La conmemoración de los 50 años del golpe de Estado este 24 de marzo, que dio comienzo a la dictadura cívico-militar (1976-1983), se produce en momentos en que el país es gobernado por una suerte de reencarnación, algo farsesca, pero no menos peligrosa, del equipo económico liderado en su momento por José Alfredo Martínez de Hoz. Como han recordado diversos comentaristas en estas últimas semanas, la persecución sistemática de comisiones de fábrica y de dirigentes sindicales llevada a cabo por la dictadura, la tortura, las desapariciones de personas, los robos de niños y de propiedades fueron instrumentos puestos al servicio de un objetivo económico-político claro. Este objetivo era descomponer el régimen de acumulación desarrollista puesto en marcha en 1945 por Juan Domingo Perón y continuado, reformas, retrocesos y reordenamientos mediante, por los gobiernos siguientes, hasta su culminación en la tercera experiencia peronista de 1973-1975.
Un régimen económico político que había hecho de la industrialización –con todas las limitaciones que el modelo de sustitución de importaciones pudiera tener–, del pleno empleo, del fortalecimiento del frente sindical y de las organizaciones de la sociedad civil, de la redistribución de la riqueza y del desarrollo de capacidades tecnológicas autónomas por parte de la Argentina, una política de Estado. Algo que había dado por resultado un país con desempleo friccional, 5% de pobreza, cadenas de valor estructuradas y en desarrollo, porcentajes de afiliación sindical cercanos al 80% y una repartición de la riqueza entre los sectores del trabajo y las ganancias empresariales de casi 50/50. Una situación política y económica intolerable para las clases dominantes argentinas, tradicionalmente oligárquicas y rentistas, de las que José Alfredo Martínez de Hoz y su principal socio intelectual y político, Ricardo Zinn, formaban parte. Pero también inaceptable para el Departamento de Estado de los Estados Unidos y para los intereses transnacionales, dada la fortaleza de las organizaciones populares que implicaba, y los horizontes de ampliación de la soberanía y el autocentramiento que habilitaba.
En la edición del 15 de marzo de El Cohete a la Luna, Taty Almeida, Hugo Cachorro Godoy, Hugo Yasky y una amplia lista de firmantes publican una nota titulada “En defensa de la patria: Nunca Más al terrorismo de Estado y al saqueo de la soberanía”, en la que dejan en claro algunos puntos centrales. “El 24 de marzo se cumple medio siglo de la pesadilla dictatorial” –inician–. “A partir de esa fecha se institucionalizó de forma sistemática la relación entre un modelo económico basado en la especulación financiera y la extranjerización de la renta nacional”, detallan. Un modelo promovido en toda América del Sur, señalan, por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional. En particular, en la Argentina, requería desmontar, subvertir y reemplazar todo un plexo jurídico y un modelo de acumulación socioeconómico. En ese marco, “el ejercicio del terrorismo de Estado, aplicado por los militares bajo la conducción estratégica de los empresarios y los diplomáticos estadounidenses, flexibilizó las condiciones de trabajo, desreguló el comercio exterior, abrió el mercado sin restricciones a los productos importados, inició el proceso de destrucción de la industria argentina quebrando al empresariado nacional e impuso una reforma financiera que continúa hasta el día de hoy”. Ese proceso cristalizó en algunas leyes clave promulgadas por Martínez de Hoz y que siguen vigentes, dañando sistemáticamente la independencia económica y la soberanía política de la Argentina. Son ellas, principalmente, la Ley de Inversiones Extranjeras y la Ley de Entidades Financieras, que está al servicio de la anterior y no sirve a lo nacional.
El retorno a la democracia tuvo como principales protagonistas a las organizaciones sindicales. Estas guardaban la memoria, no sólo de la organización popular, sino, fundamentalmente, de los derechos adquiridos por las clases trabajadoras y por el conjunto del pueblo argentino durante las décadas anteriores. También estaban los organismos de derechos humanos, que son una de las creaciones más vigorosas y sustanciales y con inserción mundial del pueblo argentino. La combinación del compromiso democrático con la militancia por los derechos humanos dio también un resultado desatendido, aunque fundamental, y que hoy adquiere una importancia singular. Se trata de la inclusión, en la reforma de 1994, con valor constitucional, como parte integrante del texto y la doctrina de la Constitución nacional, del conjunto de los tratados y declaraciones de derechos humanos a los que adhirió la República Argentina.
El documento publicado por Almeida en El Cohete a la Luna, que citamos más arriba, termina llamando a producir, junto a la defensa del juicio y castigo a los culpables de la última dictadura, un Nunca Más de otro carácter, económico-político. Un Nunca Más a las cesiones de soberanía y al saqueo de los recursos y riquezas de la patria. Ahora bien: los tratados y declaraciones de derechos humanos consagrados como "debe ser" de la sociedad y la Nación argentinas por la Constitución nacional exigen un orden en el que la libertad político-jurídica se concrete y fundamente en la seguridad económica y social. Porque, como rezan: sólo pueden considerarse realmente libres a las personas si se encuentran efectivamente “libres del temor y la miseria”. Por lo cual, establecen el respeto y la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales como primer deber constitucional. Establecen, incluso, que los recursos naturales, las riquezas naturales de la Nación, son, ante todo y después de todo, propiedad del conjunto del pueblo. No de individuos o empresas, ni del Estado nacional o los Estados provinciales. Y que su administración y explotación no pueden realizarse a espaldas del pueblo de la Nación ni, sobre todo, en contra de sus intereses, ya que este debe ser su primer y principal beneficiario.
En esta lectura, que en la segunda semana de marzo defendió al aire el doctor Eduardo Barcesat en Radio Caput, la Constitución nacional aparece como un reservorio de derechos consagrados que el pueblo argentino puede y debe exigir. Hoy. Ya.
Derechos que hoy las políticas del gobierno nacional violan sistemáticamente, como lo hizo la dictadura, en una prolongación monstruosa –porque tiene lugar en el seno de un gobierno democráticamente elegido– de aquella violencia, que se ejerce hoy por medios económico-políticos (también jurídicos y mediáticos), antes que por medios militares. Aunque no sin renovar y poner en práctica el espíritu represivo de la dictadura, como lo expresan sin cesar cada miércoles las brutales –aun asesinas– expresiones de violencia de los cuerpos policiales contra los pacíficos manifestantes y los/las comunicadores sociales presentes.
Es tanto más importante subrayar hoy esta dimensión constitucional de defensa irrestricta de la vigencia y la exigibilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, por cuanto, como todos los comentaristas políticos señalan, pareciera que esa mayoritaria porción del pueblo argentino que rechaza las políticas gubernamentales –70% según las últimas encuestas– carece de proyecto alternativo y de horizonte estratégico. Esto último, algo especialmente grave en el caso de las dirigencias políticas identificadas con el amplio campo nacional y popular.
Pero resulta que ¡ese horizonte estratégico está inscripto como mandato a cumplir en el texto constitucional mismo! Es cuestión de leerlo con cuidado y de tomarlo en serio.
La Constitución argentina, en su versión 1994 leída completa y rigurosamente, manda a construir un país con un pueblo dueño y beneficiario efectivo de sus recursos naturales (que incluyen las aguas –dulces y saladas–, el aire, la tierra en todas sus variantes y todos los recursos que de ella provienen) y del que se respeten, preserven y amplíen todos los derechos anteriormente adquiridos.
Es decir, manda a elaborar un derrotero económico no centrado mecánicamente en el predominio irrestricto de la lógica del mercado y la mercancía, dejando la satisfacción de esos derechos al azar y la arbitrariedad de las posibilidades monetarias de cada uno, sino centrado colectiva y políticamente en la construcción de los caminos y desarrollos necesarios para garantizar la satisfacción de todos los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de todas y todos las argentinas y argentinos. Algo que requiere una estrategia de desarrollo sostenida, inteligente, de largo aliento y compartida por el grueso de la comunidad nacional.
Es decir: la Constitución nacional manda a luchar contra la lógica mercantilista y economicista, especulativa, oligárquica y elitista (se la llama “meritocrática”), que hoy promueven desde el gobierno sus mandantes internos –grandes empresarios– y –sectores financieros internacionales; organismos financieros como el FMI; el Departamento de Estado de los Estados Unidos–. Y manda a reemplazarla por una lógica solidaria y constructiva que tenga por norte la creación (o recreación) de un modelo económico y un régimen de acumulación que garantice para cada habitante de la Patria la satisfacción de todas sus necesidades básicas, la creación de condiciones de posibilidad para el despliegue de todas sus capacidades (lo que el PNUD llama “capacidades ampliadas”) y una vida “libre del temor y la miseria”. Es decir, la construcción de una democracia en la que verdaderamente se coma, se eduque, se cure, y de una sociedad socialmente justa, económicamente libre –o autónoma– y políticamente soberana. Pero con ello, al mismo tiempo, en la medida en la que cada argentina y argentino pueda desplegar todos sus talentos y capacidades, un país con destino de grandeza.
La Constitución nacional de la Argentina ofrece, pues, en su mandato de respeto a lo que exigen los pactos y declaraciones de derechos humanos que la componen, el horizonte estratégico de lucha y construcción que necesitan tanto los dirigentes y militantes políticos del campo nacional y popular, como el pueblo argentino mismo.
En un país y en una sociedad que ha hecho de la defensa de los derechos humanos uno de sus activos principales y de sus construcciones más progresivas y notables, con un conjunto de organizaciones que siguen llevando a cabo la tarea titánica de promoverlos sistemáticamente, esta constatación debería rendir frutos.
Argentina soberana: Nunca más económico.
* Bruno Capra es ingeniero (UBA) – Inst. de Energía S. Ortiz (IESO) – Fund. Interactiva por la Cultura del Agua (FIPCA).
** Alejandro Romero es filósofo (UBA) – profesor.