La Argentina discute energía como si se tratara únicamente de tarifas, subsidios o equilibrio fiscal. Se habla del precio de la luz y del gas, del costo para el Tesoro, de la necesidad de atraer inversiones o de sincerar valores atrasados. Todo eso importa. Pero no alcanza.
Porque el verdadero problema energético argentino no es contable. Es político, territorial y estructural. De nuevo, el federalismo al revés, sin integrar territorios, pueblos, ciudades, provincias, regiones, norte con sur, este con oeste. Ausencia logística de base para seguir desaprovechando la octava superficie territorial del planeta.
La Argentina cuenta con recursos energéticos extraordinarios, capacidad creciente de producción y una oportunidad histórica para transformarse en una potencia regional. Sin embargo, millones de hogares padecen facturas difíciles de afrontar; miles de pymes e industrias —y en consecuencia sus trabajadores y trabajadoras, empresarios, servicios indirectos— ven comprometida su competitividad. Cooperativas y distribuidoras eléctricas luchan por sostener el servicio, y buena parte de la infraestructura imprescindible para transportar y distribuir energía continúa siendo insuficiente o precaria.
Dicho de otro modo: somos un país energéticamente rico que organiza esa riqueza como si no existiera o fuera para otros.
Esa es la verdadera paradoja argentina en la materia, que se repite con múltiples analogías a lo largo y a lo ancho de nuestro país.
No falta energía: falta sistema, planificación y un programa de agresiva inversión pública y privada sostenible en el tiempo.
Durante años se instaló la idea de que la Argentina tenía un problema de escasez energética. Hoy esa explicación se dio vuelta. Sobra la energía. Tanto que es necesario invertir en captar, almacenar y comerciar el excedente.
El país dispone de enormes recursos gasíferos y petroleros en Vaca Muerta, una matriz diversificada, potencial renovable creciente y mejores perspectivas externas que las de hace una década. No estamos frente a una nación condenada a importar energía por carencia estructural.
Sin embargo, tener recursos no garantiza bienestar energético.
Una cosa es extraer gas o petróleo. Otra muy distinta es convertir esa riqueza en energía confiable, tarifas razonables, redes modernas, potencia disponible, desarrollo industrial y equilibrio territorial. Un buen ejemplo de lo que hablamos cuando hablamos de extractivismo. No sólo tiene una acepción ambiental. Puede aplicarse a varias categorías.
La Argentina no sufre solamente un problema de oferta. Sufre, sobre todo, un problema de organización nacional.
Entonces, ¿cuál es el cuello de botella invisible en materia de servicios públicos energéticos? La frágil infraestructura en transporte y distribución.
Durante demasiado tiempo, el debate público se concentró en generación y subsidios, dejando en segundo plano lo más costoso y menos visible: la infraestructura necesaria e imprescindible para llevar la energía desde su producción hasta su consumo.
Y allí aparecen déficits acumulados: líneas de alta tensión insuficientes, estaciones transformadoras demoradas, redes urbanas saturadas, redes de distribución envejecidas, falta de mantenimiento sostenido, escasa capacidad para acompañar nueva demanda, demoras crónicas en obras estratégicas.
Ese problema afecta no sólo al interior, sino también al área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y los grandes núcleos urbanos del país, donde se encuentra la mayor concentración poblacional e industrial y manufacturera.
En muchas regiones del interior genera enormes limitaciones a la radicación productiva, expansión urbana y promoción del arraigo. En el área metropolitana se traduce en cortes, saturación, pérdida de calidad y una creciente fragilidad frente a picos de consumo.
No alcanza con producir más energía si no existe cómo llevarla ni distribuirla correcta y equitativamente, como manda nuestra Constitución nacional al hablar de federalismo.
Cooperativas y distribuidoras: sostener lo imposible
Existen actores decisivos del sistema que rara vez aparecen en el centro del debate: cooperativas y distribuidoras del interior. Tan ausentes que, siendo las distribuidoras una parte vital del sistema para garantizar el consumo, en el caso de las cooperativas eléctricas no cuentan con representación ni en el paquete accionario ni en el directorio de CAMMESA, la extraña sociedad anónima sin fines de lucro que se ocupa del despacho de la energía eléctrica en el país. Estado nacional, empresas generadoras, transportistas y grandes distribuidoras se sientan en la mesa de CAMMESA. Menos las cooperativas. Centralismo eléctrico.
Son quienes mantienen la red, atienden al usuario, reparan tras tormentas, cambian transformadores, conectan zonas rurales, responden en la emergencia y sostienen el servicio cotidiano. Prácticamente las únicas que tienen rostro humano. Sin ellas, el sistema energético deja de extenderse territorialmente y se termina apagando.
Sin embargo, a pesar de su valor estratégico, muchas atraviesan una ecuación prácticamente inviable.
Deben afrontar: el costo creciente de la energía mayorista, en muchos casos sin pass through pleno o inmediato a tarifa, salarios y cargas operativas, mantenimiento de redes envejecidas, inversiones indispensables, mora creciente de usuarios, límites políticos y sociales para actualizar cuadros tarifarios y, ahora, además, el inicio del pago en cuotas de deudas pasadas acumuladas con CAMMESA. Muchas de ellas originadas y causadas durante la pandemia del COVID, producto de la caída estrepitosa de la actividad y de los ingresos de los usuarios, y también por la ruptura de la ecuación económica y financiera de sus tarifas desde la salida de la convertibilidad. Hace 25 años que estamos en estado de emergencia energética. Vale la pena recordar que en dos Leyes de Presupuesto de Gobiernos Nacionales de ideología diferente, como fueron el de Macri y el de Fernández, se aprobaron artículos reconociendo el derecho de las distribuidoras eléctricas a ser compensadas por las razones mencionadas. El propio Milei incorporó en el proyecto de Ley de Presupuesto 2026 una norma similar que fue eliminada junto con el capítulo correspondiente al financiamiento de las universidades nacionales y al sector de discapacidad.
Es decir: se les exige pagar la energía presente y también la energía pasada, mientras deben garantizar el servicio futuro.
No hay empresa, cooperativa, distribuidora provincial ni sistema local que resista indefinidamente esa lógica.
Tarifas reales en una economía real
También aquí conviene decir una verdad incómoda.
La discusión tarifaria argentina muchas veces parte de cálculos técnicamente correctos aplicados sobre una realidad económicamente inviable.
Se sostiene que las tarifas deben reflejar costos reales. En principio, es razonable. Pero la pregunta decisiva es otra: ¿sobre qué estructura social y productiva se pretende aplicar esa corrección?
Porque la Argentina arrastra salarios deteriorados y caída del empleo, jubilaciones salvajemente ajustadas, consumo debilitado, pymes con márgenes mínimos o persianas cerradas, industrias sometidas a presión fiscal, financiera y logística, además de apertura indiscriminada de importaciones que las condenan a la desaparición. Considero razonable el argumento que apunta a cuidar el bolsillo de los argentinos frente a protección indebida y excesiva de la industria local, pero ello no puede habilitar la destrucción de todos los diques de contención que permitan una reconversión planificada, gradual y sostenible. Siempre, en el medio, está el pueblo, seres humanos de carne y hueso, familias, jóvenes.
Pretender trasladar aceleradamente todos los costos energéticos a ese entramado económico es desconocer insensiblemente la realidad.
Pero atrasar tarifas eternamente tampoco funciona.
Allí aparece el nudo argentino: los costos del sistema reclaman tarifas que gran parte de la economía no puede pagar, mientras la falta de ingresos impide invertir lo necesario.
El valor agregado de distribución y el límite de lo posible
En muchas provincias y municipios aparece además otro frente crítico: el valor agregado de distribución (VAD) y otros componentes locales de la tarifa.
Las distribuidoras necesitan recomponer ingresos para operar e invertir. Pero gobernadores, intendentes y reguladores enfrentan una realidad concreta: cada aumento local impacta sobre una sociedad agotada y sobre sectores productivos muy sensibles y asfixiados.
Así, muchas veces, si se actualiza el VAD, crece el rechazo social y la mora; si no se actualiza, se deteriora la empresa o cooperativa; si se posterga demasiado, se destruye la capacidad futura y presente de inversión.
No es una discusión ideológica. Es una restricción económica real.
El ajuste también —y esencialmente— se descarga sobre provincias y municipios. ¿Libertarios o unitarios?
Hay otro punto menos visible y central: el ajuste fiscal nacional repercute directamente sobre las capacidades provinciales y locales.
Cuando se reducen recursos a provincias y municipios, también se limita su posibilidad de sostener subsidios focalizados, acompañar cooperativas y distribuidoras en crisis, financiar obras energéticas, proteger sectores productivos locales, amortiguar aumentos tarifarios.
Después se les exige que administren el conflicto social. Eso no es federalismo. Es transferir responsabilidades sin transferir herramientas. Federalismo de pobreza y centralismo de riqueza.
El interior no es un dato geográfico: es una causa nacional y constitucional.
Cuando hablamos del interior argentino, no hablamos de periferia. Hablamos de producción, pueblos, ciudades medias, cooperativas y distribuidoras locales, economías regionales, empleo, arraigo. Comunidades que necesitan ser organizadas e integradas para aclarar y definir el rumbo de nuestra nación.
No hay país equilibrado cuando producir lejos de los puertos, emprender lejos del centro financiero o vivir fuera de las grandes concentraciones urbanas implica pagar más, recibir menos y esperar siempre. La energía es parte central de esa desigualdad.
Una pyme del interior no discute teoría regulatoria. Discute si puede abrir la persiana. Un productor no debate marginalismo eléctrico. Evalúa si le cierran los costos. Una familia no analiza cuadros tarifarios. Decide qué gasto resigna para pagar servicios. Por eso la cuestión energética también es una cuestión de justicia territorial.
El AMBA tampoco está a salvo
Sería un error convertir esto en una disputa entre interior y AMBA.
El área metropolitana concentra millones de usuarios, industria, comercios y demanda crítica. También sufre el impacto del ajuste, la necesidad urgente de inversiones y la fragilidad de redes exigidas al límite.
Lo que cambia no es la existencia del problema, sino su forma de manifestarse.
En el interior aparece muchas veces en silencio, fragmentado, disperso. En el AMBA irrumpe masivamente cada vez que se corta la luz o la factura se vuelve impagable.
Liberar para fomentar la competencia y mejorar los precios, sí, pero con inteligencia nacional y sensibilidad social. La Argentina necesita reglas claras, previsibilidad e inversión pública y privada. Negarlo sería irresponsable.
Pero otra irresponsabilidad sería creer que el mercado, por sí solo, resolverá los problemas estructurales y garantizará derechos fundamentales de nuestro pueblo.
La energía no es un bien cualquiera
Es infraestructura crítica. Es competitividad industrial. Es integración territorial. Es calidad de vida. Es soberanía política, independencia económica y también la maldición libertaria: justicia social.
Por eso la discusión no puede agotarse en privatizar, desregular o liberar precios. También debe responder: quién invierte donde la rentabilidad es baja, quién garantiza obras estratégicas de largo plazo, quién protege usuarios vulnerables, quién corrige asimetrías regionales, quién sostiene la transición sin destruir el tejido productivo.
El mercado puede asignar precios. El Estado debe garantizar equilibrio, inclusión, federalismo, arraigo y distribución.
Una agenda posible sería avanzar hacia un nuevo Pacto Energético Federal.
La salida no requiere nostalgia ni dogmas. Requiere realismo. Y no del mágico.
- Plan nacional de infraestructura energética a diez años. Electricidad y gas con prioridades técnicas, cronograma público y financiamiento transparente.
- Fondo federal con renta energética y porcentaje de impuestos vinculados a la producción en el interior.
Parte de la riqueza hidrocarburífera y productiva debe transformarse en redes, transporte y distribución. Termina generando un círculo virtuoso que fomenta el agregado de valor y la incorporación de tecnología, investigación y desarrollo.
- Sendero tarifario plurianual y gradual. Ni congelamiento eterno ni shock destructivo.
- Subsidios inteligentes. Orientados a vulnerabilidad, empleo, pymes electrointensivas y economías regionales.
- Solución integral para cooperativas y distribuidoras. Reperfilamiento realista con CAMMESA, financiamiento de obras críticas, pass through transparente y reconocimiento de costos eficientes. Urgente compensación vía condonación de deudas.
- Rentabilidad con contraprestación. Ganancia legítima, sí. Pero con metas auditables de inversión, mantenimiento y calidad, monitoreadas de manera federal, provincial y local, con participación de sectores públicos y privados.
- Consejo Federal Energético Permanente. Con provincias, municipios, cooperativas, usuarios y sector productivo.
La decisión de fondo
La Argentina enfrenta una definición estratégica.
Puede administrar la energía como una planilla de Excel, trasladando costos hasta donde aguante la sociedad y esperando que el mercado complete lo que falta. O puede asumir que la energía es una herramienta central de desarrollo nacional, de integración territorial y de movilidad social. No se trata de elegir entre Estado o mercado. Se trata de elegir entre improvisación o proyecto estratégico. La paradoja que debe terminar. No es razonable que un país con recursos energéticos de escala global conviva con tarifas difíciles de pagar, infraestructura insuficiente, prestadores asfixiados, industrias perdiendo competitividad, pymes en retroceso, desigualdad territorial persistente.
La Argentina no necesita elegir entre energía cara o energía escasa. Necesita transformar su abundancia en sistema. Porque cuando sobran recursos, pero faltan planificación, equilibrio y visión federal, la riqueza energética deja de ser oportunidad y se convierte en una nueva frustración argentina.
* Francisco Durañona es abogado y titular del Movimiento Arraigo.
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