La pantera verde

Pormenores de la naciente industria cannábica tras la presentación de la propuesta para regularla

 

Impulsar y regular. Con estos dos verbos y una polera gris, Gustavo Béliz definió el espíritu del proyecto de ley para el desarrollo de las industrias del cannabis medicinal y el cáñamo. El presidente del Consejo Económico y Social saludó especialmente a los gobernadores conectados por teleconferencia y destacó que “hay muchos proyectos en camino” en el país. En el escenario montado el miércoles pasado en un extremo del frío patio techado del Museo del Bicentenario lo acompañaban autoridades de las carteras de Desarrollo Productivo, Salud, Agricultura y Ciencia y Tecnología. En frente del panel, desde la pantalla gigante Led, llegaron agradecimientos y buenos augurios. También algunos reclamos de los tres gobernadores convidados por el secretario de Asuntos Estratégicos.

“Esta actividad crea empleo de calidad”, prometió el siguiente orador e impulsor del proyecto, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. Puso de ejemplo a Canadá, uno de los grandes jugadores de esta industria, “donde 2 de cada 10 empleos en la actividad están dedicados a la investigación y desarrollo, control de calidad e ingeniería de procesos”. El ministro también destacó la capacidad agropecuaria de nuestro país, sus laboratorios públicos y privados y la Red de Cannabis y sus Usos Medicinales (RACME) del Conicet.

 

 

El economista Andrés López, autor del informe “La cadena de valor del cannabis”, aseguró luego por videoconferencia: “Esta industria contribuye a diversificar la matriz productiva. Tal vez ninguno de estos sectores vaya a cambiar la vida económica de la Argentina per se pero cada uno de ellos contribuye en su medida a generar nuevas oportunidades de empleo, de desarrollo regional, de exportación y un punto central, nuevas oportunidades de innovación en toda la cadena cannábica, desde la genética hasta las aplicaciones”.

El acto continuó con elogios del presidente la Cámara Argentina del Cannabis, Pablo Fazio, impulsor del parque industrial para el sector en San Pedro, provincia de Buenos Aires. Luego habló la diputada nacional Mara Brawer, quien resaltó el potencial del cáñamo, variedad de la planta con nula o bajísima psicoactividad con aplicaciones en la industria textil y alimentaria, entre otras. Su colega Carolina Gaillard recordó la lucha de Mamá Cultiva que derivó en la ley de cannabis medicinal en 2017, que este proyecto vendría a complementar.

El gobernador riojano Ricardo Quintela pidió “charlar en un reunión más pequeña” su propuesta de incluir a representantes provinciales en el directorio de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), contemplada en el proyecto de ley. Lleva invertidos 100 millones de pesos en la naciente industria. Su par jujeño, Gerardo Morales, acusó luego que ellos ya habían puesto 8 millones de dólares. El carcelero de Milagro Sala cerró su intervención proponiendo llevar al Congreso más adelante “el tema de la despenalización”.

Alberto Rodríguez Saá pidió la palabra desde la pantalla gigante y apuntó directamente a las funciones de la ARICCAME. Citó la Constitución para subrayar que la autoridad de aplicación en este caso son las provincias. El mandatario puntano coincidió con Morales. “Rompamos el paradigma y hablemos de la despenalización de consumo de marihuana”. Volveremos sobre el tema al final de esta nota.

El acto continuó desde el panel con la asesora presidencial Cecilia Nicolini destacando la perspectiva de género y la intersectorialidad del proyecto; y el ministro Luis Basterra comentando el rol central del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Semillas (INASE), donde se está llevando a cabo una amnistía para registrar semillas desarrolladas clandestinamente. Por su parte, el ministro Roberto Salvarezza mencionó el aporte científico realizado.

Su par Carla Vizzotti admitió que el día en que se firmó el decreto para la nueva reglamentación de la ley de cannabis medicinal, que permitió el autocultivo con indicación médica, fue “uno de los días más satisfactorios” de su gestión. La última palabra la tuvo Valeria Salech, presidenta de la Asociación Mamá Cultiva Argentina: agradeció especialmente a aquellxs profesionales que pasaron a la clandestinidad para dar una mano y al movimiento cannábico, que no terminan de salir de allí con esta ley.

 

 

 

 

La letra al rojo vivo

El mecanismo central de este proyecto de industrialización es el ordenamiento del sector, otorgando licencias desde la ARICCAME. Se propone un sistema que evite especulaciones en la adquisición de las mismas, tenga un régimen diferencial para el cáñamo e incluya tasas sociales y apoyos técnicos para pymes y cooperativistas, además de un programa de adecuación destinado a “organizaciones de la sociedad civil con fines de bien común que han desarrollado especiales sabes, conocimientos y experiencias” en materia medicinal, terapéutica y/o paliativa.

Lo que criticaron los gobernadores es la conformación del directorio de esa Agencia, que tendría en la presidencia al Ministerio de Desarrollo Productivo, con voto doble en caso de empate, llevaría de vice a quien proponga el Ministerio de Salud y tendría otros tres integrantes de las carteras de Ciencia y Tecnología, Agricultura, Ganadería y Pesca y Seguridad. El ARICCAME cobraría su tasa de fiscalización y control y “aranceles por servicios que brinde”.

Las provincias no delegaron al gobierno federal cuestiones de salud ni actividades productivas en su suelo. Si desde el Estado nacional se quiere habilitar, fiscalizar y sancionar emprendimientos en terrenos ajenos habría que modificar la autoridad de aplicación. Lo marcaron los gobernadores de La Rioja y San Luis y también se desprende del proyecto de creación de la Agencia Provincial de Cannabis enviado a legislatura bonaerense por el gobernador Axel Kicillof.

Por otra parte, el proyecto establece su propio régimen sancionatorio con apercibimientos, multas, suspensiones, caducidad de autorizaciones e inhabilitaciones. También prevé la instrucción de un sumario que garantice el derecho a la defensa para discutir las sanciones. A la par, llamativamente, se obliga a la Agencia a “remitir las actuaciones de la infracción al Ministerio Público Fiscal”, por si corresponde abrir una investigación por conductas tipificadas en el Código Penal.

Cualquier acto que pueda ser considerado infracción instalaría la duda, más allá de la buena fe o el cumplimiento de una regla: la lleva al campo del delito. Con este doble sistema sancionatorio se terminaría poniendo el control administrativo en manos de la Justicia penal, que claramente tiene otro rol en el Estado de derecho. Cualquier funcionario o funcionaria pública que tome conocimiento de un delito tiene obligación de denunciarlo, por lo que resulta sobreabundante esta reacción.

En algún punto, persiste la mirada de esa pantera enjaulada que camina en círculos en el poema de Rainer Maria Rilke: “Su mirada se ha cansado de tanto observar esos barrotes ante sí, en desfile incesante, que ya nada más podría entrar en ella. Le parece que sólo hay miles de barrotes y detrás de ellos ningún mundo existe”.

 

 

El tamaño no es todo

A principios de marzo pasado, desde la cartera que conduce Kulfas publicaron un extenso informe titulado “La cadena de valor del cannabis: situación y tendencias internacionales, y oportunidades para la Argentina”. El documento, elaborado por el economista e investigador del CONICET Andrés López, reconoce de entrada que no se cumplieron las expectativas de crecimiento del sector, “algo de lo que el mercado tomó nota en 2019 castigando fuertemente a las acciones de las grandes firmas cannábicas de Canadá y Estados Unidos”.

Existen varios factores que obstaculizan este desarrollo. Algunos provienen de las limitadas regulaciones de cada país para el acceso al cannabis con fines terapéuticos. Tampoco ayuda el marco prohibicionista. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) tiene una postura “más bien cautelosa, por decir lo mínimo, respecto de los programas de legalización del cannabis medicinal”. También está el problema de los bancos de Estados Unidos que en su gran mayoría no aceptan operar con empresas del sector.

Más allá de esto, la industria se expande a ritmo elevado en particular en Estados Unidos, donde 16 distritos ya tienen regulaciones para el mercado adulto o “recreativo” y casi la totalidad tiene permitido algún tipo de acceso para fines terapéuticos. La prohibición rige a nivel federal pero se desmorona a nivel estatal a fuerza de plebiscitos populares, lo que demuestra que la población está harta de la prohibición.

“Las oportunidades más inmediatas para la Argentina estarían en el área medicinal (tanto con productos bajo prescripción como eventualmente otros que puedan ser autorizados para su venta, como suplementos dietarios u otras variantes), y se concentrarían en el mercado doméstico y de países de la región”, dice el informe. También la producción de cáñamo implica una “ventana de oportunidad”.

El documento revela la importancia de la producción de semillas a granel (conocidas como cañamón) con fines alimenticios, y agrega que el cannabis sin THC y sin nicotina puede tener un mercado entre fumadores de países de altos niveles de ingresos, como ocurre en Italia o Suiza.

Comparado con el desarrollo en Canadá, solo el mercado medicinal podría mover 450 millones de dólares en la Argentina, asumiendo el mismo grado de penetración potencial en el mediano-largo plazo. El informe concluye que se trata de una industria en la que no se requieren inversiones de enorme escala, en segmento como “cannabis para uso industrial, productos de cosmética, alimentos, bebidas, etc”.

Consultado para esta nota, el autor de la investigación diferenció la producción de medicamentos por tratarse de una actividad que implica una serie de costosos estudios y ensayos para su aprobación. El tema requiere cierta creatividad, sostuvo. En el Reino Unido, sede de la empresa pionera en la materia GW Pharmaceuticals, se consiguen con receta medicamentos no registrados, rotulados como “alimentos novedosos”, bajos en THC.

 

 

La caridad empieza por casa

Más allá de la loable mención sobre la necesidad de despenalizar delitos asociados al consumo hecha por los gobernadores de Jujuy y San Luis, es notable que justo esas sean la primera y segunda provincia con mayor porcentaje de personas detenidas por tenencia de drogas para uso personal y llevadas ante la Justicia Federal de su jurisdicción. En ambas tienen un rol protagónico en la criminalización las policías locales, como señaló Florencia Corbelle, antropóloga e investigadora de CONICET consultada para esta nota.

La criminalización del uso no médico motivó incluso un habeas corpus preventivo colectivo presentado en Mar del Plata para que no se detenga ni forme a causa a las personas que consumen drogas ilegalizadas, del que dimos cuenta en este medio. Ese recurso acaba de ser rechazado por dos jueces de la sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo penal de esa ciudad, en un fallo con críticas llamativas al juez Juan Tapia, quien había resuelto conceder el habeas a fines del año pasado.

Desde la Asociación Marplatense de Cannabicutores que encaró el reclamo repudiaron la decisión e hicieron la reserva de apelación. Los camaristas consideraron que la demanda era abstracta porque no existiría para las personas usuarias de sustancias psicoactivas el riesgo inminente de ser detenidas. Y acusaron al juez de querer fijar la política criminal del Ministerio Público Fiscal marplatense, que no se opuso a la resolución de primera instancia e incluso la apoyó luego.

“Está negación preocupante de la realidad se complementa con otras afirmaciones claramente retrógradas de los camaristas, quienes tildan de ‘ideológica’ la postura expresada por el juez de primera instancia (como si la suya no lo fuera) y hasta rechazan la utilización del lenguaje inclusivo en la resolución del Juzgado de Garantías 4”, advierte el comunicado de esta asociación. Las estadísticas oficiales de la procuración bonaerense demostraron un crecimiento de las detenciones por consumo personal entre 2018 y 2020 en esa ciudad.

La apelación al fallo de Tapia fue interpuesta por la Fiscalía de Estado en términos cuasi sospechosos, ya que este organismo intercede cuando un habeas implica erogación económica para la provincia, por ejemplo arreglar un pabellón penitenciario. En este caso, nada cuesta frenar el hostigamiento policial. Es más, involucra un ahorro considerable al sistema de administración de justicia y, claro, una pérdida en el sistema recaudatorio clandestino de la Bonaerense.

 

 

 

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