La patriada

 

Apenas asumió, el gobierno uruguayo apostó todo su programa de gestión a una ley de 500 artículos, que contiene 26 temas de fondo que deberían ser materia de al menos 40 leyes. La presentó como Ley de Urgente Consideración, LUC, por lo cual debía ser aprobada en un plazo perentorio por el parlamento, o darse por aprobada si la votación se estancaba. Había logrado el hoy oficialismo una pequeña mayoría electoral hilvanando cinco fuerzas políticas con el objetivo primario de desplazar al Frente Amplio del gobierno tras tres períodos con mayoría propia. Una vez en el gobierno, la derecha lanzó la LUC, con la que esperaba barrer al Frente Amplio del mapa, adueñarse de la cultura, que considera un instrumento de la izquierda, y la dotó de un confuso perfil neoliberal, autoritario, nacionalista, antisindical, reaccionario y más, pero sin mención alguna a la epidemia de coronavirus que ya asolaba.

Ahora esa ley está seriamente amenazada por la democracia directa, que juntó no sólo el abundante 25% del padrón electoral (el piso necesario para llamar a un referendo en el que podría derogarse) sino que llegó al 33%, en un esfuerzo de los últimos tres días de plazo que sacó firmas de abajo de las piedras de la periferia rural de Montevideo y del interior del país, notoriamente abandonado por el Frente Amplio. Lo hizo para sorpresa de todos los actores políticos, tirios y troyanos, según confesión pública de figuras del Frente Amplio y silencio alelado del gobierno.

El hecho dio vuelta el panorama político del país y puso al gobierno a la defensiva tras dos años de tener la iniciativa en lo que quisiera ante una apática oposición que –al menos hasta la presentación de las firmas, el 8 de julio– seguía aquejada de los mismos problemas que la llevaron a la derrota. El Frente Amplio buscó ser parte de un diálogo con el gobierno una y otra vez, pero fue excluido hasta de la política sanitaria. A su vez se autoexcluyó de la movilización social que, arrinconada por la creciente crisis social y económica, manifestaba sus reclamos sectoriales todos los días ante la sede de una presidencia abocada a reducir el déficit fiscal. En verdad, el Frente Amplio separó filas con los movimientos sociales al menos en 2016, cuando definió cortapisas al sindicalismo en la educación y fijó una política salarial que llevó a un paro general.

La masividad opositora del votante de a pie es, sin duda, un cambio drástico e inesperado de la correlación de fuerzas, surgido en puridad de movimientos sociales y ciudadanos que cambiaron de opinión ante la realidad económica y social crecientemente severa. Mucho indica que lo será más a la hora de la votación, tras validar las firmas, en algún momento antes de julio de 2022. De todas maneras y más allá de la votación, el haber logrado las firmas es de por sí un hecho político mayor, que cambió efectivamente la correlación de fuerzas. El gobierno está ante un vacío programático en el horizonte, dificultades previsibles en la coalición y la necesidad de defender la ley en público, ítem por ítem, lo que evitó con tenacidad durante su tratamiento legislativo. Si el progresismo logra agregar 400.000 votos a las firmas ya prometidas a las urnas, se ganará el referéndum y el gobierno caerá efectivamente en un vacío. Y como se sabe, el poder le tiene horror al vacío.

Según se iban apilando en los comités de base las hojas de firmas de acuerdo a su procedencia, el Frente Amplio logró la mitad de las 800.000 recolectadas. La cifra total es holgadamente mayor a los votos que tienen al Partido Nacional en la presidencia. Su parte la hizo el Frente Amplio tras una campaña publicitaria que inició el 3 de mayo (a dos meses de vencerse el plazo para presentar las firmas) con un costo exiguo: 100.000 dólares. Las demás firmas vinieron de los movimientos sociales –notablemente la central obrera y la cooperativa de viviendas Fucvam– y de gente que quebró en los últimos tres días la tendencia a la derrota, y que se la podía ver la última noche haciendo cola para firmar, con saludos, alegría y felicitaciones anticipadas. Los firmantes fueron principalmente jóvenes y mayores de 50; la población de mediana edad fue apática. Y los activistas descubrieron que había gente que quería firmar pero no había sacado su credencial cívica: el Estado no llegó a ellos, ni siquiera en los quince años de gobierno del Frente Amplio.

Ahora, el Frente Amplio, que no examinó orgánicamente las razones de su derrota, que no reeligió autoridades, que postergó su congreso en nombre de la sanidad y que por dos años no hizo realmente oposición, tiene oportunidad de superarse y recomponer su incidencia política en un país en el que, sin moverse, tiene el 40% de los votos –hasta eso se afectó en la primera vuelta electoral de 2019, en la que logró 39%–. La consigna del cambio la dio el dirigente de creciente importancia Óscar Andrade: “Vamos a salir de esta batalla con un Frente Amplio nuevo”. Eso implica, añadió, definir qué país se quiere y cómo lograrlo, y construir de las bases hacia arriba. El Pepe Mujica, por su parte, dijo: “Íbamos a la derrota y nuestro pueblo nos pasó por arriba. Tenemos un pueblo más importante que sus dirigentes; nuestro pueblo, nuestros mersas, nuestros locos sueltos, nos pasaron por arriba. Y la respuesta (a la situación política ahora planteada) viene de abajo, no de arriba”.

El plazo para juntar el 25% de firmas que habilitan votar en procura de la mitad más uno para derogar era de un año a partir de la promulgación de la LUC, y se invirtieron 5 meses y diez días en discutir y lograr el consenso sobre qué artículos se buscaría derogar; tal era la atomización de los sectores y opiniones progresistas del país. Ahora se logró un sorprendente caudal, con ese espontáneo agregado de un 17% de firmas de última hora, que busca cauce político. Ya en las elecciones nacionales de 2019 se agregó, para la segunda vuelta, un coincidente 17% no esperado. Y el Frente Amplio no hizo nada con tamaño apoyo, pese a que produjo que se perdiera por sólo 40.000 votos.

Pero en el Frente Amplio ya entra a discusión un documento que revisa varios criterios que se probaron jalones derrotistas. Se abjura de la burocracia que copó la dirección y de la dinámica interna. “Debemos –dice– retomar el mano a mano con la población, lo que siempre fue una de nuestras mayores fortalezas”.

Hoy las ollas populares van cerrando por escasez ya de aportes solidarios, las cifras de mayo de 100.000 nuevos pobres y 60.000 nuevos desocupados (en un país 13 o 14 veces más chico que la Argentina) sólo aumentarán, por más que la economía mejore. El panorama afecta crecientemente el empleo, el ingreso en hogares, a los cuentapropistas, centra el aumento de precios en alimentos, y más, Y el Presidente Luis Lacalle Pou no va a cambiar su política de sobriedad fiscal y bolsillos de cocodrilo; por el contrario, la acelerará: está siguiendo lo que Mauricio Macri le dijo a Mario Vargas Llosa que haría si era reelecto: lo mismo, pero más rápido. En verdad, son claramente equiparables las dos gestiones, excepto que Lacalle lo hace dentro de la ley que fabrica. Empezando por la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, con poderes omnímodos que sólo le responde al Presidente, sin control parlamentario y ni siquiera de su gabinete.

Los indicadores epidemiológicos vienen por suerte bajando, pero –aunque la cepa Delta aguarda tras la larga frontera con Brasil– Lacalle ya anunció que seguirá abriendo la economía: turismo y deportes con público son las nuevas metas, pese a que se está al doble de casos para poder seguir el hilo epidemiológico de la infección. La meta salarial que ofrece el gobierno (tras un 2020 sin aumentos) para la negociación entre empresarios y sindicatos es de 2,5% en el rango más alto, cuando la inflación es de 7,5%. La central obrera manifestó sin muchos decibeles su disconformidad, lo que puede interpretarse como el esfuerzo por poner el referéndum en el centro de atención, y desprender los problemas de lo que se quiere derogar.

Es inevitable que la votación del referéndum equivalga a una elección de medio término y que el voto sea en definitiva a favor o en contra del gobierno. El escenario binario le resultará muy incómodo a la coalición de gobierno, porque las diferencias entre ellos ya se están marcando en abundancia, y sus planes, incluyendo los del partido militar con un general que quiere la banda presidencial, lógicamente difieren. Por lo tanto, les será difícil acoplarse a un mismo perfil.

Si hay ventajas a señalar para el gobierno, una es que la derecha modificó las reglas del referéndum de 1989 utilizando la experiencia con el referéndum contra la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, o de impunidad (que se perdió), y en la reforma constitucional de 1996 dificultó mucho más llegar al 25%. Otra ventaja es que, ya en 1989, Julio María Sanguinetti logró que quienes votaron contra la ley de caducidad lo hicieran con la papeleta del SI; la misma que definió la dictadura cívico-militar para apoyar la reforma constitucional que propuso en 1980, y que perdió. De modo que para votar contra la LUC, hay que votar SI.

 

 

 

--------------------------------

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí