6 de enero de 2024, amanece.
Lo sé por el canto
de los pájaros.
Pronto sonará el timbre
Y con él
los pasos del verdugo
que nunca sabré por dónde andan.
Pero sé por dónde andan los míos
camino sobre seis baldosas
y en cada vuelta que doy sumo doce
que es lo mismo que recorrer 4 coma ochenta metros
recién amanece
y llevo caminando mil kilómetros.
Texto de Nahuel Morandini, del prólogo de Jujuy: el laboratorio de la represión de Eli Gómez Alcorta y Valeria Vegh Weis
Lo que sucedió con la causa judicial seguida contra Nahuel Morandini y Roque Villegas no es un error en la matrix, sino un modus operandi de persecución política, ejercicio del puntivismo neutralizador y del paroxismo de las intervenciones político-judiciales represivas. Y ayer, en una audiencia que reunió, además del juez y del fiscal, a los abogados de Morales y su esposa, que son querellantes, al Consejo de la Mujer de Jujuy —que también lo es— y a dos organismos de protección de la niñez, como a las defensas de los imputados, quedó probado que el Ministerio Público llevó adelante tareas de inteligencia ilegal y ciberespionaje, antes de existir denuncia alguna, como si tuviera licencia para espiar y armar causas a gusto.
Vamos por partes. Recordemos que hacia los últimos días del mes de diciembre de 2023 comenzó a generar revuelo en las redes sociales el rumor de que María Eugenia Tulia Snopek le habría sido infiel a su marido Gerardo Morales. El amante sería Mauro Coletti, integrante del grupo musical jujeño Los Tekis. Se llegó a insinuar, además, que la hija de Snopek y Morales era en realidad fruto de la infidelidad de Snopek con Coletti. Luego de algunos días, los medios regionales comenzaron a circular esta información y el caudal de publicaciones en las redes sociales aumentó significativamente. De acuerdo con varios portales de noticias, el punto de inflexión fue la viralización de un audio a través de grupos de WhatsApp el día 31 de diciembre, en el que se dijo que la supuesta infidelidad de Snopek era el motivo por el que Los Tekis no se presentarían en el carnaval 2024. Los Tekis son una banda muy popular que solía participar en el carnaval provincial, por lo que su ausencia era llamativa.
El 26 de diciembre de 2023, Nahuel Morandini, un docente universitario, publicó un posteo alusivo a los rumores usando el pseudónimo “Morondanga” en su cuenta X (ex-Twitter). El posteo decía: “Hace ya varios años que en Jujuy se hace el carnaval de los tekis (una estafa en la que caen los turistas). Pero este año no se hace. Y todo parece que es porque uno de los tekis le enseña a tocar la quena a la mujer del ex gobernador. Imposible aburrirse en kukuy”. Luego también respondió a uno de los comentarios con el siguiente texto: “Hace más de un mes, el tocador de quena se la o.uso (sic) en la chata y borracho. Dicen las malas lenguas que iba con la ex primera dama, de ahí el enojo del emperador. Otro tequi fue suspendido porque tenía el pito como cañita voladora”. El posteo haría referencia a Morales y a Snopek, aunque ninguno de ellos estaba nombrado en el mensaje.
Nueve días después, el 4 de enero del 2024 durante la mañana, Snopek presentó una denuncia a través de su apoderado, en plena feria judicial, afirmando que había publicaciones en redes sociales —las que no identificó— que la involucraban con el integrante de Los Tekis, las que eran falaces y que solicitaba su investigación. Ese mismo día a las 14, con una rapidez inusual y extraordinaria para el sistema penal, se tenían identificadas las cuentas que inicialmente habrían compartido el chisme, investigada la titularidad de ellas —algunas tienen nombre de fantasía como @morondanga—, identificada la morada de esa persona y detenida.
Al día siguiente, el 5 de enero, habiendo dormido en una dependencia policial, Morandini y Villegas —quien había compartido un audio en la red social Facebook— fueron imputados penalmente, bajo el argumento de que las publicaciones afectaron psicológicamente a Snopek y tornaron incierta la identidad de la hija de Snopek y Morales. Se calificó los hechos con los delitos de lesiones psicológicas leves y de supresión de la identidad y del estado civil de la hija (esto, a pesar de que, como es evidente en las publicaciones, Morandini nunca mencionó a la niña). Estos delitos prevén una pena de hasta seis años de prisión. El fiscal Rondón pidió la prisión preventiva de ambos, a pesar de que no tenían ningún antecedente penal, y se los mandó a la cárcel de Gorriti, una prisión de máxima seguridad, donde estuvieron 53 días. Durante aquella detención fueron sometidos a tormentos, estuvieron en celda de castigo sin ventilación ni iluminación, absolutamente sucias y con excrementos y los pisos húmedos. Desnudos, eran filmados por personal penitenciario y obligados a dormir en colchones mojados; a realizar sus necesidades fisiológicas en palanganas o botellas de plástico, entre muchas humillaciones. Estos tormentos se encuentran probados porque se secuestraron las cámaras de la unidad penitenciaria y hay 22 penitenciarios imputados por ellos, aunque, obviamente, la causa se encuentra paralizada hace un año y medio.
Más allá de la obvia pregunta de cómo un tuit o un audio pueden lesionar a alguien y/o realizar una alteración de la identidad de una niña.
Y el jueves pasado se escribió un nuevo capítulo de la vergüenza judicial de la Argentina y de la exquisita creatividad para salvaguardar la corporación judicial de su accionar delictivo.
Antes siquiera de que hubiera una denuncia formal —que, recordemos, fue presentada el 4 de enero—, el entonces fiscal Rondón dio la orden verbal de realizar tareas de inteligencia ilegales e indiscriminadas en redes sociales, de identificar titularidades de las cuentas y de rastrear domicilios. Esa orden se dio sin que exista una causa judicial en marcha, sin denuncia, sin una actuación de oficio: esa orden fue ilegal y constituye un delito. La orden fue efectiva. Alejandro Escalier, funcionario del Organismo de Investigación en Informática Forense que depende del Ministerio Público, ejecutó un rastreo masivo en Facebook, TikTok, Instagram, Twitter/X para identificar comentarios y publicaciones que hablaran de la infidelidad de Snopek, investigar cuáles publicaciones fueron iniciales y, lo más grave, identificar las titularidades de esas cuentas y localizar domicilios de posibles responsables. Todo ese material se entregó al fiscal el 3 de enero a las 12:16, es decir, antes del inicio formal de la causa. Espionaje preventivo, sin control judicial, para luego justificar detenciones. ¿Estamos ante un Estado de derecho o ante una agencia de inteligencia al servicio del poder?
Lo más grotesco es que, en la audiencia del jueves pasado, luego de mostrar estas imágenes y pedir la nulidad de la causa, el fiscal que intervino defendió la ilegal actuación afirmando que lo que había sucedido fue que se recolectaron pruebas “a la espera de una eventual denuncia”. Traducción: El Estado se arroga el poder de investigar a cualquier persona, revisar publicaciones o tomar medidas de prueba contra quien quiera, incluso averiguar dónde vive, por si acaso, en el futuro, comete un supuesto delito o alguien lo denuncia.
Esa admisión es un monumento a la arbitrariedad: si el Ministerio Público puede investigar sin denuncia ni autorización judicial, el único límite que queda es el capricho de quien ejerce la fiscalía. En Jujuy ese capricho, ya sea por razones políticas, sentimentales o porque le molesta un chimento, tiene nombre y apellido: Gerardo Morales. La intervención judicial represiva ha sido su principal herramienta para satisfacer esos caprichos.
El límite a la detención de Nahuel y Roque lo encontramos cuando se generó un gran rechazo mediático. Fue la presión de expertos en libertad de expresión, constitucionalistas —liberales, conservadores, progresistas, garantistas, etc.— y la salida del caso en los grandes medios de comunicación a nivel nacional lo que impidió que la persecución se naturalizara. Por esto, el mismo fiscal que pidió la detención luego solicitó su libertad. Sin embargo, ahora nos encontramos en otro momento decisivo.
El lunes 9 de febrero a las 16, el juez Assef deberá resolver los planteos que hicimos las defensas. Sobre todo, deberá decirles a Nahuel Morandini y Roque Villegas, pero también a todxs, si el ciberespionaje llevado adelante por el fiscal Rondón pasa a ser una de las nuevas herramientas políticas que en Jujuy son legales o no. También les dirá si deben o no ir a juicio por difundir un chisme.
Lo ocurrido en Jujuy no es un episodio aislado ni un conflicto técnico. Luego de diez años de la ilegal detención de Milagro Sala y el continuo hostigamiento contra ella, que no cesa a pesar de un nuevo episodio de autolesión que la llevó a una internación por razones de salud mental a comienzo de este año, nadie puede sorprenderse.
Sin embargo, quizás lo único que no debamos perder es la capacidad de asombro frente a la ilegalidad, la persecución, la injusticia y el desprecio de los poderosos y sus serviles adláteres hacia todos lxs que no somos como ellxs. Que de ese asombro nazca la bronca e indignación más visceral que conozcamos y nos lleve a nunca abandonar la lucha contra las injusticias.
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