La región en alerta por Brasil

La injustificable prisión de Lula encendió alarmas en el mundo entero

 

Más de 60 organizaciones sociales y de Derechos Humanos de toda América, entre ellas Abuelas de Plaza de Mayo y el CELS advirtieron que la detención de Lula en cumplimiento de una condena que no está firme ante la justicia de Brasil  “abre cuestionamientos sobre el futuro de las democracias y el Estado de derecho en la región, con consecuencias graves para los derechos humanos”. La declaración que también firman organizaciones globales, como la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH); nacionales de Estados Unidos (School of the Americas Watch) más Venezuela (PROVEA), México (Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos) y Chile (Humanas), entre otras, afirma que los procesos judiciales en los que se condenó a Lula son “cuestionables tanto en relación a sus bases jurídicas como a sus procedimientos, mientras él es el candidato líder en las encuestas para las elecciones de 2018”.

Este es el texto y la lista de firmantes:

 

El resultado de la decisión del Supremo Tribunal Federal brasileño de negarle al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva un hábeas corpus contra su prisión, en cumplimiento de una sentencia penal condenatoria no firme, abre cuestionamientos sobre el futuro de las democracias y el Estado de derecho en la región, con consecuencias graves para los derechos humanos. La prisión de Lula fue solicitada en el marco de procesos judiciales cuestionables tanto en relación a sus bases jurídicas como a sus procedimientos, mientras él es el candidato líder en las encuestas para las elecciones de 2018. Si bien los avances en la investigación y sanción de la corrupción son claves para el funcionamiento de las instituciones democráticas, la llamada Operación Lava Jato presenta indicios de incumplimiento de las garantías de imparcialidad y del debido proceso, así como del derecho de defensa y la presunción de inocencia de los imputados. Las obligaciones del Estado de investigar hechos de corrupción con consecuencias, también, para la vigencia de los derechos humanos pierden legitimidad si la acción de la justicia se torna selectiva con el fin de interferir en los procesos democráticos y conculcar los derechos políticos de un sector de la población.

Elementos centrales del derecho internacional de los derechos humanos fueron sesgados o no fueron tenidos en cuenta por la mayoría de los jueces del tribunal, lo que pone en cuestión la obligación de la Suprema Corte de justicia de mantener su rol de garante de la democracia y los derechos fundamentales en medio a la crisis institucional de Brasil.

Esta decisión está inserta en un contexto de golpe institucional que destituyó a la presidenta Dilma Rousseff en 2016 y del espacio creciente de las fuerzas armadas en la seguridad pública y en la conducción de los asuntos políticos internos del país.

El general Eduardo Villas Bôas difundió mensajes preocupantes la noche anterior a la decisión del Supremo Tribunal Federal de Brasil sobre el ex presidente Lula. El comandante afirmó que repudia la impunidad y que “el ejército se mantiene atento a sus misiones institucionales”. Los militares comandan una intervención federal en Río de Janeiro desde febrero, cuando las más altas autoridades militares reclamaron “garantías para actuar sin el riesgo de que surja una nueva comisión de la verdad”. Además, lideran operaciones policiales conocidas como “Garantía de la Ley y la Orden”. En este contexto de fragilidad de las instituciones democráticas, en marzo fue asesinada la concejal y defensora de derechos humanos Marielle Franco y las caravanas de la campaña a la presidencia de Lula sufrieron ataques que incluyeron disparos con armas letales.

Ante lo que representan estos hechos en términos de controles democráticos, separación de los poderes, imparcialidad y libertades civiles y políticas en el país, en el contexto de la prisión del ex presidente, hacemos un llamado urgente para que los países de la región en los espacios intergubernamentales correspondientes, como la CELAC, la UNASUR, el MERCOSUR y la OEA, en especial, en el ámbito de la Cumbre de las Américas, que se realizará el próximo 13 y 14 de abril, así como las organizaciones internacionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se posicionen sobre la gravedad de la situación en Brasil.

 

Organizaciones regionales

Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)
Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM)
Colectivo Migraciones para las Américas
Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)
Mujeres por un Desarrollo Alternativo para una Nueva Era (DAWN)
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo, PIDHDD (Coordinación Regional Subrogante)
Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)
Realizing Sexual and Reproductive Justice (RESURJ)
Red latinoamericana y caribeña de organizaciones que luchan por los derechos de niñas niños y adolescentes (@REDLAMYC)
RESAMA – Rede Sul-Americana para as Migrações Ambientais
Vecinas Feministas por la Justicia Sexual y Reproductiva en América Latina y el Caribe

Argentina

Abuelas de Plaza de Mayo
Akahata Equipo de Sexualidades y Géneros
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Coletivo Passarinho
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM – Argentina)
Colectivo para la Diversidad (Copadi)
Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (CAREF)
Frente Patria Migrante
Red de Migrantes y Refugiadxs

Brasil

Articulação Justiça e Direitos Humanos – JusDh
Associação Brasileira de Reforma Agrária
Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais (AATR)
Associação Paranaense da Parada da Diversidade – APPAD (Brasil)
Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social (CENDHEC)
Centro de Defesa da Vida Herbert de Souza
Centro de Defesa dos Direitos Humanos da Serra
Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos
Coletivo Margarida Alves
Comissão Pastoral da Terra (CPT)
Comitê Latino-americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher (CLADEM-Brasil)
Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil
Dom da Terra Afro LGBTI (Brasil)
Grupo Tortura Nunca Mais – Bahia
Justiça Global
Instituto DH
Instituto de Estudos Socioeconomicos – INESC
Movimento Nacional de Direitos Humanos
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
Plataforma de Direitos Humanos – Dhesca Brasil
Rede Nacional de Advogadas e Advogados Populares – Renap
Sociedade Maranhense de Direitos Humanos
Terra de Direitos

Canadá

Coletivo Brasil – Montreal

Chile

Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, Corporación Humanas

Colombia

Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (CCAJAR)

Costa Rica

Dni Internacional Costa Rica

Ecuador

Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM)
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH Guayaquil)
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)

Estados Unidos

Alianza Américas
SOA Watch

Honduras

Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH)
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH)

México

Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos
Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL)
Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh)
Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios AC
FM4 Paso Libre
FUNDAR. Centro de Análisis e Investigación
Grupo de Mujeres de San Cristóbal Las Casas, A. C
Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración A.C. (INEDIM)
Instituto para las Mujeres en la Migración AC (IMUMI)

Paraguay

Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy)

Perú

Asociación Pro-Derechos Humanos (APRODEH)
Centro de Políticas Publicas y Derechos Humanos – Perú EQUIDAD
Instituto Internacional de Derecho y Sociedad-IIDS

República Dominicana

Fundación Étnica Integral (LA FEI)

Venezuela

Programa Venezolano de Educación- Acción en Derechos Humanos (Provea)

 

 

4 Comentarios
  1. […] prisión de Lula encendió alarmas en el mundo entero. Por Redacción ( El Cohete a la Luna) https://www.elcohetealaluna.com/la-region-en-alerta-por-brasil/ Condena a Lula: ¿Estado de derecho o ‘lawfare’? Por Andy Robinson (La Vanguardia) […]

  2. Ricardo Alberto Comeglio dice

    Gracias por contestar, pero no hablo de las cuestiones fácticas, sino del derecho y su aplicabilidad razonada.
    Buen intento, pero es clásico de la élite dominante con adoctrinamiento previo el escudarse en cuestiones fácticas por aplicación de poder.

  3. Carlos Lo Forte dice

    Estimado
    El Seños Lula fue Juzgado y condenado en primera instancia, luego fué juzgado y condenado en segunda instancia por tres desembargadores, los Habeas Corpus para no cumplir la pena a mas de 10 años presentados por los abogados de defensa fueron juzgados por la Corte Suprema de Justicia (Maximo Tribunal) de Brasil compuesto por 11 Ministros y fué denegado en dos oportunidades por mayoria. Hoy aqui por un fato juzgado en el mismo tribunal en el año 2016 los presos condenados en Segunda Instancia pasan a cumplir la pena automáticamente ya que anteriormente los reos de alto poder adquisitivo (Como es el caso del Señor Lula) vivian reclamando en los Altos Tribunales practicamente de por vida ya que aqui los abogados del condenado que tiene posibilidades económicas que es el caso de Lula hasta practicamente la pena prescribir y nunca el que tenia dinero hiba preso. Por eso ahora puede seguir recurriendo a los altos Tribunales pero tiene que estar cumpliendo la condena.
    Hay un movimiento tanto del Partido Politico del Seños Lula , el PT como de los Partidos de Izquierda para hacerlo quedar como victima injusticiada y los Movimientos Sociales de Izquierda de todo el mundo se solidarizan !!! Pero lo que menos esta en juego es la DEMOCRACIA como quieren hacerlo creer. Tanto es asi que el Sr Lula fué preso y el Pais siguió funcionando normalmente mas alla de una u otra manifestación creada por el PT , los demás partidos de izquierda y los Movimoentos Sociales , mas con una cantidad de aderentes insignificante para un Pais de 200 millones de habitantes y donde las clases Sociales mas bajas son las predominantes y es en esas Clases Sociales donde el Señor Lula llegaba más fácil con su gobierno populista. No hay que dejarse engañar con lo que quieren hacer creer sobre este caso.
    Atentamente
    carlos Lo Forte

  4. Ricardo Alberto Comeglio dice

    Debo preguntar a los expertos en legislación y constitucionalismo de Brasil, pero seguramente permean allí principios jurídicos, de derechos y garantías, similares a los que tenemos en Argentina y que son pilares en el mundo.
    Por caso, el soslayado tema en toda sentencia de índole penal referido al condicionante inexcusable que la pena de prisión «no es para castigo sino para seguridad de los detenidos», por lo cual cae bajo la forma de «castigo» toda orden de prisión que no se base en sentencia firme ya que la garantía de la libertad y el principio de inocencia quedan abortados, constituyendo entonces un encierro para «castigar» al detenido, dado que sólo una sentencia firme es pasible de ser refutada como «pena» propiamente dicha.
    Meter en la cárcel a alguien que no tiene condena firme, es «castigarlo», no asimilable a la detención para «seguridad» que consagra el principio constitucional.
    Además las normativas penales relacionadas a la forma de ejecutar las órdenes de detención y el cómo debe actuar dicha detención en la persona del detenido, determinan claramente que desde el mismo instante en que se ingresa a prisión se activan todos los protocolos que servirán al reo para su resocialización, objetivo primordial del derecho penal del siglo XXI.
    Cualquier otra consideración relacionada a cómo se debe actuar con un prisionero y el por qué de su prisión, no merecen ser consideradas como factores intelectuales de prevalencia en el año 2018 de la humanidad occidental.
    Entonces, meter preso a alguien sin sentencia firme determina que comience una resocialización que aún no está definida como necesaria en razón de que dicha sentencia que lo privó de la libertad, puede ser cambiada por otra que determine que no es culpable de los delitos que se le imputan y, por ende, que no hacía falta resocialización alguna del reo.
    Si el reo lo es para ser resocializado y por motivos de seguridad, no de castigo, entonces toda prisión que no se ejecute luego de dictada una sentencia definitiva y que ésta quede firme, está enmarcada en la órbita de castigo, constituyendo un delito de lesa humanidad.

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