En una decisión histórica, Álvaro Uribe Vélez se convirtió en el primer ex Presidente de Colombia en ser declarado culpable de un delito, un fallo histórico que podría allanar el camino para su procesamiento por delitos más graves. Si bien la condena se basa en cohecho y fraude procesal, el núcleo del prolongado caso gira en torno al presunto apoyo de Uribe a grupos paramilitares y narcotraficantes responsables de masacres y otros actos de violencia.
El lunes, el ex Presidente, senador y gobernador del departamento de Antioquia, de 73 años, fue condenado por intentar sobornar a un testigo paramilitar para que modificara un testimonio que lo incriminaba, un delito grave que podría llevarlo a prisión durante una década o más. Con su culpabilidad ahora establecida por el tribunal, parece oportuno revisar cómo Estados Unidos evaluó las numerosas acusaciones que se han presentado contra Uribe a lo largo de los años.
La primera revelación importante del Archivo de Seguridad Nacional sobre Uribe se produjo hace más de 20 años con la publicación de un informe desclasificado de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) de Estados Unidos, de 1991, sobre “Narcotraficantes Colombianos Importantes”. En la página 10, junto al capo de la cocaína Pablo Escobar y el traficante internacional de armas Adnan Khashoggi, aparece “Álvaro Uribe Vélez”, identificado como “un político y senador colombiano dedicado a colaborar con el Cártel de Medellín en las altas esferas del gobierno”. Uribe es descrito como “un amigo íntimo de Pablo Escobar” que ha “trabajado para el Cártel de Medellín”.
Los medios estadounidenses y colombianos informaron ampliamente sobre el informe que vinculaba a Uribe con Escobar, y solicitudes posteriores amparadas en la Ley de Libertad de Información revelaron que la noticia llegó a las más altas esferas del Pentágono. El memorando de septiembre de 2004 dirigido al secretario de Defensa Donald Rumsfeld por Peter Rodman, uno de sus principales asesores, informaba al jefe del Pentágono que “un informe de inteligencia militar estadounidense de 1991, recientemente desclasificado, vinculaba al presidente colombiano Uribe con narcotraficantes, específicamente con Pablo Escobar, jefe del Cártel de Medellín”. Si bien Rodman se mostró escéptico sobre los supuestos vínculos, escribió que “es casi seguro que Uribe tuvo tratos con los paramilitares (Autodefensas Unidas de Colombia, AUC) mientras era gobernador de Antioquia; es algo propio del cargo”.
A pesar de las dudas de Rodman, una colección de documentos desclasificados del Departamento de Estado publicados por el Archivo de Seguridad Nacional en 2018 (y que también aparecieron en el New York Times) muestra que durante años los diplomáticos estadounidenses albergaron serias preocupaciones sobre los vínculos de Uribe con los narcos, incluyéndolo, por ejemplo, en un cable que identificaba a presuntos “Narcopols” colombianos. En otro caso, un aliado de Uribe le dijo a la Embajada que los notorios hermanos Ochoa Vásquez, cofundadores del Cártel de Medellín, habían “financiado” la campaña de Uribe al Senado. En otro cable, el embajador de Estados Unidos en Colombia, Morris Busby, quien coordinó los esfuerzos para ayudar a ese país a derribar a Pablo Escobar, dijo que creía que había “sustancia en los rumores” de que Uribe y otros políticos tenían vínculos con intereses narcóticos.
Un relato un poco más vívido de la Embajada de Estados Unidos en Colombia en 1997 cuenta la historia de Jorge Valencia Cardona, un dentista, ganadero y congresista suplente que en ese momento representaba a un distrito rural del Oriente de Antioquia que albergaba el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia y la finca “Guacharacas” de la familia Uribe.
Aunque representaban a partidos políticos rivales, Valencia afirmó admirar al entonces gobernador Uribe por su línea dura contra la guerrilla y su firme apoyo a las milicias “Convivir”, respaldadas por el gobierno. Valencia también afirmó que Uribe formaba parte de un grupo de ganaderos que pagaban a paramilitares “para perseguir a la guerrilla”, según el cable.
"Según Valencia, Uribe apoya firmemente a las Convivir y odia a la guerrilla, en parte porque esta asesinó a su padre. Uribe tiene vínculos con ganaderos locales y otros terratenientes, y él mismo era ganadero. Estos terratenientes, a su vez, pagan a paramilitares para que persigan a la guerrilla”.
El congresista informó a la Embajada que algunas de las Convivir locales respaldadas por Uribe “probablemente cooperan activamente con los paramilitares” y les pasaban información a ellos en lugar de al Ejército colombiano. Valencia “dibujó un diagrama para mostrar la red de relaciones entre el gobernador, las Convivir, los terratenientes, los paramilitares y la guerrilla”.
Para recalcar su punto, Valencia describió un encuentro desgarrador con paramilitares que amenazaron con matarlo cuando no pudo proporcionar la información que buscaban. “Lo que lo salvó –según el cable– fueron unos documentos en su maletín que demostraban que conocía al gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez”.
“Diciendo, ‘Oh, ¿conoces a El Viejo?’, sus captores lo liberaron y no lo han vuelto a molestar desde entonces”, según el relato de Valencia.
Curiosamente, “El Viejo” es el mismo apodo utilizado por el confidente de Uribe, Carlos Eduardo López, para referirse al ex Presidente en su comunicación interceptada con Juan Guillermo Monsalve, el paramilitar encarcelado cuyo testimonio, junto con los esfuerzos de Uribe por sobornarlo, son los rasgos centrales del caso actual.
Relatos como el de Valencia se sustentan en los recuerdos de testigos presenciales que afirmaron que el rancho de la familia Uribe era la base operativa de un grupo paramilitar letal. Testimonios claves en ese caso fueron revisados por el New York Times y el Archivo de Seguridad Nacional en 2018.
Los críticos de Uribe celebraron la condena y esperan que la primera condena penal de un Presidente colombiano allane el camino para que Uribe sea considerado responsable de acusaciones mucho más graves, incluida la formación de un grupo paramilitar durante la década de 1990 y el asesinato por soldados del ejército colombiano de unos 6.400 civiles en el escándalo de los llamados “falsos positivos”, que empañó su presidencia de ocho años.
Incluso con la histórica condena, es probable que Uribe y su equipo legal apelen el fallo, lo que garantizará que el proceso se prolongue durante años. El Archivo de Seguridad Nacional seguirá informando sobre los nuevos avances del caso y luchando por la oportuna desclasificación y divulgación de información pertinente a estos y otros crímenes de derechos humanos en Colombia.
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