LA MOCHILA ARGENTINA

Cuando no se quiere aprender de la experiencia  

 

Tal como ocurriera en forma repetida  en nuestra historia , se vuelve a poner eje en que el problema de la desocupación es el «alto costo laboral y las  cargas sociales y  en particular, las indemnizaciones» . En forma desembozada  Juntos por el Cambio    hace  referencia a la necesidad de una «Mochila Argentina» que, señalan sus principales dirigentes,  no  se trataría de un «fondo de desempleo» sino a “un sistema de garantía de indemnizaciones»(declaraciones de Rodríguez Larreta, proyectos en el Congreso de Lousteau y Stefani)

Voceros del establishment, como el empresario textil “Tedy” Karagozian, hacen mención en forma improvisada e impresionista  a la experiencia de la Mochila Austríaca, refiriendo que  en Austria «con un costo del menos del 1,5%, la indemnización viaja en la mochila del trabajador cuando pasa de empresa a empresa»,  Se asegura así mismo que con  un sistema de este  tipo sería posible sostener  todos los derechos laborales. y generar mayor empleo . Se plantea además  que evitaría juicios laborales al no hacer  más distinción entre despidos por causas justificadas  o injustas.

El lanzamiento de propuestas de este tipo es improvisado, y,  como ha ocurrido en otras oportunidades, se lo hace  sin analizar con seriedad  condiciones objetivas, costos y eventuales consecuencias,

 

 

De la fantasía a la realidad

Para dar comienzo a un debate serio es  indispensable tomar en cuenta la experiencia ya vivida en nuestro país de  “flexibilización laboral ” en la década del ’90 que no solo no cumplió con la promesa, que ahora notablemente se reitera, de aumentar el empleo. Por el contrario, la extensión de la precariedad laboral dio sostén a una desestructuración y empeoramiento notorio del mercado laboral.

Al comenzar la década del ’90, antes de ponerse en marcha la desregulación laboral Menem-Cavallo, la desocupación  ya alcanzaba  un récord entonces, que no se observaba desde la gran crisis del 30, del 7,4% de la población activa. Aún así,  al finalizar la era de la convertibilidad + privatizaciones + desregulaciones + apertura ya más que la duplicaba, alcanzando el 17, 4% de la población que podía y quería trabajar, pero no conseguía empleo.

Contrariamente, a partir de 2003 cuando se reabrieron las convenciones colectivas de trabajo e  implementaron políticas públicas que desarrollaron el mercado interno, se crearon en pocos años millones de puestos de trabajo formales. Ningún empresario, ni chico, ni mediano, ni grande dejó de tomar gente para aumentar la producción y las ventas impulsadas por una creciente demanda. Y en esos años regía la misma legislación que en la actualidad. Ningún movimiento empresario pedía en ese momento la eliminación de la indemnización, ni siquiera su reemplazo por otro sistema. O sea que la conclusión es obvia: no hay tal vinculación clamada como receta entre mayor desregulación y más empleo. Ha sido todo lo contrario.

 

 

El mal ejemplo

Como la experiencia argentina de desregulación del mercado laboral ha sido vergonzosa, se argumenta ahora que  se trata de seguir el ejemplo de  países más evolucionados, tal la referencia actualmente en boga a la “mochila austríaca”.

Lo que no se considera es que en la propia Austria, esa “mochila” ha pasado a ser crecientemente cuestionada. La desocupación pasó allí desde un 3% en el momento de  su introducción a casi el 7% en la actualidad. Más aún, la recuperación del empleo en el último período de lento mejoramiento de la economía europea post-pandemia ha sido menor en Austria si se compara con otros países de la región con legislaciones laborales que ponderan más la estabilidad en el empleo.

A lo anterior, se ha sumado la creciente inquietud por parte de entidades empresariales austríacas por la alta rotación de los trabajadores —en especial los jóvenes— a que da lugar la mochila (“me voy cuando quiero con mis ahorros ”). Se verifica que implica un daño estructural  por inducir una menor capacidad, calidad, compromiso y experiencia de la fuerza laboral, afectando productividad y competitividad de los productos y servicios de sus empresas. Por último, y no menor, la comparación con la Argentina no es pertinente. El salario anual  promedio de los trabajadores austríacos es de  49.000 euros, más de 10 veces el promedio actual en la Argentina; siendo además que los desempleados gozan de una red de protección social inexistente en nuestro país.

 

Proyectos en danza

El proyecto presentado por el senador Martín Lousteau establece que las empresas deberían realizar un aporte obligatorio que «no podrá exceder del 12% de la remuneración mensual bruta durante el primer año y del 8% para los años subsiguientes». Por un cálculo simple surge que cada trabajador necesitaría aportes de 12,5 meses para completar el monto equivalente a un sueldo mensual, es decir lo establecido por año de antigüedad. Sus defensores hacen mención de la experiencia del fondo de desempleo existente en la construcción, pero esta es una actividad particular que se caracteriza por ser temporaria por obra y no fija, y su  respaldo al desempleo temporario y limitado.

Al plantearse este tipo de proyecto sin responsabilidad ni seriedad y solo en forma impresionista, se está generando una carga  permanente mayor para los empleadores, afectando en particular a las pymes. Para estas, a diferencia de las grandes empresas, el pago de salarios constituye una parte de mayor significación relativa en sus costos totales. Pero además, se estaría planteando un costo sin eventual contraprestación alguna para empresas que brindan  empleo más estable en relación a aquéllas sin preocupación o menor responsabilidad para sostenerlo.  ¿Por qué una empresa tendría que pagar un fondo de desempleo si no tiene previstos despidos?  Se estaría entonces ante un particular sistema de falsa “solidaridad ”. El buen empleador subsidiaría de hecho al malo o inescrupuloso. No es cierto, por lo tanto, lo afirmado por Lousteau de que la reforma permitiría “aliviar a los empleadores sin descuidar a los trabajadores»

 

 

Falso juicio y perjuicios

A todo lo anterior, habría que sumarle la inexistencia de garantías de cumplimiento de obligaciones, amén del costo del sostenimiento del que desea llamarse Fondo Nacional de Cese Laboral a ser administrado por ANSES “o la que en un futuro la reemplace” (¿vuelta al modelo-desastre de seguros de indemnizaciones y accidentes fallidos y de las AFJP?). Deben tenerse en cuenta también experiencias ya vividas en el país. ¿Quién se haría cargo de eventuales requerimientos mayores de no alcanzar los recursos? ¿Otra vez el Estado? ¿con mayores impuestos para pymes y trabajadores?, ¿empeorando los ingresos de jubilados y pensionados?

Se intenta además presentar la introducción de la “mochila argentina” como un alivio para las empresas, en particular las pymes. Se afirma que limitaría la recurrencia a la justicia laboral en casos injustificados que, bien sabemos, conllevan altísimo costo en especial para las empresas más pequeñas. Pero buena parte de los juicios laborales no se relacionan con la liquidación de indemnizaciones —que sería lo único a cubrir por el Fondo— sino con otros aspectos de la vinculación laboral (condiciones de trabajo, insalubridad, enfermedades profesionales, etc.). La denominada «industria del juicio» inescrupulosa debe ser combatida en forma enérgica, pero a través de instancias que afronten esa problemática.

 

Derechos laborales , empleo y demanda

La credibilidad y sustentabilidad dinámica de los derechos laborales en un período de grandes cambios resulta esencial. Para ello es fundamental un acuerdo básico social sobre la prioridad de generar mayor empleabilidad para quienes buscan trabajo, en paralelo , y no en contra de la sustentabilidad de los mayores empleadores, las pymes. Deben contemplarse en forma complementaria el crecimiento del mercado interno, para cuyo desarrollo se requiere centralmente: el impulso de la capacidad de compra de los asalariados, la necesidad de generar mayor empleo cuando existe mayor demanda y un horizonte de estabilidad, compromiso y responsabilidad con la producción y el trabajo.

La iniciativa de la «mochila» en realidad se engarza con el debate más general estratégico de la producción, el trabajo y la inclusión social.  Cómo hacerlo, por supuesto no tiene respuestas fáciles, pero seguro que no será en base a propuestas regresivas como las planteadas. Por lo pronto, sí debe ser puesta en el centro de atención la falta de dinamismo de un mercado interno sin impulso y con una regresiva distribución del ingreso. Es decir, la persistencia de una parte sustancial de la población sin poder de compra y, por lo tanto, con demanda potencial insatisfecha. Debe en primer lugar romperse la paradoja de nuestro país de existir oferta más que suficiente de muchísimos bienes básicos, siendo el ejemplo más evidente es de los alimentos, con más del 10% de la población sufriendo indigencia. El deterioro y la marginación laboral motivan también la existencia de capacidades productivas ociosas para muchísimos productos y servicios esenciales con significativa demanda potencial insatisfecha pero con falta de demanda efectiva; es decir por no contar millones de personas con “plata en el bolsillo” ganada dignamente con el trabajo y el esfuerzo para acceder a ellos.

Debería a esta altura resultar evidente que la dinámica económica y social no puede basarse en una mayor flexibilidad laboral regresiva, bajos salarios y un mercado interno deprimido. No es hora para más de lo mismo que tanto daño ha hecho a nuestra sociedad.

 

 

 

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