La Patria soy yo

El sector agroexportador atenta contra la mesa de todos

 

El 18 de marzo, un día antes que Alberto Fernández decretara (131/2022) el aumento de dos puntos a los derechos de exportación para el al aceite y la harina de soja –llevándolos hasta al 33% que había fijado Mauricio Macri– y la creación del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (132/2022) destinado a sostener su valor, en la ciudad de San Pedro se reunieron diversas asociaciones y sociedades rurales del norte bonaerense.

Convocadas por la Sociedad Rural local bajo la consigna “Libres, no mendigos”, lo que iba a ser una movilización a la ruta terminó convertida en una reunión asamblearia bajo techo –a resguardo de la lluvia– de unos 80 participantes alineados con las patronales. Como conclusiones generales plantearon:

  • A la Mesa de Enlace, acciones directas e inmediatas a consensuar; movilización a un centro urbano (CABA, Rosario, Córdoba); cese de comercialización por tiempo indeterminado; acciones en los puertos para impedir embarques de granos.
  • El “desacople” de precios para el consumo interno de la población lo debe realizar el gobierno con la baja de impuestos que gravan los alimentos (IVA, Ganancias, Ingresos Brutos, impuesto al cheque/transferencias bancarias).
  • El sector rural debe unirse para lograr estos objetivos, dejando de lado personalismos y divisiones.
  • Los medios de comunicación deben consustanciarse con el malestar de los productores de base.
  • Se debe trabajar intensamente para sacar de la indiferencia a los productores rurales que se conforman simplemente con las migajas que ofrece el gobierno, lo que atenta directamente contra las inversiones para la campaña 2022/23.

Uno de los puntos que se cumple con buenos resultados es aquel en el que piden la colaboración de los medios, los que duplicaron en sus notas la cantidad de asistentes a la flaca asamblea de San Pedro. “La más numerosa fue la del viernes, alrededor de 200 productores”, describieron en Clarín. Si esa fue la más numerosa –que en verdad fueron 80 personas–, ¿cómo serán las que no lo son? “Más de 150 productores”, publicó La Nación. Y desde Infobae dijeron que “200 productores se reunieron esta mañana en San Pedro”. Multiplicar es la tarea para esos medios militantes de la posverdad.

Los presentes en la asamblea redactaron en sus conclusiones que “el sector rural es el responsable de las divisas con que el gobierno mantiene esta fiesta descontrolada de déficit permanente gastando más de lo recaudado, produciendo una inflación que conlleva a la pobreza de los más necesitados”. De haber usado la palabra “casta”, esa parrafada pudo haber salido de la boca del legislador libertario Javier Milei –quien propone dolarizar la economía para tener la libertad de lamer la cadena del amo país del norte–, presente en el acto para brindar su apoyo. Con mucho sello y poco público, formaron parte de la asamblea la Sociedad Rural de San Pedro, Pergamino, Rojas, Arrecifes, Baradero, Vedia y Colón, así como sectores enrolados en Autoconvocados; productores de San Antonio de Areco, Capitán Sarmiento y Salto y autoridades de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP).

Uno de los que tomó la palabra fue Alberto del Solar, presidente de la Sociedad Rural de Rojas, quien  expresó: “Yo creo que el ejemplo de libertad máximo que tenemos en nuestro país es justamente el sector agropecuario”. Realizó una curiosa y disparatada interpretación de la historia, poniendo como ejemplo que “lo que pasó en Rusia, pasó en otros lugares del mundo. A los primeros que borraron del mapa fue a los productores agropecuarios, a los propietarios. Porque sentirse propietario es sentirse agarrado firmemente a nuestro suelo y a nuestra patria”, dijo. El personaje construido por el humorista Ezequiel Campa tiene su competencia no ficcional pero con apellido real. Aún sin ser un rugbier, es más estereotipado que Dicky.

 

 

 

La realidad supera a la parodia.

 

 

En Córdoba se vio el ostentoso despliegue de tractores y camionetas del sector, que demuestra así su poder de movilización. Sin embargo, no logran masividad en sus convocatorias. Si no fueran sustentadas por los grupos económicos dueños de esos medios que también promueven la inflación a la hora de contar la cantidad de asistentes, todas sus reacciones se desinflarían. Lo saben, por eso la Sociedad Rural  recurrió ante la Justicia de Córdoba para presentar un amparo contra las retenciones.

El ex ministro de economía de aquella primera Alianza ajustadora y devastadora de 2001 –que duró 15 días en su cargo–, Ricardo López Murphy, denunció penalmente al Presidente Alberto Fernández por la suba de los derechos de exportación. El Código Aduanero otorga la potestad al Poder Ejecutivo para hacerlo, por lo tanto no hay nada ilegal en su acción. A la oposición no le importa ese dato. Su propósito es esmerilar todo lo que se pueda al gobierno en un contexto internacional donde la guerra de Rusia y Ucrania impacta terriblemente en los precios de cereales y combustibles, lo cual provocará una inflación mucho más elevada que la proyectada.

 

 

 

Ese mismo artículo del Código Aduanero habilita al gobierno nacional a la toma de decisiones más efectivas que las adoptadas. Al respecto no ganó la postura del secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, que proponía –y sigue sosteniendo– que es imprescindible la suba de retenciones para trigo, maíz y girasol por el desencadenamiento de la guerra entre Rusia y Ucrania. Ambos países participan del 29% del comercio internacional de trigo, del 18% del comercio internacional de maíz y Ucrania también es principal exportadora de girasol en el mundo, lo que impacta en la industria aceitera. La guerra “impacta en los farináceos”, señaló Feletti, y explico que “es la harina, son los fideos, es el pan, son las pastas frescas y pastas secas y un conjunto de derivados”.

La suba extraordinaria también se da en el aceite y en los productos balanceados que se utilizan para la industria avícola. Por eso, para el secretario de Comercio Interior, la protección alimentaria debería tener como acción de gobierno la suba de retenciones para trigo, maíz y girasol. “Yo no puedo entender cómo hay sectores de la producción argentina que quieren que se les convalide un efecto riqueza de 50% en dólares sólo por acopiar un cereal. Eso impacta sobre la mesa cotidiana de los argentinos”, cuestionó Feletti en conferencia de prensa.

La propuesta de Feletti de suba de retenciones, que no tiene el apoyo del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, ni la del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, resulta fundamental. Su Secretaría no puede hacer milagros y sólo las retenciones aseguran el desacople de esos precios internacionales por las nubes con los del mercado interno. Si esa medida no se toma, el fenómeno multicausal inflacionario acrecentado por los precios de guerra seguirá en ascenso.

  

 

Historia pasada y negada

Antes de la primera presidencia de Juan Domingo Perón, la renta agraria diferencial era captada por las empresas británicas y los grandes productores locales que se quedaban con una parte importante de esa renta, lo que les permitía un derroche descomunal del que hacían gala en esa Argentina para pocos: viajar a Europa con vacas en el trasatlántico para tener leche fresca, comprar vajilla de oro y plata exclusivamente para usarla en el viaje y desecharla al mar al llegar al puerto e importar arquitectos con planos de viejos castillos feudales para construirlos en nuestro país. En la Argentina, producir un kilo de carne cuesta mucho menos que a un productor europeo. El productor argentino gana una renta superior, diferencial, extraordinaria, que es la que ha permitido una acumulación importante de capital que no se había traducido en una Argentina industrial hasta la llegada de Perón y que era absolutamente destinada por esa minoría enriquecida a su consumo suntuario y su vida palaciega.

Tanto la Argentina como Estados Unidos, de manera diferente, fueron marcados por guerras civiles: la guerra entre la Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires en nuestro país y la guerra civil en Estados Unidos entre el norte y el sur racista confederado. Tanto aquí como allá, estaban los que militaban por una economía exportadora de materias primas, que se oponían a quienes deseaban la industrialización y el crecimiento a través del fortalecimiento del mercado interno. Ambas guerras civiles finalizaron a mediados de 1865 y definieron rumbos antagónicos.

En Estados Unidos, la burguesía industrial nordestina prevaleció ante el sur racista y esclavista partidario de seguir exportando algodón y tabaco sin industrializar, importando la manufactura europea elaborada. Abraham Lincoln y los suyos necesitaban obreros, no esclavos, capaces de producir camisetas con el algodón del sur y percibir un salario para ser también consumidores de esa producción y motorizar ese mercado interno. El triunfo de la burguesía industrial del norte implicó altas tarifas aduaneras, desarrollo industrial y expansión del mercado interno, asegurando la integración y unificación del país e implantando un capitalismo desarrollado. En la Argentina, por el contrario, el triunfo fue de los terratenientes bonaerenses y los comerciantes porteños que constituían la oligarquía mitrista abrazada al capital inglés, de postura librecambista y partidaria de la división internacional del trabajo, que le adjudicaba a nuestra nación el rol de productora de carne y cereales baratos.

El poder ideológico de la clase dominante argentina (Bartolomé Mitre dejó un diario de guardaespaldas) ocultó la diversidad de ambos proyectos y el camino antagónico adoptado por esos dos países. Esa antigua historia negada y no asociada cuando se realizan análisis y comparaciones explica muchas dificultades actuales. El Cohete a la Luna fue el único medio que se encargó de difundir el pensamiento de un economista liberal del Financial Times que vinculó a esa circunstancia “el problema” de la Argentina.

 

 

Los próceres

Tres actores viven de la producción. El dueño de la tierra, el arrendatario que paga el alquiler pactado en quintales de la exportación de esa producción y los que son contratados con maquinarias para realizar la labor. No siempre el que alquila la tierra la trabaja, sino que descansa al igual que su dueño, pero tiene la capacidad de articular con otros, algo que escapa a algunos propietarios desinteresados que viven en las grandes urbes. Todos, en sus contratos, ya sea de alquiler o por trabajar esas tierras, cobran de acuerdo a lo que pacten sobre el cereal exportado. Todos ven al Estado como un obstáculo.

También hay dueños de pequeñas parcelas que trabajan las suyas y arriendan más. Como otros que subcontratan a quienes tienen la maquinaria para hacerlo. Muchos propietarios y arrendatarios viven lejos de esas hectáreas que le dan súper-ganancias. Desayunan en bares cuando a las 10 de la mañana comienzan su jornada de holgazanería en las ciudades que habitan. Despotrican contra el Estado y los que viven a costa de él, que nunca son ellos, porque no reconocen que ese dólar competitivo fijado por el Estado es el que les brinda ganancias extraordinarias y les permite llevar una vida de ricos sin sobresaltos. Algunos invirtieron sus ganancias en departamentos para seguir en la vida ganando dinero sin trabajar, pero en cualquier charla expresan que el problema del país es que “no hay cultura del trabajo”.

El gobierno de Macri bajó las retenciones a las exportaciones, generando un impacto inflacionario que también heredamos de su imprudente accionar. Su decisión tenía un hilo conductor con  lo que sucedía cuando ese minoritario sector se había apropiado del país para que fuera el “granero del mundo”, una Argentina exportadora de materias primas donde vivían de forma exquisita quienes nos dominaban. Las declaraciones en  Expoagro de los principales dirigentes de Cambiemos, radicales y PRO, que nuevamente pretenden gobernar el país en 2023 dan cuenta de que si vuelven a ser gobierno, será más complicado para la población poder contar con alimentos en la mesa. Su propuesta sigue siendo bajar los impuestos al sector y disminuir las retenciones para  favorecer a una minoría a la que llaman “campo” y que ahora, sin empacho, se autoperciben como los próceres de estos tiempos.

 

 

 

 

 

 

 

 

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