La política por otros medios

Estados, gobiernos y pueblos originarios

 

El conflicto del pueblo mapuche-tehuelche con el Estado por el reconocimiento pleno de su preexistencia se expresa como las corrientes del agua en movimiento, con cambios en las profundidades, en los caudales, en las temperaturas. La territorialidad del movimiento colectivo se nutre de sedimentos de las orillas, de las costas, mientras los sectores de las clases dominantes insisten en señalar el supuesto peligro de las olas más encrespadas. Ante la estrategia reduccionista del poder, se impone una lectura global de la conflictividad por el territorio tradicional reivindicado en el puelmapu, las tierras del este de la cordillera de los Andes o xipapawe antv (lugar donde sale el sol).

El gobierno de Arabela Carreras (Juntos por Río Negro) no logró sofocar en trámite express a la lof Quemquemtrew, asentada el 18 de setiembre en un paraje rural de la zona andina. La Justicia ordinaria la acompañó en forma compacta en sus pretensiones de desalojo de la nueva comunidad, pero no alcanzó ante los reflejos rápidos de una sociedad civil local que todavía sufre los crímenes impunes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel de 2017. Ante el estancamiento de la estrategia del desalojo judicial, aparecieron las prácticas sustitutas de la política en una democracia participativa:

  • El gobierno provincial profundizó el cerco policial a la Quemquemtrew: interrumpió en forma permanente la ruta provincial que comunica el paraje rural Cuesta del Ternero con las localidades vecinas de El Maitén (Chubut, al este) y El Bolsón (Río Negro, al sudoeste);
  • Una oficina pública en construcción ardió intencionalmente en El Bolsón en la madrugada del domingo 3 de octubre;
  • Un depósito de maquinarias viales provinciales fue atacado intencionalmente en el acceso al cerro Catedral en Bariloche al día siguiente, hecho adjudicado en forma anónima a la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), como en las mejores épocas de la administración de Patricia Bullrich;
  • La gobernadora dijo que iba a hacer una denuncia federal por terrorismo por el sabotaje al galpón de Vialidad provincial;
  • La gobernadora declaró que le pidió al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, el envío de fuerzas de seguridad federales a la zona andina, lo que dio por descontado el pasado lunes en conferencia de prensa y luego fue amplificado por la prensa;
  • El mismo día y a la misma hora, el ministro Fernández aseguró lo contrario a referentes del pueblo mapuche y de derechos humanos en una audiencia;
  • En dos semanas, la Justicia ordinaria rechazó todos los planteos para permitir asistencia de alimentos y ropa de abrigo a la Quemquemtrew; y,
  • El miércoles 6 de octubre, la familia Nahuel sufrió un ataque incendiario en su vivienda en el barrio Virgen Misionera, Bariloche, el cuarto de estas características en los últimos años.

 

Caravana en apoyo de la lof Quemquemtrew.

 

 

 

Bufones en los juzgados federales

La criminalización del conflicto adquiere ribetes dignos de Dario Fo, el gran dramaturgo italiano que recreó los géneros populares de los bufones y juglares que amenizaban las cortes reales europeas en la Edad Media.

María Nahuel, referente de la lof Lafken Winkul Mapu, se violentó cuando, durante una audiencia, la fiscal Sylvia Little hizo un rictus que le pareció una sonrisa. María tomó un lapicero del escritorio y se lo arrojó, rozando a Little, según el relato extraoficial que surgió en octubre de 2018. El próximo 15 de agosto se hará el juicio oral contra la mujer por supuesto entorpecimiento a la justicia, descripción que el juzgado federal de Bariloche hizo de los hechos. Todo hace suponer que esa acusación no prosperará, ya que no habría habido tal entorpecimiento, dado que la audiencia de la indagatoria que se realizaba a la mujer pudo concluirse pese al incidente. Por esos días era palpable la tensión con efectivos federales acordonando el acceso al juzgado, acostumbrados a impedir cualquier manifestación. En esas condiciones, María asistió a la indagatoria como presunta usurpadora de lotes inscriptos como propiedad de Parques Nacionales en Villa Mascardi, al sur de Bariloche.

María es tía de Rafa; y madre de Johana, joven herida junto a la víctima fatal, y de Betiana, la joven machi (autoridad espiritual) de la comunidad judicializada. Si es cierto que María efectivamente arrojó el lapicero a la fiscal, ¿por qué no la denunció penalmente? Tal vez porque, en ese caso, hubiera debido apartarse de intervenir en toda denuncia posterior a octubre de 2018, lo que supondría perder una pieza clave en la estrategia criminalizadora de la Lafken.

Otro hecho bufonesco une dos juzgados, donde un testigo de cargo y una supuesta víctima del caso presentado por la fiscalía ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Comodoro Rivadavia están citados como imputados en una causa en Neuquén. El 19 de octubre se reanudará el juicio oral y público contra seis personas por supuestos daños cometidos contra efectivos de Gendarmería y una yegua durante una violenta notificación contra la lof Resistencia Cushamen, en tierras en conflicto con el grupo Benetton. El TOF finalmente logró localizar a Carlos Ariel San Emeterio, gendarme en actividad cuyo testimonio como víctima insistió en tener el fiscal Teodoro Nurnberg.

Ese día se retomará la proyección de documentos audiovisuales, productos de grabaciones realizados por las fuerzas federales el 10 de enero de 2017 en la estepa del noroeste de Chubut. Vía Zoom, verá esas grabaciones Dante Ignacio Zabala, jefe del operativo ordenado por el juez Guido Otranto de Esquel y diseñado por Pablo Noceti, en ese momento, jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad.

Quince días después, en el Juzgado Federal 2 de Neuquén empezará una ronda de indagatorias contra cinco imputados por violencia y abuso de autoridad durante un procedimiento en la lof Campo Maripe, en la zona de Añelo (Vaca Muerta, Neuquén), el 21 de junio de 2017, en plena escalada represiva por parte del gobierno nacional. La querella impulsada por Olga Campos (lonka) y Lorena Bravo (werken) consiguió que sean citados a declarar como imputados Noceti (el 3 de noviembre) y en fechas sucesivas los gendarmes Jorge Elías Mariani (comandante principal), Luis Héctor Lager (comandante de la Región V de Gendarmería Nacional con asiento en Neuquén), San Emeterio (comandante principal) y Zabala, según consta en la documentación de la querella a la que accede la Confederación Mapuche de Neuquén.

 

Gendarmería en Campo Maripe.

 

Al repensar el 2017, se enlazan: el 10 de enero en Resistencia Cushamen (Chubut); el 21 de junio en Campo Maripe (Neuquén); el 30 de agosto, nuevamente, Resistencia Cushamen con la desaparición de Santiago Maldonado; el 25 noviembre, nuevo intento de desalojo ilegal de Winkul y crimen de Rafael Nahuel (Río Negro). Las crestas de las olas que dieron lugar a la creación del Comando Unificado Operativo Patagónico.

 

 

La política

Los sectores dominantes en la Argentina y la política institucional todavía no aceptan que el Pacto de Olivos y la reforma constitucional del ’94 hicieron lugar a una demanda internacional creciente e imparable: la de los pueblos originarios. Se acababan de cumplir 500 años del inicio del proceso de guerra de sometimiento de los pueblos de todo un continente. El pueblo mapuche comenzó a usar la wenu foye (bandera), conversada y acordada a ambos lados de la cordillera, la que hoy es símbolo de identidad y presencia en toda reunión, acto, protesta o presencia callejera. Se popularizó como grafiti con aerosol la imagen simplificada de la Tierra, un círculo atravesado por dos rectas que se cortan perpendicularmente: la representación del meli wixan mapu, los cuatro espacios y sus identidades territoriales, que coinciden con la visión occidental de los cuatro puntos cardinales.

Una versión indica que el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel habló con el Presidente por el conflicto en Cuesta del Ternero, quien derivó el diálogo a Aníbal Fernández, ministro de Seguridad. Su intervención confluyó con el pedido de audiencia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), voceros de la Coordinadora del Parlamento Mapuche y de la zonal andina del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (CODECI). El lunes pasado, el ministro Fernández recibió a Orlando Carriqueo (werken de la Coordinadora), Newen Loncomán (CODECI) y Eduardo Tavani, vicepresidente de la APDH nacional, audiencia de la que participó Silvia La Ruffa, que dos días después fue nombrada secretaria de Articulación Federal de la Seguridad. Al día siguiente se reunieron con Horacio Pietragalla Corti, secretario de Derechos Humanos de la Nación.

Carriqueo apuntó los puntos centrales planteados a Fernández:

  • La reactivación plena de la mesa de diálogo alternativa de conflicto con intervención del gobierno y del Estado nacional;
  • La deslegitimación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en Río Negro, donde la gobernadora desconoce tanto a su conducción (Magdalena Odarda) como a los equipos técnicos responsables de hacer los relevamientos dispuestos por la ley nacional de emergencia 26.160;
  • La institucionalización a través de lxs gobernadorxs del programa estratégico de Consenso Bariloche y del PPP (proyecto de defensa de la propiedad privada en la Patagonia);
  • La vigencia del decreto de flexibilización de la ley nacional de tierras rurales en manos extranjeras, que la gestión de Mauricio Macri firmó en junio de 2016 y esta administración no derogó;
  • La política estatal de Carreras, calificada de racista y antimapuche;
  • La crisis y la tensión con las comunidades, que es general: no puede reducirse ni a Mascardi ni a Quemquemtrew, aunque, en caso de agravarse, Bariloche será la caja de resonancia del conflicto;
  • Los incendios intencionales para la manipulación de la opinión pública en contra del pueblo mapuche, a la medida de los medios de comunicación hegemónicos, ya fueron usados contra la Winkul en Mascardi y por el senador nacional Alberto Weretilneck durante los incendios de bosques y plantaciones de febrero y marzo pasado;
  • La carpa policial sobre la ruta 6 en Cuesta del Ternero y el sitio a Quemquemtrew agudizó la tensión y la presión, que puede aumentar si los actores económicos intervienen directamente o a través de pobladores locales;
  • Rolando Rocco, quien denunció la presunta usurpación por parte de la nueva comunidad, foresta tierras fiscales sin mensurar; y que,
  • Ya fue presentada la denuncia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante la cual el Estado nacional deberá hacerse responsable.

Por su parte, el ministro hizo unas pocas afirmaciones, siempre según Carriqueo:

  • No enviará fuerzas federales por la conflictividad territorial;
  • Llamó y dejó mensajes al juez Ricardo Calcagno, poniendo a disposición la mesa de diálogo alternativa de conflictos, sin recibir respuesta;
  • “Hicimos una buena ley”, expresó, refiriéndose a la norma que limita la venta de tierras rurales a extranjeros y a capitales nacionales radicados en paraísos fiscales;
  • Brindó un ejemplo que confirma la vigencia de prácticas coloniales que conviven con la democracia y las formas republicanas: el sitio como táctica de guerra fue aplicado por la corona española contra el pueblo quilmes durante un mes, hasta su rendición y asesinato cuando, hambreado, se entregó.

A Pietragalla le reclamaron que, hasta el momento, no haya intervenido. Argumentó que no puede entrometerse en jurisdicción provincial y que llamó al procurador general rionegrino Jorge Crespo, quien condicionó todo diálogo al retiro de la Quemquentrew del territorio, posición que sostuvo a rajatablas la fiscal del caso, Betiana Cendón, en todas las instancias y expedientes en los que participa. Pietragalla intervino personalmente y con abogados a su cargo en varios de los expedientes del conflicto Mascardi, por lo que tiene conocimiento directo de la zona andina y sus actores.

 

Tensión en la ocupación de tierras en la zona de Cuesta del Ternero.

 

 

 

Otras provincias, el mismo territorio

Es prematuro interpretar cómo los círculos concéntricos de Cuesta del Ternero llegan hasta Neuquén. Después de, al menos, cinco audiencias en dos semanas entre el Ejecutivo y la Confederación Mapuche –con la intervención de la Oficina de Mediación y Conciliación Penal–, se acordó que el martes 12 de octubre se formalizará el convenio con la Nación para que reanude y finalice todos los relevamientos territoriales de todas las comunidades de Neuquén, tengan o no personería jurídica, incluyendo las tierras de invernadas y de veranadas, entre otros puntos reclamados por la organización mapuche. Hasta el cierre de este informe, se limaban diferencias para asegurar la firma del convenio en una fecha altamente simbólica que sólo en situación extrema puede prorrogarse no más allá del viernes 15, según quedó registrado en las actas-acuerdo firmadas. La propuesta incluyó los territorios de 64 comunidades, advirtiendo que se establecerá un orden de urgencias y que quedará totalmente excluida la aplicación de la ley local de tierras fiscales que lesiona el derecho indígena.

En ese clima, abundaron pronunciamientos en contra de los reclamos mapuche por parte de referentes del PRO de Neuquén y de Elisa Carrió en Villa La Angostura, así como de Diego García Rambead, presidente de la Sociedad Rural de Neuquén (SRN).

Como si el panorama no fuera suficientemente complejo, se suman actores y escenarios conflictivos. Odarda se reunió con Pol Huisman, intendente de El Hoyo, pequeña localidad de Chubut muy afectada por los incendios de marzo. Acordaron avanzar con el relevamiento territorial de las comunidades asentadas en el ejido municipal, lo que incluye la Quiñe Folil de Puerto Patriada, en la costa norte del lago Epuyén.

Durante los incendios forestales del verano de 2012, miembros de esa comunidad fueron acusados por funcionarios públicos provinciales de ser autores materiales del siniestro. La conjetura se fundó en una huella de calzado, un pasamontañas negro secuestrado en un allanamiento y los testimonios confusos de un auto blanco moviéndose en la zona. Algunos muchachos del paraje huyeron hacia la ladera del cerro Pirque cuando un helicóptero descendió en un plan de cacería que hubiera merecido ser idea de Bullrich-Noceti. Un fiscal intentó criminalizarlos, pero al final de cuentas no tuvo nada para sostener una acusación. Este verano, Weretilneck repitió el argumento. Identificó con patente a un auto blanco que circulaba por la comarca en llamas, el que vinculó con la recuperación territorial en El Foyel de la lof Gallardo-Calfu. La fiscalía determinó que una falla en el tendido eléctrico originó el primer foco, tal como un testigo del lugar aseguró desde el primer día, quien identificó el punto exacto del chisporroteo.

El senador nacional por Río Negro no modificó su versión ante la prensa, ni pidió disculpas al pueblo mapuche, al que acusó como autor del siniestro y calificó de terrorista. No se conoce que ninguno de sus colegas del Senado le haya hecho algún reproche, ni que se haya sentido agraviado.

La mentira sistemática también es parte de la política por otros medios.

 

 

 

 

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