La política de la insustentabilidad

Una cosa es una emergencia de un mes y otra una situación que puede prolongarse un año

 

La negociación de la deuda por 67.000 millones con los acreedores privados continúa navegando por aguas complicadas. Cada semana aparece un nuevo fondo de inversión, ocupando la función del malo de la película, diciendo que está muy enojado y que no lo satisface lo que le ofrecen. El gobierno argentino recorrió en estos meses un largo camino desde su oferta inicial, mejorándola en términos de los deseos de los acreedores y empeorándola en términos de los intereses de nuestro país.

La última (¿última?) oferta realizada esta semana llevó el valor presente de los bonos a 53,5 dólares, además de aceptar empezar a pagar módicos intereses ya desde el año que viene, y tasas de interés de largo plazo superiores al 3%, lo que fue considerado satisfactorio sólo por una parte de los acreedores. El resto, encabezado por el más grande de los fondos de inversión privados, BlackRock, se ha mostrado disconforme con la nueva propuesta, ha protestado porque “no se los consultó” (¡!) para formular la posición argentina, pero ha concedido que en base a esta última propuesta existe una base para la negociación.

Es evidente que hemos entrado en un sendero de presión brutal sobre el gobierno argentino, que incluye, entre otras cuestiones, sugerencias de desplazamiento del ministro Martín Guzmán, porque no ha sido una alfombra de los intereses externos. Piden un ministro que sí lo sea.

El gobierno argentino ha mantenido hasta ahora una posición digna –se trata de una negociación y no estamos en condiciones de imponer nada, salvo el default—, en el contexto de la debilidad económica del país, de su carencia estructural de instrumentos públicos para regular eficazmente la economía y de la oposición política interna favorable a los fondos acreedores. No se les han concedido a los bonistas las demandas jurídicas que los pondrían en condiciones de accionar individualmente contra los gobiernos argentinos en el futuro.

En este momento se despliega una presión internacional significativa sobre los acreedores más recalcitrantes, que tienen la llave del acuerdo, ya que diversos factores políticos globales consideran inconveniente seguir presionando a la Argentina hacia un acuerdo insustentable. El FMI, que competirá con los acreedores privados por los recursos de Tesoro argentino, hace rato les reclama a los bonistas moderación en sus demandas.

Los criterios de sustentabilidad de la deuda que ha esgrimido el gobierno argentino son completamente racionales y benefician a ambas partes del acuerdo, lo que no implica que sean compatibles con la racionalidad de corto plazo de los fondos acreedores, que quieren cobrar mucho y ahora, y disimular su completa falta de seriedad por apostar a la pericia económica del gobierno macrista.

La sustentabilidad es un término, además, opinable. Seguramente BlackRock puede sostener que si los futuros gobiernos argentinos hicieran más austeridad fiscal, y redujeran el nivel de vida de lxs argentinxs, habría más recursos para pagar más intereses y ofrecerles bonos más atractivos.

En todo caso, cada retroceso frente a las demandas de los bonistas obligará a realizar políticas públicas más efectivas e inteligentes. No sólo en términos de reactivar la economía y generar empleo, sino en tener una balanza comercial claramente superavitaria, pero que no esté basada en una economía deprimida y sin futuro. Esa es una tarea que se ha mostrado muy ardua para diversos gobiernos argentinos, aunque esté completamente al alcance del país de acuerdo a sus capacidades y potencialidades.

 

 

La dinámica económica y social de la pandemia

La experiencia internacional está mostrando que los problemas que genera la pandemia no se terminan ni se resuelven con negación ni con voluntarismo. Varios países que se apresuraron a satisfacer presiones empresariales y de sectores autónomos muy fragilizados, con aperturas aceleradas y generalizadas, hoy están teniendo rebrotes gravísimos. La propia idea de “etapas” que se van superando hasta llegar a la solución feliz debe ser abandonada. Sólo hay mejoras y retrocesos en un sendero de permanente equilibrio, hasta que llegue la vacuna.

Por lo tanto, es necesario abandonar la perspectiva de subordinar decisiones gubernamentales a un horizonte de 14 ó 21 días que marcan las evaluaciones epidemiológicas. Esa expectativa de pautar políticas públicas acompasadas a la “etapa” pudo ser válida en marzo. Ahora ya sabemos más, y hay que pensar en un escenario de unos cuantos meses de convivencia con dos criterios en tensión: minimizar el impacto sanitario y maximizar la activación de la economía.

La incitación mediática opositora, además de dañina para la salud física y mental de la población, está destinada a empujar en dirección a peligrosas decisiones que están fracasando estrepitosamente en los países que las adoptaron.

El derrumbe de la actividad es considerable, y las ayudas estatales, si bien son amplias y mucho mejores que en otros países, no bastan. El Ingreso Familiar de Emergencia es un excelente instrumento, pero que debe ser reajustado ya que los ahorros y reservas de una parte de la población se van agotando a medida que pasan las semanas y los 10.000 pesos no permiten cubrir los gastos mínimos de una familia. Lo mismo ocurre con los créditos otorgados a pymes: una cosa es cubrir un bache de actividad de 2 meses, y otra si el bache se extiende 10 meses.

Lamentablemente los precios de los alimentos han sufrido constantes incrementos, y en ellos se concentra hoy un parte sustantiva del gasto de la mayoría de la población. Hacen falta políticas efectivas y de más largo aliento en este sector crucial de abastecimiento, porque además desde la derecha neoliberal se está promoviendo –y proponiendo— la idea de que ocurrirá un fuerte salto de precios por razones monetarias.

Dada la estructura de los mercados y los comportamientos conocidos del sector alimenticio, sería muy prudente que el gobierno vaya tomando medidas que garanticen efectivamente el aprovisionamiento de la población en cantidades normales y a precios accesibles en los próximos tiempos.

La introducción de un horizonte pandémico más largo, en término de cuatrimestres y no de quincenas, permitiría tomar decisiones más realistas tanto en términos de transferencias a sectores muy dañados, como en materia de la financiación del gasto público. Una cosa es una emergencia que dura un mes y pasa, y otra una situación que puede prolongarse más de un año, con secuelas posteriores.

Un gobierno de derecha, como los que abundan en nuestra región, no dejaría morir a la gente de hambre, porque no conviene políticamente o porque crearía una mala imagen ante “los inversores”. Pero dejaría muy en claro que la ayuda es ínfima, y que en realidad no corresponde y será retirada en forma inminente. Es una filosofía del disciplinamiento social al capital.

Hay que estar lejos de esas ideas y prácticas, y asistir en la mayor medida posible. Se pueden mejorar las transferencias y hacerlas más específicas: no es lo mismo cada rama productiva, no es lo mismo el AMBA que el resto del país, no es lo mismo cada estrato social. Eso permitiría concentrar esfuerzos fiscales en cuentapropistas, comerciantes, artistas, gastronómicos, personal vinculado al turismo, que deben ser sostenidos en condiciones básicas hasta superar la emergencia, etc. El apoyo en serio, para evitar una alta mortandad de empresas o un empobrecimiento masivo, implica acercar las ayudas a la realidad económica de sostenibilidad mínima. Ni qué hablar el refuerzo urgente a las prestaciones que reciben los más pobres.

Gastar más en este momento grave no implica necesariamente más déficit, aunque hay que asumir que el déficit fiscal ocurre y ocurrirá porque es infinitamente mejor que un fiscalismo ciego a la realidad social. Inyectar recursos adecuadamente posibilitará sostener actividad económica, y por lo tanto mejorará las perspectivas de la recaudación en el mediano plazo. Claro, eso implica mantener un control claro sobre las variables que “los mercados” intentarán desestabilizar.

Pero sobre todo, permitirá cumplir las expectativas políticas depositadas en el gobierno popular, que necesitará en los complejos meses próximos contar con la confianza y el respaldo de amplios sectores sociales para avanzar con su programa de gobierno.

 

 

Exportaciones en duda

Hay que prepararse para que no haya una vigorosa salida exportadora. La situación internacional de contracción es evidente, lo que lleva a climas de mayor proteccionismo y competencia entre corporaciones y Estados, por mercados encogidos. Otro dato significativo es que nuestros propios acreedores no creen en tal salida exportadora. El Ministro Guzmán les ofreció dentro del menú de alternativas para resolver el problema de la deuda, un título de deuda cuyo valor evolucionaría de acuerdo al incremento de nuestras exportaciones a futuro. Era otra propuesta racional, que vinculaba los pagos de deuda a las capacidades locales de obtener dólares. No tuvieron interés alguno, porque proyectan un escenario global muy complicado, no prevén una gran performance exportadora argentina y por lo tanto el valor de esos bonos no crecerá lo suficiente para sus pretensiones de rentabilidad.

De hecho, la expectativa en el potencial exportador de Vaca Muerta ha ingresado por ahora a la colección de mitos nacionales, dado el contexto internacional deprimido.

 

 

 

Los dos cepos

La razón de fondo de un mundo contraído y sin posibilidades de expansión después de 2021 radica en que no se han removido dos trabas fundamentales para el crecimiento mundial: el altísimo grado de endeudamiento de Estados, empresas y particulares con las finanzas globales, que los financistas no piensan aliviar por obvias razones, y la distribución crecientemente regresiva del ingreso en todo el planeta, que forma parte de la lógica misma de la globalización liderada por las corporaciones. Son los dos cepos que tiene el crecimiento mundial, y que por ahora no serán revisados dado que la pandemia no ha modificado ni el orden de los intereses ni de las instituciones que orientan el funcionamiento del capitalismo actual.

Eso no quiere decir renunciar a tener estrategias de búsqueda de mercados y de diversificación de productos y sectores. Pero para responder a ese mundo duro y complejo que quedará luego de la pandemia, habrá que pensar también en estrategias de sustitución de importaciones que tienen el muy interesante efecto de fortalecer las empresas nacionales, reforzar las cadenas de valor locales, promover el empleo, y ahorrar divisas que hoy se utilizan para traer bienes e insumos importados.

Hay un enorme campo de posibilidades, tanto para el desarrollo de exportaciones no tradicionales como para actividades sustitutivas de alto impacto. Claro, implica un liderazgo organizativo estratégico que no se le puede pedir al mercado, pero que perfectamente puede encarar un gobierno liberado del corsé ideológico neoliberal. Hay muchísimo para hacer, y muchísimo progreso posible para nuestro país, si se le permite al Estado impulsar políticas en la dirección adecuada. Planes y programas hay, resta contar con el poder político suficiente para implementarlos.

 

 

La agresividad destituyente no es caprichosa

La derecha opositora ha incrementado su agresividad en las últimas semanas. Desde el comunicado enloquecido de Cambiemos luego del asesinato de Fabián Gutiérrez, hasta las acusaciones contra Cristina y los denuestos contra Alberto Fernández (Longobardi lo ve “cada vez más parecido a Trump y Bolsonaro”), el nivel de violencia discursiva ha crecido sustancialmente.

El supuesto enloquecimiento está perfectamente coordinado y articulado con las movilizaciones también delirantes de los anticuarentena, anti-epidemiólogos y anticomunismo.

Algunos piensan que esta actitud crecientemente agresiva es en respuesta al avance de la investigación de las escuchas ilegales realizadas por el macrismo, que no sólo arroja luz sobre la función real de la AFI en esa gestión, sino sobre una estructura política articulada, construida con espías, operadores mediáticos, jueces y grandes medios para perseguir a opositores y controlar aliados.

Si la opinión pública mayoritaria advirtiera la gravedad de la manipulación orquestada, ya sería un gran avance en la conciencia democrática de la sociedad. Si encima se avanzara en la determinación las responsabilidades legales y la sanción de los delincuentes, se sanearía parte del sistema político argentino.

Otros creen que la furia opositora está en estrecha relación con debilitar al gobierno nacional en su negociación con los acreedores externos. La relación del macrismo con acreedores y buitres no es nueva, y les rindió a ambos aliados frutos considerables: los buitres le hicieron la vida imposible al gobierno de Cristina, contribuyendo a su desgaste económico y político, y Macri les retribuyó una vez llegado al poder con pagos suculentos y relanzando el endeudamiento externo argentino.

¿Juntos por el Cambio prefiere que el gobierno de Alberto Fernández logre una negociación exitosa de la deuda externa –tanto con los bonistas privados como con el FMI—, o que deba aceptar condiciones que vuelven al país invivible? Su acción pública de agresión y desgaste constante durante éstos meses –más allá de lo que digan los “moderados” del espacio-—apunta a debilitar al gobierno argentino en su negociación externa.

¿BlackRock qué prefiere, que gobierne en Argentina un espacio político con fuertes compromisos nacionales y sociales, o un gobierno macrista, pro capital financiero y fuga de capitales?

Los dos componentes de la pinza para dañar al país están presentes, y su coordinación no puede desdeñarse, dado lo observado en nuestra historia reciente.

 

 

 

El delirio organizado

La derecha está en campaña para atacar y debilitar al gobierno nacional. El invento de la persecución a los periodistas entrará en los anales del delirio organizado. Los grandes medios han dejado de reclamar por la división de poderes, para reclamar por la sumisión de los poderes democráticos al poder corporativo, del cual forman parte.

La pinza se completa con la amenaza de la pata económica de la derecha local. El gobierno sabe que de no llegarse a un acuerdo con los acreedores habría un conjunto de movimientos económicos internos desestabilizadores: dólar, precios, despidos… Hoy la relación entre actores económicos y políticos es más estrecha que nunca, y conviene no perderlo de vista para actuar en consecuencia.

Lo que el gobierno no se puede permitir es la inercia frente a la acción de estos factores de poder. Tiene una gran herramienta en sus manos, que es la capacidad de lanzar políticas públicas que cuiden, que protejan, que alivien y que amparen. No tiene que esperar ni al final de la pandemia, ni al final de la negociación con los acreedores.

Lo puede hacer ya, e inyectar optimismo y esperanza en una sociedad ya muy golpeada objetivamente por la crisis económica y la pandemia, y bombardeada constantemente con mensajes de desesperanza y odio por los medios de la clase dominante.

Lo debe hacer ahora, y poner en marcha la mejor defensa frente a la pinza de la derecha que busca la insustentabilidad de la Argentina. Esa defensa es un ida y vuelta constante de ideas y acciones entre el riquísimo entramado existente de organizaciones que reflejan la variedad y diversidad de los intereses populares, y el gobierno que fue elegido para representarlas.

 

 

 

 

10 Comentarios
  1. Gabriel dice

    Es evidente que hemos entrado en un sendero de presión brutal sobre el gobierno argentino, que incluye, entre otras cuestiones, sugerencias de desplazamiento del ministro Martín Guzmán, porque no ha sido una alfombra de los intereses externos. Piden un ministro que sí lo sea (…)
    AF le dejo la discusión por la democratización de los medios en el almuerzo con Hector, y este después de Vicentin quebró de facto la tregua mediática hasta entonces.. ¿El ministerio de economía con el equipo económico de Massa, como los Redrado o Melconian, son una posibilidad real?

  2. HERNÁN DE ROSARIO dice

    En su artículo el profesor Aronskind expresa lo siguiente: “La última (¿última?) oferta realizada esta semana llevó el valor presente de los bonos a 53,5 dólares, además de aceptar empezar a pagar módicos intereses ya desde el año que viene, y tasas de interés de largo plazo superiores al 3%, lo que fue considerado satisfactorio sólo por una parte de los acreedores. El resto, encabezado por el más grande de los fondos de inversión privados, BlackRock, se ha mostrado disconforme con la nueva propuesta, ha protestado porque “no se los consultó” (¡!) para formular la posición argentina, pero ha concedido que en base a esta última propuesta existe una base para la negociación”.

    Confieso mi ignorancia supina sobre los gigantescos fondos de inversión, especialmente BlackRock, cuyo CEO es Larry Fink. Pero no hay que ser un economista para percatarse que Fink es uno de los hombres más poderosos del mundo, voraz e insaciable. Pues bien, el presidente de la nación está “negociando” con este emperador de las finanzas globales, lo que implica una tarea titánica. No debemos extrañarnos que finalmente se llegue al tan ansiado arreglo, pero con las condiciones “sugeridas” por Fink.

    A continuación me tomo el atrevimiento de transcribir este artículo sobre el gigante BlackRock. Al leerlo me enteré que maneja una suma de dinero que equivale al dinero que manejan juntos los gobiernos de Alemania y Francia. Ante semejante coloso le será prácticamente imposible a Alberto Fernández enhebrar con Fink un acuerdo mínimamente favorable para la Argentina.

    La Vanguardia
    Xavier Mas De Xaxàs
    6/5/018

    BlackRock, la primera gestora de fondos del mundo, es un gigante despierto que está cambiando el capitalismo. Le sobra fuerza para intentarlo. Gestiona 6,3 billones de dólares –5,3 billones de euros–, casi tanto como el PIB de Alemania y Francia juntos. Habla de tu a tu con los gobiernos e instituciones financieras. Les aconseja cómo actuar y lo mismo hace con las compañías en las que es el principal accionista. Entre ellas están, por ejemplo, el 88% de las empresas en el índice S&P 500.
    El neocapitalismo de BlackRock es más monopolista –concentra la riqueza en menos manos– y la Comisión Europea teme que tenga un efecto pernicioso sobre la competencia que redunde en una mayor desigualdad. También es más largoplacista. Busca rentabilidades para nutrir, por ejemplo, uno de sus principales negocios: los planes de pensiones de los asalariados que ya no confían en el Estado de bienestar. Es un capitalismo que reescribe las reglas del contrato social.También es un capitalismo más tecnológico pues confía en la inteligencia artificial para decidir cómo proteger y hacer crecer las inversiones.
    Durante los últimos nueve años, BlackRock ha crecido a lomos del un mercado alcista y cada vez cuenta con más inversores. Administraciones públicas, fondos soberanos y ahorradores particulares le confían su dinero a cambio de un beneficio que entre 2007 y 2017 fue del 80%.
    La gran mayoría de estos inversores, como reconoce Larry Fink, director general de BlackRock, pierden confianza en el Estado y buscan en el sector privado las garantías de subsistencia que el sector público no ofrece. Las herramientas de ahorro a largo plazo, como los planes de pensiones, son la prioridad de la compañía.
    BlackRock, asimismo, ha demostrado que los gestores de fondos y no los bancos son los verdaderos actores globales. “Esta es la verdadera historia”, sostiene Daniela Gabor, profesora de Economía en la Universidad del Oeste de Inglaterra. La banca, más regulada desde la crisis del 2008, pierde peso como motor económico en favor de los gestores de fondos, gigantes no regulados porque son meros intermediarios, agentes que pasan a sus clientes los beneficios y las pérdidas de sus inversiones. El Tesoro de EE.UU., por ejemplo, no considera que sean un riesgo para el sistema, entidades demasiado grandes que, llegado el caso, deberían ser rescatadas.
    BlackRock y sus competidores son hoy los principales accionistas en casi todas las grandes multinacionales, corporaciones que no pueden ignorar sus consejos estratégicos. Bayer y Monsanto, por ejemplo, se han fusionado, en gran parte gracias a la presión de BlackRock, principal accionista de ambas.
    Esta “common ownership” (poseer acciones de empresas del mismo sector) afecta a la competencia y, según Fiona Scott, ex fiscal antimonopolio del Departamento de Justicia de EE.UU., es una fuerza decisiva para consolidar los monopolios.
    Margrethe Vestager, comisaria de la UE para la competencia, teme lo mismo y ha ordenado una investigación. Cuando una institución tiene intereses en varias empresas que compiten entre sí –como es el caso de BlackRock– aparece un incentivo para reducir la competencia. La comisión anti monopolio del Gobierno alemán considera, sin embargo, que la falta de incentivos a la competencia no puede atribuirse a lo que hagan los inversores institucionales como BlackRock.
    José Azar, profesor en IESE, Isabel Teu, de la Universidad de Navarra, y Martin Schmalz, economista de la Universidad de Michigan, han analizado el papel de los grandes gestores de fondos en el sector de las líneas aéreas de EE.UU. BlackRock y Vanguard están entre los principales accionistas de las cinco grandes y el precio de los billetes en algunas rutas principales se ha encarecido entre un 4% y un 10%. Azar considera que el efecto sobre la competencia es claro, y sobre la base de una falsa competencia, las compañías obtienen beneficios con más facilidad en detrimento del consumidor.
    Michael Theurer, diputado del partido liberal (FDP) en el Bundestag, opina que “gracias a su gran tamaño, BlackRock tiene un poder de mercado que ningún Estado puede controlar. Esto socava las reglas básicas de nuestra economía de mercado”. Lo que también preocupa a Theurer es que BlackRock pueda ser asesor de un gobierno –como lo fue del español para crear la Sareb– y luego beneficiarse de esta información privilegiada para decidir sus inversiones.
    BlackRock sostiene que este conflicto de intereses lo ha solucionado levantando “murallas chinas” entre su división de consultoría y la de inversiones. Pero parece difícil que, de alguna manera, la información privilegiada no circule entre los consejeros y altos cargos de BlackRock. A raíz de su colaboración con el Banco de España, por ejemplo, BlackRock tuvo información privilegiada sobre los sectores financiero e inmobiliario, en los que invirtió con fuerza a partir del 2008.
    Gigantes como Vanguard y State Street, además de BlackRock, utilizan su gran poder –el poder de voto en las juntas generales de accionistas– para influir en la estrategia a largo plazo de las empresas participadas. El beneficio de estas compañías redunda en el de BlackRock y sus clientes. El mercado alcista les favorece. Los 6,3 billones de dólares que gestiona son un 20% más que hace un año. entre sus clientes cada día hay más administraciones públicas, como el Estado de California, que le ha confiado sus planes de pensiones.
    BlackRock, por todo ello, también indica, según la profesora Gabor, “el declive del estado de bienestar”. Un Estado que, por ejemplo, reduce el déficit a costa de no proveer los gastos sociales del futuro abre una gran oportunidad a los gestores de fondos, convertidos en “instituciones sistémicas que reflejan cambios estructurales tanto en la organización de las finanzas como en el contrato social entre el ciudadano y el Estado”.
    BlackRock nació en Nueva York en 1988 y sus principales atractivos desde entonces han sido ofrecer productos de inversión pasiva y una gran capacidad para minimizar el riesgo.
    La inversión pasiva se realiza a través de productos como los ETFs (Exchange Traded Funds). Estos fondos replican la composición de un índice bursátil y el objetivo es imitar su evolución. Sólo hay que seguirlo y para ello está la plataforma digital Aladdin. Este es el sistema central de operaciones de BlackRock, un cerebro que le permite saber lo que tiene y lo que tendrá. Aladdin calcula el riesgo y toma las decisiones de compra-venta, y lo hace tan bien que BlackRock lo cede (a cambio de una tarifa) a otros inversores.
    Cuando miles y miles de operadores (traders) ven el mundo a través del telescopio de Aladdin se dispara el riesgo de que un mal análisis provoque un desastre global. BlackRock, fiel a su filosofía, minimiza este riesgo con una fuerte inversión en inteligencia artificial. Dispone de un laboratorio en Palo Alto y, al menos, un 25% de sus 13.000 empleados trabajan en el desarrollo tecnológico de los robots que analizan la información (big data) y aprenden solos a partir de su propia capacidad analítica. Las máquinas van a gestionar nuestra riqueza y BlackRock no es el único que piensa que van a hacerlo mejor que las personas.
    BlackRock es tan grande y tiene tanta liquidez que el Banco de Italia también cree que supone un “riesgo sistémico”. Si se retira de un mercado a la baja y otros le siguen, podría convertir una mera corrección en un crash. BlackRock, ha declinado comentar “on the record” esta y otras preocupaciones que despierta su tamaño y actividad.
    De alguna manera, sin embargo, Fink entiende que BlackRock ayuda a consolidar el capitalismo monopolista y tal vez por ello el pasado enero advirtió a las empresas de la necesidad de hacer “una contribución positiva a la sociedad”. Les aconsejó no fijarse tanto en los beneficios trimestrales como en mejorar su valor a largo plazo.
    BlackRock puede ser una fuerza transformadora en la economía de mercado pero sin tocar su esencia, es decir, el crecimiento sin fin de los beneficios. El capital, como decía el escritor John Berger, sólo puede existir como tal si se reproduce continuamente: “Su realidad presente depende de su satisfacción futura”.
    Nuestro presente y nuestro futuro están en manos de BlackRock más de lo que muchos creerían razonable.

  3. Dario Alonso dice

    Personalmente pienso que las deudas deben honrarse.
    Las estafas, no.

  4. Luis Herrera dice

    Yo me animo a comentar que no es arroz, es polenta y veo a uno solo tratando de remar en polenta: Alberto Fernández. No termino de sorprenderme que haya amigos que preguntan: «Se ha cerrado algún super o almacén por precios desorbitados? Y alguno los cumple?» y otros interrogantes similares. Yo me pregunto: esperan que este Gobierno adopte actitudes represivas como durante el régimen macrista? Y nosotros, los supuestamente mayormente afectados, no tendríamos que hacer cosas como: denunciar los abusos de precios, dejar de comprar donde nos están estafando, pararnos un rato a la entrada del super y decir a los que van entrando que aquí nos estafan con este o este otro producto? Nos vamos a hacer cargo de lo que nos corresponde a nuestra condición de sujetos políticos que cuidamos y protegemos nuestro voto? Vamos a cuidar la Democracia? Vamos a ceder a la odioteca macrista?

  5. gerardo senderowicz dice

    No se si se le ha pasado el arroz a AF con respecto a los MMC (medios masivos de comunicacion) y al control de precios (sobre todo alimentos) que es tan importante como las ayudas. De que sirve darnos 10 o 20.000 pesos si los formadores de precios saben que la gente tiene que comprar igual y por lo tanto suben los precios?
    Se ha cerrado algún super o almacén por precios desorbitados?
    Y alguno los cumple?
    Ya los MMC dicen cualquier cosa, que AF debe permitir que la gente odie si quiere, que contagien si asi lo desean….quien y cuando los paran?
    Y si, esto en el AMBA va para largo, asi que, no se AFD, ponete los pantalones largos

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