“Los reyes odian la verdad (…) Los soberanos prefieren rodearse de hombres que les digan tonterías agradables en lugar de aquellos que les recuerden sus deberes. La locura es lo único que los mantiene felices en su ignorancia”.
Erasmo de Rotterdam [1]
“Mas sucederá que, si no escuchas la voz de Yahveh, tu Dios, cuidando de practicar todos sus preceptos y leyes que hoy te prescribo (…) También herirá Yahveh con demencia, ceguera y turbación de corazón”.
Deuteronomio, 28:15-28 [2]
En las últimas semanas se ha leído y se ha escuchado a muchos periodistas y políticos analizar la salud mental del Presidente Javier Milei. El encierro en la Quinta Presidencial de Olivos, su presencia en el acto en Rosario, la cloaca de insultos que desparramó contra los periodistas y contra su “ideólogo” Agustín Laje tuvieron amplias repercusiones y fueron diseccionados profusamente. El peligro de este tipo de miradas, que justifican decisiones de políticas y actitudes individuales, es que facilitan a las élites el argumento de que el modelo no está fracasando, sino que el problema era Javier Milei. Nada nuevo para quienes hemos superado el medio siglo de vida, porque así lo han hecho en las últimas décadas.
Entonces, más allá de los diagnósticos sin sentido que haga o haya hecho Nelson Castro desde un set de televisión, así como otros desde los medios y las redes sociales, el interés no consiste en establecer diagnósticos sobre los gobernantes, sino en comprender de qué manera las características psicológicas y/o psiquiátricas de quienes gobiernan pueden afectar la toma de decisiones, cómo el ejercicio del poder modifica las condiciones en las que esas características se manifiestan y, finalmente, qué capacidad tienen las instituciones políticas para limitar las consecuencias de un liderazgo psicológicamente deteriorado, rígido o incapaz de procesar adecuadamente la información.
Antes de llegar a la pregunta incómoda, trataremos de pensar estas cuestiones no desde la psicología o psiquiatría, sino desde las ciencias sociales.
Locura y política
Uno de los primeros en trabajar esta cuestión fue Harold D. Lasswell en su obra seminal de 1930, donde argumentó que la política no podía reducirse a la psicopatología. Por el contrario, el autor sostenía que la trayectoria política de ciertos individuos podía comprenderse mejor si se analizaban conjuntamente “sus motivos privados, su desplazamiento hacia objetivos políticos y su racionalización en términos de intereses públicos” [3]. De esta manera, desplazó las investigaciones, en parte, desde las instituciones políticas a los individuos que las ocupan. Así, la política dejó de ser únicamente el resultado de las estructuras, intereses, clases, partidos o instituciones y comenzó a focalizarse también en las actividades de personas concretas, con historias personales, necesidades, percepciones y mecanismos psicológicos determinados. Esta perspectiva abriría posteriormente un amplio campo de investigación conocido como psicología política.
Pero, como adelantábamos, estaríamos cayendo en un reduccionismo —y en cierta manera, como adelanté, en una excusa para que nosotros y las élites no nos hagamos cargo de nuestras acciones— si adjudicamos las malas decisiones a los problemas mentales; aunque los hubiera. Por el contrario, si esos problemas psicológicos y/o psiquiátricos existieran, resulta más interesante preguntarse qué relación hubo entre las características personales, la estructura institucional, la concentración del poder, la destrucción de los mecanismos de control, la dinámica de las élites y el proceso de toma de decisiones. Entonces, la pregunta deja de ser simplemente, por ejemplo, si Javier Milei está “loco”, sino más bien, ¿qué condiciones políticas hicieron posible que algunas concepciones radicales de un individuo se transformaran en decisiones de Estado?
A partir del trabajo de Lasswell y de esta pregunta, las investigaciones posteriores avanzaron en esa dirección. Por ejemplo, Rose McDermott sostuvo que “la enfermedad provoca cambios específicos, predecibles y reconocibles en la atención, la perspectiva temporal, la capacidad cognitiva, el juicio y las emociones, que afectan sistemáticamente a los líderes que la padecen”. Por otro lado, afirma que su argumento está circunscrito al impacto de la enfermedad en el proceso de toma de decisión y no a “otros factores que puedan ejercer fuerzas irracionales en los líderes” [4]. En otras palabras, para esta autora no existe una relación de causalidad entre enfermedad e impactos sobre la política, sino que interviene como una variable importante la personalidad del líder político.
Por ejemplo, la capacidad del Presidente de Estados Unidos Woodrow Wilson (1913-1921) estuvo comprometida, luego de su accidente cerebrovascular isquémico, en interacción con “su personalidad previa y su entorno social y político”. Asimismo, y refiriéndose a Franklin D. Roosevelt (1933-1937, 1937-1941, 1941-1945 y 1945), esta autora observa que, durante los últimos años de su presidencia, el Presidente “tenía la costumbre muy arraigada de ignorar las adversidades personales (...). Es posible que tratara la enfermedad cardíaca igual que la poliomielitis: como una incapacidad más que podía superar mediante pura fuerza de voluntad y cierta dosis de negación”. Por último, y en el caso de John F. Kennedy, McDermott muestra cómo sus enfermedades, entre ellas la enfermedad de Addison y sus adicciones, y los tratamientos que recibió afectaron su comportamiento en la Conferencia de Viena de 1961 con el Primer Ministro soviético Nikita Jrushchov. En definitiva, la cuestión central no es determinar si el Presidente era psicológicamente “normal”, sino establecer hasta qué punto su condición afectaba su capacidad de decidir y qué mecanismos institucionales existían para compensar esa limitación.
Volviendo a Lasswell, cabe preguntarse sobre la capacidad de la estructura institucional de un régimen político democrático —como por ejemplo, el Congreso y el Poder Judicial— para reconocer dicha enfermedad o la patología mental y actuar frente a ella. En una democracia presidencial, el titular del Poder Ejecutivo concentra una cantidad considerable de capacidades decisorias, pero al mismo tiempo existen mecanismos constitucionales, políticos y burocráticos destinados a limitar su poder. Cuando esos mecanismos no funcionan adecuadamente, una enfermedad individual puede transformarse en un problema político que afecta a toda la sociedad.
Esta cuestión adquiere una dimensión todavía más importante cuando se analiza el autoritarismo. En los regímenes democráticos, un líder puede tener características psicológicas o psiquiátricas problemáticas, pero existen, como hemos dicho y al menos teóricamente, diversos mecanismos capaces de limitar sus efectos: elecciones, oposición partidaria, Congreso, Poder Judicial, prensa, burocracias profesionales, ministros, grupos de interés y procedimientos de sucesión. Aunque ninguno de estos mecanismos —como podemos observar actualmente en la Argentina— garantiza por sí mismo que las decisiones sean racionales. Por ello, en los regímenes autoritarios, y especialmente en aquellos que adquieren características personalistas, el problema psicológico se transforma, entonces, en un problema de la estructura del poder. Un gobernante puede comenzar a recibir cada vez menos información que contradiga sus opiniones porque los funcionarios tienen incentivos para transmitirle aquello que desea escuchar. La crítica puede comenzar a ser interpretada como deslealtad; el fracaso como resultado de conspiraciones; la oposición como una amenaza existencial. De esta manera, la concentración del poder puede producir un entorno político que favorezca la pérdida de mecanismos de corrección.
Betty Glad argumenta que el “narcisismo maligno es evidente en la grandiosidad, el sentimiento subyacente de inferioridad, el sadismo y la falta de escrúpulos al tratar con las amenazas percibidas contra su posición [de poder]”. Asimismo, sostiene que la incapacidad de los tiranos de comprometerse genuinamente con “sus camaradas de armas y con los valores que profesan; así como su profunda proclividad a dividir el mundo en dos” muestran que atribuyen a sus enemigos [externos e internos] “los rasgos más oscuros de sus propias personalidades”. [5] Todo lo expuesto elimina progresivamente los límites externos del tirano, deteriorando su capacidad de contrastar sus fantasías con la realidad.
Esto último puede aplicarse a los regímenes políticos democráticos. El caso de Richard Nixon (1969-1974) puede ayudar a comprender ciertas decisiones, pero la explicación completa exige considerar la estructura institucional estadounidense, la relación entre Presidencia y Congreso y el sistema partidario, entre otros. Por ello, el análisis de la personalidad puede explicar solo parcialmente determinadas formas de reaccionar ante una situación política, como por ejemplo la Guerra de Vietnam (1965-1975), las protestas pacifistas, las manifestaciones de los afroamericanos y el escándalo Watergate. Pero no explica por sí solo la situación política producida. Asimismo, el gobernante no percibe la realidad directamente: recibe información seleccionada por asesores, funcionarios, servicios de inteligencia, diplomáticos, militares y medios de comunicación. La percepción de la realidad política se encuentra, por lo tanto, mediada por personas e instituciones. Si además el líder posee una fuerte tendencia a confirmar sus propias creencias, el sistema puede producir un proceso acumulativo: selecciona información compatible con sus expectativas, rechaza la información contradictoria y toma decisiones basadas en una representación cada vez más distorsionada del entorno.
En esta línea argumental, Irving Janis [6] considera que la toma de decisiones puede volverse defectuosa no porque el líder esté mentalmente enfermo, sino porque el grupo que lo rodea (groupthink) desarrolla fuertes mecanismos de cohesión. “La búsqueda de la unanimidad de sus miembros prevalece sobre su motivación para evaluar de manera realista cursos de acción alternativos”, lo cual puede favorecer decisiones colectivas deficientes. Desde esta perspectiva, incluso un gobernante perfectamente sano puede tomar decisiones profundamente irracionales, si el entorno institucional y organizacional en el que decide elimina la posibilidad de recibir información contradictoria. Esto es especialmente preocupante en política exterior y seguridad nacional: las decisiones relativas a guerras, crisis internacionales y uso de la fuerza pueden depender de un número reducido de personas y producir consecuencias enormes. La combinación entre un líder rígido, asesores conformistas, información defectuosa y ausencia de controles puede resultar mucho más peligrosa que cualquiera de estos factores considerado aisladamente.
La conclusión más relevante es que la peligrosidad política no reside exclusivamente en la psicología y la psiquiatría del gobernante, sino en la relación entre ellas y la estructura institucional en la que se encuentra inserto. Una misma característica personal puede producir consecuencias diferentes dependiendo de si el dirigente gobierna en un régimen político democrático con un presidencialismo donde los controles funcionen o en un régimen autoritario. La cuestión no consiste entonces en construir una tipología de gobernantes “cuerdos” y “locos”, sino en estudiar las condiciones políticas que permiten corregir, contener o amplificar los errores de quienes ejercen el poder. Así, el problema político de la “locura” no es simplemente la existencia de un individuo psicológicamente perturbado, sino la posibilidad de que un sistema político le permita transformar su percepción individual de la realidad en una realidad obligatoria para todos los demás.
¿Y nosotros?
Sin embargo, una de las preguntas más incómodas es: ¿por qué ciudadanos que viven en sistemas democráticos votan a dirigentes que cuestionan las instituciones democráticas, concentran el poder, atacan los controles institucionales, tienen problemas de salud mental o manifiestan rasgos autoritarios? O peor aún, ¿por qué, posteriormente a las elecciones, conservan niveles significativos de apoyo popular mientras debilitan las instituciones que deberían limitar su poder?
Una respuesta simplona a estas preguntas se reduce al comportamiento electoral: si un candidato autoritario era elegido, podía suponerse que sus votantes habían sido engañados, manipulados o carecían de suficiente información.
En cambio, una aproximación diferente se encuentra en el estudio del autoritarismo como predisposición política. Por ejemplo, Karen Stenner sostiene que este no debe ser entendido únicamente como una característica fija de determinadas personas, sino también como una disposición que puede intensificarse bajo determinadas condiciones políticas y sociales; particularmente cuando los individuos perciben “amenazas” contra el orden normativo o la cohesión de la comunidad. En efecto, la predisposición autoritaria de la población se activa cuando las personas perciben que los dirigentes han perdido legitimidad o que ya no existe un consenso básico acerca de las creencias y normas compartidas. Esa sensación de amenaza “actúa como el catalizador que activa estas predisposiciones latentes y propicia su creciente manifestación en forma de intolerancia racial, política y moral (y su corolario: el carácter punitivo)”[7]. Desde esta perspectiva, el autoritarismo no necesariamente desaparece durante los períodos de estabilidad porque puede permanecer latente y activarse cuando las personas perciban esas “amenazas”. En consecuencia, puede sostenerse que una crisis económica, una ola de criminalidad, una guerra, una fuerte corriente de inmigración, una crisis institucional o un conflicto cultural pueden modificar la percepción de los ciudadanos acerca de los costos y beneficios del pluralismo. De esta manera, la tolerancia hacia la diversidad y el desacuerdo puede disminuir cuando una parte de la población considera que el orden social se encuentra amenazado. Este enfoque resulta particularmente útil porque permite abandonar la idea de que los electores autoritarios constituyen simplemente un grupo de ciudadanos “antidemocráticos”. Un ciudadano puede aceptar normalmente el pluralismo político y, sin embargo, en determinadas circunstancias, considerar que la autoridad y el orden deben tener prioridad. El problema político aparece cuando esa demanda de autoridad comienza a transformarse en una disposición a aceptar la concentración permanente del poder.
En cambio, el argumento de Peter Fritzsche es más fuerte. Este autor afirma que el nazismo en Alemania tenía sus raíces en “la imaginación de la gente porque apelaba a las aspiraciones populares que habían quedado frustradas desde la unificación de Alemania y a virtudes solidarias engendradas por la Primera Guerra Mundial” [8]. Asimismo, agrega que “el hecho de que tantos alemanes se hayan vuelto nazis no fue un mero accidente, un resultado extraordinario de condiciones económicas y políticas desastrosas”. Por el contrario, “se volvieron nazis porque quisieron volverse nazis” y porque Hitler y su partido representaron “con elocuencia sus intereses y sus inclinaciones”. Es decir, las raíces autoritarias eran parte de la sociedad alemana.
Otra explicación interesante es la que plantean Pippa Norris y Ronald Inglehart en su teoría de la “reacción cultural” (cultural backlash). Estos autores argumentan que “el lento proceso de cambio de valores derivado de las transformaciones generacionales, educativas, de género y urbanas ha profundizado las divisiones culturales en muchas sociedades occidentales” y “estimulado una reacción de parte de los conservadores sociales”.[9] Esta interpretación resulta particularmente importante porque modifica la explicación económica del voto autoritario. El elector no necesariamente vota por estas opciones políticas porque es pobre, sino porque percibe una pérdida de estatus, reconocimiento, identidad o autoridad cultural. El concepto de “pérdida de estatus” resulta aquí fundamental, en tanto que un grupo que durante décadas ocupó una posición cultural central puede comenzar a percibir que esa centralidad está desapareciendo.
En este sentido, Gidron y Hall argumentan que el sentimiento de estatus social puede ser una variable independiente de la situación económica objetiva: las personas pueden sentirse desplazadas, ignoradas o desvalorizadas, aunque no hayan experimentado una pérdida material proporcional. Los votantes de líderes autoritarios no son perdedores económicos, sino que “niveles más bajos de estatus social están asociados con el apoyo” a este tipo de liderazgos; particularmente “segmentos claves de hombres blancos de la clase trabajadora” [10].
Finalmente, si bien la explicación económica sigue teniendo una tradición importante, autores como Yotam Margalit han realizado una revisión crítica de esta, concluyendo que la inseguridad económica, como variable para explicar el conjunto del voto a los líderes autoritarios, es más limitada de lo que a veces se supone. Y eso es así porque estos enfoques subestiman el proceso inverso, mediante el cual el descontento con el cambio social y cultural impulsa el descontento económico como el apoyo al capitalismo [11].
La paradoja final es particularmente importante. Los ciudadanos pueden utilizar democráticamente el voto para elegir a dirigentes que posteriormente debilitan las condiciones que hicieron posible esa elección. La democracia no desaparece necesariamente cuando dejan de existir elecciones: esta puede comenzar a deteriorarse cuando los ciudadanos dejan de considerar que los límites al poder son deseables.
El tuerto y los ciegos
Más allá de los problemas psicológicos o psiquiátricos, u otras afecciones a la salud, que pueda tener el Presidente, cabe señalar que la estructura institucional del país ha fallado.
El Congreso ha delegado poderes a lo largo del tiempo en el Poder Ejecutivo; muchos de ellos han cristalizado con la reforma constitucional de 1994, pero esta situación se ha agravado en estos últimos años. Por ejemplo, la Constitución claramente indica que el Poder Legislativo es el responsable de autorizar el ingreso y salida de tropas y, además, hay una ley que regula la facultad constitucional. Pese a ello, han ingresado tropas de Estados Unidos y han salido militares argentinos violando claramente la Constitución y, al respecto, el Congreso no ha hecho nada. Se ha dicho que el problema es la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia; que fue dictada pensando en un Presidente que fuera respetuoso de la república; lo cual es una estupidez política porque, como sostenían los federalistas, entre otros, si los seres humanos fueran ángeles, no habría necesidad de gobierno. Es dudoso que, en cualquier país del mundo, la Madre Teresa de Calcuta hubiera podido gobernar alguna vez porque el poder se controla con poder. Por último, el Congreso tiene la facultad de someter al Presidente a un juicio político; cada Cámara elige sus autoridades y se designan personas que no convocan a las Comisiones para no tratar temas ajenos a la agenda del gobierno.
¿Qué decir del Poder Judicial? El jueves los docentes universitarios hicimos un nuevo paro porque una ley aprobada por el Congreso, vetada por el Presidente e insistida por ambas cámaras, alegremente es incumplida por el Poder Ejecutivo, sin que la Justicia haga nada y sin que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declare inconstitucionales los actos del Ministerio de Capital Humano. Todo esto en el marco de una sospechosa ausencia de la CGT en la calle, del abandono de la FUA y del extraño (no) acuerdo que los gremios y el CIN alcanzaron con el gobierno. En otras palabras, ha fallado toda la estructura institucional y sociopolítica del país para contener la personalidad presidencial y sus políticas.
Pero más allá de todo lo expuesto, Javier Milei fue elegido democráticamente y sigue teniendo un nivel de aprobación relevante. ¿Fuimos engañados? ¿Fue una reacción social frente a las reformas progresistas? ¿Fue la crisis económica de Alberto Fernández y la pandemia? ¿O en cierta manera los argentinos ya éramos autoritarios y, por ello, Milei fue una opción natural?
[1] de Rotterdam, Erasmo (2011 [1511]). Elogio de la locura. Madrid: Editorial Alianza, p. 116.
[2] Varios (2023). Biblia bilingüe. Tomo I. Volumen 1. Antiguo Testamento. Torá (Pentateuco). Nebiim (Profetas anteriores y posteriores). Madrid: Verbo Divino.
[3] Lasswell, Harold (1930). Psichopathology and politics. University Chicago Press, p. 124.
[4] McDermott, Rose (2007). Presidential leadership, illness and decision making. Cambridge University Press, p. iii y p. 5. Las citas que siguen fueron extraídas de las páginas 46 y 94.
[5] Glad, Betty (2002), “Why tirans go too far: malignant narcissism and absolut power”. Political Psychology, 23 (1), p. 22.
[6] Janis, Irving (1972). Victims of groupthink: a psychological study of foreign policy decisions and fiascoes. Houghton Mifflin, p. 9.
[7] Stenner, Karen (2009), “Three kinds of ´conservatism´”. Psychological Inquiry, 20 (2-3), p. 143.
[8] Fritzsche, Peter (2016). De alemanes a nazis. 1914-1933. Siglo Veintiuno Ediciones. Las citas corresponden a las páginas 23, 24 y P. 229.
[9] Norris, Pippa e Inglehart, Ronald (2019). Cultural backlash: Trump, Brexit and authoritarian populism. Cambridge University Press, pp. 44 y 45-46.
[10] Gidron, Noam y Hall, Peter (2017), “The politics of social status: economic and cultural roots of the populism right”. The British Journal of Sociology, 68 (S1), pp. 57 y 58.
[11] Margalit, Yotam (2019), “Economic insecurity and causes of populism, reconsidered”. Journal of Economics Perspectives, 33 (4).
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