El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, quien preside el partido de ultraderecha Sionismo Religioso, ha sido el encargado de anunciar las nuevas medidas oficiales del gobierno israelí que facilitarán a los colonos judíos la toma de control de tierras palestinas en Cisjordania. El ministro, caracterizado por su verborragia extrema, no tuvo recato en revelar el propósito final de la iniciativa: "Seguiremos destruyendo la idea de un Estado palestino". También el ministro de Energía, Eli Cohen, en declaraciones a la radio del Ejército israelí, aseguró que las nuevas medidas “establecen una realidad sobre la base de que no habrá un Estado palestino”. De modo que el objetivo que persiguen las medidas aprobadas por el Gabinete de Seguridad del gobierno israelí avanza decididamente hacia la anexión de facto del territorio que teóricamente está reservado para conformar el proyectado Estado palestino.
El pasado mes de septiembre, el Presidente de Estados Unidos había asegurado que no permitiría la anexión de Cisjordania, pero lo cierto es que no ha hecho nada para detener los sucesivos planes y medidas del gobierno israelí que van en esa dirección. “No permitiré que Israel se anexe Cisjordania. No lo permitiré. No va a suceder. Ya basta. Es hora de parar”, dijo en aquel momento. Lo que deja en evidencia la tremenda hipocresía que gira en torno a su “Plan de Paz”, que también permite a Israel continuar practicando el tiro al blanco en Gaza con un saldo de más de 600 civiles asesinados desde la retirada israelí a la zona amarilla.
El enfoque legal
Entre las nuevas medidas israelíes se encuentra la anulación de una prohibición vigente desde hace décadas sobre la venta directa de terrenos en Cisjordania, así como la desclasificación de los registros catastrales locales. En 1968 —un año después de que Israel ocupara el territorio en el marco de la Guerra de los Seis Días— un tribunal militar congeló el registro catastral al considerar que el derecho internacional impedía a Israel llevar a cabo ese proceso sobre territorios ocupados. A principios de esta semana, el Gabinete israelí asignó 244 millones de shekels (79 millones de dólares) para el proceso de registro del 15% de las tierras de la Zona C de Cisjordania, bajo control israelí en los próximos cinco años. El proceso obliga a los palestinos a demostrar su propiedad, algo que no resulta fácil en una región que carece de registros actualizados. De no poder acreditar la propiedad, las tierras se registrarán como propiedad del Estado de Israel.
Otra medida quizás más polémica que aprobó el Gabinete de Seguridad el pasado día 8 de febrero es autorizar a la Administración Civil (el órgano del Ejército israelí encargado de los asuntos civiles en Cisjordania) para operar en las zonas que están administradas por la Autoridad Palestina. Según los acuerdos de Oslo II, de 1995, Cisjordania quedó dividida en tres zonas: las áreas A y B (cerca del 40% del territorio), controladas por la Autoridad Palestina, mientras que la C (el 60% del territorio) quedó bajo control israelí. Por tanto, la medida contraviene esos acuerdos internacionales y afecta directamente al gobierno de la Autoridad Palestina, contra el que el Ejecutivo de Netanyahu ha lanzado una campaña de acoso y derribo. A mediados de 2024, la Corte Internacional de Justicia afirmó que la política de asentamientos de Israel contraviene varias normas internacionales y que las prácticas de Israel en los territorios ocupados constituyen de facto la “anexión” de amplias partes de estos.
La organización israelí de derechos humanos Peace Now considera que las medidas son ilegales porque, al estar Cisjordania sometida a un régimen militar en su condición de territorio ocupado, no forma parte del Estado de Israel. Por lo tanto, ni el gobierno ni el Parlamento israelí pueden legislar sobre esos territorios. La legislación actual, que data de la época en que Jordania administraba Cisjordania, señala que solo los residentes árabes o las empresas registradas en Cisjordania pueden adquirir esas tierras. Además, los permisos de transacción requerían la aprobación del Ministerio de Defensa para evitar que los colonos compraran propiedades y se establecieran en lugares sensibles. Con la abolición de la ley, los colonos tendrán “el poder de determinar los hechos políticos sobre el terreno sin intervención del gobierno”, alerta Peace Now.
Por su parte, el Presidente Mahmud Abás, que lidera la Autoridad Palestina, calificó las medidas de "peligrosas" y de "intento abierto de Israel de legalizar la expansión de los asentamientos, la confiscación de tierras y la demolición de propiedades palestinas, incluso en zonas bajo soberanía palestina". Pidió a Estados Unidos y al Consejo de Seguridad de la ONU que intervinieran de inmediato.
Reacción de los países árabes e islámicos
Los ministros de Exteriores de Qatar, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, República de Indonesia, República Islámica de Pakistán, República de Turquía, Reino de Arabia Saudí y República Árabe de Egipto condenaron “las decisiones y medidas ilegales de Israel destinadas a imponer su soberanía ilegítima, afianzar los asentamientos y crear una nueva realidad jurídica y administrativa en la Cisjordania ocupada, lo que acelera los intentos de anexión ilegal y el desplazamiento del pueblo palestino”.
En una declaración conjunta, los ministros advirtieron contra la continuación de las políticas expansionistas y las medidas ilegales de Israel en la Cisjordania ocupada, que “constituyen una violación flagrante del derecho internacional, socavan la solución de dos Estados y representan un atentado contra el derecho inalienable del pueblo palestino a establecer su Estado independiente y soberano sobre las fronteras del 4 de junio de 1967, con la Jerusalén Oriental ocupada como su capital”. Subrayaron que estas medidas también socavan los esfuerzos en curso para lograr la paz y la estabilidad en la región.
Los ministros afirmaron que estas medidas ilegales en la Cisjordania ocupada son nulas y sin efecto, y constituyen una clara violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en particular la Resolución 2334, que condena todas las medidas israelíes destinadas a alterar la composición demográfica, el carácter y el estatuto del territorio palestino ocupado desde 1967, incluida Jerusalén Oriental. Asimismo, citaron la opinión consultiva emitida en 2024 por la Corte Internacional de Justicia. Esta concluyó que las políticas y prácticas de Israel en el territorio palestino ocupado, así como su presencia continuada en él, son ilegales. Además, reafirmaron la necesidad de poner fin a la ocupación israelí y la invalidez de la anexión del territorio palestino ocupado.
Los ministros reiteraron su “llamamiento a la comunidad internacional para que asuma sus responsabilidades legales y morales y obligue a Israel a poner fin a su peligrosa escalada en la Cisjordania ocupada, así como a las declaraciones incendiarias de sus funcionarios”. Subrayaron que la satisfacción de los derechos legítimos del pueblo palestino a la autodeterminación y al establecimiento de su Estado, sobre la base de la solución de dos Estados y de conformidad con el derecho internacional y la Iniciativa de Paz Árabe, constituye la única vía para lograr una paz justa y global. Esto garantizará la seguridad y la estabilidad en la región.
Condena internacional
Un grupo de 85 países miembros de la ONU —entre los que se encuentra la casi totalidad de los integrantes de la Unión Europea y de la Liga Árabe— publicaron el martes un comunicado conjunto en el que condenan las medidas adoptadas por Israel para expandir su “presencia ilegal” en Cisjordania, exigen su reversión “inmediata” y rechazan “cualquier forma de anexión” del territorio palestino ocupado. Si bien la iniciativa defiende la creación de un Estado palestino como el único camino hacia la paz, evita adoptar sanciones contra el Estado de Israel, lo que prueba una vez más que las meras declaraciones no resultan eficaces para detener la expansión de este. La declaración más reciente, surgida de la Asamblea General de la ONU en agosto de 2025, señala “la presencia ilegal israelí” en la zona como un “impedimento” para “el derecho a la libre determinación” del pueblo palestino.
Situación sobre el terreno
En Cisjordania continúan los pogromos organizados por los colonos extremistas que cuentan con la tolerancia del Ejército israelí. Se levantan nuevos asentamientos, se legalizan otros retroactivamente, se demuelen viviendas palestinas y se facilita que los colonos más violentos expulsen comunidades enteras, por medio de palizas y quemas de viviendas, coches, olivos o ganado. El martes pasado, el partido Sionismo Religioso del ministro de Finanzas Smotrich celebró una conferencia titulada "Plan de Asentamiento para 2030". El ministro ultraderechista pronunció un discurso defendiendo el control israelí en “Judea y Samaria”, denominación bíblica de Cisjordania. Durante su discurso, Smotrich también afirmó que el próximo gobierno de Israel debería "fomentar la migración" de palestinos de Cisjordania e imponer la soberanía israelí allí, y argumentó: "A largo plazo, no hay otra solución. Debemos completar la revolución y eliminar la idea del Estado terrorista árabe".
Colonización de Jerusalén Este
Un proceso de colonización para tratar de conseguir un cambio en la mayoría étnica tiene lugar también en Jerusalén Este, que fue ocupado militarmente en la guerra de 1967. Los sucesivos gobiernos israelíes arbitraron dos métodos. Por un lado, ampliar los límites de la ciudad hacia el oeste para incluir los asentamientos israelíes de Cisjordania. Por otro, catalogar como “aldeas” los barrios árabes para restar de la población de Jerusalén. Cualquier petición palestina para construir nuevas casas es sistemáticamente rechazada mientras se produce una expansión continua de casas y pisos para ser habitadas exclusivamente por judíos. Entre 1993 y 2022, Israel ha demolido 2.700 viviendas palestinas en Jerusalén Este y son 20.000 las viviendas sometidas a órdenes de demolición, de modo que, como señala Ilan Pappé en El final de Israel (ed. Akal), todo esto solo se puede entender como una política deliberada de limpieza étnica.
Hace 78 años (febrero de 1948) que el ejército del movimiento sionista inició el proceso de limpieza étnica en Palestina, ocupando aldeas indefensas y expulsando de ellas a sus habitantes milenarios. Ese proceso, que provocó el desplazamiento forzado de 750.000 habitantes palestinos y la posterior destrucción de alrededor de 500 aldeas, ha sido recogido en diversas obras de historiadores israelíes, entre las que destaca La limpieza étnica de Palestina de Ilan Pappé. Desde entonces, el proceso de expulsión de los habitantes palestinos no se ha detenido y de nada han servido las resoluciones de Naciones Unidas condenando esas acciones. La cruzada contra la UNRWA (Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo) y otras organizaciones internacionales de derechos humanos, poniendo obstáculos a su funcionamiento en Gaza y Cisjordania, debe considerarse como una prueba más de la intención de expulsar a los palestinos de su territorio.
Es evidente que no ha habido por parte de la comunidad internacional una voluntad auténtica dirigida a poner fin a esa política continuada de pogromos que busca, a través de los hechos consumados, obtener una mayoría étnica judía en la región para conformar el Gran Israel. Las democracias occidentales han intentado justificar su inacción con el argumento de que Israel es la única democracia de Oriente Medio. Sin embargo, un régimen que lleva a cabo una labor incesante de limpieza étnica, estableciendo un régimen jurídico de apartheid, para favorecer la supremacía de un grupo étnico, no es una democracia auténtica basada en el principio de igualdad ante la ley. De modo que la única alternativa que tienen las democracias occidentales, si quieren conservar un mínimo de decencia, es adoptar medidas de presión similares a las que se adoptaron con Sudáfrica para acabar con el apartheid. Al mismo tiempo, deberían asumir con realismo que de Trump, amigo ideológico de Netanyahu, al que lo une la visión compartida del mismo supremacismo blanco, ninguna intervención constructiva puede esperarse.
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