El inicio de un nuevo juicio oral por crímenes de lesa humanidad en Neuquén, el tercer día de este mes, corroboró que la conquista de Memoria, Verdad y Justicia gestada por la sociedad argentina durante cinco décadas sobrevive a la vertiginosa y en ocasiones superficial agenda pública actual.
El juicio, que abarca delitos perpetrados también en Río Negro, aporta además elementos que contribuyen a dimensionar el plan criminal desplegado por la dictadura en cada rincón del territorio argentino y las consecuencias de la impunidad posterior. El martes 3, por primera vez se inauguró en la jurisdicción un debate oral de este tipo sin la presencia física de las Madres de Plaza de Mayo de Neuquén y el Alto Valle. Dolores “Lolín” Rigoni, la última de ellas, falleció en agosto pasado, a los cien años. Como contrapartida, la impunidad biológica favoreció al represor Oscar Reinhold, quien a los 91 fue declarado incapacitado y eludió una nueva condena.
El apartamiento de Reinhold, coronel retirado del Ejército, supuso para el nuevo juicio la exclusión del caso de Carlos Magariños. La fiscalía ya anticipó que requerirá un pronunciamiento del tribunal sobre su desaparición forzada, que comenzó en mayo de 1978 y continúa hoy, en reconocimiento del derecho de su familia y la sociedad a saber la verdad. De ese modo, Reinhold no purgará condena por el hecho, pero el Estado podrá esclarecer que se trató de un crimen de lesa humanidad cometido por su propio aparato.
El juicio abarca además los delitos padecidos por otras dieciséis personas, cuatro de las cuales permanecen desaparecidas. En el banquillo aguardan ocho represores del Ejército, la Gendarmería y la policía provincial. Dos de las víctimas, todavía desaparecidas, fueron secuestradas en el marco del Plan Cóndor, de articulación entre las dictaduras sudamericanas. El enjuiciamiento local complementa los abordajes de la megacausa porteña, el procesamiento de Augusto Pinochet en Madrid y la elaboración del Informe Rettig, el equivalente chileno del Nunca Más.
Una fiesta que no era de todos
El caso de Magariños es ilustrativo de otras singularidades del proceso, por la fecha y circunstancias en que se produjo: el tribunal tendrá en estudio secuestros ocurridos entre el día mismo del golpe de Estado y mediados de 1979.
Esa extensión temporal, que excede al bienio de mayor intensidad represiva, retrata también a la jurisdicción como estación en el exilio interno de algunas de las víctimas incluidas en el juicio. Seis de las diecisiete habían llegado a la zona desde el Gran Buenos Aires, La Plata, Bahía Blanca y Santa Fe. Tres de ellas fueron secuestradas entre mayo y junio de 1978, mientras el país se entretenía con el Mundial de fútbol en localía.
El evento deportivo resultó central en el rapto de la psicóloga Graciela Vicente, que tras graduarse en la Universidad de Buenos Aires había decidido instalarse en San Martín de los Andes, hacia el final del verano de 1978. El 2 de junio, al volver a su hogar, encontró que había sido ilegalmente allanado. En procura de averiguar lo sucedido se presentó en la sede local de Gendarmería, donde comenzó su secuestro. La acusaban, supo en los interrogatorios posteriores, de participar en sabotajes a las transmisiones del Mundial.
Cuando comenzó su cautiverio eran alrededor de las 19 de aquel viernes. A las 19:15, a 1.575 kilómetros de allí, la Selección iniciaba lo que sería su trabajoso debut en el certamen, ante Hungría. Las portadas no tenían sitio para otro tipo de noticias y la alegría mundialista no alcanzaba a la totalidad de los 25 millones de argentinos que contaba la horrible marcha de ocasión.
Testigos y verdugos
El secuestro de Juan Carlos Molinez no sólo confirma la extensión temporal de la represión, sino también el amplio espectro de sus blancos. Molinez, detenido ilegalmente por la Gendarmería en junio de 1979, sufrió cautiverio y torturas por el hallazgo entre su equipaje de material impreso de los Testigos de Jehová.
La sola sospecha de pertenencia a esa organización religiosa debió ser suficiente para descartar la militancia en grupos armados como los que poblaban los relatos oficiales para justificar las masacres, porque los Testigos de Jehová se niegan a usar armas. Sin embargo, Molinez fue acusado de traición a la Patria e increpado por un sacerdote aún sin identificar, presente en al menos uno de los interrogatorios.
Lo padecido por él no constituyó un episodio aislado en la Argentina dictatorial. Para junio de 1979, la persecución a quienes profesaban ese culto había llegado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que desde 1976 recibía denuncias de prácticas discriminatorias que marginaban a centenares de personas del acceso a empleos públicos e incluso a la educación primaria. La posición oficial contra los Testigos de Jehová había quedado escrita en el decreto 1.867/1976, en el que la dictadura los retrató como integrantes de una “secta” que “sostiene principios contrarios al carácter nacional”, por lo que se les prohibió toda actividad. Para octubre de 1977, la CIDH ya poseía denuncias sobre la exclusión del sistema educativo de más de trescientos niños en edad escolar. La acción estatal era acompañada por una profusa campaña mediática.
Molinez fue sometido a los tormentos típicos en los centros clandestinos y también a otros psíquicos, que apuntaban específicamente a lo religioso y resultaban de aplicación común a quienes integraban ese culto y eran encarcelados, en la mayoría de los casos por negarse al servicio militar entonces obligatorio. Como los Testigos de Jehová rechazaban la violencia y no veneraban símbolos patrios, Molinez fue obligado a pelear con otro detenido y atado al mástil de una escuela, a la vista de estudiantes y bajo el frío del invierno cordillerano.
Regreso al origen
El juicio abierto en Neuquén examinará las responsabilidades de los militares retirados Sergio San Martín y Jorge Di Pascuale en las desapariciones forzadas de la pareja chilena compuesta por José Luis Appel de la Cruz y Carmen Delard Cabezas, víctimas del Plan Cóndor, con el que coordinaron acciones represivas las dictaduras sudamericanas.
Militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Chile y estudiantes de Medicina en la Universidad Austral de Valdivia, Appel de la Cruz y Delard Cabezas habían arribado a la Argentina tras el golpe de Estado que en septiembre de 1973 derribó al gobierno de Salvador Allende y abrió la dictadura de Augusto Pinochet.
El 11 de diciembre de 1976, una patota interrumpió el paseo de la pareja y su pequeña hija, de cuatro meses, por la plaza central de la localidad rionegrina de Cipolletti. Appel de la Cruz fue subido a un Ford Falcon verde, y desde entonces nada se sabe de su destino. Su compañera se dirigió al hogar de un matrimonio amigo, al que encargó el cuidado de su hija, y partió rumbo a la comisaría local para radicar la denuncia. No volvió a ser vista.
El Cóndor continuó su tarea pocos días después en Ramos Mejía, con el secuestro de Gloria Delard Cabezas y Roberto Cristi Melero, hermana y cuñado de Carmen. Como ella y su compañero de vida, ambos habían militado en el MIR y se exiliaron en la Argentina meses después del golpe encabezado por Pinochet. Gloria cursaba el tercer mes de embarazo, con fecha de parto prevista para julio de 1977.
Los hijos de ambos matrimonios pudieron reencontrarse con su sangre por mediación del obispo Jaime de Nevares y las Naciones Unidas, que consiguieron la salida de las criaturas rumbo a París. Allí las esperaba Orlando Delard, el abuelo en común, que había cumplido funciones como médico de la Fuerza Aérea chilena hasta que la dictadura de Pinochet lo empujó al exilio, en Argelia y Francia.
Los casos de Appel de la Cruz y Carmen Delard Cabezas fueron parte del juicio por el Plan Cóndor que concluyó en Buenos Aires en 2016, con la condena de Enrique Olea, uno de los jefes del aparato represivo del Ejército en la región del Comahue. Ambas desapariciones forzadas forman parte del Informe Rettig, elaborado en Chile entre 1990 y 1991 con el objetivo de relevar las violaciones a los derechos humanos perpetradas por la dictadura pinochetista, que acababa de concluir. A diferencia de lo sucedido en nuestro país tras la publicación del Nunca Más, el ex dictador no fue condenado. En 1998 quedó fue detenido en Londres por orden del juez español Baltasar Garzón, en el marco de una causa judicial basada en el principio de jurisdicción universal. El procesamiento de Pinochet en España incluyó la reconstrucción de las desapariciones de Appel de la Cruz y Delard Cabezas.
Casi medio siglo después de ocurridos y tras ser investigados en Buenos Aires, Santiago de Chile y Madrid, los crímenes comenzaron a ser juzgados en la región en que se perpetraron.
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