La novela de las escuchas

 

Mientras la ola de filtraciones de audios de ex funcionarios kirchneristas crece, la Corte Suprema renovó los contratos del personal de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), oficina responsable de las escuchas. El dato que llamó la atención fue que, detrás de la decisión burocrática, faltó la firma del ministro Horacio Rosatti, uno de los que más reclamó al interior del máximo tribunal repensar la funcionalidad de esa estructura.

El martes 11, Carlos Rosenkrantz, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti firmaron seis resoluciones por las que prorrogaron 313 contratos de empleados y funcionarios de la oficina de las escuchas. Las prórrogas incluyen a los que se desempeñan en el mítico edificio de Avenida de Los Incas, como a 40 que trabajan en las delegaciones del interior del país, que se fueron reabriendo desde que Mauricio Macri pasó las interceptaciones de comunicaciones de la Procuración a la Corte a días de asumir la presidencia.

Las seis resoluciones salieron sin la firma de Rosatti, que sí dio el visto bueno a otras renovaciones de contratos y contrataciones que se firmaron ese día. En la vocalía del constitucionalista no comentaron por qué no estampó su autógrafo con el resto de sus cuatro colegas en las resoluciones, pero dijeron que la Corte estaba trabajando en el tema de la oficina de las escuchas de manera integral.

Tres semanas atrás, el presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, le había dicho a Jorge Fontevecchia en Perfil que estaban consensuando algunos cambios para “mejorar lo mejorable”. Cuando asumió en la presidencia de la Corte en octubre del año pasado, Rosenkrantz le encomendó a gente de su vocalía ir a ver cómo funcionaba el edificio de Los Incas. El encargado de ir a la ex oficina de Observaciones Judiciales (OJ) fue Juan Pablo Lahitou, ex subprocurador del Tesoro. Hay un informe de esas excursiones que también circula por el cuarto piso del Palacio.

La oficina de las escuchas constituye una estructura enorme dentro del Poder Judicial, superando con creces la cantidad de personal del cuerpo médico forense, la morgue y la Oficina de Violencia Doméstica (OVD). Según el listado de personal publicado por la Corte, hasta mayo los empleados llegaban a 269. El año pasado se aprobó un presupuesto de 777 millones de pesos para su funcionamiento, con lo que se cubre, según explican, básicamente el personal y algunas mejoras del sistema, pero que no alcanzó para modificar los equipos de interceptaciones, que vienen desde los tiempos de la Secretaría de Inteligencia y le otorgan una dependencia con la Agencia Federal de Inteligencia, como explicó la semana pasada la periodista Irina Hauser en Página/12.

La existencia de equipos obsoletos fue marcada por las dos auditorías que se hicieron recientemente, la de la bicameral de Inteligencia y la del Relator para el Derecho a la Privacidad de Naciones Unidas, Joseph Cannataci. En su informe, el experto también remarcó que los CDs –que se graban en la DAjuDeCO y se entregan a la fuerza que el juez designe para hacer la escucha efectivamente– son elementos que aumentan las vulnerabilidades del sistema

Después de las filtraciones de conversaciones de presos en el penal de Ezeiza, la DAJuDeCO difundió una carta –firmada por los camaristas Martín Irurzun y Javier Leal de Ibarra— donde explica que conservaba un back-up de las pinchaduras durante diez años, a excepción de que el juez ordenara que se las destruyese. En la carta también deslizaban que ya le habían sugerido a la Corte que los jueces deberían recurrir a la AFI como auxiliar en las investigaciones en última opción, y que estaban impulsando un mecanismo de distribución digital.

Lo que quiere hacer la oficina que dirige Juan Rodríguez Ponte –ex secretario letrado de Ariel Lijo y cuyo pliego para un juzgado federal de Lomas quedó planchado en el Senado dos semanas atrás por decisión de Miguel Pichetto– es subir a la nube el audio y que sólo pueda bajarlo el juez a través de una clave, y que sea el propio magistrado quien lo entregue a la fuerza que designe para la investigación. En esa oficina dicen que podrían hacer un piloto para ver cómo funciona con algunos juzgados, para después de la feria judicial. En la Corte, algunos sugieren que los cambios van por otro carril.

 

 

 

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