La decisión de FATE de cerrar la primera y mayor fábrica de neumáticos del país y despedir a la totalidad de sus 900 trabajadores, arroja una nueva palada de tierra sobre la burguesía nacional, que hoy es sólo el fantasma de un peronismo que también ha dejado de existir. Sepulta con ella el intento más audaz de despegue tecnológico y productivo que se intentó hace medio siglo y que fue aplastado por intereses económicos y geopolíticos que no querían competencia y por la dictadura cívico militar. No está incorporado a la conciencia social que ese núcleo tuvo decenas de detenidos-desaparecidos, al mismo tiempo que se liquidaba su proyecto empresarial, político, tecnológico e intelectual. Lo que quedó es la primera planta de aluminio primario, Aluminio Argentino, ALUAR, que se mantuvo a fuerza de subsidios y canonjías, en un país que no fabrica aviones ni naves espaciales, sino que exporta más de la mitad de su producción. A diferencia de FATE, cuyos neumáticos no pueden resistir la competencia china, ALUAR es una de las empresas más rentables del país y nunca falta en los rankings de quienes fugan sus ganancias del país. Por ejemplo, en 2020, el ministro Gustavo Béliz y el presidente de la UIA, Miguel Acevedo, citaron a una decena de hombres de negocios con el Doctor Fernández, cuando recién comenzaban su gobierno y la pandemia. Con tono de broma, el vicario presidencial les dijo: "Hablen con sus gerentes para que traigan los dólares que compraron". No era un chiste: Javier Madanes Quintanilla, quien se sentó a la mesa de Fernández, había comprado 345 millones de dólares en el Mercado único y Libre de Cambios.
El fallo por 6 a 3 de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, que el viernes 20 estableció que el Presidente no tiene autorización legal para imponer aranceles globales mediante la ley de emergencia económica de 1977 (IEEPA), no mejora la situación de Aluar, que exporta a Estados Unidos el 40% de su producción, el doble que el consumo interno. El 20 o 25% según los años, se exporta con variaciones cada año a Brasil, España, Italia, México, Corea del Sur, Japón y otros países asiáticos. Los aranceles que Aluar debe pagar en Estados Unidos fueron fijados según otra ley, la Sección 232 de la ley de expansión comercial, basados en motivos de seguridad nacional. Dos de los tres jueces designados por Trump, Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett, se sumaron al presidente del tribunal, el conservador en transición John Roberts, y a las tres juezas demócratas, Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, para aplicarle a Trump el golpe más contundente en el año que lleva su segundo periodo presidencial. Samuel Alito y Clarence Thomas adhirieron al voto de Brett Kavanaugh, y afirmaron que "la decisión podría no limitar sustancialmente la capacidad del Presidente para imponer aranceles en el futuro (…) porque muchas otras leyes federales autorizan al Presidente a imponer aranceles y podrían justificar la mayoría (si no todos) los aranceles en cuestión en este caso". Por ejemplo los que afectan al aluminio de Aluar y al acero de Techint. Pero si no afecta a Aluar, en principio el fallo parece indicar que la Corte Suprema dejó sin efecto las rebajas arancelarias generales recíprocas del 10% al 0% para 1.675 posiciones que Trump decretó para la Argentina.
La justicia social
Aquel Estado peronista dio impulso a la conformación de una burguesía nacional, cuya actividad era compatible con una mayor participación de los trabajadores en la distribución del ingreso. La fracción de clase que la sustituyó tergiversa el proceso histórico. Su planteo exportador se sustenta en el infraconsumo de los sectores populares y prescinde de cualquier proyecto de reindustrialización.
Pero legisladores que siguen invocando el nombre de peronistas han prestado los votos necesarios para que el gobierno de los Hermanos Milei acabe también con el derecho del trabajo, cuyo origen se remonta a la Encíclica católica De Rerum Novarum, de 1891, y a la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, redactada en enero de 1919 por la comisión de trabajo creada por la Conferencia de Paz de Versailles que puso fin a la Primera Guerra Mundial. En De Rerum Novarum, para contrarrestar el avance del comunismo en Europa, León XIII afirmó:
- La dignidad del trabajo y del trabajador.
- El derecho a un salario justo y
- La protección estatal de los más débiles.
Tres décadas después, la Constitución de la OIT buscó remediar los horrores de la guerra recién transcurrida. Afirmó que
- "la paz universal y permanente sólo puede basarse en la justicia social", y señaló que
- es urgente corregir en todo el mundo las "condiciones de trabajo que entrañan tal grado de injusticia, miseria y privaciones para gran número de seres humanos", que "amenazan la paz y armonía universales".
Pero recién en la Encíclica Quadragesimo Anno, el Papa católico Pio XI desarrolló en 1931 el concepto de justicia social, como virtud moral, que debe orientar la organización económica, de modo que la distribución de los bienes sea justa.
En el Congreso, varios oradores dijeron que esos principios estaban en el ADN del peronismo y otros llamaron traidores a quienes llegaron con un sello electoral y votarían en contra de sus representados. La sesión estuvo a punto de levantarse por falta de quórum alrededor de las 21.30, cosa que impidió el aprendizaje que en estos dos años hizo el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que ya conoce todas las mañas, y ahora tiene un número que lo respalda. Aunque hubo variaciones en la votación de algunos artículos, la ventaja del gobierno fue siempre cómoda. La reforma laboral votada en la madrugada del viernes 20 por la Cámara de Diputados y con dictamen de comisión en el Senado la misma tarde, debe volver ahora a la cámara alta, el viernes 27, para que confirme o enmiende la votación de la madrugada. Milei quiere anunciarla en su jaculatoria del 1° de marzo ante los roedores legislativos.
El paro general de la CGT de la semana pasada, sin movilización, sólo alimentada por la izquierda marxista y peronista, llegó tarde. Sólo fue declarado luego de una negociación que prorrogó durante dos años los aportes solidarios a los sindicatos pero no los derechos laborales de sus afiliados. La Zarina y Patio Bullrich fueron las dos disciplinarias que impidieron que en el tránsito de una cámara a otra se tocara algo más que el artículo 44, que reducía entre un 25 y un 50% las licencias por accidente o enfermedad que no hubieran ocurrido en el lugar de trabajo. Podría repetirse el viernes 27 cuando sesione el Senado.
El gobierno no tuvo ninguna resistencia a esa eliminación del artículo 44, por varias razones:
- Ya había conseguido derribar los principios centrales del constitucionalismo social, como el concepto de in dubio pro operario.
- Había dejado en manos del patrón conceptos troncales como el horario de trabajo, la fecha de las vacaciones, la vigencia de los convenios, la supresión de las horas extra; los llamados a alargar o acortar la jornada según la conveniencia de la empresa; la eliminación de las indemnizaciones a cargo del patrón, cuyo aporte, que hasta ahora iba hacia la ANSES, se derivará a un Fondo de Asistencia Laboral para pagar cada descomida; la eliminación de estatutos especiales como el de los periodistas; la jibarización del derecho a huelga, con la creación de prestaciones esenciales o de importancia trascendental; la prioridad de los convenios de empresa o sector sobre los generales; la extensión de los periodos de prueba, incluso en el trabajo agrario, donde su carácter cíclico hace que desaparezca cualquier indemnización; promueve la tercerización y la subcontratación. Incluso, había transferido a la justicia de la Capital Federal, el fuero laboral federal creado por el peronismo, y habia alzado la guillotina del juicio político contra los jueces del trabajo que no se subordinaran a los fallos de la Corte Suprema, una auténtica revolución en el sistema constitucional argentino.
- La jactancia del ministro desregulador Federico Sturzenegger llamó la atención sobre el artículo 44, que hasta entonces había pasado inadvertido, como suele ocurrir en el caso de leyes ómnibus como esta, en las que recién la casuística ilumina sus previsiones disimuladas.
- El deseo del Ministro de Economía de no llamar la atención sobre el FAL, ese fondo con nombre de fusil ametrallador no tan liviano, que derivará unos 3.000 millones de dólares anuales a bancos privados, al estilo de las fallidas AFJP. Para el ministro Luis Caputo es fundamental la disponibilidad de ese dinero para que no se detenga la rueda de la fortuna del carry trade.
- El objetivo ulterior es que ese dinero, sustraído del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, endose a los jubilados el costo de los despidos que se avecinan, y al mismo tiempo pueda destrozar el sistema previsional como hace tres décadas lo hicieron las AFJP.
En llanta
La primera actividad del inmigrante polaco Leiser Madanes fue como vendedor ambulante, lo mismo que su paisano José Ber Gelbard, uno en la Capital, el otro en Santiago del Estero. Eran lo que en yiddish se llama kuenteniks, porque vendían a domicilio y a cuenta. Madanes llegó de niño, en 1912. Veinte años después consiguió alquilar un local en la Avenida Corrientes a pocos metros de Callao, donde vendía capas impermeables. Por eso la pequeña empresa se llamó FATE, Fábrica Argentina de Telas Engomadas. Al aproximarse la Segunda Guerra Mundial comenzó el desabastecimiento de productos importados. Roosevelt quería que la Argentina rompiera relaciones con Alemania, pero Churchill se oponía, porque los huevos y la leche de las pampas mantenían vivo al Ejército británico y temía que los buques que los cargaban fueran torpedeados desde submarinos alemanes. Pero lo que no podía era abastecer a la Argentina de material rodante, porque toda la producción se dedicaba a la guerra. En Buenos Aires los colectivos llegaron a seguir el recorrido de los tranvías, apoyando sus llantas directamente en las vías.

A partir de 1940, en un taller de Saavedra, los hijos mayores de Madanes, el contador Adolfo y el ingeniero Manuel Madanes, iniciaron la fabricación de las telas y los primeros experimentos con cámaras y cubiertas. Desde el golpe de 1943 y la asunción presidencial de Perón en 1946, esa producción fue apoyada por el Estado, que deseaba una competencia nacional para Goodyear y Firestone, que tenían plantas en la Argentina, pero el cerebro en Estados Unidos. Los Madanes firmaron un acuerdo de asesoramiento y transferencia tecnológica con la tercera fábrica estadounidense General Tire, que producía neumáticos desde 1915 pero no tenía planta en la Argentina.
El vozarrón de Loma
El momento más tenso de todo el debate parlamentario llegó durante la exposición del diputado petrolero de Chubut, Jorge Loma Ávila, quien cuestionó tanto al presidente de YPF, Horacio Marín, como al gobernador Ignacio Torres. Marín decidió desprenderse de yacimientos maduros para concentrar su tarea en los pozos no convencionales, y Torres anunció importantes inversiones para continuar con la producción en los más antiguos y en declino. Loma Ávila tronó con un vozarrón temible que el gobierno legislaba contra los trabajadores del interior y defendió el régimen laboral de los petroleros en las zonas más frías de país y denunció que ni Marín ni Torres habían cumplido con sus promesas, y que los trabajadores que representaba llevaban meses sin tareas. Primero Luis Petri y luego Martín Menem le informaron que había concluido su tiempo, pero Ávila continuó, cada vez en tono más desgarrador. Cuando el presidente de la Cámara le dijo directamente que le cortaría el micrófono, Loma lo desafío a que lo hiciera y no interrumpió su discurso. Menem no se animó y aguardó con la paciencia que no tiene a que el petrolero concluyera su catarsis, lo cual le llevó todavía muchos minutos más.

El aluminio es la otra actividad de Chubut. La planta de aluminio primario en Puerto Madryn era un proyecto impulsado por la Fuerza Aérea, para lo cual fue necesario que Agua y Energía Eléctrica construyera entre 1971 y 1978 la planta hidroeléctrica de Futaleufú. Su tarifa es muy inferior a la que se paga por los consumos domiciliarios. En torno de esta obra se produjo la ruptura entre los hermanos Madanes. Manuel se asoció para ese negocio con Gelbard, a quien le cedió una participación menor, pero Adolfo se negó a los acuerdos políticos de su hermano. Gelbard presidía la Confederación General Económica, que fue uno de los puntos de referencia de la burguesía nacional y estaba en estrecha relación con el dictador Alejandro Agustín Lanusse. Pero luego fue uno de los dirigentes que acompañó el regreso de Perón y fue su ministro de Economía hasta dos meses después de la muerte del ex Presidente. Sin embargo, fue el hijo de Adolfo Madanes y Dolores Quintanilla, Javier Madanes Quintanilla, quien terminó haciéndose cargo del 59% de la empresa hidroeléctrica, durante las privatizaciones de la década de 1990, y de la construcción de varios parques eólicos en 2019, para complementar la potencia necesaria para el aluminio, que es una de las producciones más demandantes de energía. La concesión de la represa por 30 años venció en junio del año pasado y ha sido prorrogada hasta que se licite.
Hubo rupturas más enojosas que la de los hermanos Madanes. Luego del golpe de 1976, la Junta Militar formada por Videla, Massera y Agosti se encarnizó con Gelbard y con Lanusse, a quien señalaban como socio oculto del ex ministro de Perón, que para entonces ya controlaba más del 20% de la planta de aluminio. A su vez consideraban a Gelbard protector o testaferro de David Graiver. En la madrugada del 4 de mayo de 1977 fueron detenidos en sus domicilios los tres miembros de la anterior Junta Militar, Alejandro Agustín Lanusse, Juan Carlos Rey y Pedro Gnavi. El juez Eduardo Francisco Marquardt y el fiscal Siro Miguel Angel de Martini (hijo de uno de los marinos que en 1955 bombardearon la Plaza de Mayo) los incriminaron por falsedad ideológica en el decreto que concedió en exclusividad a Aluar la planta de Futaleufú. Gelbard había dejado el país y Graiver era temido y odiado como Satanás. Pasado ese episodio y recuperado el control interno por parte de Videla, Aluar pudo seguir produciendo sin dificultad, posiblemente por el interés de las Fuerzas Armadas en el aluminio.

Agotamiento o maduración
Cuando se escribe la historia del golpe de 1976 hay dos lecturas encontradas. La que prevalece, entiende que estaba agotado el proceso de Industrialización por Substitución de Importaciones, que abarcó el ciclo completo de Perón, desde su primera hasta su última presidencia, con escalas importantes en las presidencias de Arturo Frondizi y el general de Inteligencia Roberto Levingston (cuyo Ministro de Economía era Aldo Ferrer). La otra, por el contrario, cree que había llegado a un punto tal de maduración, que estaba en condiciones de dar un salto decisivo hacia el desarrollo, y que eso explica por qué fue interrumpido en forma violenta. La historia de FATE avala esa interpretación.
En 1967, al cumplir un año como Presidente de facto, el general respaldado por el nacional-catolicismo Juan Carlos Onganía la emprendió a bastonazos con la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, donde el matemático Manuel Sadosky había avanzado el desarrollo de una computadora argentina, cuando en el mundo recién comenzaban a explorarse sus posibilidades.
Muchos profesores y alumnos marcharon al exilio, pero otros, orientados por Sadosky y con el apoyo de Manuel Madanes y de Gelbard, formaron la División Electrónica de FATE. También se integraron allí el astrónomo Carlos Varsavsky (padre del filántropo mileista Martín Varsavsky) y los ingenieros Humberto Ciancaglini, Roberto Zubieta y Héctor Abrales. Varsavsky se graduó en Harvard, y Abrales fue investigador del Centre National de la Recherche Scientifique, del Laboratoire d´Electronique et Physique Apliqué y en la filial de Philips, de París. Abrales era colaborador permanente de la revista Envido, que dirigía Horacio González. Fue secuestrado el 22 de enero de 1979, según el legajo 6766 de la CONADEP. Tenía 42 años y tres hijos. En ese momento trabajaba en la Comisión Nacional de Energía Atómica. La primera admirativa noticia que tuve de él me la dio Eduardo Basualdo. Siempre sospeché que el nombre del centro de investigaciones que creó para la CTA fue un silencioso homenaje a este compañero. Luego de esa calculadora de escritorio, lanzada en 1971 con la marca CIFRA, que conquistó el liderazgo latinoamericano e incluso se exportó a Europa, crearon una microcalculadora, la segunda en el mundo, después de la Hewlett Packard, en 1975. Para la Cifra 311 consiguieron un decreto de exención impositiva de los componentes importados, con el compromiso de fabricación local e integración creciente. El plan empezó con un 44% de partes importadas, para reducirlas al 5% en 1982, cosa compleja por la remolona respuesta de la industria local, que los llevó a encarar también la producción de circuitos integrados e impresos. Pero la dictadura tenía otros planes.
En su libro de 2015, Una Experiencia de Desarrollo Independiente de la Industria Electrónica Argentina de Tecnología de Punta, Fate División Electrónica 1969-1976, Zubieta y Elio Díaz afirman que hubo nueve detenidos-desaparecidos de ese proyecto independiente, entre los que se cuentan Carlos Rafaelli, María Rosa Mora, Enrique Turano, María del Carmen Nuñez, Daniel Tolchinsky, Silvia R. de Pareja, Héctor Eugenio Talbot Wright, Alejandro Lagrotta y Héctor A. Abrales. La cita de Talbot Wright es llamativa, porque era médico. En una nota publicada en 2013 en Tiempo Argentino, Bruno Pedro de Alto estira el número a 20. El proyecto pasaba de las calculadoras de escritorio, a las manuales, luego a los aparatos de cálculo, hasta arribar a la computadora.

Además de las persecuciones individuales, el proyecto no pudo sobrevivir por la apertura importadora dispuesta por el Ministro de Economía de la Junta Militar, José Alfredo Martínez de Hoz, en una etapa en que los productos electrónicos no habían alcanzado todavía la madurez, aun no existían las computadoras personales y no podían competir con los precios de Estados Unidos. Tal como vuelve a ocurrirle ahora a Madanes Quintanilla con los neumáticos que llegan de China. Pero él está a buen resguardo. Exportar aluminio es exportar electricidad, componente básico de su fabricación por el proceso de electrólisis. Él la recibe bajo subsidio o directamente la produce en su propia planta concesionada.
La familia Madanes prosperó con el peronismo, dio un salto gigantesco cuando Frondizi instauró aquí la industria automotriz, entre las dictaduras de las décadas de 1960 a 1980 creció hacia la producción de energía y la industria pesada, con subsidio estatal. Ya en los '90 creó entidades financieras y bursátiles, como Argemofin y Argenbur, que junto con ALUAR efectuaron préstamos de corto plazo, pases bursátiles y arbitrajes financieros que incrementaron la deuda pública de Chubut a un alto costo. Para expandir sus ingresos, las fracciones de clase privilegiadas por la dictadura (y luego por el transformismo democratés) absorben una porción cada vez mayor de los ingresos de los restantes sectores sociales, con independencia de aumentos en la producción. Tanto las ganancias de los grupos económicos de la nueva oligarquía transnacionalizada como los ingresos de los trabajadores se independizan del ciclo económico: unas crecen y los otros disminuyen, con indiferencia por el comportamiento macroeconómico y del Producto Interno Bruto. Entre 1973 y 1993 desaparecieron el 15% de los 105.000 establecimientos industriales censados y fueron expulsados la cuarta parte del 1.327.137 de trabajadores registrados en 1973. Aquellas empresas o sus bienes de capital que no se enajenaron al capital extranjero se convirtieron en armadurías de partes importadas. Las miles de pymes que subsistieron carecen de conducción e identidad. Todo esto prefiguraba la política del gobierno de los Hermanos Milei. Parece que estamos hablando del presente.
Tampoco les fue mal con el kirchnerismo, sobre todo mientras la economía estuvo en manos de Roberto Lavagna, quien distribuyó subsidios fiscales por 55 billones de pesos de hoy, que puso en manos de apenas diez proyectos, de grandes empresas exportadoras que de todos modos hubieran realizado la inversión. Más de un 62% se asignaron a ALUAR, pese a que sólo crearía 200 puestos de trabajo. El informe de la Comisión de la Cámara de Diputados presidida por Eduardo Di Cola que en 2001 investigó la fuga de divisas previa al corralito muestra en lugares destacados a Aluar y a varios de sus accionistas de la familia Madanes Quintanilla, con casi 100 millones de dólares en total. Que una empresa que construyó su planta con subsidios estatales hace tres décadas, que se ha beneficiado con todos y cada uno de los regímenes especiales habidos desde entonces y que en los terribles años del cambio de siglo ha tenido crecientes márgenes de rentabilidad sobre ventas (16,1% en 2001; 22,8% en 2004) pretenda cobrar en el depauperado mercado interno los mismos precios que por sus exportaciones, es una aberración que Kirchner vetó. Si no hubiera habido acuerdo voluntario, ya estaba listo el decreto que suprimía los reembolsos e imponía retenciones a las ventas externas de Aluar. Y, desde enero de 2021 a marzo de 2023, cuando gobernaba el Doctor Fernández, Aluar mejoró la cotización de su acción en 429,5%, más que Mirgor (329,9%) y que Telecom (en 180,7%), y acercándose a YPF (538,6%).
Todos esos procesos han sido acelerados y profundizados por Milei. En el ranking de los ganadores, Aluar sigue peleando por la punta. En el primer trimestre de 2024, cuando en forma más aguda se sintió la política del nuevo gobierno, fue la cuarta gran empresa más rentable, sólo precedida por el grupo del anterior empleador de Milei, Eduardo Eurnekian, por Metrogás y por Pampa Energía. La rentabilidad de Aluar respecto del primer trimestre de 2023 habia crecido el 52,1%. El capitalismo de rapiña que crece en estas tierras fuga capitales en forma sistemática, pero no tiene fuerza ni red de contención para enfrentar a los grandes capitales internacionales. Como narró Horacio Rovelli en El Cohete. Aluar es una de esas empresas que han perdido parte de sus paquetes accionarios mediante las operaciones de Contado con Liquidación, cuyas acciones fueron vendidas al exterior por menos de la mitad de su valor en dólares, a los fondos de cobertura que apoyan a Milei. Por eso Larry Fink, de BlackRock, tiene participación en las principales empresas locales (empezando por los mayores bancos) y propicia una devaluación para quedarse por la mitad con lo que vale el doble.
La música que escuché mientras escribía
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