El ex comisario Maximiliano Bondarenko, ahora diputado provincial de La Libertad Avanza (LLA), integra un grupo que pretende derogar la intervención de profesionales en la comercialización de inmuebles. Es el candidato que, mientras encabezaba la lista, fue denunciado por complotar con otros jefes policiales para perjudicar a la gobernación de Axel Kicillof-Verónica Magario. Él y su principal compinche viven en contiguos terrenos usurpados.
Esta semana, Bondarenko aparece entre los nueve legisladores que promueven que sea posible realizar operaciones inmobiliarias sin la certificación de matriculados. Esto, a juicio del Colegio Inmobiliario Provincial, pretende “legalizar la ilegalidad” en un retroceso de “más de medio siglo en la evolución histórica profesional”.
También firmaron la iniciativa la joven que debió renunciar al Renaper cuando se supo que carecía de título, diputada de íntima confianza del jefe provincial de LLA, a su vez señalado “en causas judiciales vinculadas a la apropiación ilegal de tierras”; un funcionario platense denunciado por sus pares; otra que acaba de ser repudiada en una universidad, pareja de un edil que cobró uno de los créditos millonarios del Banco Nación. También, el que postulaba para una intendencia al cumbiero Dipy; la esposa del que se pavoneaba por conocer de antemano el atentado contra Cristina Fernández; varios vinculados a ANSeS; otros tantos a los que les da lo mismo ser funcionarios peronistas como antiperonistas, entre los que está el encargado de armar el acto de cierre de campaña de Javier Milei, ex proveedor de comida en mal estado a escuelas, socio de otro denunciado por usurpar tierras y alquilarlas.
La intención
Ese grupo de los nueve propone modificar el artículo 80 de la ley 10913: “Queda excluida de las infracciones y multas previstas toda persona que intervenga en la compraventa de inmuebles sin poseer título de martillero o corredor público”.
Esto no sólo “despenaliza la ilegalidad”, según el bonaerense Colegio de Martilleros y Corredores Públicos (Martilleros BA), sino que es encarado con un “inusitado desparpajo”, ya que “busca equiparar a un profesional universitario con cualquier entusiasta en la materia”.
El presidente de Martilleros BA, Luis Eusebio Colao, cuestionó el proyecto “que roza con lo ignaro” (que no tiene noticia de las cosas), a la vez que advirtió que la iniciativa “precariza o podría terminar con las fuentes de trabajo de más de 200.000 familias que laboran de modo directo e indirecto en el mercado inmobiliario de la provincia”.
Sin embargo, la iniciativa no partió de los 20 integrantes del bloque de la LLA, sino de menos de la mitad de ellos.
Esos nueve firmantes son: Maximiliano Bondarenko (F. Varela); Juan Osaba (de La Plata); Geraldine Calvella (Saladillo); Ramón Vera Chávez (Moreno); Oriana Colugnatti (Tres de Febrero); Analía Corvino (San Pedro); Pablo Morillo (Capitán Sarmiento); Florencia Retamoso (Almirante Brown) y Luis Ontiveros (La Matanza).
Quién es quién
Bondarenko era el policía que tomó terrenos para construirse una casa en City Bell, junto a su camarada Ignacio Manuel Ortiz Valenzuela, compadre y, desde entonces, vecino. Tal usurpación motivó una causa en Asuntos Internos –según confirmó el ministro de Seguridad Javier Alonso– archivada hacia 2017. Así, Bondarenko vio despejado su camino hacia una concejalía en Florencio Varela desde Juntos por el Cambio, cuya presunta labor opositora fue declamatoria, como versan las fuentes locales de las que El Cohete dio cuenta en las notas "En un mismo lodo" y "Las denuncias avanzan". El año pasado, incorporado a LLA, Bondarenko y Ortiz Valenzuela procuraban la intervención de la Policía bonaerense, además del pase a retiro de altos mandos, a quienes suplantarían, con una cohorte cuya integración fue descripta en detalle sólo por El Cohete.
Otro firmante es Teodoro Ramón “Nene” Vera Chávez, denunciado por corrupción desde la localidad de Mercedes por el bloque de concejales LLA de Silvia Di Leo, ex jefa de PAMI, y Mauricio Pollacchi, jefe de ANSES hasta su eyección en junio de 2025, un mes antes del cierre de nóminas, a pedido del coordinador local de LLA, Rafael Velásquez, socio político de Vera y denunciado junto a su mujer, Claudia Flores (empleada municipal), por usurpar tierras y alquilarlas, según recopiló el sitio Ahora Berisso.
Vera viene siendo corrido desde el peronismo en el municipio de Moreno, donde tenía un pie mientras con el otro buscaba terreno más firme, como el armado de su Encuentro Vecinal en Acción (EVA, 2018) o su Fundación Moreno Te Quiero (2022). Con ese perfil “emprendedor”, en 2017 alcanzó con Unidad Ciudadana una banca de consejero escolar, donde ocultó su condición de proveedor hasta que el gremio SUTEBA lo denunció por enviarle a los niños pollos en mal estado. “Durante la campaña del 2023, su fundación vendía mercadería que era para las escuelas”, denunció RealPolitik.
Compitió como precandidato a la intendencia en el Frente de Todos (2019), salió último. En 2021, al terminar su mandato como consejero, quedó fuera de todo. Pasó al antiperonismo, se subió a la ambulancia de Sebastián Pareja, armador de LLA. En 2023 fue como tercer diputado provincial mientras postulaba como jefa comunal a su hija Andrea Vera, de 29 años. Ella fue denunciada por usurpación de título –mientras estudiaba en la Universidad Austral– al ejercer la medicina sin matrícula en las postas sanitarias financiadas por su papá. Sorteó una serie de antecedentes destacados con amplitud por la prensa local, y armó en Moreno el acto para el polémico cierre de campaña de 2025 con Javier Milei, según Ismael Castro, secretario de Seguridad del municipio: “Sabemos que lo hace con barras bravas y gente que tiene prácticas poco virtuosas”.
Oriana Colugnatti debutó como la diputada más joven de la provincia en diciembre de 2023, con 25 años. Vecina de Tres de Febrero, votó por primera vez en 2016 y se sumó al PRO de Diego Valenzuela. “Gobernaba Hugo Curto, un intendente con más años de gobierno que yo de vida”, justificó Colugnatti. “Me contactó por las redes, la invité y, después de unos años, empezamos a trabajar. En 2021, asumió como directora de Juventud”, resumió el intendente. Ella está en pareja con un concejal de Luján, Alexis Hasen, que recibió casi 400.000 dólares en préstamos del Banco Nación. Fue repudiada el mes pasado por estudiantes universitarios de la UNTREF, donde iba a moderar una actividad de la Municipalidad que ahora gobierna Rodrigo Aybar. Aunque ese día no habría clases, los estudiantes anunciaron que se movilizarían a repudiarla, como parte del plan de lucha para que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario.
Luis “Lucho” Ontiveros postulaba a la intendencia de La Matanza al cumbiero Dipy, por quien ingresó como concejala Lorena Ramos, esposa de este ex inspector escolar que responde a Pareja y, a días de los comicios, fue acusado de desviar fondos: “Se quiere chorear la guita, como en septiembre”, señalaron desde el PRO.
Otro matrimonio político es el de Florencia Retamoso con Gerardo Milman, el que contrataba concursantes de belleza para ocupar cargos en Seguridad, ante quienes se pavoneaba por conocer de antemano el atentado contra Cristina Fernández. Juntos se habían ido del radicalismo hacia el GEN de Margarita Stolbizer. Ella, oriunda de Almirante Brown, muy cercana a Patricia Bullrich, es legisladora desde 2021. En mayo de 2024 fue una de las cinco que rompió el bloque PRO para acercarse a LLA.
Firmaron este proyecto sólo dos de los cuatro legisladores de LLA por la Segunda Sección, Morillo y Corvino.
Morillo, subordinado de Pareja, fue director nacional de Desarrollo Sociocomunitario y hermano de Juan Ignacio, jefe de la ANSES en Capitán Sarmiento. Había sido funcionario de María Eugenia Vidal y de Kicillof (2020-23), de donde le quedó la admiración que grabó en un video con alta difusión antes de cambiar de partido.
Corvino había sido candidata a senadora provincial y, desde que asumió Milei, quedó a cargo de la ANSES en lo que constituyó el primer nombramiento nacional en su distrito, San Pedro, donde su marido Luis Silva quedó a cargo de la conducción local de LLA, mientras ella coordina la Segunda Sección.
Juan no contó con la firma de Francisco Adorni, el hermano de quien atesora pendrives. Juntos habían jurado representar a la Octava Sección, la capital provincial. Osaba, director del Ministerio del Interior y hombre de Pareja, es apoderado de LLA en La Plata. Con Julio Garro como intendente, fue puesto a cargo del Ente de Turismo (abril de 2016-2019), de donde fue “desvinculado en circunstancias que son motivo de especulaciones”, según consignara RealPolitik que publicó el documento (decisión administrativa 825/2024) que lo nombraba director de Asistencia al Desarrollo Municipal de la Subsecretaría de Relaciones con los Municipios de la Secretaría de Provincias y Municipios de la Vicejefatura de Gabinete del Ministerio del Interior. Cuando tuvo un cargo jerárquico en el PAMI, la funcionaria Viviana Aguirre (diputada suplente de LLA) denunció que le exigieron dinero y la firma de “papeles ilegales”. Al igual que a otros empleados, los obligaron a desviar el 5% de sus sueldos para actividades partidarias. La denuncia incluyó “licitaciones poco transparentes en las delegaciones”. Fue filmado por ella mientras profería sus acusaciones en agosto de 2024. En Radio 10, relató que Osaba le pidió “un millón de pesos de retorno”.
Geraldine Calvella se inscribió por Saladillo para ser diputada bonaerense, aunque vive en la Ciudad Autónoma. Era una recién llegada a la ola Milei-2023, año en que vivió con un contrato en la Cámara baja provincial. Como no ingresó, fue nombrada el 15 de enero como directora en el Registro Nacional de las Personas (Renaper) con sólo 23 años y sin experiencia ni título universitario. Tras el escándalo, en marzo, renunció. Consiguió un conchabo como “asesora política” de Diputados de la Nación. Tuvo otro contrato temporal, en el Senado bonaerense entre mayo y octubre del 2024, que le sirvió hasta asumir la banca el 12 de noviembre, cuando reemplazó a Alejandro Carrancio, enviado al Instituto Nacional de Promoción Turística. Para entonces, había conseguido que su padre, Carlos Calvella, fuera nombrado titular de ANSeS en Saladillo. Logró todo eso al tiempo que mantiene con Pareja un “vínculo sentimental”, según publicó Santiago Sautel en RealPolitik.En esa nota, se afirma que “Pareja está involucrado en causas judiciales sobre apropiación ilegal de tierras privadas, con audios que lo vinculan a maniobras irregulares junto a actores del gobierno. El material aportado revelaría cómo las acciones de Pareja y su entorno alimentaron una caja política y generaron un fraude inmobiliario. El denunciante, Daniel de Olivera, expuso la magnitud, con valores que superan los 40 millones de dólares. La denuncia incluye a libertarios como Fabricio Martínez, Diego Vallejos y Antonio Insaurralde”.
El denunciante De Olivera compartió con El Cohete sus reclamos judiciales contra Pareja, en los que también apuntaba a funcionarios de la gobernación.
En cuanto al mencionado Vallejos, es el coordinador de LLA en Florencio Varela; su número fue compartido hace días a esta columna por la jefa de ANSeS: “Para hablar conmigo, hable con él”, dijo Gisela Da Silva, esposa de Bondarenko.
--------------------------------
Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí