La plata dulce (hasta hoy)

 

El gobierno de Macri y su alianza con Presidentes de países centrales y actores del capital financiero derivó en un préstamo extraordinario al Estado argentino al sólo efecto de ganar una elección. El propio Macri, entrevistado por Marcelo Longobardi para CNN, en referencia al préstamo del Fondo Monetario Internacional y su posible reelección dijo:

"Los principales líderes del mundo decidieron apoyar a la Argentina en esta etapa de salir del populismo, decidieron apoyarme en este camino de marcar un rumbo distinto para la región".

El Presidente argentino destacó que su amistad con Donald Trump y Jair Bolsonaro fue determinante para el apoyo, y en esa línea sostuvo que estos líderes observan la importancia de Argentina para evitar el restablecimiento de los que denomina “populistas”.

Así, por estas horas previas a las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), es noticia y comentario corriente, aceptado, que por presión de Trump, el FMI adelantó miles de millones de dólares al gobierno para que los venda en la cantidad que sea necesaria para mantener estable el mercado de la moneda. El propósito final es que Macri aumente sus chances de reelección aparentando un éxito, pues está interesado vivamente en mantener a nuestro país dentro de su dominio completo y, tanto más, que no se convierta en un ejemplo de independencia.

 

 

Una apuesta inédita

La apuesta del FMI, bajo orden y supervisión de Estados Unidos, es inédita en la historia de ese organismo. Entregó el préstamo más grande jamás otorgado a un país. Tenemos entonces que la potencia imperial, con coautoría de nuestro gobierno, está inmiscuyéndose impúdicamente en las elecciones de nuestras autoridades, por nuestro pueblo, apoyando a uno de los contendientes. Lo hace con dinero nuestro, pues fuga de inmediato el que manda tras embolsar ganancias especulativas, y luego deberemos devolverle esas cantidades más intereses. Y lo hace contrariando hasta las mismas normas del FMI, que no debe prestar dinero para operaciones financieras. El pueblo consumidor queda acorralado: no le conviene un dólar caro.

No se ha dicho pública y descaradamente como lo anterior, ni nos consta con certeza, pero es más que probable que ese dinero esté financiando las medidas gubernamentales que promocionan un  “veranito” de consumo, como hicieron antes de las elecciones de 2017, en esta ocasión con Ahora 12, Procrear, Procreauto, y otros similares.

Se trata, si bien se mira, de un plan de corrupción mayúsculo (en el sentido castellano de “echar a perder, depravar, dañar o pudrir algo”). Trastoca las bases de la democracia republicana en cuanto a su condición de gobierno del pueblo mediante la elección de sus representantes, “legítima” maquinación progenitora de todos los actos corruptos derivados (uso discrecional de fondos para publicidad —oficial y oficiosa—, abusos del aparato estatal, clientelismo múltiple, inauguraciones en veda y operaciones de prensa, pago amañado de un sistema de escrutinio electoral para falsear el resultado del comicio).

Estamos inmersos en el foco de una operación dirigida por inmorales del más alto rango mundial. Con generosa y descarada cobertura mediática, unos días antes de que arrancara la campaña electoral el FMI aprobó un nuevo desembolso de 5.400 millones de dólares. Se trató del quinto tramo del acuerdo total de 56.000 millones. Con este último giro de dinero el organismo habrá enviado al país 44.100 millones de dólares desde que se implementó el programa stand-by el año pasado, un 78% del total de los desembolsos previstos. Casi otro 10% arribaría antes de las elecciones generales de octubre. Según el propio gobierno argentino, esto le permitirá transitar con tranquilidad financiera el proceso electoral. Lo vinieron logrando trabajosamente, alimentando la bicicleta financiera a favor de los grandes capitales financieros y en desmedro de los bolsillos del pueblo.

Según un informe del CEPA (Centro de Economía Política Argentina), la ampliación y reformulación del programa de junio de 2018 es en realidad un apoyo político insólito, al pasar en tan sólo tres meses de un monto total de U$S 50.000 millones con desembolsos escalonados y precautorios a uno de U$S 57.000 millones en el programa de octubre de 2018. Se concentra el 87,96%de los desembolsos antes de las generales de octubre. Al mismo tiempo, se pierde el carácter precautorio del acuerdo. Más singularidad: el 44% de las acreencias del FMI estará en manos argentinas. El segundo mayor deudor del organismo internacional es Ucrania, con el 12% de los préstamos entregados. La siguen Grecia y Egipto, con el 11% cada uno, y Pakistán, con el 6%. Solo 16 de los 189 miembros del Fondo están endeudados con él.

El Fondo, como herramienta de los países poderosos, siempre ha intervenido en el diseño y control de la política económica de las naciones con las cuales establece acuerdos de auxilio financiero. Sin embargo, en casi todos los casos de su larga historia de créditos stand-by, ha evitado participar abiertamente de la vida política interna de los países, y mucho menos de las campañas electorales. Con la administración Macri, el FMI ha cambiado el paradigma (sin cambiar estatutos) y abandonó aquella aparente neutralidad.  “Jugó fuerte”, según ha dicho el propio Presidente. Al punto que autorizó al Banco Central a vender dólares en el mercado y, de ese modo, evitar la disparada del dólar que pondría en jaque mate la aspiración reeleccionista.

Pensando en el futuro, con este histórico préstamo se agudizará la dependencia de la economía argentina al Fondo. Más aún cuando este gobierno está rifando las reservas acumuladas con los dólares del FMI. Todo para ganar. Si en cambio las cuidaran en lugar de liquidarlas con el mezquino objetivo político, el próximo gobierno tendría un poco más aliviada la pesadísima herencia que dejará este gobierno de élites. Además de representar un apoyo extraordinario, la sequía de fondos para el próximo gobierno y la acumulación de vencimientos presuponen una amenaza, al dejar agotadas las fuentes de financiamiento externo de emergencia al ser el FMI el prestamista de última instancia. Al próximo gobierno le quedarán aproximadamente 6.700 millones de dólares del préstamo acordado (en desembolsos trimestrales equivalentes hasta mediados de 2021) donde ya empiezan a correr los pagos por la devolución de los préstamos al organismo. La soga al cuello. Habrá que discutir hasta cuánto es exigible de una deuda de discutible legitimidad, como veremos a continuación.

 

 

Una deuda de discutible legitimidad

Este préstamo, que evidencia un interés político partidista, electoral y –finalmente— personal, no es compatible con lo que establece el Estatuto del FMI. Como bien dice el informe del CEPA,  la Sección 1 del Art. VI del estatuto del FMI en su inciso a) establece que “ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital, y el Fondo podrá pedir al país miembro que adopte medidas de control para evitar que los recursos generales del Fondo se destinen a tal fin”. Sin embargo, en el inciso b) se manifiesta que “nada de lo dispuesto en esta sección se interpretará en el sentido que impide utilizar los recursos generales del Fondo (...) para aumentar las exportaciones o en el curso ordinario de las operaciones comerciales, bancarias o de otra índole”.

Siempre según el CEPA, desde el inicio del programa se ha destinado a financiar la formación de activos externos el 76% de los recursos recibidos del organismo. Los préstamos solventan la salida de capitales, tratándose así claramente de un uso irresponsable de los desembolsos, toda vez que está en la potestad de las partes solicitar e implementar controles de manera de detener, al menos parcialmente, la fuga de divisas.

Los criterios de acceso excepcional al crédito del FMI, tal como el que benefició al gobierno de Macri, son cuatro y deben cumplirse para que el organismo pueda otorgar desembolsos cuando se superan ciertos límites de seguridad relativos a la relación entre los préstamos y las cuotas que cada país mantiene en el organismo. Son límites que el organismo ha establecido con el objetivo de salvaguardar y garantizar el uso responsable de los recursos:

1. El país miembro debe enfrentar una crisis de balanza de pagos que no pueda solventarse mediante el acceso convencional.
2. La deuda pública debe encontrarse en un sendero de alta probabilidad de repago en el mediano plazo.
3. El país miembro debe tener una perspectiva favorable en torno a su regreso a los mercados internacionales de crédito en un plazo y monto que permita el repago de los fondos obtenidos por el organismo.
4. El programa propuesto por el país miembro debe poseer una perspectiva de éxito lo suficientemente fuerte no sólo en términos técnicos, sino también en términos de capacidad institucional y política para llevarlo a cabo.

Al menos tres de los cuatro criterios necesarios para habilitar el uso del acceso excepcional a los fondos provistos por el organismo son de dudoso cumplimiento, violando las normas internas del FMI.

La flagrante vulneración de la norma estatutaria en la que caen los funcionarios del organismo internacional, no debería excluir la responsabilidad de los funcionarios argentinos. El Fondo Monetario, los países que lo integran, deben actuar en consonancia con sus fines, por lo que surge una clara responsabilidad por transgredir el estatuto.

Estos desembolsos con un único fin electoral implican la utilización de deuda pública con un beneficio exclusivamente privado. La toma de deuda, utilizada en una campaña electoral de variadas maneras, produce un perjuicio económico descomunal al erario público, afecta la institucionalidad e implica un ejercicio temerario, irresponsable e ilegal de la función pública. Quienes la toman y la gastan con esos fines, no hacen otra cosa que incumplir con deberes básicos inherentes a su cargo.

Asimismo, tenemos en el gobierno activos (¿ex?) empleados del capitalismo financiarizado mundial, que hacen todo cuanto pueden para satisfacer las demandas de grupos económicos especulativos y los estados centrales (especialmente EE.UU.).

Estos mega endeudamientos son provechosos para ambos, pues el gobierno de Macri consigue manos libres para una campaña que le permita seguir expoliando a la sociedad bajo su gobierno. De ese modo los grandes capitales internacionales, financieros y económicos hacen enormes negocios, y sus gerentes nativos también los hacen en la misma medida relativa (no deben ser tan ambiciosos como sus jefes, teniendo en cuenta, por ejemplo, que en 2019 nuestro PBI será 1/52 del de Estados Unidos). Por cierto, toman sus ejemplos en todo, aunque a veces los superan. Para ser elegido, Trump engañó por omisión cuando no dijo que su política económica favorecería al gran capital monopólico, pero no mintió cuando prometió bregar por la re industrialización de su país, que iría contra el Medicare y que diseñaría medidas anti inmigratorias; Macri, a diferencia, mintió en todo.

El mega empréstito sirve para hacer pasar como reales las promesas incumplidas, atacar al adversario electoral de modo espurio, hacer virales fake news, asegurar amigables entrevistas y análisis periodísticos. Gracias a los recursos económicos, fruto de una ley de financiamiento político hecho a medida, al apoyo de las élites y el refuerzo del FMI, este gobierno cuenta con un apoyo mediático férreo que, según convenga, denuesta, estigmatiza, miente o invisibiliza con relación a los pensamientos y acciones populares, en una confesada política mediática de guerra. Y respecto de sus propios actos, negociados, incompatibilidades funcionales, inventa, magnifica, maquilla u oculta. Con éxito significativo, al punto de lograr que millones apoyen medidas que los perjudican. El sistema tiene como objetivo menoscabar la democracia y por ende la política, con lo que lleva a la destrucción de la ética y la moral social. El funcionamiento cotidiano de sus brazos políticos, económicos, culturales, naturaliza los procederes más aberrantes, que en el sentido común que se promueve, son aceptados como propios de la índole de las cosas.

 

 

 

* José Massoni, ex juez de Cámara, primer director de la Oficina Anticorrupción.

* Luis Villanueva, abogado, especialista en políticas de transparencia y anticorrupción.

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