud en las calles repudió la violencia estatal a la protesta social. A la vez, la representación mapuche amplió la agenda de conflicto: oposición al proyecto de 40 pozos petroleros con técnica de fracking en la costa del lago Mari Menuco, en territorio de una comunidad, en defensa de la cuenca de agua dulce que provee a todo el conglomerado urbano del gran Neuquén.
Este escenario sugiere que finalizó una etapa histórica de relación entre los operadores del Estado de Neuquén y la Confederación Mapuche, espacio organizativo que nuclea a gran parte de las comunidades originarias en esa provincia desde hace décadas. La construcción del liderazgo y del proyecto de poder propio por parte del gobernador Rolando Figueroa pulverizó las lógicas tradicionales de diálogo forjadas en 50 años por el Movimiento Popular Neuquino (MPN) con algunos actores sociales clave en la provincia, tales como la Confederación, el Obispado de la Iglesia católica y los organismos de derechos humanos. La falta de respuesta a las demandas históricas por el territorio ancestral es estructural, como en todo el país, pero lo nuevo es el fracaso total de las vías de diálogo y la elección de la represión policial como disciplinamiento social. La policía tapa el fracaso de la política para con el pueblo mapuche.
Además, lo particular de este caso es que fue el Ejecutivo el que resolvió desalojar un espacio público en pleno centro de la ciudad, la vereda de la Casa de Gobierno, por una demanda administrativa. En general, los desalojos son territoriales, en áreas rurales, impulsados por empresarios e inversores privados con el favor del aparato de Estado.
En este clima, la semana terminó con medidas de fuerza por parte de otros actores sociales poderosos para Vaca Muerta. El Sindicato de Petroleros Privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa lanzó un paro de 48 horas por el despido de 1200 trabajadores y la cesantía de otros 2000, medida que se realizará desde el miércoles 30 hasta el viernes 1 de agosto. Por su parte, al cierre de esta nota, Camioneros realizaba una jornada de paro total por falta de pago de sueldos, aguinaldos e indemnizaciones a trabajadores y despedidos de la empresa proveedora de arena para fracking instalada en el Alto Valle de Río Negro.
Detonante
Las comunidades Newen Kura (Rincón de los Sauces), Fvta Xayen (paraje Tratayen, Añelo), Ragnilew Cárdenas (paraje Bajada Colorada, departamento Collón Curá) y Kelv Kura (paraje Portezuelo, entre Cutral Có y Zapala) reclaman que el gobernador firme el reconocimiento de la personería jurídica después de tramitarlas por años. En noviembre del año pasado, estas mismas comunidades tomaron medidas en sus territorios sin resultados. Así es que este año llevaron el reclamo a la capital provincial.
El 5 de julio decidieron iniciar la medida de protesta en la Casa de Gobierno después de que pasaran nueve meses del plazo de resolución al que se había comprometido Jorge Tobares, ministro de Gobierno. Tobares es abogado y, como tal, representó a muchas comunidades mapuches en tiempos en que ejercía su profesión. Fue parte del gabinete durante la gobernación de Jorge Sapag. En abril se reunió con Claudio Avruj, presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), en términos cuyos alcances se desconocen.
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De acuerdo con la documentación que exhiben las comunidades, la cartera de Tobares sólo ganó tiempo con las personerías jurídicas, instrumento elemental para cualquier gestión de las personas, del ganado y del territorio. La protesta luego se trasladó a la vereda del edificio público, donde jamás se obstaculizó la libre circulación de los ocho ingresos con que cuenta el edificio. Siguieron las reuniones con el ministro y otros interlocutores, pero sin ninguna propuesta. El obispo de Neuquén se involucró, se reunió con la gente mapuche y para el lunes 21 tenía previsto reunirse con funcionarios del gobierno. Pero el desalojo violento lo impidió y cambió el escenario. La demanda por las personerías quedó vieja e insuficiente.
Ragnilew Cárdenas ocupa el espacio tradicional desde hace más de cien años, continuando la ocupación de Venancio Rañileo, sobreviviente de la campaña militar “del desierto” que para 1890 encontró un lugar desde el que reconstituir la vida. Parte del territorio fue despojado por el parque eólico Vientos Neuquinos I, proyecto que desarrolla AES Argentina, que también opera en la central hidroeléctrica Alicurá sobre el río Limay. El equipo empresario cuenta con una mujer especialista en energía y minería de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, según información de la propia firma.
Más al norte, próxima a Rincón de los Sauces, vive la comunidad Newun Kura, articulada en torno a don Faustino Molina, un hombre que superó los cien años. En este caso, todas las vidas del territorio sufren desde hace décadas la explotación hidrocarburífera tradicional con decenas de pozos que contaminan las napas de agua, el suelo, el aire y el río Colorado.
Kelv Kura está asentada en el paraje Portezuelo, a medio camino entre las ciudades de Zapala y Cutral Có. En septiembre del año pasado participó del bloqueo a uno de los ocho accesos a Vaca Muerta en protesta por las prácticas contaminantes de las petroleras en el territorio, además del viejo tema de la personería.
Finalmente, Fvta Xayen está asentada en el paraje Xayen (conocido como Tratayén), entre San Patricio del Chañar y Añelo. El gasoducto Néstor Kirchner atraviesa su territorio. Las napas de agua están contaminadas. Un camión cisterna les provee agua una vez a la semana, pero no es apta para consumo humano. Tienen que comprar agua envasada.
Estas madres
Uno de los rasgos del desalojo fue la desproporción del dispositivo policial para una protesta pequeña en ese momento, domingo a la mañana, después de un festival de solidaridad que había durado hasta las primeras horas de la madrugada, con temperaturas bajo cero. Además, el grupo estuvo monitoreado las 24 horas del día por las cámaras de seguridad de Casa de Gobierno, ubicadas justo sobre las cabezas de las cuatro personas encadenadas.
Cada uno de los cinco días que duró la protesta, fueron asistentes sociales del organismo de aplicación de la ley 2302 de protección de los derechos de las infancias para insistir en que retiren a lxs niñxs del lugar. “Querían asegurarse de que no hubiera niñxs para reprimir. Estaba programado”, interpretó Pagi, kona de Fvta Xayen.
Mientras se sobreponen al dolor, al temor, a la preocupación por la recuperación física y emocional de sus hijxs, todas las madres de lxs más pequeños que sufrieron la represión brindaron su testimonio para intentar reconstruir esos minutos de caos y violencia. A poca distancia una de otras, en pocos minutos, en medio de los gases y los gritos, se coordinaron como pudieron para resguardar a todxs lxs niñxs Unelén Cayul, mamá de Melián (16 años) y otros tres chiquitos; Eli Dumigual (36 años), de la comunidad Newen Mapu de la capital provincial, mamá de Newen Antú (15 años); Johana Pino; Emilse, de Fvta Trayen, madre de Luciano (15 años); Marianela Paynemil, de Fvta Trayen, madre de Aimé (6 años), y Noemí Olivera, Mimí (27 años), de Fvta Trayen, madre de Timoteo (3 años).
Eli y su hijo se sumaron al grupo en Casa de Gobierno el viernes 18 de julio a la tarde, después de que salió del trabajo. “El clima era tranquilo, los trabajadores podrían entrar y salir sin problemas. Nuestros días eran de termo, mate y los instrumentos (kultrún, pifilka, trutruka, cascahuillas). Se hizo fuego en tachos para cuidar el lugar. Cocinábamos en el lugar. Se instalaron gazebos por si llovía. Se alquiló un baño químico. Los días pasaban cantando, conversando, jugando con lxs niñxs”, resumió la rutina que también tuvo en cuenta no molestar a los vecinos.
La orden de desalojo llegó de la mano del jefe de la Policía a las 9 de la mañana. Dio dos horas para retirarse. Volvió puntual. Respondieron que no se retiraban; el jefe levantó una mano, giró la cabeza y dijo “a trabajar”. “Éramos unas 40 personas”, estimó Eli.
Preparaba un té para su hijo cuando empezó el despliegue de policías. “Alcancé a decirle a mi hijo que no se separarara de mí. Él estaba atrás, agarrado de mi ikulla (manta tradicional). Quería llevarlo a una camioneta donde estábamos resguardando a los más chiquitos. No alcancé, en medio de los forcejeos, los empujones; golpeaban con el garrote que usan, empujaban con los escudos. Discutí con un policía para que me dejara sacar a todos los chicos en el vehículo. Tiraron los gases desde el primer momento. Además, unos bomberos usaron matafuegos que nos hacían ahogar. Yo veía puros varones, grandotes. Todo en la vereda”.
Dentro de la camioneta ya estaba Unelén con sus tres hijos más chicos. Probablemente ya estuviera también en el asiento de atrás… con su hijo y por lo menos dos más. Las puertas estaban trabadas, ya que la policía forcejeaba por sacar a los refugiados en el vehículo. Un policía bloqueaba a Eli el acceso a la puerta del conductor, rodeada por cuatro o cinco más. “Vámonos, vámonos”, escuchaba a su hijo sin verlo, por lo que no sabía que era él quien la tironeaba. Cuatro policías rodeaban al adolescente. Uno de ellos lo golpeó con el escudo, fisurándole una costilla izquierda. Ella recibió golpes en las piernas y la espalda. En algún momento lograron salir de esa maraña de policías. Le costaba respirar y lo llevaron al hospital público.
Mimí se sumó el sábado a la protesta con Timoneo. Tiene una verdulería en plaza Huincul y trabaja con productores de Bolivia radicados en la zona. Cuando el jefe de la policía llegó por segunda vez, los nenes jugaban a unos metros con unos autitos. “Tenían todo preparado. Llegaron con un container, una jaula para los caballos”, recapitula ahora. Durante unos instantes no vio a su hijo en el tumulto. Ya estaba Unelén dentro de la camioneta con sus tres más pequeños y Timoteo. “Imaginé que si no tienen respeto con los adultos que los arrastraron por el piso…”. La agarraron entre tres o cuatro efectivos, pero no pudieron tirarla al piso aunque le aplastaron las piernas contra la camioneta. Un matrimonio presente en el lugar intercedió y permaneció junto a la camioneta. Los chiquitos vieron todo en detalle.
Emilse es kona de la Fvta Xayen. Estuvo los cinco días de la protesta con su hijo adolescente, junto a su ñuke (madre), la lonko Liliana Romero (52 años), una de las autoridades que se encadenó en señal de protesta. Tocaba el kultrún junto a otras mujeres cuando se desató la represión. “No había nadie de los derechos de los niñxs cuando empezó el desalojo”, precisó. Su comunidad sufrió un desalojo en el territorio, pero la violencia nunca había sido tanta. El jovencito fue muy golpeado en la espalda, arrinconado contra unas vallas. “Los chicos son parte de la comunidad, saben lo que reclamamos. Pasado el momento, Luciano todavía no sabía muy bien qué pensar de todo lo que había vivido. Lloró y estuvo muy preocupado por la detención de su abuela, afuera de la comisaría mientras esperábamos que la liberaran. Mi mamá salió bien, con su convicción intacta o más fuerte”.
Marianela participó de la protesta con Aimé, la menor de sus hijas, que jugaba con sus primitos. La policía volteó los braseros. En algún momento, las chispas lastimaron dos dedos de la mano derecha de la niña. En el tumulto, una mujer la tomó y la resguardó en la camioneta.
La camioneta blanca fue la balsa de emergencia que Unelén preservó para la evacuación. En un momento, su esposo y su hijo mayor trataron de proteger a su madre y a su abuela y recibieron severos golpes con los escudos y fueron detenidos. El adolescente decía que era menor de edad, pero no importó. Ella tuvo que elegir y tomó a los tres más chiquitos e ingresó a la camioneta, a la que de a poco pudieron subir otrxs refugiados.
Madre se dice ñuke en mapudungun, lengua mapuche. Trauma no sé si tiene traducción.
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