LA MAR ESTABA SERENA

 

Esta pareció una semana tranquila, sin corridas cambiarias ni velatorias. El Banco Central ha obturado la hemorragia de divisas, que el último mes fue cinco veces menor que en los días de locura que precedieron a las últimas medidas de control. Entre ellas, la prohibición de operar en granos y en el mercado de cambios a la comercializadora Díaz & Forti, bajo cuyo nombre continuaban enmascaradas las operaciones de Vicentin. Esa pequeña empresa realizó transacciones por 4 millones de dólares en 2019, pero saltó a 630 millones en 2020, de los cuales sólo ingresó la mitad. Esa operatoria ilegal fue descripta con detalle en el informe final del Banco Nación sobre esa gran estafa, realizado por Alejandro Gaggero y Gustavo García Zanotti, que podés leer acá. Hasta el juez provincial santafesino Fabián Lorenzini dispuso la intervención de Vicentín, que había frustrado cuando el gobierno nacional la solicitó. El semestre transcurrido fue aprovechado para avanzar el vaciamiento que en junio se intentó evitar.

 

 

Ecos

Las disputas entre allegados a Maradona continuarán durante años, pero no a bordo del Cohete, que navega a demasiada distancia de tan humanos menesteres.

Esta semana se fueron apagando los ecos de aquellas jornadas extenuantes y es de desear que decanten como experiencia para no repetir errores. Por ejemplo, el Presidente Alberto Fernández le planteará al alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta que la Nación debe tener jurisdicción sobre la Plaza de Mayo y las manzanas aledañas, sin lo cual se torna muy complejo garantizar la seguridad de las instituciones federales que la rodean, como la propia Casa de Gobierno, el Banco Nación, la Agencia Federal de Inteligencia, el Ministerio de Economía y la AFIP. Sería una forma de atenuar, aunque sea en parte, la errónea reforma constitucional de 1994, apenas mitigada por la Ley Cafiero, de 1995, que buscó garantizar los intereses del Estado Nacional en su sede. También sería recomendable que la sede gubernativa tuviera rejas a prueba de trepadores intrépidos, que las usaron como escalones para llegar al otro lado.

Aunque el federalismo argento es menos extremo que el estadounidense, tampoco aquí la Nación puede disponer los modos de intervención policial en las jurisdicciones subnacionales. Esa imposibilidad está en el origen del problema que se produjo cuando la policía de la Ciudad desató una represión desaforada sobre manifestantes pacíficos.

 

 

 

 

 

Con esa violencia innecesaria y no provocada, politizaron una ceremonia popular, en la que se mezclaban la consternación y el festejo, tal como ocurre en los velorios humildes del interior. El Poder Ejecutivo presentó una denuncia penal contra el jefe de gobierno y su vice y encargado de seguridad, Diego Santilli, cuyo discurso sobre la incapacidad organizativa de la Nación olvida lo que le ocurrió a él hace apenas dos años, cuando la final de la Copa Libertadores de América debió jugarse nada menos que en Madrid, porque el gobierno de Buenos Aires no podía garantizar su seguridad. Los simpatizantes del Querido Rey no parecen advertir la aberración de que la copa Libertadores se defina en el Reino de España.

 

 

 

 

 

 

A sola firma

El equilibrio inestable entre la Nación y la Ciudad se mantuvo mientras cada jurisdicción tuvo un gobierno de diferente color político, pero derrapó en cuanto ambas quedaron en manos del PRO, a partir de 2016. Entre sus primeras medidas de gobierno, el Presidente Maurizio Macrì dispuso a sola firma de decreto una descomunal transferencia de recursos a Rodríguez Larreta, quien había sido durante ocho años su jefe de gabinete de ministros.

Es lo que vino a corregir ahora la ley que fija la transferencia en lo que esa fuerza de inseguridad realmente insume, y no en las cifras fantasiosas que Macrì detrajo del pozo común para engordar su propio distrito. En su lamento público, el jefe de gobierno dijo que el recorte equivale al 88% del presupuesto de salud, a once meses del salario docente, a la construcción de 217 escuelas o 13.000 viviendas en barrios vulnerables. Si ese dinero se aplicaba a la seguridad, tal enumeración es ociosa demagogia. Si no, se parece demasiado a una confesión, que justifica el recorte.

En su conferencia de prensa, Rodríguez Larreta dijo que había presentado una demanda ante la Corte Suprema de Justicia contra el primer decreto oficial. También había acordado con Fernández diferir el desenlace a la resolución del tribunal. Pero junto con la demanda presentó una medida cautelar, que el presidente del tribunal, Carlos Fernando Rosenkrantz, puso en circulación. Cuando el gobierno lo supo, apuró la sanción de la ley, lo cual anuló aquella jugada y obligó a HRL a presentar otra demanda distinta, de viabilidad más dudosa. No es lo mismo ir contra un decreto que contra una ley.

 

 

 

Santilli y HRL: una cautelar contra la ley.

 

 

Durante el debate, representantes cambiemosos intentaron una desafortunada comparación: Carlos Menem incrementó las transferencias a La Rioja, y Néstor Kirchner a Santa Cruz, sus respectivas provincias. Hay dos diferencias fundamentales: lo hicieron mediante aportes del Tesoro Nacional, creados por un artículo de la última ley de coparticipación, de 1988, para atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros. En estas tres décadas, gobiernos de todos los signos los han usado a discreción en distintas provincias y municipios. En cambio Macrì lo hizo por decreto, en exclusivo beneficio de su propio distrito y en base a un cálculo engañoso acerca de lo que cuesta la policía transferida por la Nación.

Por eso Sergio Massa y Máximo Kirchner no tuvieron dificultad en sumar votos para llegar a la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados en favor de la poda. Ante la queja estridente de Macrì, para quien una votación sólo es democrática cuando lo favorece, los diputados cordobeses le respondieron con datos duros. Según ese bloque, presidido por la esposa del gobernador Juan Schiaretti, Alejandra Vigo, mientras Córdoba cuenta con 35.000 millones de pesos para 22.000 policías, la Ciudad Autónoma recibió 67.000 millones para menos de 20.000 policías. Es decir, 1,6 millones por cada policía cordobés contra 3,3 millones por cada uniformado porteño, menos de la mitad. Además, el territorio que cubren los azules cordobeses es casi mil veces más grande que el porteño.

 

 

La camiseta de Boca

Rodríguez Larreta, que quiere jugar en las grandes ligas, padeció la misma prestidigitación que los cordobeses practicaron con el kirchnerismo en 2015 y 2019: hasta último momento le hicieron creer que lo apoyarían, o que al menos se abstendrían, y en el momento de decidir giraron 180 grados. Nada personal, El Gringo es así. Para votar el recorte a los porteños, Vigo reclamó que se difiriera la suma exacta que recibirá Buenos Aires a una negociación directa con el Poder Ejecutivo, y de no haber acuerdo la fijará la Comisión Federal de Impuestos. Una picardía más: en la  CFI están representados los gobernadores, de los cuales 19 ya se pronunciaron en el sentido que deseaba Fernández. Son los mismos que el viernes firmaron el Consenso Fiscal (al que Rodríguez Larreta se opuso porque compromete a no recurrir a la Justicia ni endeudarse en moneda extranjera), y luego almorzaron en Olivos. Lo firmaron incluso la mitad de los gobernadores de JxC, los de Corrientes y Jujuy.

En las presidenciales, Schiaretti no tuvo inconveniente en apoyar a su viejo compinche de la FIAT, pero lo que ocurrirá dentro de diez meses es una elección legislativa, en la que macristas y radicales no serán sus aliados sino los competidores a batir. Por eso no puede darse el lujo de prescindir del caudal kirchnerista, que según los años y los candidatos oscila entre el 9% de Pablo Carro y el 15% de Carolina Scotto.  No es un porcentaje ganador, pero sí puede decidir el triunfo o la derrota de Alejandra Vigo y su amante esposo. También necesita del gobierno nacional para refinanciar su abultada deuda en dólares y sostener algunos gastos en moneda local.

Además, por primera vez, la relación de la Casa Rosada con el cordobesismo no está en manos de hombres de negocios turbios o de intelectuales bienintencionados pero con poca calle sino de un político fino, como el ministro del Interior Eduardo De Pedro. Este acercamiento del líder del antikirchnerismo mediterráneo al gobierno nacional, anticipa la paliza que la oposición podrá llevarse en esos comicios, que le permitirían al oficialismo acercarse a la mayoría en la Cámara de Diputados.

La camiseta de Boca que mostró el mapa político del año pasado está en mutación. La franja de las provincias del centro que en 2019 se vistió de amarillo, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis y Mendoza, entre las azules Peronia del Norte y Peronia del Sur, se tornará azulada o al menos verdosa. Ni la economía ni la salud pública serán peores en el año electoral de lo que son ahora. Los ex jóvenes democristianos Carlos Leyba y Domingo Cavallo podrán argüir que el crecimiento previsto es magro y comparar con sus respectivos años gloriosos, 1974 y 1991, pero las personas concretas que viven hoy, muchas de las cuales no habían nacido entonces, agradecerán en las urnas ese alivio. La clave de las dificultades que padecen se halla en los cuatro años devastadores del neoliberalismo, sobre los que cayó una plaga que no exceptuó ningún rincón del mundo. Nada menos que Gran Bretaña anunció que su Producto Interno sufrirá este año la peor caída en tres siglos. La experiencia de casi cuatro décadas de democracia señala que todos los gobiernos ganaron la primera elección de medio término, con la única excepción de Fernando De la Rúa, por mérito propio y circunstancias externas. Sólo alguien que confiesa no estar bien psicológicamente, como el ex senador Eduardo Duhalde, puede equiparar a quien lo batió en las urnas en 1999 con el Presidente Fernández.

 

 

 

El Rubio y el Uno

La contracara de la represión violenta desatada por los escopeteros de la policía porteña fue el ingreso a dependencias internas de la Casa Rosada de una cantidad de dolientes que querían despedir a Maradona. Para el gobierno nacional, no fueron más de 50. Algunos testigos, imágenes de señales de cable y filmaciones caseras permiten multiplicar esa cifra hasta por diez.

El número no es lo fundamental. Las interpretaciones de cada autoridad son antagónicas: para la Nación, la estampida se originó en los apaleos, gaseos y cauchazos desatados por la fuerza represiva porteña a nueve cuadras, sobre las avenidas 9 de Julio y de Mayo. Para la Ciudad, se debió a la actitud permisiva de las fuerzas federales. Con cierta reticencia, el Poder Ejecutivo Nacional terminó por aceptar que su responsabilidad de origen fue acceder a los deseos de dos hijas y de una ex compañera sentimental de Maradona, sin prever las consecuencias cuando se hiciera evidente que una amplia mayoría de los presentes no podría cumplir su propósito. Para peor, esto trascendió de la peor manera, no por un anuncio oficial acompañado de una propuesta alternativa, sino gracias a las corridas que provocó la agresión policial sobre la fila que aguardaba su turno. Tanto autoridades del gobierno como funcionarios de planta de la Casa Rosada, concuerdan en que si no se hubieran abierto las rejas, la estampida podría haber derivado en una Puerta 12, con centenares de muertos.

El Presidente cuenta que cuando se acercó al ver personas trepadas a las rejas, en las puertas que dan frente a las sedes de la AFI y del Banco Nación, se identificaron como hinchas de Almirante Brown, uno de los clubes en los que no jugó nunca Maradona.

Cállense muchachos que ahí viene el Uno.

Ése fue el interlocutor al que se dirigió Fernández poco después, cuando otros hinchas amagaban con descolgarse de las rejas hacia el interior.

—Eh, Rubio —le gritó, antes de señalarle lo que estaba sucediendo.

 

Los demás descendieron a una seña del Rubio, quien saludó al Presidente con un pulgar levantado.

 

 

 

El eje Bullrich-Berni

 

Berni, según Barcelona y en opinión de Bullrich

 

El orgullo del gobierno es que en ese contexto, las fuerzas de seguridad hayan cumplido la orden de orientar la salida de quienes deambulaban entre el salón de los bustos y el patio de las palmeras, sin que hubiera ni un herido ni un vidrio roto, un cambio de paradigma luego de tantos años de Doctrina Chocobar y palo libre. No está mal, si además se entiende que es mejor prevenir que curar, para no verse en semejante situación.

Esta apreciación se potencia cuando se sabe, como informó el blog Pájaro Rojo, que el jefe de la policía porteña, comisario Gabriel Berard, incluyó en la orden del día de la fuerza una felicitación a los efectivos que participaron en el brutal ataque a los manifestantes. Otro tanto hizo el ministro bonaerense de Seguridad, el cirujano Sergio Berni, quien para ello tergiversó los hechos. “El barrabrava que tira piedras, palos y botellas en medio de una multitud está cometiendo un delito. Aquellos que eligen no hacer nada por falta de coraje y dejan actuar libremente a un puñado de energúmenos, ¿qué acto están cometiendo? ¿Cómo podemos calificar esa conducta?”, escribió.

 

 

Santilli y comisario Berard: el palito de abollar ciudadanía.

 

 

Los agredidos en las avenidas 9 de Julio y De Mayo no eran barrabravas ni habían tirado nada, cuando la policía los atacó. Patricia Bullrich se jactó de que Berni coincide más con ella que con Sabina Frederic, lo cual es muy cierto. Pese a su gravedad, la felicitación de Berard y el elogio de Berni merecieron menos atención que unas declaraciones pedorras de tres rugbistas. Como es difícil tomar esa cuestión en serio, mejor que sumar comentarios a un tema tan menor es compartir varios videos de Ezequiel Campa y su gran personaje, Dicky del Solar, que lo dice todo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De pura ley

El oficialismo apuró el tratamiento legislativo de varios significativos proyectos de ley. La derogación de la clandestinidad del aborto llegará al recinto de la Cámara de Diputados el jueves 10, y tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo, los cálculos sobre cómo será votado en cada cámara son optimistas. En forma discreta pero eficaz, Alberto y Cristina están trabajando en asegurar algunas voluntades y en neutralizar otras, sobre la hoja de ruta trazada por Elizabeth Gómez Alcorta. Esto se refleja en la exasperación de quienes se oponen, que se han permitido escraches violentos incluso a familiares de legisladores y legisladoras y en las expresiones vertidas por algunos de los invitados del sector confesional a exponer. El sacerdote José Di Paola hizo evidentes sus escasas luces. Ni siquiera leyendo pudo dar coherencia a su exposición, que giró sobre dos ejes de palmaria falsedad:

  1. Que las personas pobres, cuya representación se arrogó, son celestes, mientras el verde está circunscrito a las elites porteñas.
  2. Que se debe a la insistencia en este proyecto que el Papa Francisco no venga a la Argentina.

El pastor Osvaldo Carnival, contratado por Rodríguez Larreta para adoctrinar a sus policías, fue amenazante. Dijo que quienes defendieran el proyecto no podrían vivir tranquilos durante medio siglo y que no habría lista sábana capaz de esconderlos.

El otro proyecto que mueve pasiones es el aporte extraordinario sobre las 12.000 mayores fortunas del país, que se convirtió en ley el viernes, sin ninguna de las modificaciones en el Senado que pretendían varias cámaras patronales, como la UIA. Lo mismo ocurrió con otro proyecto de Máximo Kirchner, que prohíbe por 30 años dedicar un terreno que se haya incendiado a otra actividad distinta a la que se realizaba antes del fuego, que se duplican a 60 si la destrucción hubiera afectado al bosque nativo. Pese al torrente de informaciones sobre la molestia del Ministro de Economía Martín Guzmán y del propio Presidente Alberto Fernández, ambos fueron incluidos por el Poder Ejecutivo para su tratamiento más allá del periodo de sesiones ordinarias, que concluyó el último día de noviembre.

Otro tanto sucedió con la ley de sustentabilidad de la deuda pública y con la fórmula de movilidad jubilatoria. En ambos casos, los proyectos del Poder Ejecutivo recibieron enmiendas sugeridas por el bloque de senadores que responde a la Vicepresidenta CFK. Lejos de la historia de Pimpinela que apasiona a la trifecta mediática, los cambios fueron aprobados por Alberto y por Martín Guzmán y mejoran proyectos que ya eran buenos.

  • La ley de sustentabilidad de la deuda externa fue fundamentada por Guzmán como un respaldo a la negociación con el FMI. Exige que tanto los préstamos en moneda, legislación y justicia extranjeras como los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional cuenten con la aprobación previa del Congreso. En un seminario virtual organizado por la Unión Internacional de Trabajadores de Capacidades y Servicios, Guzmán dijo que en la negociación con el FMI se procura “reemplazar el programa actual por uno nuevo que se base en principios completamente diferentes, entendiendo que no hay restauración de la estabilidad macroeconómica sin la recuperación del crecimiento económico”. En el futuro los programas del Fondo deberían basarse en premisas apropiadas, y ser considerados legítimos a nivel nacional, porque den “suficiente alivio al país para que se puedan implementar las políticas que sean necesarias para la recuperación económica”. En el Senado se agregó que no se admitirá la emisión de deuda pública para sufragar gastos corrientes. Es comprensible que esto incomode a quienes participan del negocio financiero del endeudamiento y la fuga, pero no al gobierno, que recibe así un respaldo importante para la negociación. Fernández lo incluyó en extraordinarias para que Diputados ratifique esa cláusula.
  • La fórmula de actualización previsional suprimió la inflación pasada como medida, ya que de ese modo los ingresos siempre quedarían por debajo de ese techo, y la substituyó por un mix entre los salarios tal como los mide el Ministerio de Trabajo (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables, o RIPTE) y la recaudación de los impuestos destinados a financiar la ANSES. Con la fórmula que se aplicó durante los gobiernos de Cristina, los jubilados y pensionados vencieron a la inflación por un 25%, con la del macrismo quedaron 20% por detrás, en apenas dos años. La mejora posterior de la fórmula consistió en que el 5% que se cobrará este mes, fijará el piso a partir del cual se aplicarán los próximos aumentos y no se tomarán a cuenta de la primera mejora de 2021. Además, las actualizaciones serán trimestrales y no semestrales, y como valor salarial se tomará el RIPTE sólo si supera al indicador que mide el INDEC, que prevalecerá de ser mayor. Desde hace varios meses, la recaudación supera al Índice de Precios al Consumidor, relación que de mantenerse beneficiará a los jubilados.

Esta sucesión de acuerdos entre las distintas alas del FdT ha perturbado algunas determinaciones de la trifecta, y permitido que, aún con timidez, se asome la realidad. Al referirse “a la expresión bicéfala, cuyas cabezas habitan en la Casa Rosada y en el Senado”, el columnista de La Nación Claudio Jacquelin consigna que esa relación transcurre “no sin conflicto, pero tampoco con diferencias irreconciliables ni perspectivas cercanas de ruptura. Los enemigos están afuera”. Lentos, pero inseguros, era hora de que se fueran dando cuenta.

 

 

 

La injusticia que no cesa

La República Autónoma del Cuarto Piso y el Estado Libre Asociado de Comodoro Py continuaron su batalla corporativa contra los ex funcionarios de las tres administraciones kirchneristas, orientada por el gobierno de los Estados Unidos, como confesó el embajador Edward Prado en la audiencia de confirmación en el Senado de su país. La Corte Suprema de Justicia despachó en pocas líneas el recurso extraordinario del ex Vicepresidente Amado Boudou en la causa Ciccone, y la Cámara de Casación Federal consideró validas las declaraciones de los arrepentidos de la encuadernadora Bonadío-Stornelli, pese a que no fueron registradas por medios técnicos idóneos como exige la ley.  Está fuera de discusión que Boudou padeció una abierta represalia por su rol decisivo en la estatización del sistema previsional. La Corte Suprema utilizó para confirmar su condena el artículo 280 del código procesal civil y comercial, cuya constitucionalidad y convencionalidad ha sido cuestionada por el sistema interamericano de derechos humanos , ya que permite descartar un caso sin explicar por qué, tal como también objetó el Consejo Consultivo convocado por el Poder Ejecutivo.

Las dos causas falladas esta semana se iniciaron significativamente por la actuación de sendos suboficiales del Ejército, los sargentos primeros Jorge Orlando Pacífico y Oscar Bernardo Centeno, del arma de Ingenieros igual que el teniente coronel Atilio Stornelli, el padre del fiscal. Está documentado que Pacífico y Centeno se conocen por lo menos desde 1980, cuando compartieron el curso de mantenimiento de camiones Mercedes Benz dictado en el Batallón de Arsenales 601, en plena dictadura. Completa el cuadro un tercer suboficial, éste de la policía federal, Jorge Bacigalupo, un amigo de Centeno que se declaró admirador del jefe de la Triple A, comisario Alberto Villar, y ávido de venganza contra el kirchnerismo por su política de enjuiciamiento de los crímenes de lesa humanidad, que entregó los cuadernos al diario La Nación.

 

 

Los suboficiales Pacífico, Centeno y Bacigalupo.

 

 

En noviembre de 2011, pocos días después de la victoria electoral de la fórmula Cristina Kirchner-Amado Boudou, Clarín mencionó por primera vez la denuncia de “un ciudadano común, Jorge Pacífico”, quien dijo que tomó conocimiento de delitos de acción pública por una conversación oída en un café entre hombres desconocidos. No los vio porque estaba de espaldas, pero los escuchó decir que The Old Fund “resulta ser una pantalla de la familia Ciccone” y de una persona “políticamente expuesta, alto funcionario del gobierno nacional, para recuperar la empresa antes fallida”.

En realidad, Pacífico es especialista en explosivos, fue comando en la guerra de las Malvinas, participó en los levantamientos carapintada de Aldo Rico y Mohamed Seineldín, fue dirigente del MODIN y vendedor de un producto tan poco común como helicópteros artillados. En 1995 fue detenido bajo la acusación de traficar armas robadas al Ejército y se constituyó en el primer hilo de la pista carapintada en el atentado del 18 de julio de 1994 a la sede de la DAIA. Esa mañana Pacífico apareció ensangrentado entre los escombros del edificio demolido. Su explicación fue que se había citado en un bar de Corrientes y Pasteur con el apoderado del Modín, Jorge Rodríguez Day, y con otros dos dirigentes partidarios, para ir a ver un auto importado ofrecido en un aviso. Al producirse el estallido “estuve ayudando a las víctimas”, dijo.

Ese fue el espurio comienzo de la causa que concluyó con la condena del ex Vicepresidente a 5 años y 10 meses de prisión, que comenzó a cumplir el mismo día, aun antes de que se dieran a conocer sus fundamentos y pudiera apelarla. El testigo que lo incriminó es Alejandro Paul Vandenbroele, quien fue recompensado por el gobierno del ex Presidente Maurizio Macrì con un bello hotel boutique en Chacras de Coria. Al demandar un millón y medio de pesos para que comenzara a instalarlo, el responsable de Vandenbroele en el programa de protección de testigos, el policía porteño Carlos Linsalata, informó a sus superiores que tres semanas antes había sido condenado Boudou y que había llegado la hora de pagar. Esto consta en el expediente que consultó Ari Lijalad. Estas son algunas de las evidencias que la Corte se negó a considerar. Además, el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti anunció el fallo a la trifecta antes que a las partes.

 

 

Boudou y su acusador

 

La Masía, el hotel boutique con el que se pagó la declaración.

 

 

El mismo procedimiento de rehusar pronunciarse siguieron los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone para rechazar el recurso de queja presentado por Cristina Fernández de Kirchner, que estaba en condiciones de ser tratado desde hace un año. Alegaron que era inadmisible, porque no iba en contra de una sentencia definitiva.  En consecuencia, nada dijeron sobre la bien fundada presentación del defensor Carlos Alberto Beraldi, quien no planteó la inconstitucionalidad de la ley del arrepentido (tema más que opinable) sino por el origen ilícito de la causa, el procedimiento de fórum shopping para que se hicieran cargo el doctor Glock y su fiscal Stornelli, la persistente violación de secretos, la extorsión a varios de los arrepentidos y la ausencia de los registros técnicos que la ley exige para que los arrepentimientos sean válidos. En cambio sí abrieron el recurso de Julio De Vido, que tampoco iba contra una sentencia definitiva, y como era previsible afirmaron la constitucionalidad de la ley impugnada. Los mismos jueces, al mismo tiempo, dicen blanco en un caso y negro en el otro, seguramente sin ponerse colorados. La próxima semana, Beraldi presentará el recurso extraordinario para llegar a la Corte Suprema.

Ahora, el Tribunal Oral Federal 7 podrá avanzar en el trámite procesal y citará a juicio para que las partes ofrezcan los medios de prueba con los que se habrá de desarrollar la audiencia. Esto va a demorar mucho tiempo y como las partes van a plantear instrucciones suplementarias, no es seguro que se fije audiencia en 2021. La estrategia corporativa no es apurar el trámite para que se declare que la Vicepresidenta es culpable o no, sino la dilación constante, para mantenerla en la indefinición perpetua, que la trifecta mediática convierte en presunción de culpabilidad.

 

La música que escuché mientras escribía

 

 

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